Cultura y política

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En tiempos de guerra cultural, la disputa de la hegemonía es un problema de mediación. De medios y sistemas de información. Luego la cuestión extensamente tratada por la tradición de la filosofía de la praxis entre cultura y política está hoy en el centro del debate social.

Esta dialéctica ha sido notoria en el último festival de Eurovisión. Si en una edición anterior fue expulsada la representación de Rusia por la invasión de Ucrania, las denuncias del movimiento por la paz en Europa contra el genocidio israelí del pueblo palestino y la polémica sobre el sistema de votación del festival han marcado un antes y un después en el principal evento de la Unión Europea de Radiodifusión (UER).

Incumpliendo la exigencia de neutralidad, contando con la cantante de Israel de un canal que actúa regularmente como un medio de propaganda y exaltación radical sionista en contra del derecho humanitario, Eurovisión ha sido objeto de numerosas críticas y cuestionamientos públicos por su nula transparencia e incluso el propio patrocinio del espectáculo por la marca Moroccanoil.

El sesgo notorio en las votaciones y la injerencia del Gobierno de Israel en el televoto ha exigido, como resultado, un debate sobre el sistema de votaciones telefónicas. De momento, la UER no solo no respondió a la solicitud en tiempo y forma de un debate sobre la presencia de Israel ante las violaciones de los derechos humanos, sino que tampoco ha dado información sobre el contrato suscrito con esta compañía vinculads al Gobierno hebreo ni ha aclarado por qué no se procedió de forma diligente, como ya se hiciera con Rusia, pese a todas las evidencias denunciadas por organismos humanitarios y por Naciones Unidas.

Como resultado de la dejación de funciones de las autoridades de la UER, el festival de Eurovisión en Basilea fue claramente instrumentalizado por el Gobierno de Israel, que reconoce un activo papel y la financiación necesaria para alcanzar el éxito propagandístico procurado sin que los responsables del festival y la Unión Europea de Radiodifusión hayan asumido las críticas y exigencias de dimisiones.

Mientras tanto la censura, selección y lavado de imagen del gobierno criminal de Netanyahu ha contado con la colaboración de los máximos responsables de la UER que, incluso, amenazaron con sancionar a la RTVE por informar de los crímenes de guerra contra el pueblo palestino.

Esta ley del silencio fue llevada al extremo con el personal de realización, artistas y equipo técnico, invisibilizando el malestar y protestas de los asistentes al festival. La censura afectó a los profesionales de RTVE que no pudieron realizar su trabajo en condiciones de normalidad por abrir la vía de una cuestión de sentido común, los criterios de aplicación del reglamento y normas de la propia UER.

Tampoco fueron atendidas las solicitudes de Eslovenia, Irlanda e Islandia. Pasada la tormenta y fuera de la agenda mediática en curso, es hora de hacer balance y reformular el funcionamiento de la organización del festival, ahora que en España se planifica el Benidorm Fest.

Primero, es hora de cumplir con los principios de servicio público de la Corporación cuyo Punto 3.2.g. establece la «Promoción de los valores de paz, un decidido compromiso con el europeísmo, con el civismo y la paz, con la redistribución de la riqueza la cooperación internacional y la lucha para erradicar el hambre y la miseria».

Toda transmisión, empezando por los servicios informativos, deben atender estos criterios y evitar lo que Wesam Amer, investigador de la Universidad de Cambridge, denuncia como prevalencia de una narrativa o propaganda bélica marcadamente sionista.

Previa evaluación de Eurovisión 2025, es preciso reformular los protocolos de participación, votaciones y representación de los miembros que incumplen las reglas de neutralidad tan pregonadas por el organismo en otras ocasiones. La irresponsabilidad del presidente del Grupo de Referencia, Bakel Walden y del supervisor ejecutivo, Martin Osterdahl, debieran haber dado lugar a sendas dimisiones o ceses.

Pero la UER no solo no ha atendido la demanda de RTVE, sino que han pasado pantalla como si nada de lo ocurrido haya tenido lugar, sin dar testimonio de las resoluciones de Naciones Unidas y el procedimiento abierto en la Corte Internacional de Justicia a instancias de Sudáfrica.

Impulsar la organización del festival para evitar situaciones de grave incumplimiento de sus normas estatutarias como las habidas en 2024 y 2025 con Israel, así como el patrocinio de empresas y anunciantes que violan derechos fundamentales de acuerdo con la Carta de Naciones Unidas pasa por otro marco de organización y democratización de este organismo de las televisiones públicas europeas.

