El conocimiento ni se compra ni se vende. Toda forma de aprendizaje exige una mediación abierta, y el dominio público de socialización de los saberes, de la ciencia y la tecnología. Por ello, el derecho constitucional a la educación presupone tanto la garantía de acceso universal como la calidad del servicio público, condición esencial para la formación de la ciudadanía y, menos común cabe observar en el actual debate sobre la privatización de la universidad, necesario también para el desarrollo económico y social.
En congruencia con tales principios, son imprescindibles políticas públicas activas que contribuyan a reforzar la red de universidades públicas en todo el territorio desde el punto de vista de su organización y financiación sostenible. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de países de la UE, en España, a lo largo de las dos últimas décadas, se ha experimentado un crecimiento desmesurado de las universidades privadas sin un crecimiento de población o la demanda real efectiva, dando lugar a un desequilibrio y dinámicas de desarrollo que socavan el principio constitucional de acceso universal a una educación de calidad. La acción de gobiernos autonómicos del PP/Vox y la inacción del Ministerio han derivado en una proliferación de centros comerciales, de institutos técnicos habilitados para la expedición de títulos sin homologar de facto los requerimientos legales que exige la norma.
Como resultado, se observa un alarmante proceso de deterioro del sistema de educación superior que cuestiona el derecho de acceso a la educación de calidad, así como el propio marco normativo vigente. Tal deriva no es una casualidad. Forma parte de un proyecto neoliberal largo tiempo anhelado por el capital desde la gloriosa década de los ochenta.
De la OCDE al Informe Bricall, la banca y las grandes corporaciones han venido desplegando diversas estrategias de presión para minar las dos bases del Estado de bienestar: la sanidad pública y el sistema educativo. La conversión en negocio de la educación formal, primero de la enseñanza obligatoria, y ahora, de forma intensiva, en el ciclo superior, tanto por lo que se refiere a la formación profesional como a los estudios universitarios, viene haciendo realidad, como consecuencia, la imposición de un modelo de acceso selectivo a la educación que socava el principio de igualdad.
Llama la atención que, en el debate mediático, algunos actores defensores de los intereses del Banco Santander o de la propia universidad corporativa expongan a través de sus portavoces y terminales mediáticas la legitimidad de las universidades privadas, la decadencia y desactualización de los centros públicos e, incluso, la prueba del algodón que justifica todo tipo de tropelías, que gran parte del Gobierno se ha formado en universidades privadas, eludiendo, en una artimaña retórica poco digna, abordar por qué proliferan las universidades privadas y por qué han abierto sin informe favorable centros de dudosa cualificación institucional. Igualmente, se ignora en la actual polémica mediática que por décadas las universidades públicas han sufrido una asfixia y falta de transferencia de fondos suficientes para su operatividad en beneficio de las privadas, por una suerte de competencia desleal según la cual la universidad pública debe ser evaluada, atender múltiples exigencias de productividad, cumplir con los controles internos y externos establecidos, y devolver a la sociedad conocimiento, cultura y transferencia de saber social acumulado, sin que los operadores del mercado, los centros de educación superior comerciales, cumplan, por lo general, los requerimientos mínimos que dan rango de universidad a la actividad de formación superior.
Así, con informes desfavorables y saltándose la ley, gracias a la colaboración del PP, en la última década hemos llegado a ver en comunidades como la de Madrid superar a la oferta de plazas públicas, o en Andalucía aprobar campus como UTAMED, autorizados pese a informes en contra de la agencia de calidad que vela por los estándares del sistema. La reciente investigación hecha pública por CCOO detalla que la matrícula de estudiantes en grados y másteres en universidades públicas ha disminuido un 18% desde 1999, lo que se traduce en una pérdida de uno de cada cinco estudiantes en los últimos 25 años, con la consiguiente transferencia a las universidades privadas, especialmente en el ámbito de la educación a distancia, donde la universidad pública solo cuenta con la UNED, en contraste con las seis universidades privadas que tienen esta modalidad.
Así, las matrículas en universidades privadas han crecido un 368% desde 1999, especialmente en programas de máster no presenciales. El número de matrículas en másteres privados creció un 69% desde el curso 2015-2016, con un aumento considerable en los programas a distancia. El Real Decreto 640/2021 que el gobierno presentó como escudo contra las universidades chiringuito se ha mostrado, a todas luces, insuficiente ante tal deslealtad institucional, y la prevalencia del capitalismo de amiguetes que cultiva la derecha en nuestro país sigue abonando una deriva que impugna la propia esencia, la razón de ser, de la Universidad.
