Congreso abierto y transparencia

Share

Si el bueno de Manuel Vázquez Montalbán aún nos acompañara, qué escribiría tras la convocatoria del PP MAFIA O DEMOCRACIA. Probablemente, hubiera hablado en su columna del franquismo sociológico. De la cultura del estraperlo y de la propensión de algunos, el de los de quien pueda que haga, de padecer en nuestro país una derechona que no hace lo que dice, dice lo que no hace y encubre, siempre oculta, enreda lo posible para entretener al personal y engañarnos a todos, cual trileros. Seguramente, quien sabe, es un decir, ante el bochorno del discurso cínico delirante, hubiera tenido la tentación de recuperar a CARVALHO para mostrarnos las cloacas del Estado. Y puede incluso, seguro lo haría, que hubiera expuesto una reflexión metaliteraria para clarificar el género literario de esta degeneración de la derecha extrema confusos como estamos si esto a lo que nos vienen obligando asistir como espectáculo es un esperpento, un simple astracán o un sainete de serie B.

Si es verdad que no nos dejan decir lo que hacen, tendremos que recurrir como antaño a la novela policial. Volver a ver deambular a Pepe Carvalho por el Raval de Barcelona o los bajos fondos del foro, incluido el palco del Santiago Bernabéu, para investigar, como lo hace hoy Juan Madrid, por ejemplo, el robo de niños de la dictadura de la casta. Esta es la paradoja de nuestro tiempo, tener que desvelar la trama y seguir el rastro del dinero para entender la lógica golpista del escuadrismo patrio en acción. Así que, dadas las circunstancias, instalados en la militancia de la hipérbole, algunas fuerzas en el congreso, partidarias de lo atado y bien atado, es normal que voten en contra de toda reforma. Abonados a las sonadas y al ripio calamitoso, no quieren reforzar el legislativo, ni transparencia, ni publicidad ni fiscalización de los poderes públicos. Menos aún de sus ejecutivos dedicados a eliminar, como en Baleares, oficinas contra la corrupción o al pitufeo y contratos  ocultos al escrutinio público como se ha descubierto en Andalucía con la Sanidad Pública. Eso sí, no dejan de derrochar recursos públicos en favor de medios afines para mayor gloria de su partido. Mafia o Democracia. Toda una tradicomedia. No sabemos quién diseña las campañas de este PP pero desde luego no saben que, en el lenguaje, el orden de factores sí altera el producto. La disposición sintáctica muda el sentido de la expresión. En la izquierda, vindicamos la alternativa Socialismo o Barbarie, pero en la derecha invierten el orden. Ponen en primer lugar la palabra Mafia. Debe ser que es lo primero en lo que piensan o que no saben escribir un eslogan. Uno está, francamente, tentado de mandarles, sancionados, al rincón de pensar, con capirote y orejas de burro incluidas, como les gusta, tan tradicionales ellos, a ver si se contagian un poco en la biblioteca del Congreso y se les quita tanta tontería.

En cualquier caso, sabemos que no es posible la democracia con procesos de regulación corrompidos, sesgados o bajo el imperio de las cajas negras. Precisamos huellas normativas, trazabilidad, rastros y pruebas sobre el decir y hacer de la actividad parlamentaria. La democracia es incompatible con los que atan. Es del orden de la apertura, de espacios abiertos, no de instituciones y lógicas políticas cerradas o cerriles.

La propuesta del PSOE para reformar el Reglamento de la cámara en materia de reglas de transparencia y regulación de los grupos de interés no solo cubre una laguna normativa que viene a responder a las recomendaciones del Grupo GRECO. Es una iniciativa parlamentaria que procura fortalecer los procesos y órganos de control, fomentar la cultura de la transparencia y garantizar un marco jurídico para la actuación de la Oficina de Conflicto de Intereses. Ya el Plan de Acción para la Democracia propuso reformar una situación de evidente déficit histórico en términos de derecho de acceso y escrutinio público con el desbloqueo de las opacidades de las políticas públicas que han imperado en este Estado por siglos de monarquías corruptas y dictaduras traficantes de los intereses de la oligarquía económica.