La refundación del organismo de la UER es imprescindible, como establecer estándares universales de defensa de los valores democráticos, las libertades públicas y los derechos humanos de sus socios, a la par que la reorganización del sistema de toma de decisiones y representación conforme a los valores que la ciudadanía europea comparte mayoritariamente.

Si los supuestos anteriores no se cumplen, haría bien la RTVE en retirarse del certamen de Eurovisión, movilizando recursos y haciendo las campañas necesarias internacionalmente para que, si fuera posible, otros países acompañen la decisión de España y explorar una opción mediterránea, ibérica o del Sur de Europa. Para esta cultura política antidemocrática, sobra Eurovisión. No se puede cantar y contar cualquier cosa, incluso o más aún cuando se trata de un festival de música, de entretenimiento.

“El espacio a la izquierda del PSOE es la garantía de que España nunca llegará al 5% en defensa”

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En una semana enredada en el debate de las cifras del incremento de gasto en defensa, Francisco Sierra reivindica la salida de la OTAN, ese «no» a la organización que articuló en 1986 el nacimiento de Izquierda Unida. Lo hace convencido de que el tiempo le ha empezado a dar la razón frente a un plebiscito reñido en el que la opción de permanecer en el club se impuso por el 56,85% de los votos.

Catedrático de Teoría de la Comunicación de la Universidad de Sevilla, Sierra (Granada, 1969) es diputado de IU por Sevilla y una de las voces que exigen desde la amalgama de fuerzas que aún conforman Sumar una posición más rupturista del PSOE frente a lo pactado en la cumbre de La Haya.

«La OTAN es una organización que ha impulsado una política imperialista contra el derecho internacional y fomentado la guerra y la economía de guerra de EEUU. Y una organización antidemocrática y responsable de muchos conflictos ilegales desde el punto de vista del derecho internacional», señala Sierra en una entrevista a El Independiente.

P.- ¿Cómo se ve hoy la OTAN desde la izquierda?
R.- Estamos en un momento de encrucijada en un doble sentido: existe un proceso destituyente y de destrucción del sistema de Naciones Unidas por parte de Trump con unos conflictos abiertos que son la muerte del derecho internacional y el derecho humanitario; y ha habido una escalada desde la caída del muro de Berlín hasta nuestros tiempos en el papel de la OTAN. No solo ha habido una ampliación hacia el espacio del antiguo bloque del Este sino que también tiende a arrogarse competencias que no estaban en el propio Estatuto Fundacional de la Alianza Atlántica: intervención en desastres naturales o intervención en territorios que están fuera de su área de intervención. Ahora directamente una organización que ha incumplido el derecho internacional y es responsable de guerras contra el derecho internacional público y atentados a la violación de derechos humanos se convierte en una organización que está coaccionando a los países europeos para financiar el déficit de deuda que tiene EEUU.

P.- ¿Lo considera un secuestro?
R.- Es un chantaje en toda regla y una política no de presión, sino de amenaza. Los que hemos estado en las posiciones de Izquierda Unida siempre hemos dicho que es una organización que, tras la caída del Pacto de Varsovia, tenía que desaparecer. Y no solo no ha desaparecido, sino que se ha incrementado. Además, se ha demostrado en los últimos tiempos, no solo con la administración Trump, sino con documentos e informes que EEUU y la OTAN no son nuestros aliados, que han estado actuando para lograr la destrucción del proyecto de integración de la Unión Europea. Se logró con el Brexit y e una estrategia deliberada. Ahora se está tratando de negociar de manera bilateral, como siempre ha hecho EEUU. Y evidentemente a costa del modelo de bienestar del Estado Social y de Derecho, que daba sentido al proyecto federal europeo. La OTAN no solo es una amenaza para la paz, el bienestar y el desarrollo de los europeos, sino también para la propia soberanía política, no de Europa como proyecto supranacional, sino de los miembros de la OTAN.

Lo más sensato, ya no de una posición de izquierdas sino desde una soberanista autónoma, es salir de la OTAN y pedir también su desaparición. Hay otras formas. En IU hemos hablado de una política securitaria propia en Europa. Hay propuestas en este sentido desde hace décadas.

