Etiqueta: transparencia

Derecho a saber

Posted on by Albert
Share

El principio de la ilustración, de toda forma de autonomía, comienza con la máxima kantiana “Sapere aude”. Pero el consejo de Horacio, la valentía de ser juicioso hoy padece la amenaza del frente ICE. Nos quieren, en fin, ciegos, mudos y sordos. El trumpismo, como expresión política, rima asonantemente con liberticidio. Así que el primer frente que tiene la izquierda en el hemisferio occidental, y particularmente en España, es el conocimiento y socialización del derecho a saber, la disputa sin cesar por la verdad, pues sin confianza, sin saber, no es posible la libertad de expresión. En tiempos de guerra, con la ley GENIUS, y la política de despliegue de la infraestructura de seguridad nacional que otorga en Estados Unidos a las corporaciones privadas poderes como la emisión de dinero, competencia exclusiva de la Reserva Federal, es hora de correlacionar el manejo de las redes por los GAFAM, la política bélica y de seguridad contra la migración y la proliferación de los bitcoin como captura corporativa del Estado, la clave distintiva, a decir de Gramsci, del fascismo. No viene al caso dar los detalles, seguramente conocidos por el lector, ejemplificando la etapa en curso del Estado corporativo. Pero como prueba un caso relevante. En las políticas contra la migración, el gabinete Trump, con Stephen Miller al frente, ha puesto en marcha ImmigrationOS, una aplicación de vigilancia para rastrear los visados y facilitar las deportaciones masivas. Anduril, Lattice despliegan al tiempo una estrategia satelital, una red operativa que pretende colonizar la UE por completo. El plan estadounidense en 2027 es la total autonomía de la guerra de los drones y la absoluta superioridad informativa. La protección de las comunicaciones de banda baja a manos de Musk es un paso más de imposición de la nueva forma de dominio global en la geopolítica imperialista del capitalismo de plataformas por la entente NSA/GAFAM y, con ello, la previsible agudización de los conflictos, especialmente con China. Aunque la administración de la oligarquía financiera en la Casa Blanca quiera presentar tales medidas desde la lógica de la razón tecnocrática y la eficiencia administrativa, lo cierto es que el Pentágono está cediendo el sistema de defensa a empresas como Palantir Technologies. En otras palabras, la autonomía estratégica del Estado y de los protectorados bajo su control, caso de la UE, hoy está en manos de esta gran corporación de seguridad transnacional. Antaño fue el uso de mercenarios en guerras como la de Afganistán, y hoy la inteligencia operativa en el campo de intervención depende absolutamente de una empresa privada, cuyo fundador Peter Thiel, es abiertamente contrario a la democracia. Cuando hablamos en España de una ley de soberanía digital y autonomía estratégica debiéramos por tanto plantear el reto de la dependencia tecnológica de Microsoft o Amazon, que hoy por hoy amenazan nuestra democracia. Se está conformando, como explica Francesca Bria, un complejo tecnológico autoritario que supone un paso más en la alianza público-privada en la salida a la crisis económica y de deuda que tiene Estados Unidos.

La infraestructura de gobernanza e hipervigilancia no es una anécdota o deriva delirante de Trump y su pogromo racista. Se trata más bien de un dispositivo económico-político para imponer el Estado corporativo, garantizar el proceso de acumulación por despojo mediante una política de vigilar y castigar, de terror planificado, impulsado por los nuevos señores feudales (Musk, Thiel, Sacks, Karp y Andreassen, entre otros). La combinación de dispositivo técnico y coordinación financiera está en la base del imperio que proyecta Silicon Valley. Desplegar herramientas con Starlink Valley en las comunicaciones militares, controlar el software de los drones que nos venden, vía OTAN, y dominar el negocio de la ciberseguridad es el caballo de Troya que nos están metiendo para expropiarnos de todo, incluso de los datos de salud, como hizo la Plataforma de Palantir en el Reino Unido. Así que el trío calavera, los portavoces de la muerte —James David Vance, Peter Thiel y Elon Musk— lo tienen claro cuando actualizan el trinomio de la cruzada Familia, Tradición y Propiedad. Cabe cuestionar, por nuestra parte, si la reacción a la declaración de guerra contra la UE se resuelve con proclamas de cosmopaletismo, secundando la matriz ideológica de la globalización ordoliberal, o vamos directo al hueso de la economía política que es el muro de Wall Steet.

Desde la historia moderna del capitalismo, las infraestructuras representan una transformación permanente de las condiciones de intercambio que operan en el espacio y determinan la geopolítica y los conflictos. Los dispositivos regulatorios y las cadenas de valor marcan la forma de operar de los agentes de la economía política dominante. Del mismo modo, los estándares técnicos de normalización es la vía usualmente utilizada por Estados Unidos para garantizar la dependencia tecnológica. Por eso hay que tener claro que los medios de comunicación no son inocuos, que la pérdida de soberanía digital en Europa se traduce en esclavitud y dependencia. Urge pues la desconexión de las redes que nos dominan y la construcción de una alternativa democrática. Como dejó escrito Gramsci, tenemos claro que en el principio siempre es la acción.

El Congreso pide explicaciones al Gobierno por el retraso en la aplicación de la ley europea de medios

Posted on by Albert
Share

Varios diputados, entre ellos Francisco Sierra, de Izquierda Unida, han registrado en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas dirigidas al Gobierno para exigir explicaciones sobre el retraso en la aplicación en España del Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación (EMFA), en vigor desde mayo de 2024 y plenamente aplicable desde agosto de 2025.