Desde 2020, la UE ha observado con preocupación cómo el lobbismo ha venido socavando nuestras democracias, afectando a la propia unidad comunitaria. En congruencia, Bruselas ha exigido a los Estados miembros, a España en particular, medidas para combatir la manipulación de la democracia parlamentaria.

La debida ejemplaridad y transparencia son principios básicos de todo representante de la soberanía popular y de ahí la necesidad de un marco de actuación para detallar la huella legislativa y establecer medidas disciplinarias en caso de incumplimiento de las obligaciones.

El articulado contemplado en el Titulo XIV que hemos aprobado en el Congreso el pasado 10 de junio se ajusta, punto por punto, con las exigencias comunitarias, tanto en materia de información gubernamental como de rendición de cuentas, una reforma que las señorías de la oposición ultramontana descalifican de antemano. Es su modus operandi. No entienden el derecho a la información ni el principio de transparencia. No son de la ilustración oscura, un oxímoron, son contrarios a la razón y al conocimiento. Por no leer no leen ni el MARCA, no vaya a ser que descubran que Lamine YAMAL es fruto de la migración. En fin, transparencia es para ellos una palabra del diccionario que en la práctica ejercen a martillazos o con maniobras orquestales en la oscuridad. Confunden medidas integrales con integrismo y la libertad de expresión con ausencia de norma. A fuerza de negar todo conocimiento y control democrático, terminan así argumentando hasta el absurdo. Pero la evidencia es indiscutible. No es posible democracia deliberativa sin dominio público, sin transparencia, sin derecho de acceso ni participación del común.

Si algún día abandonan la militancia de la hipérbole y se dedican a las políticas de Estado, tendrán la oportunidad de renunciar a la acción de trazo grueso de lo que Anguita denominó la Cloaca Máxima, ese corazón de redistribución de aguas fecales que vertebra la política desde la Transición con un solo cometido, evitar todo cambio o mudanza para la mayoría social.

Las cloacas policiales como las de la corrupción o las que subyacen en los escándalos regios son incompatibles con la democracia. Un Estado paralelo, una suerte de tangentopolis hispana, que promueven con sus servidores y beneficiarios, y que ciegan toda posibilidad de democracia y convivencia, es del orden de la mafia, de la trama de la casta. Deberían repensar en la derecha donde se sitúan, porque la posición, así tuerzan las leyes de la geometría y del sentido común, es clara a este respecto. Y algunos no estamos dispuestos a aceptar conseguidores y comisionistas que viven por encima de nuestras posibilidades, ni en Zarzuela ni menos aún en el Palacio del Congreso. Las únicas comisiones que queremos son las Comisiones Obreras de Marcelino Camacho, las de Unai Sordo, Nuria López o Carlos Aristu. Las comisiones de derechos y justicia social. Para todos, todo, en suma. Por ello vindicamos el principio de gobierno abierto un proyecto presentado en las Cortes para la mejora y modernización del funcionamiento del Congreso, centrado en la participación, la rendición de cuentas y la integridad. Se trata de mejorar la calidad de nuestra democracia con información accesible de los procesos legislativos, con la publicación de lo que sus señorías votan. Es exigencia de la UE y un compromiso asumido por la cámara en la legislatura. Pero eso a la derecha ultramontana tanto le da. Dicen defender la libertad, pero están abonados al silencio y el secretismo, a ocultar pruebas. Han pasado sin solución de continuidad de iliberales a liberticidas, acompañando a Milei, un manifiesto iletrado de chiringuito universitario. Frente a esta lógica de la razón cínica, es tiempo de un diálogo institucional serio y consistente, apostando por el gobierno abierto, para  garantizar la interlocución en cada proposición de ley, con capacidad de iniciativa e interpelación de las organizaciones no gubernamentales, los sindicatos, los movimientos sociales, cualquier colectivo ciudadano afectado por asuntos de interés público o específico de la población.  Se trata, en definitiva, de dar a la ciudadanía herramientas de búsqueda y control de la acción legislativa. Ampliar el dominio público hoy privatizado en la esfera de la información institucional y resolver el déficit democrático cumpliendo con lo estipulado por el Parlamento y la Comisión Europea, compromiso cuarto del Plan de Gobierno Abierto.

