El derecho a la educación como principio constitucional exige garantías de acceso y calidad del servicio público acorde con las necesidades y desarrollo del Estado y las propias Comunidades Autónomas. Ello presupone políticas activas que contribuyan a reforzar la red de universidades públicas en todo el territorio desde el punto de vista de su organización y financiación sostenible. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de países de la UE, en España, a lo largo de las dos últimas décadas, se ha experimentado un crecimiento desmesurado de las universidades privadas, sin un crecimiento proporcional de población o la demanda real efectiva, dando lugar a un desequilibrio y dinámicas asimétricas de desarrollo que socavan el principio universal de la educación de calidad. La iniciativa privatizadora de los gobiernos autonómicos del PP/VOX ha favorecido la proliferación de centros comerciales, de institutos técnicos habilitados para la expedición de títulos sin homologar de facto los requerimientos legales que exige la norma, cuantitativa y cualitativamente, en la cualificación pertinente y necesaria. Siguiendo el modelo de Milei y Trump, la estrategia de acoso y derribo de las universidades públicas recuerda la campaña orquestada por el gobierno Reagan contra la contaminación ideológica de la educación superior para implementar la agenda política de restauración conservadora. Entonces, el tanque de pensamiento Heritage Foundation, de ideología fascista, diseñó la hoja de ruta de la contrarrevolución reaganiana identificando la universidad como un centro de producción del pensamiento subversivo y peligroso. La cooptación intelectual y la proliferación de centros privados fue la respuesta del gobierno republicano no solo en Estados Unidos, sino en todo el hemisferio occidental, extendiendo un modelo académico que terminaría colonizando el llamado Espacio Europeo de Educación Superior. Del Informe Bricall a la LOU, llegamos así hoy a situaciones extremas como las de la Universidad Complutense, mientras el gobierno autonómico madrileño enarbola la motosierra emulando el discurso de Moral Majority y otras factorías de la ultraderecha extrema liberal como FAES, al tiempo que avanzan en el objetivo de deconstrucción de las bases del Estado de Bienestar por el supuesto derecho a la libertad educativa. La panoplia de argumentos y justificaciones para la privatización del sistema público de educación superior es del orden del discurso de la posverdad y del negacionismo: negación de la prueba y evidencia empírica, del reino de la razón contra la barbarie, de la vida contra de los fondos buitres de Wall Street, con apoyo del relato de las propias bases mediáticas interesadas, como la banca, en comerciar con un derecho constitucional básico.
La entrada de los fondos de inversión en las universidades de nueva creación ilustra la disyuntiva en la que nos encontramos. La bolsa o la vida nos sitúa ante la contradicción de la afirmación de la existencia real y concreta de las universidades públicas como garantes de la movilidad social y la igualdad contra la lógica especulativa del capital que hoy impone cuatro lógicas devastadoras para nuestro sistema de educación superior:
1. La acumulación por desposesión con opacidad. Un ejemplo es el proyecto de Ley de Universidades de la Comunidad de Madrid que contempla la participación de fondos de inversión en las propias universidades públicas y por descontado la ausencia de toda política de equidad, becas y ayudas a la movilidad social. La apelación a la flexibilidad y modernización del sistema universitario elude definir los criterios de transparencia y control democrático de un modelo, el angloamericano, que ya se ha demostrado fallido en la vertebración del sistema europeo de educación superior, al tiempo que se han venido dando ya operaciones de compra-venta, inversiones y creación de centros universitarios a cargo de operadores como BlacRock sin fiscalización, información pública ni regulación del Estado.
2. El dominio del secreto. La aprobación de nuevas universidades privadas ha tenido lugar de espaldas a la comunidad universitaria, a agentes de conocimiento como la CRUE o ANECA, ignorando los informes desfavorables de las agencias acreditadoras autonómicas y la opinión del propio Consejo General de Política Universitaria. Y se ha hecho además, como en Andalucía, por medio de la cooptación de directivos y Consejeros responsables de esta competencia en una suerte de capitalismo de amiguetes, como sucediera con el Consejero Imbroda, pese a la colusión de intereses.
3. El deterioro y desprestigio de las universidades públicas. La campaña de descualificación ha sido incesante desde el oligopólico de medios, dependiente de la banca y las grandes compañías del IBEX35, con especial intensidad a partir de la gestión del ministro Wert. Los rankings, casos de mala praxis, declaraciones de portavoces de la derecha mediática, unido a la asfixia y estrangulamiento financiero de la universidad, han contribuido a crear una imagen del sistema público universitario como ineficiente, disfuncional, endogámico u obsoleto, pese a la alta productividad y los múltiples estándares de calidad y control de evaluación que cumplen a diario las universidades públicas.