La iniciativa parlamentaria, presentada por el grupo plurinacional Sumar al amparo del reglamento de la Cámara, advierte de que la libertad, pluralidad e independencia de los medios de comunicación constituyen pilares esenciales para la salud democrática. En este sentido, subraya que sin medios públicos “fuertes, autónomos y sometidos al interés general” no puede garantizarse un debate público libre ni el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz.

Retraso en la adaptación normativa

Los diputados denuncian que, pese a los avances normativos anunciados en los últimos años, España arrastra un “retraso evidente” en la implementación efectiva del reglamento europeo. Este marco comunitario obliga a los Estados miembros a reforzar la protección del pluralismo, la independencia editorial y la transparencia en la financiación de los medios.

El Gobierno presentó en septiembre de 2024 un Plan de Acción por la Democracia con medidas para adaptar la legislación nacional, como la creación de un registro de medios o la publicación de la inversión en publicidad institucional. Posteriormente, en julio de 2025, aprobó un proyecto de ley sobre gobernanza democrática en servicios digitales y medios de comunicación, actualmente en tramitación parlamentaria.

Sin embargo, los firmantes consideran que estas iniciativas no han sido suficientes para garantizar el cumplimiento pleno del reglamento europeo, especialmente en lo relativo a la protección de los medios públicos frente a injerencias políticas o económicas.

Dudas sobre el papel de la CNMC

Uno de los puntos clave señalados es la falta de desarrollo de las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, organismo que debería asumir funciones de supervisión y control en este ámbito.

Según recuerdan, la propia presidenta del organismo ya advirtió en sede parlamentaria de que el proyecto legislativo en curso no incorpora plenamente algunas exigencias del reglamento europeo, como las garantías para el funcionamiento independiente de los medios públicos o la supervisión de la asignación de fondos públicos en publicidad institucional.

Ante esta situación, los diputados preguntan si el Ejecutivo prevé dotar a la CNMC de los recursos humanos, financieros y estructurales necesarios para ejercer eficazmente estas funciones.

Exigencia de medidas urgentes

La iniciativa reclama al Gobierno que concrete cuándo adoptará las medidas normativas, orgánicas y presupuestarias necesarias para cumplir con el reglamento europeo, cuya aplicación es obligatoria.

Asimismo, se solicitan detalles sobre las actuaciones previstas para garantizar la independencia editorial de los medios públicos, incluyendo los procedimientos de nombramiento y cese de sus responsables, así como mecanismos que eviten injerencias políticas.

Los parlamentarios también instan al Ejecutivo a definir sistemas de supervisión y coordinación, en colaboración con comunidades autónomas y autoridades reguladoras, que permitan prevenir represalias contra profesionales de la información o vulneraciones de la libertad de prensa.

Un contexto de preocupación democrática

La iniciativa se enmarca en un contexto que los diputados califican de “especialmente delicado”, marcado por la desinformación, la presión sobre periodistas y el debilitamiento de las garantías democráticas en el ámbito comunicativo.

En este escenario, consideran que la aplicación efectiva del reglamento europeo no solo responde a una obligación legal, sino que constituye una “responsabilidad democrática” para proteger el derecho a la información y reforzar la calidad del sistema democrático.

Maneras de vivir

Posted on by Albert
Share

En la antigua China, todo consejero del emperador debía cumplir el principio de gobierno justo y, en consecuencia, las palabras debían significar su contenido efectivo. Pero en estos tiempos de algarabía, insultos y mala praxis periodística la política de la palabra viene determinada exactamente por todo lo contrario. El trumpismo se distingue, sobre cualquier otro rasgo característico, por la disociación cognitiva, por maneras distintas de contar lo que se vive traspasando los límites de la razón de lo que otrora los portavoces de los significantes flotantes venían explorando. Aunque la obligación de dar publicidad al contenido de la interlocución y dejar registro de la acción política es consustancial a la democracia, la charlatanería insulsa, la beatería de consumo y los discursos de saldo y ocasión se han instalado en nuestro sistema informativo acentuando las discordancias de los dichos y los hechos.

En un tiempo de bulos y desinformación, en un mundo donde a todos los niveles se generaliza la razón cínica, atender a las prácticas que acompañan los discursos es el primer paso para dejar en evidencia a los odiadores profesionales. Contra la premeditada política del opio entontecedor de las pantallas, contrario a la frónesis, frente a la contemplación del bien común como fuente inmediata de conducta, conocimiento y acción moral, es hora de vindicar la salud pública, un orden del discurso y del dominio público que cuida las formas y el sentido originario de la palabra enunciada.

La libertad política resulta de la situación y contexto histórico. Si se adultera, violenta o intoxica, la libertad es socavada. Por ello, necesitamos más democracia, y normas sancionadoras frente a los abusos de hecho. Libertad, responsabilidad y sanción como garantía contra los liberticidas que minan la confianza de la población tergiversando dichos y hechos. Se trata en fin de decir lo que se hace, hacer lo que se dice y cultivar el principio de diálogo público, como nos legó Julio Anguita, con coherencia y rigor. Otra manera de decir e intervenir públicamente antagónica a la de los que viven por encima de nuestras posibilidades, que, por cierto, no olvidemos, tienen nombre y, sobre todo, apellidos.