El debate en estos momentos en el seno de la UE es si avanzamos en proteger las libertades públicas, la igualdad y la justicia social o se impone el dominio de los falsos patriotas e impostores del orden que atacan la igualdad, la justicia social y el propio Estado de derecho, restringiendo por la puerta de atrás derechos fundamentales.

Es evidente que permitir o propiciar una mayor y mejor fiscalización de la actividad legislativa, y de sus representantes, contribuye a la necesaria regeneración democrática, promueve la eficacia del Estado y, además, trae consigo un aumento del índice de la calidad de nuestra democracia, que en los últimos años ha mejorado notablemente, pese al discurso del oligopolio informativo.

Los ciudadanos necesitan saber qué datos se utilizan para tomar cualquier decisión, qué personas contribuyen a la toma de decisiones, a qué se destina el dinero de sus impuestos, cuáles son y si se respetan los procedimientos de contratación. En definitiva, la sociedad cada vez reclama más transparencia a sus representantes y las instituciones del Estado, tenemos la obligación de fomentar esa cultura y agilizar los cauces para ofrecerla.

Todo lo contrario a la ilustración oscura y al imperio de la impunidad por opacidad que nos quiere imponer la derecha ultramontana.

En palabras de Julio Anguita, el imperativo categórico de toda ética política es transparencia administrativa y democracia consecuente. Tiempo de ponerse manos a la obra: limpiar purulencias y cicatrizar heridas. Es una cuestión de dignidad y democracia. Y una demanda, por cierto, de la ciudadanía. Volviendo al bueno de Manolo Vázquez Montalbán, si hoy escribiera su columna, dejaría claro en su artículo que Valle Inclán escribió el esperpento para superar las penalidades de nuestro pueblo, como crítica social. Nada que ver con el astracán y el sainete que planifican las derechas extremas con tramas y escenas poco edificantes y de baja calidad. Esperemos que cambien de coordenadas y relatos. Por el bien común. Por la salud pública.

Transparencia y grupos de interés

Share

Este año que celebramos el centenario de Manuel Sacristán, uno de los mejores pensadores que hemos tenido en España y alguien que concebía la política como la ética de lo colectivo, en defensa de lo justo, lo verdadero y el bien, conviene repensar las formas dominantes de mediación política que operan en el Estado y el seno de la UE. Mientras sofistas y escribas a sueldo adulteran la verdad y ponen en cuarentena toda razón, recordar a Sacristán es volver a la ciencia y a pensar lo común con criterio y consistencia en estos tiempos atribulados que devoran toda forma pertinente de representación, empezando justamente por el dominio público. Por ejemplo, el derecho a la información.

La iniciativa del Gobierno progresista de regular un derecho universal como la debida transparencia, estableciendo los límites de actuación de los grupos de presión a partir del principio de control democrático, no solo es oportuna sino que resulta una demanda necesaria congruente con el llamado gobierno abierto que muchos venimos defendiendo hace tiempo. Se trata de implementar la Constitución para garantizar el acceso de los grupos sociales y políticos significativos, además de una mediación clara y abierta, transparente, entre el Estado y la sociedad civil.