4. La regulación asimétrica y desfavorable de gobiernos autonómicos en contra de las universidades públicas. Especialmente en las comunidades gobernadas por el PP, se ha venido favoreciendo una tendencia por la que ya casi las universidades privadas igualan al número de las públicas. Si se aprueban los proyectos en curso, en breve superarán en número, en un tiempo récord, a la oferta pública de formación en educación superior. La Conferencia de Rectores ha manifestado públicamente que detrás del crecimiento de los grados y másteres privados están «las limitaciones presupuestarias y administrativas» que han sufrido las universidades públicas en los últimos años. El gasto en instituciones de educación superior españolas es un 20,7% inferior al promedio de la OCDE. Un informe encargado por el Gobierno de Ayuso a la Fundación Europea Sociedad y Educación, publicado por El País, alerta de una sobreoferta de más de 25.000 plazas de grado en la comunidad: 13.000 en la pública, inflada para atraer alumnos y contratar profesores, y 12.000 en la privada donde un 69% de los grados tiene menos de 45 alumnos. Al tiempo la proliferación de nuevas universidades privadas valida, de facto, un ecosistema con centros de baja calidad, informes desfavorables de las agencias, incumplimiento del marco normativo, falta de investigación, especialización en áreas de conocimiento altamente rentables, como medicina, con una oferta limitada que incumple el principio de universalidad de la educación superior mientras los gobiernos de la derecha regulan en favor de esta asimetría y desigualdad manifiesta.
No sorprende por tanto que las terminales mediáticas y las derechas hayan reaccionado con virulencia ante el proyecto de Real Decreto informado en el Consejo de Ministros del 1 de abril para modificar la norma 640/2021, de 27 de julio. La reacción del Ministerio de Ciencia y Universidades llega tarde, evita la deliberación necesaria y la acción firme y decidida para frenar la conculcación del derecho constitucional a la educación. Pero es una respuesta necesaria, con carácter urgente, ante la tropelía de despropósitos en la política pública de la derecha extrema. Andalucía es un buen ejemplo de ello, aunque la palma se la lleva Madrid, que en 1998 tenía seis universidades públicas y cinco privadas y hoy tiene seis universidades públicas y 13 privadas (y otras cuatro peticiones pendientes). Entre las universidades de nueva creación en estas dos comunidades hay dos, la Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología (UDIT) en Madrid y la Universidad Tecnológica del Atlántico – Mediterráneo (UTAMED) en Málaga, que se han autorizado a pesar de tener informes en contra por no cumplir los requisitos mínimos de calidad que establece la legislación. Cabe advertir que ya el Ministerio de Universidades aprobó en 2021 una norma para evitar las «universidades chiringuito». El objetivo: endurecer las condiciones para autorizar campus creados como iniciativa con ánimo de lucro. Pero los hechos han demostrado que no ha sido efectiva para el propósito que se aprobó.
Una lección básica de Economía Política es la creación de valor por la producción artificial del principio de escasez y necesidad. En la educación superior, se está desplegando una clara lógica política para mercantilizar un derecho como el de acceso a la Universidad con el incremento exponencial de centros privados sin garantías de calidad, ni control democrático. En apenas veinte años las universidades públicas han perdido más de 46.000 alumnos, mientras que las privadas han experimentado un crecimiento de más del 245%, es decir más de 320.000 alumnos. Por vez primera, hemos asistido a compras y ventas de universidades privadas por fondos de inversiones especulando, como con la vivienda, con un derecho fundamental reconocido en la Constitución. Estamos pues en la educación superior como con Florentino Pérez en el fútbol, especulando, operando con los fondos buitres en la Universidad Europea de Madrid, en la de Valencia y Canarias con EQT INFRAESTRUCTURE, fondo nórdico dueño de Idealista, que no tienen por objeto otro fin que imponer la lógica rentista.
Ante este escenario denunciado por la comunidad universitaria, el Gobierno plantea una modificación normativa de fondo, incidiendo en cinco líneas básicas de actuación. A saber:
1. La regulación de la dimensión de los campus y universidades a fin de evitar centros especializados en una rama rentable sin la institucionalidad necesaria. Centros con 500 o mil alumnos responden más a una composición propia de academias privadas que a centros universitarios. La proliferación de universidades monotemáticas es la negación del principio mismo de universalidad, como la extensión de universidades corporativas como la del Grupo Planeta o grandes grupos mediáticos, como ya hiciera PRISA, con sus masters y promesa de empleo, responden más bien a un interés mercantil que a una razón de ser académica. Regular qué es una universidad conforme a tamaño y forma es pues un requisito exigible para evitar tales derivas privatizadoras de degradación manifiesta de la educación superior que, en última instancia, puede terminar desprestigiando nuestro sistema universitario a nivel internacional.
2. La revocación de la autorización de operación de los centros autorizados en el caso de incumplir las exigencias de calidad y requerimientos de la norma. Una vez que gobiernos como el de Moreno Bonilla en la Junta de Andalucía ha aprobado universidades garaje vulnerando el espíritu de la norma, es preciso evaluar y revocar, en caso de incumplimiento, la autorización para expedir títulos y mantener la actividad pública.