Decía el bueno de Juan de Mairena que el problema de España es la fragilidad de la cultura oficial. Un país con una derecha atrabiliaria, un líder de la oposición cansado de repetir lo mismo, en lo que no cree, una izquierda dividida y titubeante y una monarquía corrupta y en huida o caída libre, da para cualquier cosa. Por ello, precisamos fortalecer las instituciones democráticas ante aquellos que están enrocados en la lógica destituyente, sea para invalidar la ley Montoro (la relación inversamente proporcional entre riqueza y transparencia), para combatir el despojo de la oligarquía económica que, por sistema, oculta los intereses y manejos de la acumulación por desposesión o, simplemente, para poner en evidencia la ley de la dominación (la relación directamente proporcional entre la violencia del discurso contra toda regulación y la corrupción sistémica que se alimenta de la nostalgia de la cultura del estraperlo). La misma del rey emirato, que acaba de publicar sus memorias, y tararea suspiros de España, con la impostada reacción de la prensa escandalizada que siempre colaboró en imponer un tupido velo en torno a las fechorías del campechano. Todavía hoy no desclasifican los papeles del 23F que retratan a la corona como lo que es: fascista y contraria a la democracia. Ya lo dijimos cuando nadie se atrevía a hablar. No hay reconciliación posible, la monarquía es una porquería. Y los Borbones, la Casa Real, una cueva de ladrones que ha enmierdado por siglos España. Conviene recordarlo cuando todavía hay quien se altera por una portada de El Jueves o por el grafismo de programas como Cachitos de Plata y Cromo. Ante la crisis institucional de la corona y los comisionistas que viven a expensas del erario público, la pulsión plebeya ha dictado sentencia. Se acabó. Los tiempos del singular en primera persona, de la hermandad de la saca, la retórica grandilocuente de los vendepatrias y expropiadores de lo común que hablan de infierno fiscal mientras viajan a Ginebra, o trabajan para los grupos del IBEX35 de espaldas al escrutinio público, ya no cuela. Y por más que se empeñen los amigos de Milei, los de la libertad retrocede, en ocultar las fechorías anulando toda fiscalización, de Baleares a Andalucía, la pulsión plebeya anuncia movimientos tectónicos. La sociedad civil organizada no va a cesar de exigir sistemas de información públicos, registros de los grupos de interés y gobierno abierto. Mientras, los de siempre, abonados a la escuela austriaca, quieren, como el trumpismo, socavar el dominio público de la información institucional. Se creen, como Milei, los listos o avispados de la turma. Pero no pasan de giles. Como demostrara un sabio amigo, a un pendejo se le reconoce porque va de listo, no es consciente de su estupidez supina, y no resulta más que un cantamañanas a lo Frigodedo, que no sabe del frío ni de la intemperie pues siempre se lo lleva calentito, y tiene la desfachatez, a lo Martínez el Facha, de no dejar de señalar al adversario. Pero, hete aquí, que la estulticia es del orden de la avaricia. Y, por fortuna, la teología política de la imbecilidad no se sostiene en el tiempo.La verdad del ser humano, sentenció Juan de Mairena, es la tontería inagotable y en algunos casos, como la derecha ultramontana de este país, agotadora. Pero la ilustración oscura no es ilimitada ni sostenible en la democracia deliberativa, no puede perdurar sin dominio público, ni el debido respeto o cuidado del ámbito de lo común, aun considerando el eco y alcance que aparentan tener en la calle.

Decía Pierre Bourdieu que el Estado es la base de la integración lógica y de la integración moral del mundo social y, por lo mismo, el consenso fundamental sobre el sentido que define la propia condición de los conflictos requiere la organización y la forma, sistemas de información, que hagan posible la convivencia democrática. O, como decía Gramsci, un cierto orden. El discurso de la derecha ultramontana persiste en su modelo plutocrático de dominio de la oligarquía financiera y el tecnofeudalismo sin sustento ni consistencia. En estos delicados momentos, la disyuntiva, es elegir entre socialismo o barbarie: o avanzamos en información y transparencia protegiendo las normas de obligado cumplimiento, la ley y los canales de acceso y participación ciudadana, o se impone el dominio de los falsos patriotas, impostores del orden que atacan la justicia social y al propio Estado, restringiendo por la puerta de atrás derechos fundamentales.

La sociedad reclama cada vez más transparencia. Tenemos la obligación de fomentar esa cultura de la información accesible y agilizar los cauces para ofrecerla frente a la opacidad. Por ello, es hora de desplegar herramientas normativas en defensa del control social democrático. Por con/ciencia, porque todo debate contrario al registro y los sistemas de información compartida no tiene otro cometido que validar el dominio atado y bien atado de los intereses creados. Y ya es hora de pedir la paz y la palabra porque sabemos que es posible otra forma digna de vivir.

El frente cultural de RTVE

Posted on by Albert
Share

Todo sistema democrático presupone un sistema de información plural, transparencia y diálogo público, a partir del principio de autonomía. En los últimos años, sin embargo, el trumpismo político –truco o susto– ha desplegado la estrategia de acoso y campañas de difamación contra periodistas de RTVE, sean prestigiosos profesionales como Silvia Intxaurrondo o reporteros que cubren sobre terreno la actualidad informativa.