España es el tercer país de la Unión Europea con menos transparencia. La lógica que ha prevalecido en nuestro sistema político, como la ley mordaza o la regulación de los secretos oficiales y de la propia actividad informativa, es la de la opacidad o la ausencia de norma. El Plan de Acción por la Democracia viene a reformar parcialmente esta situación abordando en firme déficits históricos, no solo en materia de transparencia, sino especialmente en lo que se refiere al necesario derecho de acceso y al desbloqueo de las cajas negras de las políticas públicas que hemos heredado entre siglos de absolutismo, dictaduras y las debilitadas formas de representación democrática. La iniciativa parte, sin embargo, una vez más, de Bruselas.

Desde 2020, la UE ha observado con preocupación cómo la revolución digital y el lobby del complejo industrial-militar del Pentágono –en particular los sectores ultraderechistas coordinados por Steve Bannon y otras potencias europeas– han venido socavando nuestras democracias, afectando sobremanera a la propia unidad comunitaria, como se pudo comprobar con el referéndum del Brexit. En congruencia, la UE se ha fijado como objetivos proteger las elecciones libres y justas, sin interferencias externas, combatir la manipulación informativa y la injerencia de intereses extranjeros, y avanzar en la información de calidad para cualificar la democracia deliberativa y garantizar la transparencia de todos los operadores políticos.

Los mandatos aprobados por el Consejo de Ministros se encaminan, punto por punto, en esta dirección de acuerdo con las exigencias comunitarias, tanto en materia de información gubernamental como de rendición de cuentas; una apuesta que ha dado lugar a una crítica desmedida, en tono y forma, de la oposición ultramontana que, desde el inicio, calificó toda medida en materia de información pública como censura. Los terminales mediáticos del IBEX35, PP y Vox parecen no entender que el derecho a la información y el principio de transparencia solo son posibles con la acción legislativa.

Por supuesto que las medidas de transparencia adoptadas son insuficientes si pensamos en la Ley de Secretos Oficiales o en la apuesta por un control de los abusos habidos con la publicidad institucional. Es evidente que, para cumplir con las exigencias de Bruselas, hace falta un Consejo Estatal de Medios y la regulación del derecho de acceso y participación de la sociedad civil contemplado en el artículo 20 de la Constitución.

La aprobación no obstante recientemente del diseño del gobierno abierto es un paso importante para garantizar la interlocución en cada proposición de ley, al hacer posible la capacidad de iniciativa e interpelación de las organizaciones no gubernamentales, los sindicatos, los movimientos sociales y cualquier colectivo ciudadano sobre asuntos de interés público o específico de la población. Esperamos pronto además una ley que, complementariamente a esta norma, regule la publicidad institucional, auténtico fondo de reptiles del siglo XXI, por el que se financian medios digitales de extrema derecha y golpistas que socavan la democracia sin control ni fiscalización pública.

Estamos hablando de iniciativas mínimas para garantizar la transparencia básica de las instituciones en democracia. Esta regulación, demandada por editores de prensa como el Grupo CLABE, es además un requisito necesario para vindicar un reparto justo y equilibrado que además garantice financiar medios sin ánimo de lucro, o comunitarios, con carácter cooperativo, que dan voz a sectores que no tienen medios de expresión ni acceso a las grandes compañías y/o canales de comunicación.

Recurriendo, si me lo permiten, a un símil futbolístico, cuando la polarización, cuando el polo autoritario, achica espacios, restringe o reduce la pluralidad, hay que hacer un cambio de orientación y sentido, abrir el campo de disputa y de juego. Una estrategia, no la única, es ampliar el dominio público hoy privatizado en la esfera de la información institucional y resolver, al tiempo, el déficit democrático cumpliendo con lo estipulado por el Parlamento y la Comisión Europea.