3. Las exigencias de estándares de docencia e investigación equiparables a las universidades públicas en los centros privados. Como en la sanidad, la estrategia conservadora ha consistido en reducir y estrangular el servicio público transfiriendo fondos y usuarios a la privada, que no cumple requerimientos ni aplica sistemas de control y evaluación de calidad. El dumping social, y territorial si hablamos de distrito único, debe ser contrarrestado haciendo efectiva la exigencia de dedicación, calidad e investigación con plantillas suficientes para realizar el derecho constitucional con garantías. No es casual, como ilustra la Fundación Conocimiento y Desarrollo que solo el 6% de los doctorandos hagan su tesis en universidades privadas. La excelencia brilla por su ausencia en la oferta privada emergente. Y los protocolos de control y fiscalización inexistentes vulneran los derechos más elementales. Con la modificación en curso del Decreto se tratará de subsanar este manifiesto desequilibrio en perjuicio de la pública.
4. La obligatoriedad del informe favorable preceptivo. Desde el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MCIU) se plantea como requisito de apertura y actuación de operadores privados en educación superior un informe previo favorable sobre el cumplimiento de los requisitos legales. Aunque es responsabilidad de las CC.AA. supervisar que las universidades cumplen con dichas exigencias, el nuevo decreto exige, por ejemplo, a los campus que destinen un 5% de su presupuesto a investigación, les obliga a ofertar un mínimo de 10 titulaciones de tres de las cinco áreas de conocimiento o, para evitar que las universidades se especialicen en másteres, les obliga a tener un mínimo de 50% de estudiantes de grado siendo estas exigencias y el informe favorable de la ANECA de obligado cumplimiento.
5. La limitación de la oferta de las titulaciones a distancia. La proliferación de universidades virtuales abunda más en la potencial enseñanza accesible a golpe de click que en la formación de rigor con plantillas estables, formación de rigor y un uso apropiado de las nuevas tecnologías. A diferencia de lo que ha venido haciendo históricamente la UNED, claramente infrafinanciada, en la lógica de extensión del reino de la mercancía, la proliferación de universidades on line viene naturalizando la enseñanza universitaria low cost. No otra cosa es el mercado de las universidades en línea que la traslación de la precariedad del trabajo docente, el desarrollo de economías de escala y del fast know, sin garantías, conocimiento fundado en la investigación e institucionalidad suficiente para hacer realidad la excelencia que se presupone en la educación superior.
Desde IU en el Grupo Parlamentario de la Izquierda Plurinacional, hemos señalado que es necesario avanzar firmemente en esta dirección y, como apuntáramos en nuestra proposición no de ley aprobada en la Comisión de Ciencia y Universidades, el gobierno debe establecer de forma inmediata una moratoria en la creación de nuevas universidades privadas hasta la plena implantación de la LOSU. Modificar el Real Decreto 640/2021, de 27 de julio, de creación, reconocimiento y autorización de universidades, y acreditación institucional de centros universitarios en el sentido de que, para la creación de nuevas universidades, resulte vinculante el informe preceptivo de la Conferencia General de Política Universitaria previsto en el Artículo 3 y de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación o de la agencia de evaluación de la Comunidad Autónoma correspondiente, inscrita en el Registro Europeo de Agencias de Calidad (EQAR) es un paso positivo, sin duda. Pero será necesario crear una unidad de fiscalización y establecer medidas sancionadoras en el caso de incumplimiento de los requerimientos para las universidades contemplados en la LOSU y en el RD 640/2021, estableciendo desde el no reconocimiento de títulos expedidos por aquellas universidades que no cumplan con la norma hasta la supresión de la autorización para ejercer como Universidad. Igualmente, es preciso acometer la financiación de las universidades públicas, destinando al menos el 1% del PIB de forma inmediata (dado que actualmente la inversión pública no llega al 0,76% del PIB) y que progresivamente se incremente hasta alcanzar el 2%. Sin una base económica sólida no hay futuro para la universidad pública y en este rubro tanto gobierno central (UIMP, UNED) como comunidades autónomas, sean del PP o del PSOE, no han cumplido los requerimientos que exige la autonomía universitaria. Es injustificable que se proponga un gasto en Defensa del 2% mientras el sistema público universitario no alcanza siguiera el 1%. Sin presupuesto, sin recursos, sin planes plurianuales, la universidad pública no cumple su función de movilidad social. La infrafinanciación por tanto es estratégica, nodal, diríamos, en el asedio y desmantelamiento del sistema público de educación superior. Como es necesario también construir un mapa estatal y autonómico de titulaciones necesarias para abordar los desequilibrios existentes de la oferta pública universitaria y las carencias, no solo en ciencias de la salud, sino en sectores críticos como la IA o la llamada economía digital. Planificar, en fin, por parte de las Administraciones competentes la oferta de plazas universitarias acorde con las necesidades sociales y no sólo en función de la demanda voluble y temporal del mercado, si de configurar un mapa universitario que garantice, en la medida de lo posible, el acceso libre a la opción de estudios elegida a través de una universidad pública se trata. No podemos permitirnos la economía casino de plazas sin estudiantes y estudiantes sin plaza. La Constitución y el Estado Social de Derecho es otra cosa.