El discurso del odio contra profesionales de programas como Mañaneros o Malas Lenguas de las derechas ultramontanas en España sigue el patrón de Milei y de la Casa Blanca que, por Decreto, ha suprimido la financiación de PBS y NPR: el periodismo libre, en fin.

En los últimos meses, PP y VOX no solo han acusado a la Corporación de ser un instrumento al servicio del Gobierno, sino que han señalado públicamente a sus rostros más reconocidos amenazando incluso con el despido si llegan al poder.

No ha sido un recurso retórico. Públicamente, han pedido a la cadena pública prescindir de Sara Santaolalla, y desde el comienzo han perseguido a presentadores como Silvia Intxaurrondo, Javier Ruiz, Jesús Cintora, Xabier Fortes o David Broncano. Otra presentadora, Marta Flich, lo ha dejado meridianamente claro: cuando el PP y Vox no controlan los medios públicos les parece mal.

Los discípulos del ministro de Información y Turismo franquista, Manuel Fraga prefieren —ya lo sabemos— una ley de prensa de la dictadura, un ecosistema informativo atado y bien atado. Este mes presentamos el libro inédito de artículos de Manuel Vázquez Montalbán, Militante y Clandestino, de Atrapasueños Editorial. Él supo diseccionar como nadie la anatomía del franquismo sociológico hoy galopante.

Las señorías de la derecha amparan la violencia verbal sistemática, el insulto, la descalificación, las campañas de difamación, la criminalización de periodistas y de la crítica, y el sexismo y minusvaloración injustificable. En definitiva, siguen instalados en la indigencia moral e intelectual para ocultar los juegos de tramoya y los intereses creados.

Son cipayos de la oligarquía económica y financiera. Pero tienen la suficiente indigencia moral como para hablar de manipulación en RTVE cuando en Telemadrid y Ayuso pasan no los límites del decoro sino la propia ley. En Canal Sur, Telemoreno programa toros mientras arde la Mezquita o dedican minutos a Morante de la Puebla para acallar las protestas de las mujeres de AMAMA.

Esta lógica se replica en Baleares, Galicia o Comunidad Valenciana. Por ello, los comités de empresa de los trabajadores de los medios públicos se han organizado para defender el servicio público y denunciar los abusos y el autoritarismo en la gestión de las cadenas públicas.

Negacionistas de la verdad y la deontología periodística, los portavoces del linchamiento mediático operan con todo tipo de técnicas de la doctrina del shock: la inversión semiótica, la retórica exaltada, la violencia simbólica, la apelación fática, la deshumanización, el oxímoron y el discurso cínico.

Recordemos, parafraseando a Kapucinski, que no hay mejor pasión que la compartida y compasiva. El ejercicio del periodismo exige un principio de entrega y radical dialogía. Ser bueno, en suma. Los periodistas objeto de sus campañas —Silvia Intxaurrondo, Jesús Cintora, Sarah Santaolalla, Esther Yáñez— han demostrado ser excelentes profesionales y, por lo mismo, han de contar con todo el apoyo moral, académico e institucional.

Pero no es suficiente: es preciso definir una estrategia en defensa del dominio público que nos quieren expropiar y de los medios de titularidad del Estado. Avanzar hacia un pacto de Estado en defensa del servicio público audiovisual.

Quienes militamos en la pedagogía de la esperanza sabemos que el diálogo es una condición existencial. No hay sujeto sin voluntad de atenta escucha. El ruido y la agresión verbal debe estar desterrada del debate político. Y por ello hay que trabajar para desplegar este frente cultural, con convicción y acción institucional.

La comunicación política ultramontana se combate con el Boletín Oficial del Estado (BOE), con medidas, con normas, con más democracia, acceso y participación. Y con economía política de lo común, la caja negra que nunca nombran los del pin parental y otras ocurrencias premodernas del tecnofeudalismo que tratan de encubrir con ataques ad hominem sus servicios a los intereses de la casta.

Es evidente que RTVE gana la batalla de audiencias y los del IBEX 35 no lo van a permitir. Deben tomar medidas para cuidar a los profesionales del despojo a lo Vicente Vallés. Esta es la clave de la disputa ideológica contra la teledetodos.

Correspondería ahora desde la ciudadanía actuar en consecuencia. La sanidad pública, los derechos sociales no están garantizados sin el derecho a la palabra. No hay democracia sin periodistas ni sin derecho a la comunicación. El Estado social depende de este pilar estratégico en la era de la infocracia. ¿A qué espera la izquierda y los movimientos sociales para intervenir?

La cuestión del dominio público

Posted on by Albert
Share

Desde 2020, la Unión Europea (UE) ha observado con preocupación cómo el lobbismo ha venido socavando nuestras democracias, afectando a la propia unidad comunitaria. En congruencia, Bruselas ha exigido a los Estados miembro —a España en particular— medidas para combatir la manipulación de la democracia parlamentaria.

Tras el caso Montoro, las iniciativas sobre gobierno abierto y la regulación de los grupos de interés se torna, a todas luces, una cuestión estratégica, diríamos que incluso imperiosa, pues la aprobación de tales reformas, como el primer plan de Parlamento Abierto es la condición de la debida restauración del principio de confianza quebrado por escándalos como el del exministro de Hacienda.