El derecho a la Información, la transparencia, es el primer objetivo de la guerra cultural desplegada por el nuevo despotismo. La forma distintiva de toda dictadura es el secreto y el silencio administrativo, la opacidad. Sin información ni conocimiento no hay posibilidad de tener voz ni agencia política, se pierde la autonomía y por tanto la capacidad de luchar por tener derechos. Sin información pública y accesible, sin conocimiento sobre la huella de la norma, sin poder conocer la trazabilidad de las decisiones se impone siempre, sistemáticamente, el poder del más fuerte. Esta XV Legislatura debiera servir cuando menos para que el Congreso asuma en la agenda –y el país reconozca– que regular la información como bien público es garantizar mediaciones democráticas, que la transparencia es una obligación de los poderes públicos; ojo, no del Ejecutivo solo, sino también del Legislativo y del Judicial. Y por lo mismo debe estar garantizada por ley, con políticas públicas activas.

Decía Pierre Bourdieu que el Estado es la base de la integración lógica y de la integración moral del mundo social y, por lo mismo, el consenso fundamental sobre el sentido que define la propia condición de los conflictos requiere la organización y la forma (sistemas de información) que hagan posible la convivencia democrática. O, como decía Gramsci, un cierto orden. Pero he aquí que los partidos del orden reinante no quieren oír ni hablar de forma alguna ni de la organización del Estado. Debatir en el Congreso con la extrema derecha y la derecha extrema sobre sistemas de registro, información pública, transparencia y orden lógico en la forma democrática del Estado es como tratar de explicar a un obispo la teoría de la evolución.

Como el fatuo Milei, están al parecer del lado de los lobbys, con los grupos de interés. Debe de ser porque son interesados o, simplemente porque, emulando a Trump, consideran toda fiscalización de entidades privadas como una norma abusiva que contraviene el principio de autonomía de los actores de la sociedad civil, por más que tales actores pueden incurrir, como en España sucede, en prácticas irregulares y corrupción de los funcionarios públicos. El discurso en esta materia de la derecha ultramontana persiste en su modelo plutocrático de dominio de la oligarquía financiera y el tecnofeudalismo, replicando insistentemente tres aporías sin sustento ni consistencia:

1.   Toda ley es control. La mejor ley es la que no existe. Ergo, las reglas deben ser producto de los usos y costumbres. Toda una enmienda al principio de la cultura jurídica que nos convoca (dura lex, sed lex) pues, en ausencia de norma, las reglas que imperan en las relaciones del Estado y la sociedad civil organizada dependen, sistemáticamente, de los grupos y clases dominantes.

2.   La soberanía es única, indivisible y uniforme. Los representantes de la derecha ultramontana en España no entienden, ni asumen, en pleno siglo XXI, que la composición del Estado es, ha sido y seguirá siendo plurinacional. Ya hay, de hecho, registros autonómicos que abordan el reto de la transparencia y control de los grupos de interés, y es necesario, como corresponde a un modelo federal, una regulación estatal que garantice coordinación interterritorial y cooperación entre la Administración central y las comunidades.

3.   La eficiencia del Estado pasa por reducir su composición. Para los portavoces de Silicon Valley, todo problema o cuestión social se resuelve con la motosierra o siguiendo el patrón de conducta del presidente Bukele. El derecho, la ley, el desarrollo reglamentario, es una cuestión menor, al parecer, para la modernización de la Administración pública cuando se trata de acometer el objetivo de la debida democratización de la acción política del Estado. De hecho, donde gobiernan han suprimido organismos decisivos para la supervisión de la función pública contra la corrupción, valedores como son del principio de que el interés general es especial y sus intereses especiales, el bien común, confundiendo, por sistema, lo público y lo privado.

Pero la realidad demuestra que el sustento iletrado de tales aporías invalida el discurso de cuanto peor (o menos regulación), mejor para la sociedad civil. La mediación social en democracia exige en nuestro tiempo reforzar las libertades públicas profundizando el desarrollo normativo en línea con el Plan de Acción Democrática Europea. En otras palabras: mejorar la transparencia en la gobernanza, desarrollar mecanismos de rendición de cuentas y fomentar la participación de la ciudadanía. Esta es la esencia del estado social y de derecho. En estos delicados momentos, la disyuntiva en el seno de la UE es si avanzamos en esta dirección –protegiendo las libertades públicas, la igualdad y la justicia social– o si se impone el dominio de los falsos patriotas, impostores del orden que atacan la justicia social y al propio Estado, restringiendo por la puerta de atrás derechos fundamentales, so pretexto de la salvaguardia de la seguridad nacional.

