Por una marea blanca y verde: Por Andalucía, una confluencia andalucista y de izquierdas

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El horizonte político de la geopolítica internacional y la guerra económica y comercial de Estados Unidos afecta sobremanera los intereses de nuestro sector primario y la actividad sostenida con esfuerzo por los pequeños y medianos agricultores andaluces. El nuevo escenario de recomposición de las relaciones políticas y económicas sitúa a nuestra tierra en una posición de mayor dependencia y vulnerabilidad, al tiempo que la agenda conservadora de restauración neoliberal de la derecha extrema y los partidos ultras despliegan una política de privatización de sectores básicos para la ciudadanía como la sanidad, la educación o el resto de los servicios públicos. La movilización masiva del pueblo andaluz recuerda la lucha del pueblo andaluz por la autonomía. Las manifestaciones multitudinarias muestran una composición transversal, unitaria y antagonista que deben ser articuladas políticamente. La unidad popular no es solo una de las proclamas expresadas por el pueblo andaluz. En el trasfondo y en el espacio político de la izquierda andaluza que supone Por Andalucía, está la exigencia de mayor autonomía estratégica, de recuperación de derechos fundamentales articulando un frente político unitario que cambie la matriz productiva y reformule la tradicional dependencia y subalternidad de Andalucía en la división internacional del trabajo que ha marcado históricamente el proceso intensivo de globalización.

La construcción de plataformas unitarias y transversales responde a una concepción social, muy difundida, del conjunto de los sectores sociales progresistas y populares, sobre la necesidad de articular espacios amplios de defensa de lo colectivo, en un contexto de fuerte ofensiva reaccionaria neoliberal. A nadie se le escapa que Pedro Sánchez y especialmente el PSOE, a pesar de los avances conseguidos por el gobierno de coalición, está evitando profundizar en las transformaciones económicas y sociales requeridas para avanzar en la conquista de derechos y consolidar los ya conquistados que están siendo cuestionados. La vivienda se encuentra en proceso de mercantilización en una economía cada vez más rentista y turistificada.

El avance de las universidades privadas, la desaparición de aulas en las escuelas públicas, el deterioro de los centros públicos de FP y la degradación de la sanidad pública andaluza profundiza la desigualdad histórica sufrida por las clases populares andaluzas. Sin una buena educación será difícil para mucha gente conseguir un empleo digno. Además, la carencia de una vivienda propia o de un alquiler asequible hace que se degraden las condiciones de vida de las andaluzas y los andaluces. Así mismo, la destrucción de nuestra sanidad hace más vulnerables nuestras vidas, tanto o más que nuestro sector primario y la estructura económica extractivista, intensiva y dependiente.

En este escenario político, es hora de retomar el espíritu del 4D, una marea blanca y verde de convocatoria por Andalucía que confronte en el plano internacional los retos estratégicos de la economía desde nuestra tradicional posición periférica en el Sur de Europa y, en clave nacional, confrontar el programa de restauración conservadora de PP y Vox y los poderes económicos que no solo repiten la historia como un mantra, sino que replican en nuestra tierra un sistema político clientelar en favor de la oligarquía y el caciquismo, ahora al servicio del tecnofeudalismo y el capital financiero especulativo. Nos encontramos, por todo lo expuesto, ante un contexto peligroso donde un nuevo gobierno reaccionario puede llevar a cabo derivas autoritarias desde los aparatos policiales, judiciales y mediáticos contra las izquierdas, los sindicatos, el feminismo y las personas migrantes.

Además de todo esto, estamos en un contexto belicista, donde una parte del establishment europeo (el Partido Popular europeo y los partidos de la internacional socialista) está escalando en un proyecto de rearme militar de Europa que profundiza nuestra subalternidad respecto a los intereses imperialistas norteamericanos, que implicará un recorte de derechos y libertades hacia las posiciones críticas con la guerra imperialista, que llevará a cabo la reducción del gasto en servicios públicos para derivarlo a la industria militar norteamericana y que encarecerá los precios de los alimentos y los servicios básicos, como consecuencia de la inestabilidad económica y de la inflación derivadas de todo contexto bélico. Pero además nuestra Andalucía está situada en un terreno geográfico estratégico como es el estrecho de Gibraltar, minada además por bases militares como son Rota, Morón, por colonias de enclave como es Gibraltar y con más de veinte instalaciones militares del ejército español. Esto hace de Andalucía un territorio especialmente vulnerable a la política imperialista americana socavando nuestra cultura de paz, nuestro ethos barroco, la forma tradicional de hibridación y hermanamiento con las culturas del Mediterráneo.

La sociedad andaluza, por historia y cultura, por identidad, ha mantenido estrechos vínculos económicos y culturales con los países del sur global, en especial del Norte de África y de América Latina. Pero ello no se ha traducido en un proyecto político de proyección y solidaridad internacional. En los nuevos tiempos de transformación de la geopolítica mundial, del sistema-mundo es hora de repensar Andalucía como vanguardia de una nueva política y proyecto de progreso. Es hora de que el conjunto de las organizaciones políticas de la izquierda andaluza establezca una agenda y un proyecto político común para cambiar nuestras vidas, para construir una alternativa de futuro basado en la cultura de paz, en las señas de identidad andalucistas, en la memoria de las luchas y frentes culturales que ha liderado el pueblo andaluz. Ha llegado el momento de “andalucizar” la izquierda y conformar un polo unitario de construcción colectiva de un nuevo tiempo y representación política de Andalucía a nivel autonómico y estatal. El andalucismo, en otras palabras, debe ser un eje articulador central que dé contenido a la marea verde de la educación, la blanca de paz y defensa de la sanidad, y morada con la vindicación de la lucha del movimiento feminista, junto a la histórica composición del movimiento obrero que ha marcado las señas de identidad de las principales fuerzas de la izquierda real andaluza.