Ante la malversación de la función fiduciaria de representación que presupone el libre ejercicio de atención a la soberanía popular, esta Legislatura, con toda la complejidad de la geometría variable de la aritmética parlamentaria, debe marcar un antes y un después en esta materia.

Si aceptamos que no es posible la democracia con procesos de regulación corrompidos, sesgados o bajo el imperio de las cajas negras, incluidos los lobbies empresariales y las maniobras orquestales en la oscuridad de la oligarquía económica, la demanda de verificación y gobierno abierto es una exigencia irrenunciable. Primero, porque la publicística en democracia, la condición de luz y taquígrafos, es de obligado cumplimiento.

La debida ejemplaridad y transparencia son principios básicos de la democracia representativa y de ahí la necesidad de un marco normativo de actuación que detalle la huella legislativa, estableciendo medidas disciplinarias en caso de incumplimiento de las obligaciones.

En la era de la infocracia, la ciudadanía exige, además, claridad y acceso a información sensible sobre los procedimientos normativos. Los ciudadanos necesitan saber qué datos se utilizan para tomar cualquier decisión; qué personas contribuyen a la toma de decisiones; cuáles son y si se respetan los procedimientos de regulación; con qué interlocutores se marcan los límites y alcance de las leyes debatidas y aprobadas en el Congreso.

En definitiva, la sociedad cada vez reclama más transparencia a sus representantes y las instituciones del Estado. Tenemos, pues, la obligación de fomentar esta cultura del libre acceso a la información y agilizar los cauces para ofrecerla a todos los niveles de verificación, contraste y control posibles.

Hablamos de trazabilidad, rastros y pruebas sobre el decir y hacer de la actividad parlamentaria para rendir cuentas: una suerte de auditoría ciudadana continua y permanente sobre el quehacer de congresistas y grupos parlamentarios.

La democracia es incompatible con los que atan y tratan de dejar todo atado y bien atado, de espaldas al escrutinio público. La racionalidad democrática es del orden de la apertura, de procurar espacios abiertos, no de instituciones y lógicas políticas cerradas.

La vindicación del parlamento abierto constituye, en este sentido, una apuesta por profundizar las formas y procedimientos legitimadores de la acción legislativa. Se trata, además, de medidas necesarias de publicidad de la acción política que cubre una laguna normativa que viene a responder a las recomendaciones del Grupo GRECO, fortaleciendo mecanismos en la lucha contra la corrupción.

Aunque tarde, es hora de fortalecer los procesos y órganos de control, garantizar un marco jurídico para la actuación del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Oficina de Conflicto de Intereses y contribuir a un modelo de representación más transparente.

Ya el Plan de Acción para la Democracia propuso reformar esta situación de evidente déficit histórico en términos de derecho de acceso y escrutinio público con el desbloqueo de las opacidades de las políticas públicas que han imperado en el Estado por monarquías corruptas y dictaduras traficantes de los intereses de la oligarquía económica.

Conscientes de que no es posible la democracia deliberativa sin dominio público, sin transparencia, derecho de acceso ni participación del común, la solicitud expresada en sede parlamentario de organizaciones como Political Wacht nos emplaza a actuar de forma decidida en esta filosofía ya debatida en el Foro de Gobierno Abierto.

Pero España ha mantenido históricamente una tradición y cultura política marcada por el patrimonialismo y el cegado de canales, ventanas y medios de observación en defensa del interés general. Las propuestas de mejora y modernización del funcionamiento de la Cámara legislativa, centradas en la participación, la rendición de cuentas y la integridad, se antojan, aunque tardías, oportunas y diríase que urgentes a tenor del habitus operacional de algunos partidos y culturas políticas.

Frente a casos como el de Montoro, o el incumplimiento del Reglamento con la falsificación de los méritos curriculares, o haberes patrimoniales, no hay otra garantía que introducir mecanismos de fiscalización que faciliten los procesos de supervisión y rendición de cuentas.

Se trata de mejorar la calidad de nuestra democracia con información accesible de la actividad parlamentaria, dando a la ciudadanía herramientas de búsqueda y control de la acción legislativa. Ampliar el dominio público, hoy privatizado en la esfera de la información institucional, o en manos de las compañías de Silicon Valley, y resolver el déficit democrático cumpliendo con lo estipulado por la Comisión Europea en el compromiso cuarto del Plan de Gobierno Abierto no es, desde este punto de vista, una cuestión menor o tangencial.

El debate en estos momentos en el seno de la UE es si avanzamos en proteger las libertades públicas, la igualdad y la justicia social o se impone el dominio de los falsos patriotas, impostores del orden y progreso, que socavan derechos fundamentales y atentan contra el propio Estado, restringiendo por la puerta de atrás las libertades públicas a partir de la opacidad.

Es evidente que permitir o propiciar una mayor y mejor fiscalización de la actividad legislativa, y de sus representantes, contribuye a la necesaria regeneración democrática, promueve la eficacia del Estado y, además, trae consigo un aumento del índice de la calidad de nuestra democracia.

Todo lo contrario a lo que se propone la derecha ultramontana y el imperio de la impunidad de los defensores del tecnofeudalismo que nos quieren imponer, a fuerza de ocluir las vías de comunicación pública, una suerte de tiempo de silencio al modo de la ley franquista de secretos oficiales.