P.- ¿Y es una alternativa posible con una comisión liderada por Ursula von der Leyen?
R.- Evidentemente, no es posible con esta Comisión Europea ni con la arquitectura de Maastricht. No es posible con fuerzas políticas llamadas patriotas que, en realidad, son representantes del protectorado bajo dominio colonial de Estados Unidos. No lo es con esta configuración o mapa político. Lo que no es posible ni sostenible es el modelo que quiere implantar el chantaje. No es sostenible la financiación que pide ni tampoco el proyecto estratégico que tiene EEUU y que solo pasa por la pobreza, el endeudamiento y la destrucción de la UE, que ya prácticamente está liquidada y sin perfil propio. Las declaraciones recientes de Von der Leyen son vergonzosas y de una irresponsabilidad absoluta. Es cómplice de los crímenes de lesa humanidad, con el genocidio y con la estrategia de Israel y su aliado de EEUU en la eliminación, ya no solo de Palestina, sino otros países de la región. La guerra asimétrica es una doctrina política militar del Pentágono.

P.- Entiendo que a usted la nueva exigencia del 5% le parece un intento de rescate de EEUU…
R.- Claramente. El proyecto de financiación de la OTAN busca resolver la salida a la crisis de un imperio en decadencia. El proyecto de Trump no tiene viabilidad. La economía política de EEUU es una economía de guerra. En los años 90, después de la guerra del Golfo, hay un cambio de modelo de guerra. Se externaliza la guerra. Están los mercenarios, las fuerzas irregulares, los socios y luego el negocio de la reconstrucción. Existe un proceso especulativo y financiero vinculado a Wall Street y a la industria de armamento; hay otros actores que entonces eran secundarios y ahora son protagonistas como Israel, que es el principal actor en la industria de armamento y de seguridad. En la subcomisión de Ciberseguridad del Congreso de los Diputados, el argumento del bipartito, PP y PSOE, es que tenemos una dependencia tecnológica de Israel y de EEUU. Yo considero que se es dependiente porque se quiere serlo. Porque los países que no han querido, y en la historia de las tecnologías, tenemos desde países como la India a Brasil, que incluso con dictaduras, desarrollaron un proyecto de soberanía tecnológica para no depender totalmente y tener cierta autonomía estratégica de EEUU.

P.- El debate de esta semana ha estado centrado en una guerra de porcentaje en torno a la cumbre de la OTAN. Del 2,1% de Sánchez al 3,5% de Mark Rutte…
R.- No debería ser ese el debate. Nosotros queremos dar un giro en 180 grados, un giro radical. El debate no es porcentaje, el debate es modelo securitario, autonomía estratégica y ni siquiera industria militar propia, sino qué inversión para qué recursos. Y evidentemente, eso pasa por salir de la OTAN y plantear otro modelo diferente. Ahora nos piden el 5%, mañana qué van a pedir.

P.- Muchos podrían responderle que al final IU y Sumar pertenecen a un Gobierno que se compromete con la OTAN a cumplirlo aunque de un modo flexible…
R.- Nosotros somos la garantía de que no se va a llegar nunca al 5%, porque con esta correlación de fuerzas no habrá un gobierno de coalición. Como se plantee en estos términos, evidentemente nosotros no estaremos en un gobierno con una organización que nos hipoteca y que está defendiendo y justificando el genocidio. En este Gobierno ha habido cambios en posiciones respecto a Palestina pero la correlación de fuerzas es la que es. Nosotros vamos a trabajar para que esa mayoría, que era mayoría social en España cuando el referéndum contra la incorporación a la OTAN, se manifieste en el número de diputados. Sabemos que en un gobierno de coalición hay que ceder. Y no solo en política exterior donde es evidente que en el caso del Sáhara o de la OTAN no compartimos lo mismo. Pero también en vivienda y política económica, donde cada conquista para los trabajadores nos cuesta la misma vida. La cuestión es ponderar si merece la pena. Yo creo que sí. Lo que no es muy sensato, es una postura maximalista. Si no asume mi programa, no negocio. Eso es prepolítico, antipolítico y no es razonable.

Si no estuviéramos, evidentemente no se habrían logrado los avances. Y si no estuviéramos en el Gobierno, tampoco se hubiera reconocido el Estado de Palestina, ni tampoco se hubieran hecho gestos para personarse en la causa del Gobierno de Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia. Y, por tanto, en esa línea vamos a seguir avanzando para girar las posiciones progresistas y de izquierda al PSOE, que sabemos la tradición de Suresnes que tiene, de traición al pueblo saharaui, de traición a las causas de coloniales y de liberación de los pueblos de los países de sur. Como sabemos esa historia, la única forma es la presión.