La lucha por la democracia, los derechos y la soberanía no puede librarlo solo un partido, ni solo una organización social o sindical. La situación requiere de la construcción de una gran confluencia de izquierdas, que en el marco de un estado federal, tenga una clara orientación andaluza, territorial, democrática y desde abajo, que se enfrente a los grandes retos que ahora mismo están enfrentando las clases populares y trabajadoras en Andalucía: el acceso a la vivienda, la sanidad y la educación pública, así como poner freno a la escalada bélica. No se trata únicamente de un proceso de tacticismo electoral, sino de la formación de una marea de mareas, una confluencia de movimientos, partidos y organizaciones hacia un bloque andaluz y popular.

Hacemos un llamamiento a las fuerzas políticas progresistas, a militantes, activistas, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil para conformar este proyecto común de alternativa política para nuestra tierra priorizando no solo la coalición política, sino la conformación de un proyecto unitario de largo aliento que trabaje por emancipar nuestra tierra y definir un horizonte de futuro según el principio de esperanza.

Es hora de constituir un frente amplio andaluz: POR ANDALUCÍA, POR LOS PUEBLOS EUROPEOS, POR LA HUMANIDAD.

Javier GARCIA FERNÁNDEZ. Historiador. Espacio República Andalucía

José Antonio JIMÉNEZ. Portavoz de Iniciativa del Pueblo Andaluz.

Francisco SIERRA CABALLERO. Diputado por Sevilla. Congreso de los Diputados.

Sumar no logra limitar las universidades privadas

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La Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso rechazó hoy la proposición no de ley de Sumar que instaba a reformar las distintas normativas universitarias para que en la creación de nuevas universidades resultara vinculante un informe preceptivo de la Conferencia General de Política Universitaria.

Los votos de Junts se unieron a los del PP y Vox para rechazar en el Congreso de los Diputados esta que llevaba el sello de Sumar y PSOE y con la que perseguía controlar y frenar la creación de nuevas universidades privadas, informa Efe.

La iniciativa que había sido apoyada por el PSOE también pedía reforzar «significativamente los requisitos académicos de profesorado, de investigación, de solvencia económica y de equipamientos e infraestructuras» con el fin de garantizar los estándares de calidad en las propuestas de nuevas universidades y para que las administraciones pudieran actuar en caso de que hubiera que corregir requisitos que no se cumplen.

El diputado de Sumar Francisco Sierra criticó que se esté «especulando» con la educación universitaria y lamentó que en los últimos años se hayan creado «universidades monotemáticas y corporativas, mientras las universidades públicas están en la cuerda floja». Aprovechó también para avisar de la «precarización» de las condiciones que se dan en las universidades públicas «que impactan en labores estratégicas como las de investigación».

Pos su parte, la diputada socialista Luisa Sanz se mostró de acuerdo en que «todos los centros universitarios deban acreditar exactamente los mismos estándares de calidad».

Sin embargo, la iniciativa, que también abogaba por un «mapa estatal de titulaciones para ver la oferta universitaria y sus necesidades», fue rechazada al votarse por el sistema de voto ponderado (que representa a todo el Pleno del Congreso) después de haberse producido un empate en la comisión. Durante el debate parlamentario, desde Sumar recordaron que la normativa establece que las universidades deban destinar un 5% de su presupuesto a investigación y les obliga a ofertar un mínimo de 10 titulaciones de tres de las cinco áreas de conocimiento.

Desigualdades

Por otra parte, la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley que, entre otros asuntos, pide revisar el lenguaje empleado para referirse a la discapacidad en las comunicaciones oficiales de las universidades españolas, a fin de eliminar los «términos peyorativos» y sustituirlos por «las expresiones adecuadas»: «discapacidad» y «personas con discapacidad», informa Ep.

La solicitud fue presentada por el PSOE e insta al Gobierno a, en colaboración con las comunidades autónomas, «evaluar el estado del derecho a la educación inclusiva en el ámbito universitario y su compatibilidad con instrumentos internacionales, especialmente con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas; identificar brechas en las normas y políticas educativas del ámbito universitario que impiden que el estudiantado con discapacidad alcance y transite en este nivel educativo de manera inclusiva y con parámetros de calidad», y garantizar «el alineamiento de todas las normativas nacionales con la legislación internacional» sobre discapacidad.

La diputada socialista Ana Cobo apuntó que «existe un ‘‘gap’’ formativo muy importante entre los jóvenes con discapacidad y el resto de compañeros de su misma edad» que, entre otros motivos, está relacionado con su mayor tasa de desempleo. De ahí la necesidad de «seguir trabajando para garantizar su ingreso y progresión en la universidad en condiciones de igualdad», dijo durante la defensa de la proposición.

Además, destacó que la reforma del artículo 49 de la Constitución, que «eliminó un término tan denigrante como el de disminuido» y reforzó la obligación de los poderes públicos de garantizar los derechos y la inclusión de este colectivo, «ha de tener un efecto cascada y llegar a todas las normas e instituciones, también a la universidad».

Puntualizó también que, en la revisión de las comunicaciones oficiales de las universidades españolas, se ha detectado el uso de «expresiones como diversidad funcional, capacidades diferentes u otras similares, que no están validadas ni son admisibles».