Por fortuna, este es un tiempo-encrucijada de apertura, tiempo de abrir y transformar nuestras instituciones. Una demanda de la sociedad civil que hace tiempo viene impulsando medidas y políticas congruentes con las exigencias de Bruselas, por el bien común y por salud pública pues saben que la máxima garantía y fortalecimiento de la democracia es cumplir, en palabras de Julio Anguita, con el imperativo categórico de toda etica política: transparencia administrativa y democracia consecuente.

Congreso abierto y transparencia

Posted on by Albert
Share

Si el bueno de Manuel Vázquez Montalbán aún nos acompañara, qué escribiría tras la convocatoria del PP MAFIA O DEMOCRACIA. Probablemente, hubiera hablado en su columna del franquismo sociológico. De la cultura del estraperlo y de la propensión de algunos, el de los de quien pueda que haga, de padecer en nuestro país una derechona que no hace lo que dice, dice lo que no hace y encubre, siempre oculta, enreda lo posible para entretener al personal y engañarnos a todos, cual trileros. Seguramente, quien sabe, es un decir, ante el bochorno del discurso cínico delirante, hubiera tenido la tentación de recuperar a CARVALHO para mostrarnos las cloacas del Estado. Y puede incluso, seguro lo haría, que hubiera expuesto una reflexión metaliteraria para clarificar el género literario de esta degeneración de la derecha extrema confusos como estamos si esto a lo que nos vienen obligando asistir como espectáculo es un esperpento, un simple astracán o un sainete de serie B.

Si es verdad que no nos dejan decir lo que hacen, tendremos que recurrir como antaño a la novela policial. Volver a ver deambular a Pepe Carvalho por el Raval de Barcelona o los bajos fondos del foro, incluido el palco del Santiago Bernabéu, para investigar, como lo hace hoy Juan Madrid, por ejemplo, el robo de niños de la dictadura de la casta. Esta es la paradoja de nuestro tiempo, tener que desvelar la trama y seguir el rastro del dinero para entender la lógica golpista del escuadrismo patrio en acción. Así que, dadas las circunstancias, instalados en la militancia de la hipérbole, algunas fuerzas en el congreso, partidarias de lo atado y bien atado, es normal que voten en contra de toda reforma. Abonados a las sonadas y al ripio calamitoso, no quieren reforzar el legislativo, ni transparencia, ni publicidad ni fiscalización de los poderes públicos. Menos aún de sus ejecutivos dedicados a eliminar, como en Baleares, oficinas contra la corrupción o al pitufeo y contratos  ocultos al escrutinio público como se ha descubierto en Andalucía con la Sanidad Pública. Eso sí, no dejan de derrochar recursos públicos en favor de medios afines para mayor gloria de su partido. Mafia o Democracia. Toda una tradicomedia. No sabemos quién diseña las campañas de este PP pero desde luego no saben que, en el lenguaje, el orden de factores sí altera el producto. La disposición sintáctica muda el sentido de la expresión. En la izquierda, vindicamos la alternativa Socialismo o Barbarie, pero en la derecha invierten el orden. Ponen en primer lugar la palabra Mafia. Debe ser que es lo primero en lo que piensan o que no saben escribir un eslogan. Uno está, francamente, tentado de mandarles, sancionados, al rincón de pensar, con capirote y orejas de burro incluidas, como les gusta, tan tradicionales ellos, a ver si se contagian un poco en la biblioteca del Congreso y se les quita tanta tontería.

En cualquier caso, sabemos que no es posible la democracia con procesos de regulación corrompidos, sesgados o bajo el imperio de las cajas negras. Precisamos huellas normativas, trazabilidad, rastros y pruebas sobre el decir y hacer de la actividad parlamentaria. La democracia es incompatible con los que atan. Es del orden de la apertura, de espacios abiertos, no de instituciones y lógicas políticas cerradas o cerriles.

La propuesta del PSOE para reformar el Reglamento de la cámara en materia de reglas de transparencia y regulación de los grupos de interés no solo cubre una laguna normativa que viene a responder a las recomendaciones del Grupo GRECO. Es una iniciativa parlamentaria que procura fortalecer los procesos y órganos de control, fomentar la cultura de la transparencia y garantizar un marco jurídico para la actuación de la Oficina de Conflicto de Intereses. Ya el Plan de Acción para la Democracia propuso reformar una situación de evidente déficit histórico en términos de derecho de acceso y escrutinio público con el desbloqueo de las opacidades de las políticas públicas que han imperado en este Estado por siglos de monarquías corruptas y dictaduras traficantes de los intereses de la oligarquía económica.

Desde 2020, la UE ha observado con preocupación cómo el lobbismo ha venido socavando nuestras democracias, afectando a la propia unidad comunitaria. En congruencia, Bruselas ha exigido a los Estados miembros, a España en particular, medidas para combatir la manipulación de la democracia parlamentaria.

La debida ejemplaridad y transparencia son principios básicos de todo representante de la soberanía popular y de ahí la necesidad de un marco de actuación para detallar la huella legislativa y establecer medidas disciplinarias en caso de incumplimiento de las obligaciones.