P.- ¿Se fía del PSOE cuando dice que ha llegado a un acuerdo con la OTAN?
R.- Conocemos exactamente el ADN liberal y conservador que ha prevalecido desde Felipe González en el PSOE y trabajamos en la gestión del conflicto. Lo hemos demostrado cuando han recalado en España barcos con armas hacia Israel o en el asunto de los contratos de armamento del Ministerio del Interior con Israel. La política es el arte de lo posible, aunque nosotros seamos una formación con un proyecto emancipador y utópico. Sabemos cuál es la tradición del Partido Socialista en política internacional. Y ahora lo que tienen difícil es retratarse con fuerzas que son de extrema derecha, con un Gobierno de EEUU que está organizando una recomposición del orden internacional. Nuestra ciudadanía percibe que EEUU es una amenaza para nuestra libertad y para nuestra democracia.

Que nos digan qué tenemos que gastar de las cuentas públicas, atacando sistemas de pensiones, educación pública, sanidad pública, hipotecando el futuro de las próximas generaciones no solo es un disparate y una ocurrencia de Trump, sino una estrategia de sometimiento y subalternidad. Hemos denunciado el tecnofeudalismo y la estrategia imperialista de EEUU y en esas posiciones lo que tiene que hacer el PSOE es moverse. Nosotros estamos caminando en la dirección correcta. Son ellos los que tienen un problema, porque la ciudadanía ya lo percibe.

P.- Le planteo un ejercicio de ficción. ¿Qué posición tendría el gobierno hoy si fuera monocolor del PSOE?
R.- No estaría manteniendo la posición pública que ha mantenido ahora, claramente. Si no depende de la aritmética parlamentaria de nuestra fuerza y no estamos en el Gobierno, el discurso de Sánchez  no iría más allá de la coyuntura ahora difícil de este golpe blando que nos están escenificando las derechas. Que el PSOE asumiera el discurso de la OTAN fue un error histórico. Se está demostrando ahora de manera muy clara.

P.- El eslogan histórico -OTAN no- tenía una segunda parte: bases fuera. ¿Qué futuro tienen Rota y Morón?
R.- Hemos pedido ya que no utilicen las bases en el conflicto de Palestina, porque hemos visto movimientos anómalos en la base de Morón y de Rota. Son imprescindibles para la estrategia logística de mantenimiento de la guerra. Presentamos una ley para fiscalizar los atraques de barcos con destino al tráfico de armas. Teníamos una laguna jurídica. Vamos a presentar una normativa que cuando haya una resolución de la Corte Internacional de Justicia saber qué organismo dentro del Estado tiene las competencias para velar, supervisar el cumplimiento de estas exigencias.

P.- ¿Asistiremos a la salida de EEUU de Rota y Morón?
R.- Creo que sí aunque no me atrevo a poner un horizonte. La crisis que estamos viviendo es muy compleja.

P.- Si esto se lo preguntamos a Margarita Robles, evidentemente diría que es imposible…
R.- No es cierto que sea imposible. Lo que no hay es voluntad política. Evidentemente no vas a cambiar un sistema de dependencia tecnológica, securitaria, en pocos años. Pero si no empiezas a caminar, es lo que hay. La realpolitik conservadora de Margarita Robles o de otros representantes del Gobierno no es lo que espera la ciudadanía.

P.- Se cumplen pronto los dos años de gobierno de coalición. Me pregunto si a veces considera insoportable esta cohabitación…
R.- Es la primera vez en la historia de España y hemos estado muy acostumbrados a las mayorías absolutas o a la mayoría simple, pero holgada. Y eso, desde el punto de vista de salud democrática, no es bueno. Es verdad que es difícil convivir. Hemos tenido también experiencias autonómicas con el PSOE, que en el caso de Andalucía, no son precisamente para recordar. Pero dicho esto esto recupera la esencia de nuestro modelo pluralista de Estado.

P.- Si uno escucha a Podemos, siempre termina denunciando lo que consideran la escenificación del «pataleo» de Yolanda Díaz ante el PSOE…
R.- La opinión pública internacional de los propios socios europeos es que el español es un gobierno radical y extremista. Creo que el problema es cuando te centras en el pasado y en el presente y no miras al futuro. Lo importante es que con los compañeros de Podemos nos encontremos en la defensa de la paz o en la calle y hacia dónde caminamos. Podemos discutir los tiempos y el método, pero vamos en la misma dirección y, por tanto, no cabe ninguna disputa en ese sentido. Lo que habría que establecer son estrategias de alianzas.