El artículo 27 de la Constitución, que exige un sistema público de calidad accesible al servicio del desarrollo del Estado y de las comunidades autónomas, ha quedado en papel mojado por el imperio del ánimo de lucro que discrimina quién aprende y quién no tiene acceso a la formación superior en función de la renta o el distrito postal en el que vive. Mientras, los tertulianos y gacetilleros de ocasión niegan lo fundamental en el actual debate: el proyecto restaurador y clasista del pogromo neoliberal que tiene por objeto, como con las pensiones y la sanidad pública, la captura por el capital financiero de un derecho fundamental para la democracia con el fin de garantizar el proceso de acumulación por desposesión. Siguen para ello el guión trazado por Wall Street, y llegan incluso a poner como ejemplo las universidades estadounidenses como referencia, ignorando que este sistema es un fallido caso contrafáctico, que hay un endeudamiento desmesurado de las familias en su esfuerzo por ir a las mejores universidades, que la precariedad y el desempleo del profesorado es elevado, y que hay territorios e incluso estados sin universidades públicas en condiciones para una buena formación por la prevalencia de la mercantilización del derecho a la educación.
Tampoco nos cuentan que aquellos países que adoptaron ese modelo, Chile, por ejemplo, terminaron en un estadillo social por la ruina heredada de padres a hijos en el acceso a la universidad, sin garantía alguna de un empleo suficientemente remunerado para cubrir la deuda familiar. Así que habría que advertir a la ciudadanía de que el reto que tiene España por delante no es el de los rankings y otros indicadores importados de países donde prima el negocio vulnerando derechos. La disyuntiva, hoy por hoy, es asumir el modelo Trump/Pinochet de segregación clasista y disfuncional o persistir en el modelo continental de la formación humboltiana o francesa, reforzando nuestro sistema público con recursos y políticas consistentes. En juego está la democracia y el desarrollo del Estado, el principio de autonomía ahora que tanto se habla en la UE de independencia y soberanía estratégica.
De no actuar los poderes públicos, asistiremos al lamentable espectáculo de la compra y venta de universidades por fondos de inversiones como BlackRock especulando con el futuro de las nuevas generaciones, cuando lo especulativo debiera ceñirse a la noble tarea de pensar libremente, de contribuir al progreso general del conocimiento, de instruir, formar y divulgar el saber social acumulado para todos. Ya no vale la promesa de que se revisarán y endurecerán los criterios de creación de nuevas universidades. No queremos una educación superior en venta. Pues sabemos que el conocimiento es un bien común, no un privilegio, y como tal han de velar por ello tanto el Gobierno central como las autoridades autonómicas. No como hasta ahora, que el gasto en educación superior en España está un 20,7% por debajo de la media de la OCDE. La Conferencia de Rectores viene advirtiendo de esta anomalía hace décadas sin respuesta alguna.
Es tiempo, pues, de tomar la iniciativa y adoptar medidas que atajen radicalmente un problema estructural, tal y como hemos formulado como grupo parlamentario en la Comisión de Ciencia y Universidades en favor de una moratoria en la creación de universidades privadas, con la correspondiente modificación legislativa para exigir el carácter vinculante del informe preceptivo de la Conferencia General de Política Universitaria y un mayor control de la ANECA sobre las instituciones privadas de educación superior, tratando al mismo tiempo de avanzar en la planificación democrática de la enseñanza universitaria con un mapa estatal de titulaciones, necesidades y desequilibrios de la oferta formativa a fin de acometer aquellas carencias que el sistema público tiene hoy por hoy, dado que hemos de garantizar el derecho universal a la educación pública y gratuita. En otras palabras, ni gente sin plazas ni plazas sin gente.
La universidad en España requiere políticas congruentes que avancen en la internacionalización y la democratización del conocimiento. Y la opinión pública un mayor esfuerzo de reflexividad y de documentación sobre las falencias y límites de la actual política universitaria. En suma, menos ruido y algarabía y mayor criterio. Cuando derechos fundamentales se vulneran injustificadamente por hacer caja, no hablemos de democracia ni de la Constitución. La anatomía política de este trampantojo es evidente. Y el común de la ciudadanía empieza a constatarlo. Universidad rima con Autonomía, la del sujeto universal de la educación y la de la propia institucionalidad del sistema público. Lo contrario a ello, la legitimación del reino de la mercancía, es pura farfolla.
