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Si el bueno de Manuel Vázquez Montalbán aún nos acompañara, qué escribiría tras la convocatoria del PP MAFIA O DEMOCRACIA. Probablemente, hubiera hablado en su columna del franquismo sociológico. De la cultura del estraperlo y de la propensión de algunos, el de los de quien pueda que haga, de padecer en nuestro país una derechona que no hace lo que dice, dice lo que no hace y encubre, siempre oculta, enreda lo posible para entretener al personal y engañarnos a todos, cual trileros. Seguramente, quien sabe, es un decir, ante el bochorno del discurso cínico delirante, hubiera tenido la tentación de recuperar a CARVALHO para mostrarnos las cloacas del Estado. Y puede incluso, seguro lo haría, que hubiera expuesto una reflexión metaliteraria para clarificar el género literario de esta degeneración de la derecha extrema confusos como estamos si esto a lo que nos vienen obligando asistir como espectáculo es un esperpento, un simple astracán o un sainete de serie B.

Si es verdad que no nos dejan decir lo que hacen, tendremos que recurrir como antaño a la novela policial. Volver a ver deambular a Pepe Carvalho por el Raval de Barcelona o los bajos fondos del foro, incluido el palco del Santiago Bernabéu, para investigar, como lo hace hoy Juan Madrid, por ejemplo, el robo de niños de la dictadura de la casta. Esta es la paradoja de nuestro tiempo, tener que desvelar la trama y seguir el rastro del dinero para entender la lógica golpista del escuadrismo patrio en acción. Así que, dadas las circunstancias, instalados en la militancia de la hipérbole, algunas fuerzas en el congreso, partidarias de lo atado y bien atado, es normal que voten en contra de toda reforma. Abonados a las sonadas y al ripio calamitoso, no quieren reforzar el legislativo, ni transparencia, ni publicidad ni fiscalización de los poderes públicos. Menos aún de sus ejecutivos dedicados a eliminar, como en Baleares, oficinas contra la corrupción o al pitufeo y contratos  ocultos al escrutinio público como se ha descubierto en Andalucía con la Sanidad Pública. Eso sí, no dejan de derrochar recursos públicos en favor de medios afines para mayor gloria de su partido. Mafia o Democracia. Toda una tradicomedia. No sabemos quién diseña las campañas de este PP pero desde luego no saben que, en el lenguaje, el orden de factores sí altera el producto. La disposición sintáctica muda el sentido de la expresión. En la izquierda, vindicamos la alternativa Socialismo o Barbarie, pero en la derecha invierten el orden. Ponen en primer lugar la palabra Mafia. Debe ser que es lo primero en lo que piensan o que no saben escribir un eslogan. Uno está, francamente, tentado de mandarles, sancionados, al rincón de pensar, con capirote y orejas de burro incluidas, como les gusta, tan tradicionales ellos, a ver si se contagian un poco en la biblioteca del Congreso y se les quita tanta tontería.

En cualquier caso, sabemos que no es posible la democracia con procesos de regulación corrompidos, sesgados o bajo el imperio de las cajas negras. Precisamos huellas normativas, trazabilidad, rastros y pruebas sobre el decir y hacer de la actividad parlamentaria. La democracia es incompatible con los que atan. Es del orden de la apertura, de espacios abiertos, no de instituciones y lógicas políticas cerradas o cerriles.

La propuesta del PSOE para reformar el Reglamento de la cámara en materia de reglas de transparencia y regulación de los grupos de interés no solo cubre una laguna normativa que viene a responder a las recomendaciones del Grupo GRECO. Es una iniciativa parlamentaria que procura fortalecer los procesos y órganos de control, fomentar la cultura de la transparencia y garantizar un marco jurídico para la actuación de la Oficina de Conflicto de Intereses. Ya el Plan de Acción para la Democracia propuso reformar una situación de evidente déficit histórico en términos de derecho de acceso y escrutinio público con el desbloqueo de las opacidades de las políticas públicas que han imperado en este Estado por siglos de monarquías corruptas y dictaduras traficantes de los intereses de la oligarquía económica.

Desde 2020, la UE ha observado con preocupación cómo el lobbismo ha venido socavando nuestras democracias, afectando a la propia unidad comunitaria. En congruencia, Bruselas ha exigido a los Estados miembros, a España en particular, medidas para combatir la manipulación de la democracia parlamentaria.

La debida ejemplaridad y transparencia son principios básicos de todo representante de la soberanía popular y de ahí la necesidad de un marco de actuación para detallar la huella legislativa y establecer medidas disciplinarias en caso de incumplimiento de las obligaciones.

El articulado contemplado en el Titulo XIV que hemos aprobado en el Congreso el pasado 10 de junio se ajusta, punto por punto, con las exigencias comunitarias, tanto en materia de información gubernamental como de rendición de cuentas, una reforma que las señorías de la oposición ultramontana descalifican de antemano. Es su modus operandi. No entienden el derecho a la información ni el principio de transparencia. No son de la ilustración oscura, un oxímoron, son contrarios a la razón y al conocimiento. Por no leer no leen ni el MARCA, no vaya a ser que descubran que Lamine YAMAL es fruto de la migración. En fin, transparencia es para ellos una palabra del diccionario que en la práctica ejercen a martillazos o con maniobras orquestales en la oscuridad. Confunden medidas integrales con integrismo y la libertad de expresión con ausencia de norma. A fuerza de negar todo conocimiento y control democrático, terminan así argumentando hasta el absurdo. Pero la evidencia es indiscutible. No es posible democracia deliberativa sin dominio público, sin transparencia, sin derecho de acceso ni participación del común.