P.- En el caso de nuestra seguridad, usted considera que Rusia no es un enemigo. ¿Lo es Marruecos?
R.- En la lógica que nosotros defendemos de diplomacia pública, Marruecos no es un socio fiable. No compartimos la posición del PSOE ni del ministro Albares en modo alguno. Estamos indignados y hemos llevado muchas iniciativas en defensa al pueblo saharaui, del derecho de autodeterminación y del cumplimiento de la resolución de Naciones Unidas respecto a los territorios ocupados. Nuestra posición es firme. Igual que hemos cuestionado el chantaje de Trump, no vamos a permitir que un Gobierno limítrofe como Marruecos marque la agenda política de nuestro país, porque evidentemente va a afectar a nuestras relaciones exteriores como lo está haciendo, y también a los derechos del pueblo hermano saharaui, que son connacionales. Tenemos un deber histórico y moral. No diría que es un enemigo pero sí un no aliado, al contrario de lo que sostiene la política exterior del Gobierno liderada por Albares. Nosotros cuestionaríamos esa alianza estratégica y pondríamos en cuarentena la política de cooperación respecto a Marruecos, no solo respecto a los territorios ocupados, sino también respecto a su papel en el territorio, en todo lo que sería la región, como valedor de los intereses imperialistas de la OTAN y de Estados Unidos. Y en eso, estamos por democratizar y lograr derechos para el pueblo marroquí e ir avanzando en relaciones amistosas.

« La corruption est symbolique de notre régime monarchique »

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Alors que le premier ministre socialiste, Pedro Sanchez, est dans la tourmente après la démission d’un de ses proches collaborateurs impliqué dans une affaire de corruption touchant à l’attribution de contrats publics, le député communiste Francisco Sierra Caballero, membre d’Izquierda Unida, voit dans le retour au républicanisme la seule manière de défaire un système qui favorise l’oligarchie économique.

Ce n’est pas la première fois que le chef du gouvernement est éclaboussé – indirectement – par des affaires de corruption. Quel pourrait être l’impact de celle-ci ?

Tant le PSOE (socialiste) que le Parti populaire (PP, droite) ont toujours joué en faveur des intérêts des oligarchies de ce pays, qui sont – tout comme notre système de bipartisme – un héritage du franquisme. La plupart des grands groupes espagnols ont été créés pendant la dictature. Après quarante ans de démocratie restaurée, ces agents économiques continuent d’opérer avec force et avec les mêmes conséquences : empêcher les majorités sociales d’obtenir des droits. C’est de là que naissent les cas de corruption, qui sont effectivement fréquents dans le secteur des travaux publics.

Avant le PSOE, le PP a dû faire face à de nombreux scandales.

Il n’est pas étonnant de voir de telles affaires éclabousser ces deux partis, étant donné leur union avec le système actuel. Mais s’il est vrai que le PSOE a une âme néolibérale, une nuance s’impose : ses niveaux de corruption économique ne peuvent être assimilés à ceux du PP. On estime que les affaires concernant le PP ont coûté plus de 60 milliards d’euros aux finances publiques. Dans le cas du PSOE, il ne s’agit « que »
d’un cinquième de ce montant.

Comment réagit Izquierda Unida ?

Ces chiffres n’excusent en aucun cas le PSOE, et notre position est très sévère sur ce que devrait être une gestion publique éthique, exemplaire, républicaine, devant les citoyens. Nous exigeons que la lutte contre la corruption devienne une action législative, avec des mesures radicales pour exterminer ce fléau qui impacte la démocratie et favorise la montée de l’extrême droite. Mais ces cas sont une constante de notre régime
monarchique, d’où notre volonté de rompre avec ce cadre et de passer à un régime républicain.

La corruption est-elle favorisée par le système lui-même ?

La monarchie est le symbole de ce fléau. D’où notre volonté de changer la forme de l’État. Nous avons besoin d’une révolution citoyenne de rupture, d’une seconde transition dans laquelle nous laisserions derrière nous la monarchie et son alliée, l’oligarchie économique, afin de réaliser ce qui fait toujours défaut à notre pays : un changement politique systémique, qui favorise les droits de la majorité de la population. Un système qui cesse de faciliter ces cas de corruption, qui affectent autant la crédibilité de l’État – la confiance du public dans la politique – que les budgets, et qui se répercutent sur la qualité des services publics et le développement du pays. En fin de compte, ce sont toujours les classes populaires et laborieuses qui en subissent le plus l’impact.