El articulado contemplado en el Titulo XIV que hemos aprobado en el Congreso el pasado 10 de junio se ajusta, punto por punto, con las exigencias comunitarias, tanto en materia de información gubernamental como de rendición de cuentas, una reforma que las señorías de la oposición ultramontana descalifican de antemano. Es su modus operandi. No entienden el derecho a la información ni el principio de transparencia. No son de la ilustración oscura, un oxímoron, son contrarios a la razón y al conocimiento. Por no leer no leen ni el MARCA, no vaya a ser que descubran que Lamine YAMAL es fruto de la migración. En fin, transparencia es para ellos una palabra del diccionario que en la práctica ejercen a martillazos o con maniobras orquestales en la oscuridad. Confunden medidas integrales con integrismo y la libertad de expresión con ausencia de norma. A fuerza de negar todo conocimiento y control democrático, terminan así argumentando hasta el absurdo. Pero la evidencia es indiscutible. No es posible democracia deliberativa sin dominio público, sin transparencia, sin derecho de acceso ni participación del común.

Si algún día abandonan la militancia de la hipérbole y se dedican a las políticas de Estado, tendrán la oportunidad de renunciar a la acción de trazo grueso de lo que Anguita denominó la Cloaca Máxima, ese corazón de redistribución de aguas fecales que vertebra la política desde la Transición con un solo cometido, evitar todo cambio o mudanza para la mayoría social.

Las cloacas policiales como las de la corrupción o las que subyacen en los escándalos regios son incompatibles con la democracia. Un Estado paralelo, una suerte de tangentopolis hispana, que promueven con sus servidores y beneficiarios, y que ciegan toda posibilidad de democracia y convivencia, es del orden de la mafia, de la trama de la casta. Deberían repensar en la derecha donde se sitúan, porque la posición, así tuerzan las leyes de la geometría y del sentido común, es clara a este respecto. Y algunos no estamos dispuestos a aceptar conseguidores y comisionistas que viven por encima de nuestras posibilidades, ni en Zarzuela ni menos aún en el Palacio del Congreso. Las únicas comisiones que queremos son las Comisiones Obreras de Marcelino Camacho, las de Unai Sordo, Nuria López o Carlos Aristu. Las comisiones de derechos y justicia social. Para todos, todo, en suma. Por ello vindicamos el principio de gobierno abierto un proyecto presentado en las Cortes para la mejora y modernización del funcionamiento del Congreso, centrado en la participación, la rendición de cuentas y la integridad. Se trata de mejorar la calidad de nuestra democracia con información accesible de los procesos legislativos, con la publicación de lo que sus señorías votan. Es exigencia de la UE y un compromiso asumido por la cámara en la legislatura. Pero eso a la derecha ultramontana tanto le da. Dicen defender la libertad, pero están abonados al silencio y el secretismo, a ocultar pruebas. Han pasado sin solución de continuidad de iliberales a liberticidas, acompañando a Milei, un manifiesto iletrado de chiringuito universitario. Frente a esta lógica de la razón cínica, es tiempo de un diálogo institucional serio y consistente, apostando por el gobierno abierto, para  garantizar la interlocución en cada proposición de ley, con capacidad de iniciativa e interpelación de las organizaciones no gubernamentales, los sindicatos, los movimientos sociales, cualquier colectivo ciudadano afectado por asuntos de interés público o específico de la población.  Se trata, en definitiva, de dar a la ciudadanía herramientas de búsqueda y control de la acción legislativa. Ampliar el dominio público hoy privatizado en la esfera de la información institucional y resolver el déficit democrático cumpliendo con lo estipulado por el Parlamento y la Comisión Europea, compromiso cuarto del Plan de Gobierno Abierto.

El debate en estos momentos en el seno de la UE es si avanzamos en proteger las libertades públicas, la igualdad y la justicia social o se impone el dominio de los falsos patriotas e impostores del orden que atacan la igualdad, la justicia social y el propio Estado de derecho, restringiendo por la puerta de atrás derechos fundamentales.

Es evidente que permitir o propiciar una mayor y mejor fiscalización de la actividad legislativa, y de sus representantes, contribuye a la necesaria regeneración democrática, promueve la eficacia del Estado y, además, trae consigo un aumento del índice de la calidad de nuestra democracia, que en los últimos años ha mejorado notablemente, pese al discurso del oligopolio informativo.

Los ciudadanos necesitan saber qué datos se utilizan para tomar cualquier decisión, qué personas contribuyen a la toma de decisiones, a qué se destina el dinero de sus impuestos, cuáles son y si se respetan los procedimientos de contratación. En definitiva, la sociedad cada vez reclama más transparencia a sus representantes y las instituciones del Estado, tenemos la obligación de fomentar esa cultura y agilizar los cauces para ofrecerla.

Todo lo contrario a la ilustración oscura y al imperio de la impunidad por opacidad que nos quiere imponer la derecha ultramontana.

En palabras de Julio Anguita, el imperativo categórico de toda ética política es transparencia administrativa y democracia consecuente. Tiempo de ponerse manos a la obra: limpiar purulencias y cicatrizar heridas. Es una cuestión de dignidad y democracia. Y una demanda, por cierto, de la ciudadanía. Volviendo al bueno de Manolo Vázquez Montalbán, si hoy escribiera su columna, dejaría claro en su artículo que Valle Inclán escribió el esperpento para superar las penalidades de nuestro pueblo, como crítica social. Nada que ver con el astracán y el sainete que planifican las derechas extremas con tramas y escenas poco edificantes y de baja calidad. Esperemos que cambien de coordenadas y relatos. Por el bien común. Por la salud pública.