Si algún día abandonan la militancia de la hipérbole y se dedican a las políticas de Estado, tendrán la oportunidad de renunciar a la acción de trazo grueso de lo que Anguita denominó la Cloaca Máxima, ese corazón de redistribución de aguas fecales que vertebra la política desde la Transición con un solo cometido, evitar todo cambio o mudanza para la mayoría social.

Las cloacas policiales como las de la corrupción o las que subyacen en los escándalos regios son incompatibles con la democracia. Un Estado paralelo, una suerte de tangentopolis hispana, que promueven con sus servidores y beneficiarios, y que ciegan toda posibilidad de democracia y convivencia, es del orden de la mafia, de la trama de la casta. Deberían repensar en la derecha donde se sitúan, porque la posición, así tuerzan las leyes de la geometría y del sentido común, es clara a este respecto. Y algunos no estamos dispuestos a aceptar conseguidores y comisionistas que viven por encima de nuestras posibilidades, ni en Zarzuela ni menos aún en el Palacio del Congreso. Las únicas comisiones que queremos son las Comisiones Obreras de Marcelino Camacho, las de Unai Sordo, Nuria López o Carlos Aristu. Las comisiones de derechos y justicia social. Para todos, todo, en suma. Por ello vindicamos el principio de gobierno abierto un proyecto presentado en las Cortes para la mejora y modernización del funcionamiento del Congreso, centrado en la participación, la rendición de cuentas y la integridad. Se trata de mejorar la calidad de nuestra democracia con información accesible de los procesos legislativos, con la publicación de lo que sus señorías votan. Es exigencia de la UE y un compromiso asumido por la cámara en la legislatura. Pero eso a la derecha ultramontana tanto le da. Dicen defender la libertad, pero están abonados al silencio y el secretismo, a ocultar pruebas. Han pasado sin solución de continuidad de iliberales a liberticidas, acompañando a Milei, un manifiesto iletrado de chiringuito universitario. Frente a esta lógica de la razón cínica, es tiempo de un diálogo institucional serio y consistente, apostando por el gobierno abierto, para  garantizar la interlocución en cada proposición de ley, con capacidad de iniciativa e interpelación de las organizaciones no gubernamentales, los sindicatos, los movimientos sociales, cualquier colectivo ciudadano afectado por asuntos de interés público o específico de la población.  Se trata, en definitiva, de dar a la ciudadanía herramientas de búsqueda y control de la acción legislativa. Ampliar el dominio público hoy privatizado en la esfera de la información institucional y resolver el déficit democrático cumpliendo con lo estipulado por el Parlamento y la Comisión Europea, compromiso cuarto del Plan de Gobierno Abierto.

El debate en estos momentos en el seno de la UE es si avanzamos en proteger las libertades públicas, la igualdad y la justicia social o se impone el dominio de los falsos patriotas e impostores del orden que atacan la igualdad, la justicia social y el propio Estado de derecho, restringiendo por la puerta de atrás derechos fundamentales.

Es evidente que permitir o propiciar una mayor y mejor fiscalización de la actividad legislativa, y de sus representantes, contribuye a la necesaria regeneración democrática, promueve la eficacia del Estado y, además, trae consigo un aumento del índice de la calidad de nuestra democracia, que en los últimos años ha mejorado notablemente, pese al discurso del oligopolio informativo.

Los ciudadanos necesitan saber qué datos se utilizan para tomar cualquier decisión, qué personas contribuyen a la toma de decisiones, a qué se destina el dinero de sus impuestos, cuáles son y si se respetan los procedimientos de contratación. En definitiva, la sociedad cada vez reclama más transparencia a sus representantes y las instituciones del Estado, tenemos la obligación de fomentar esa cultura y agilizar los cauces para ofrecerla.

Todo lo contrario a la ilustración oscura y al imperio de la impunidad por opacidad que nos quiere imponer la derecha ultramontana.

En palabras de Julio Anguita, el imperativo categórico de toda ética política es transparencia administrativa y democracia consecuente. Tiempo de ponerse manos a la obra: limpiar purulencias y cicatrizar heridas. Es una cuestión de dignidad y democracia. Y una demanda, por cierto, de la ciudadanía. Volviendo al bueno de Manolo Vázquez Montalbán, si hoy escribiera su columna, dejaría claro en su artículo que Valle Inclán escribió el esperpento para superar las penalidades de nuestro pueblo, como crítica social. Nada que ver con el astracán y el sainete que planifican las derechas extremas con tramas y escenas poco edificantes y de baja calidad. Esperemos que cambien de coordenadas y relatos. Por el bien común. Por la salud pública.