La conquista de Europa por los Estados Unidos

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En un tiempo de escalada militar y vasallaje que impone la economía de guerra so pretexto de la amenaza rusa, encontrar traducido al castellano la ultima obra de Werner Rügemer brinda herramientas imprescindibles para documentar las formas de hegemonía del muro de Wall Street. Autor de “Las agencias de calificación. Una introducción al actual poder del Capital” (Virus Editorial), la obra del publicista alemán es una referencia de consulta obligada para conocer el auge y decadencia moral del imperialismo estadounidense. El volumen está organizado en ocho capítulos. Una primera parte que reconstruye la genealogía constituyente de Estados Unidos como nación y potencia esclavista colonial. Un segundo bloque que describe pormenorizadamente la geopolítica del imperialismo en la expansión del complejo industrial-militar del Pentágono, una parte dedicada a la I y II Guerra Mundial y, finalmente, el proceso histórico de la Guerra Fría que explica conflictos actuales como el de Ucrania.

Un aporte original del autor es la génesis o matriz del imperialismo estadounidense. El tecnofeudalismo que hoy gobierna nuestras vidas es incomprensible sin el fundamento constitucional. La comprensión de Estados Unidos como un Estado esclavista colonial modernizado es esencial para entender los resortes del modelo de libertad exportada por los padres fundadores. La plutocracia y la oligarquía esclavista dominantes en el origen del país desde la guerra de la independencia perfilaron un orden orgánico que instauró la dictadura del capital con sus dinastías y gentilhombres como los barones Rockefeller o Vanderbilt (robber barons). Una suerte, en fin, de aristocracia del capital que, con firmeza y sin cesar, ha regido los destinos y el gobierno de la nación. Las conexiones de Wall Street, las corporaciones, la CIA y el Departamento de Estado, articulados por el complejo industrial-militar del Pentágono, explican las sucesivas caídas y retrocesos de los procesos democráticos en América Latina y Asia. A través de diversas formas de influencia política, el liberalismo corporativo ha terminado produciendo una invasión comercial, y también cultural e ideológica de Europa, sea por los grupos de presión más que presentes en la Comisión o la poderosa industria cultural americana y, obviamente, por colaboracionistas como Jean Monnet, idolatrado entre los europeístas de fe cuando su función histórica fue la que fue: asegurar las ganancias de las compañías estadounidenses y debilitar a los opositores, aunque estos fueran De Gaulle y la resistencia contra el nazismo.

Conviene pues leer este excelente ensayo, si no queremos terminar siendo, en breve, un pobre protectorado antidemocrático de un imperio criminal y en decadencia.

Libertades públicas e información parlamentaria

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El plan de gobierno en materia de regeneración del sistema mediático o la reciente medida de transparencia y regulación de los grupos de interés propone una agenda reformista urgente y necesaria para la democracia. Pero hay quien insiste, contra toda razón, sobre la necesidad de no regular. No entienden que, además de la libertad negativa, es preciso positivar medidas para hacer realizable el derecho a la libertad de prensa. En otras palabras, no podemos ser libres simplemente por la ausencia de interfencias externas.

Además de la ausencia de restricciones, se tienen que dar las condiciones necesarias —recursos, educación, medio ambiente— para mediaciones productivas. Es decir, además de no censurar como ha hecho Eurovisión con los periodistas de RTVE por la presencia indigna de Israel en el festival, precisamos garantías para el derecho de acceso y el trabajo informativo.

En este mundo digital, donde la información abunda pero no siempre es clara, podemos decir que la libertad de información es un derecho vivo, no solo una promesa en papel. Y requiere proporcionalidad, equilibrio y responsabilidad. «Ser libre para algo», con madurez, conocimiento y respeto a las costumbres y reglas convenidas de actuación.

La reforma del Reglamento del Congreso es un primer paso en esta dirección, fruto del diálogo y participación de los profesionales y grupos de la Cámara legislativa. Es una garantía para el buen ejercicio de los profesionales que cubren la actualidad parlamentaria. Esta es una demanda ampliamente consensuada por el gremio profesional.

La propia Asociación de la Prensa de Sevilla (APS) denunció en el encuentro de Talavera –y más recientemente en Cádiz– la deriva de los medios escuadristas. Lamentablemente, la ausencia del Estado y los poderes públicos en la regulación del Derecho a la Comunicación ha impedido materializar principios constitucionales básicos, recogidos en el artículo 20. Bien es cierto que cuanto más complejo es un sistema más difícil es percibir y proyectar sus interacciones e intervenir en él desde los poderes públicos a la hora de configurar ecosistemas saludables democráticamente.