Cultura y política

Posted on by Albert
Share

En tiempos de guerra cultural, la disputa de la hegemonía es un problema de mediación. De medios y sistemas de información. Luego la cuestión extensamente tratada por la tradición de la filosofía de la praxis entre cultura y política está hoy en el centro del debate social.

Esta dialéctica ha sido notoria en el último festival de Eurovisión. Si en una edición anterior fue expulsada la representación de Rusia por la invasión de Ucrania, las denuncias del movimiento por la paz en Europa contra el genocidio israelí del pueblo palestino y la polémica sobre el sistema de votación del festival han marcado un antes y un después en el principal evento de la Unión Europea de Radiodifusión (UER).

Incumpliendo la exigencia de neutralidad, contando con la cantante de Israel de un canal que actúa regularmente como un medio de propaganda y exaltación radical sionista en contra del derecho humanitario, Eurovisión ha sido objeto de numerosas críticas y cuestionamientos públicos por su nula transparencia e incluso el propio patrocinio del espectáculo por la marca Moroccanoil.

El sesgo notorio en las votaciones y la injerencia del Gobierno de Israel en el televoto ha exigido, como resultado, un debate sobre el sistema de votaciones telefónicas. De momento, la UER no solo no respondió a la solicitud en tiempo y forma de un debate sobre la presencia de Israel ante las violaciones de los derechos humanos, sino que tampoco ha dado información sobre el contrato suscrito con esta compañía vinculads al Gobierno hebreo ni ha aclarado por qué no se procedió de forma diligente, como ya se hiciera con Rusia, pese a todas las evidencias denunciadas por organismos humanitarios y por Naciones Unidas.

Como resultado de la dejación de funciones de las autoridades de la UER, el festival de Eurovisión en Basilea fue claramente instrumentalizado por el Gobierno de Israel, que reconoce un activo papel y la financiación necesaria para alcanzar el éxito propagandístico procurado sin que los responsables del festival y la Unión Europea de Radiodifusión hayan asumido las críticas y exigencias de dimisiones.

Mientras tanto la censura, selección y lavado de imagen del gobierno criminal de Netanyahu ha contado con la colaboración de los máximos responsables de la UER que, incluso, amenazaron con sancionar a la RTVE por informar de los crímenes de guerra contra el pueblo palestino.

Esta ley del silencio fue llevada al extremo con el personal de realización, artistas y equipo técnico, invisibilizando el malestar y protestas de los asistentes al festival. La censura afectó a los profesionales de RTVE que no pudieron realizar su trabajo en condiciones de normalidad por abrir la vía de una cuestión de sentido común, los criterios de aplicación del reglamento y normas de la propia UER.

Tampoco fueron atendidas las solicitudes de Eslovenia, Irlanda e Islandia. Pasada la tormenta y fuera de la agenda mediática en curso, es hora de hacer balance y reformular el funcionamiento de la organización del festival, ahora que en España se planifica el Benidorm Fest.

Primero, es hora de cumplir con los principios de servicio público de la Corporación cuyo Punto 3.2.g. establece la «Promoción de los valores de paz, un decidido compromiso con el europeísmo, con el civismo y la paz, con la redistribución de la riqueza la cooperación internacional y la lucha para erradicar el hambre y la miseria».

Toda transmisión, empezando por los servicios informativos, deben atender estos criterios y evitar lo que Wesam Amer, investigador de la Universidad de Cambridge, denuncia como prevalencia de una narrativa o propaganda bélica marcadamente sionista.

Previa evaluación de Eurovisión 2025, es preciso reformular los protocolos de participación, votaciones y representación de los miembros que incumplen las reglas de neutralidad tan pregonadas por el organismo en otras ocasiones. La irresponsabilidad del presidente del Grupo de Referencia, Bakel Walden y del supervisor ejecutivo, Martin Osterdahl, debieran haber dado lugar a sendas dimisiones o ceses.

Pero la UER no solo no ha atendido la demanda de RTVE, sino que han pasado pantalla como si nada de lo ocurrido haya tenido lugar, sin dar testimonio de las resoluciones de Naciones Unidas y el procedimiento abierto en la Corte Internacional de Justicia a instancias de Sudáfrica.

Impulsar la organización del festival para evitar situaciones de grave incumplimiento de sus normas estatutarias como las habidas en 2024 y 2025 con Israel, así como el patrocinio de empresas y anunciantes que violan derechos fundamentales de acuerdo con la Carta de Naciones Unidas pasa por otro marco de organización y democratización de este organismo de las televisiones públicas europeas.

La refundación del organismo de la UER es imprescindible, como establecer estándares universales de defensa de los valores democráticos, las libertades públicas y los derechos humanos de sus socios, a la par que la reorganización del sistema de toma de decisiones y representación conforme a los valores que la ciudadanía europea comparte mayoritariamente.

Si los supuestos anteriores no se cumplen, haría bien la RTVE en retirarse del certamen de Eurovisión, movilizando recursos y haciendo las campañas necesarias internacionalmente para que, si fuera posible, otros países acompañen la decisión de España y explorar una opción mediterránea, ibérica o del Sur de Europa. Para esta cultura política antidemocrática, sobra Eurovisión. No se puede cantar y contar cualquier cosa, incluso o más aún cuando se trata de un festival de música, de entretenimiento.