Contra los señores de la guerra, contra la OTAN y el muro de Wall Street, contra el modelo de rearme autoritario y excluyente de las derechas ultramontanas, sabemos, la historia así lo demuestra, que el buen gobierno y la calidad democrática se fortalecen con una relación fluida y clara entre Estado y sociedad civil, entre políticas públicas abiertas al escrutinio ciudadano y el buen gobierno. Permitir o propiciar una mayor y mejor fiscalización de la actividad pública contribuye, en fin, a la necesaria regeneración democrática, promueve la eficacia del Estado y, además, trae consigo un aumento del índice de la calidad de sus democracias.

Los ciudadanos necesitan saber qué datos se utilizan para tomar cualquier decisión, qué personas contribuyen a la toma de decisiones, a qué se destina el dinero de sus impuestos, cuáles son y si se respetan los procedimientos de contratación. En definitiva, la sociedad reclama cada vez más transparencia a sus representantes y las instituciones del Estado. Tenemos la obligación de fomentar esa cultura de la información accesible y agilizar los cauces para ofrecerla frente a la opacidad y cierta tradición arbitraria en el manejo de la información de dominio público. Transformar la cultura de la información de los funcionarios y la Administración pública en la aplicación de las debidas normas de transparencia y acceso a la ciudadanía es una reforma de calado que modificará la dinámica de la democracia deliberativa evitando el juego interesado de las minorías y su capacidad de presión a espaldas de la opinión pública. Ello exige, claro está, dotar de recursos suficientes y medios adecuados a la oficina responsable de aplicar la nueva norma, tomando de paso en consideración las observaciones de la Quinta Ronda de Evaluación del Grupo GRECO.

Se trata, en suma, de mejorar las garantías y procedimientos en la Administración del Estado para romper con el capitalismo de amiguetes o el lobbismo que impera, tanto en Bruselas como en el Capitolio. Tenemos ejemplos recientes con el 5G y las agencias de calificación de riesgo. Es hora de no repetir la historia como farsa, no incurrir en errores como el de la televisión de alta definición que impidió que la UE y nuestras empresas estuvieran a la vanguardia de la nueva televisión digital por los grupos de interés de las corporaciones estadounidenses, y empezar a caminar en dirección contraria, siguiendo el modelo nórdico, el ejemplo pionero de Suecia.

Es tiempo de consolidar una forma de Estado igual y transparente para todos, contra el imperio de la impunidad por opacidad, confiados en el papel positivo que puede cumplir la Oficina de Conflictos de Intereses y en la adaptación legislativa que permitirá el análisis de redes, evitar testaferros y comisionistas de turno, dejando huella normativa y trazabilidad de debates legislativos y de programa de gobierno, mediante la coordinación de esfuerzos y la interoperatividad con las comunidades autónomas que ya han avanzado en la regulación y registro de los grupos de interés.

Quienes defendemos el derecho a la información y la transparencia que garantiza la libertad de prensa, entre otros derechos fundamentales, hace tiempo que venimos insistiendo en que hay que acabar con la influencia nociva y oculta de los intereses especulativos de los amigos de lo ajeno. La consulta pública y accesible es, como la democracia, contraria a la ilustración oscura. Por ello, es preciso desplegar herramientas normativas en defensa del control social democrático. Por conciencia, porque todo debate contrario al registro y los sistemas de información compartidos no tiene otro cometido que validar el dominio restringido de los intereses creados. Esta debería ser la primera lección de la guerra cultural, la batalla por la información y la verdad.