No viene al caso explicar aquí la teoría de la forma en democracia, pero las formas expresan la voluntad política de transformar o no la realidad. Quien afirma que la verdad no existe, pretende que eso sea la verdad, incurriendo en palmaria contradicción.

La palabra «representación» envuelve muchos equívocos. Las cosas están presentes en la conciencia o ausentes de ella. Y así venimos observando en ciertas prácticas periodísticas. Conviene pues, a modo de exordio, advertir sobre el peligro de los reozancajos. El reino cosmopaleto a lo Fox News es el dominio perfecto de quienes no se asombran de nada, ni de su propia estulticia.

En la antigua China, todo poeta y consejero del emperador debía cumplir el precepto de gobierno justo y, por tanto, las palabras debían significar su sentido. En el periodismo y la política contemporánea parece esta exigencia una condición fútil.

Pero es evidente que no cabe ya más ruido y violencia en nuestro medio ambiente social. Sobra la charlatanería insulsa, la beatería de consumo y los discursos de saldo de ocasión. No es tiempo de contemplación, ni la figura dominante del registro de audiencias debe prevalecer como mérito y reparto de prebendas.

Tampoco se trata de definir premios y castigos, sino reglas de convivencia. La única manera de fraternidad posible y deseable en democracia es la práctica de la tolerancia y, cuando esta se quebranta con violencia, hay que tomar medidas.

Decía Manuel Azaña que un principio básico de la civilización liberal es el respeto. Y la reforma del reglamento no es otra cosa que tratar de dar sentido moral y mejorar la calidad democrática de los trabajos de la democracia deliberativa, alterados en los últimos tiempos por los abusos y el ataque deliberado contra la convivencia por la continua dislocación semántica de la realidad, la algarabía y la reyerta, con imágenes antitéticas, de catacresis, oxímoron, hipalages, tropos y trampantojos de diverso tipo que no tienen otro cometido que socavar el marco de representación y la confianza en la democracia.

En un tiempo de bulos y desinformación, en un mundo donde a todos los niveles de lo público y en la vida privada se generalizan la hipocresía y el cinismo, la recomendación de atender a las prácticas que se acompañan a los discursos se torna urgente, más aún cuando se observa una premeditada política de opio entontecedor contrario a la fronesis, a la contemplación del bien como fuente inmediata de conducta, conocimiento y acción moral.

Vindicamos por ello, con Gramsci, un orden, una coherencia con el sistema político que rige el dominio público en democracia, a partir de la urbanidad y cuidado de las res publica. El concepto de ley sostiene al de la libertad política.

Sabemos que la libertad política resulta sin duda de la situación y contexto histórico. Si se adultera, fuerza, violenta, agrede e intoxica el medio ambiente del debate, la libertad es socavada. Por ello, frente a la barbarie y el neofascismo necesitamos más democracia, frente a los abusos, la norma, frente a las agresiones y amenazas: libertad, sin ira, pero libertad. No más chabacanería y ruido tóxico; no más violencia gratuita y estrategias de mercachifles que no saben pronunciar la palabra «deontología».

En palabras de Blas Infante, queremos un parlamentarismo en el que «los gobernantes sean Maestros, el Estado escuela, y la política el arte de la educación”. Máxima conciencia, máxima difusión de esta lección de fraternidad en la que la Cámara ha de ser una escuela de buen compañerismo y fraternidad; la presidenta y Mesa, directores y autoridades para poner orden y concierto; y los diputados o legisladores, maestros a la par que estudiantes y espectadores mientras los profesionales de la información operan como auténticos mediadores y no lo contrario.

Se trata, en fin, de decir lo que se hace, hacer lo que se dice y cultivar el principio de diálogo público. Es la única forma de caminar juntos hacia un futuro mejor.

Ciberseguridad y geopolítica de la comunicación

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Las tecnologías disruptivas han revolucionado el arte de la guerra, las políticas de defensa y los modelos de gobernanza militar. En la actual legislatura, la Subcomisión de Ciberseguridad del Congreso va elevar un informe al Ejecutivo sobre la estrategia estatal de ciberseguridad. En las comparecencias y debates se constatan, cuando menos, cinco conclusiones compartidas por las fuerzas parlamentarias:

  1. El modelo tradicional de ciberseguridad sostenido a lo largo de las dos últimas décadas no es adecuado a los retos de los nuevos tiempos. La recomposición de los actores y grupos hegemónicos está acelerando los conflictos, tensiones y problemas de estabilidad y control del sistema-mundo.
  • Un incremento del coste de ciberseguridad en las grandes organizaciones en torno a cinco millones de euros plantea un reto de sostenibilidad de esta economía de guerra.
  • El aceleracionismo tecnológico de la IA generativa facilita ataques a gran escala con mayor precisión e impacto exigiendo respuestas casi en tiempo real.
  • La administración pública está respondiendo tarde y mal a esta problemática sin reforzar la cadena de suministro del software y la nube donde se estanca la memoria institucional.
  • El aumento exponencial de técnicas de ingeniería social como el phishing está extendiéndose socialmente al tiempo que casos cono el de Moldavia o Irán ilustran cómo la guerra híbrida, el uso de deepfakes, y los lobbies, socavan la soberanía popular.

En esta contexto, desde IU, hemos apostado por avanzar hacia un modelo de ciberseguridad basado en el principio de autonomía estratégica vindicando la soberanía digital. Un proyecto de Estado no puede depender de Estados Unidos e Israel. Necesitamos una política pública de ciencia y tecnología sostenible en el tiempo, evitando el modelo OMC de inversión pública y privatización del conocimiento patentado en manos de las grandes compañías de seguridad. Luego es preciso una política industrial más ambiciosa y consistente. Al tiempo, la Administración Pública debe acometer la ciberseguridad desde una visión integral, con evaluación y configuración participada por la sociedad civil. Más que nada porque la ciberseguridad es un negocio altamente lucrativo con ausencia de regulación. La caja negra del discurso cibernético es la economía política de la apropiación privada de la riqueza social. La historia del complejo-industrial militar del Pentágono es ilustrativa a este respecto. Y hoy es un poder que  protagoniza la agenda de rearme en todo el mundo. La disputa por las llamadas tierras raras forma parte del guion de Trump para garantizar su ventaja competitiva en la llamada cuarta revolución industrial. En otras palabras, el conflicto de los aranceles no oculta ya el reto de reorganización de la distribución geográfica de los recursos geológicos necesarios para la transformación de la economía. El mercado de minerales y la nueva geopolítica imperialista están teniendo de hecho un alto impacto en la economía y desde luego afectarán los ecosistemas y sostenibilidad medioambiental. Hablamos de un reto transversal que afecta al desarrollo y al ejercicio de las libertades públicas en términos de ecologías de vida. La necesaria extracción de materias primas y minerales para el 5G y el desarrollo de sistemas expertos obliga por lo mismo a la UE y a España a definir una política propia para la transición digital, la carrera aeroespacial e incluso las políticas de defensa. Pero ha optado por la subordinación a la hoja de ruta de Washington cuando resulta que EE.UU. ha perdido la batalla en la ciberguerra ante la planificación del sistema de ciencia y tecnología china. Pekín está muy por delante de EE.UU. La robótica, drones y satélites de China, aunque cuantitativamente menor en tamaño respecto a Estados Unidos, se ha mostrado más que competitiva, tal y como ilustra el desarrollo de Deepseek, considerado por un alto cargo de INCIBE como un arma de destrucción masiva. Un despropósito, sin duda, una prueba de la general incomprensión del bipartidismo que sigue anclado en la visión otanista cuando tras el informe ECHELON sabemos que el gran aliado, Estados Unidos, nunca fue un socio fiable. Hoy ha quedado además en evidencia no solo con declaraciones de altos funcionarios de la administración republicana, sino con la abierta amenaza de ocupar tierras enriquecidas de níquel, litio, cobre y otros minerales necesarios para la producción de componentes básicos de la ciberseguridad.

Exigir, en fin, un golpe de timón en esta materia no es solo demandar una política de transparencia. Se trata de vindicar sobre todo el diseño de ecosistemas autónomos y la plataformización pública a escala europea, integrando con nuestros propios medios una seguridad compartida en red con software e infraestructura propias, no de Israel o Estados Unidos que están enrareciendo el medioambiente y las relaciones internacionales para imponer unilateralmente sus intereses en la economía y la seguridad global, como puede verse, a sangre y fuego. La humanidad no se lo puede permitir. Sería el fin de los Derechos Humanos, y de toda seguridad para la vida en el planeta.