Sumar prepara una ley de atención interministerial a barrios vulnerables

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El grupo parlamentario de Sumar está preparando una proposición de ley de atención integral a barrios vulnerables, que exigiría, de ser aprobada, una cooperación entre distintos ministerios para abordar la problemática desde sus diferentes variantes y perspectivas.

Fuentes de Sumar explicaron a Servimedia que el eje de la pobreza ha sido uno de los que la reunión del grupo parlamentario esta semana debatió incluir como prioritarios de su actividad legislativa, en su intento declarado de lanzar propuestas para no dejarse envolver en el cruce constante de acusaciones entre el PP y el PSOE.

En este tema concreto, quienes están llevando la iniciativa son los diputados andaluces de Sumar, dado que 10 de los 15 barrios catalogados como vulnerables en España pertenecen a dicha comunidad autónoma. Uno de ellos, el electo por Sevilla, Francisco Sierra, explicó a esta agencia que, durante la campaña de las elecciones generales, se comprometió ante sus convecinos a que su primera iniciativa parlamentaria sería ésta.

En noviembre ya se presentó y la Mesa del Congreso calificó una proposición no de ley, que el grupo parlamentario hará debatir cuando disponga de cupo para ello. Pero Sumar ya está diseñando una iniciativa con valor legislativo y sus diputados andaluces iniciaron en enero y febrero en Sevilla y Córdoba sus visitas a estos barrios para recabar sus demandas. Granada y Almería serán sus próximos destinos.

«CONSTITUCIONALISMO COLABORATIVO»

Sierra justificó que se trata de aplicar lo que dio en llamar “constitucionalismo colaborativo”, elaborando las normas “de abajo arriba” y subrayó que confía en haber terminado las visitas a barrios en junio, registrar la proposición de ley antes del verano y tenerla elevada al Pleno del Congreso para su debate y votación antes de fin de año.

Se trataría de que en un solo texto se incluyan medidas de educación, sanidad, rehabilitación de viviendas, garantía del suministro energético, infraestructura urbana, empleo, ayuda sociales y seguridad, para acometer la problemática de los barrios pobres como una “política de Estado” con la cooperación de varios ministerios, en lugar de abordar cada parcela sectorialmente y por separado.

El diputado por Sevilla puntualizó que “se habla mucho de la España vaciada pero poco de los barrios” y así quiso abanderar un “barrionalismo”, como paráfrasis de nacionalismo y enfoque novedoso e integral de esta problemática. Admitió, eso sí, que luego habrá que dar a este objetivo un encaje jurídico, respetando las competencias de las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

Para Sierra, Sumar debe distinguirse de otros grupos parlamentarios por iniciativas como ésta, que abordaría uno de los objetivos incluidos en la Agenda 2030, cuya implementación recae en las competencias del Ministerio de Derechos Sociales y Consumo, uno de los cinco que correspondieron a la formación de Yolanda Díaz en el reparto de áreas de gobierno y que lidera Pablo Bustinduy.

El derecho a tener derechos

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Este 2023 se han cumplido 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un hito histórico que ha servido, desde su aprobación, para construir, a partir del sistema de Naciones Unidas, un marco de referencia básico para la vindicación de la vida, para proyectar horizontes de progreso y garantizar la dignidad de los pueblos.

Un documento, en fin, que interpela a gobiernos y poderes económicos, un texto que sigue vivo y que debe ayudarnos a perfilar una nueva agenda común acorde a los nuevos tiempos, a pesar del incumplimiento sistemático en la mayoría de los países de las más de quinientas lenguas a las que ha sido traducido.

Aún hoy, el ideal de la Declaración aviva de hecho los movimientos por las libertades civiles y las luchas por la igualdad y la justicia social en todo el mundo, a modo de guía o marco de actuación de los pueblos que resisten en demanda del buen vivir y la defensa de principios básicos de convivencia.

Cierto es que la celebración del aniversario tiene lugar en un momento de grave crisis global impugnatorio del valor efectivo de la Declaración, con guerras genocidas como la desplegada contra el pueblo palestino por Israel, o la ola neofascista que amenaza derechos fundamentales y extiende el discurso del odio por todos los medios imaginables sin apenas contención.

La falta de firme voluntad política de la mayoría de los gobiernos en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 y el crecimiento de la desigualdad y la pobreza en el mundo mientras se concentra la riqueza en las oligarquías cosmopolitas del gran capital transaccional hacen por ello urgente un compromiso histórico de la ciudadanía para disputar el sentido común dominante en la actual coyuntura histórica y avanzar propuestas y plataformas colectivas en pro de la justicia global y de la vindicación.

Iniciativas enterradas en la agenda informativa de los medios tras el caso Pinochet, como la justicia universal frente a la impunidad de los poderes fácticos y criminales de guerra que, hoy por hoy, ponen en serio peligro incluso la supervivencia de la propia especie y del planeta.

Todos somos conscientes que los retos que ha de afrontar la humanidad en los próximos años son descomunales. Tanto que la percepción generalizada del común de la gente es la imposibilidad de cambiar el curso de la historia, presa de la sensación de impotencia y vulnerabilidad ante los abusos de los poderes económicos hegemónicos.

Si pensamos en Andalucía, la situación no puede resultar más acuciante. A la cabeza de los índices de pobreza infantil de la Unión Europea (UE), concentramos diez de los quince barrios más pobres del país, un déficit de infraestructuras y desequilibrios económicos notorios, más allá de la financiación insuficiente de la autonomía, y una dinámica de vulneración acentuada y continua de derechos fundamentales que se traduce en menor esperanza de vida y la pérdida del principio esperanza con el que afrontar el futuro como comunidad política

Ante el inicio de esta XV Legislatura, hemos asumido, en congruencia, el reto de movilizar a la sociedad civil andaluza y construir porvenir en común con ilusión y decidida voluntad de exigir lo que corresponde a los poderes públicos, empezando con una proposición no de ley dirigida a promover desde el Ministerio de Derechos Sociales un plan de choque contra los barrios y vecinos olvidados de nuestras ciudades.

Fieles al legado del padre Bartolomé de las Casas, nos negamos a aceptar, en pleno siglo XXI, pensando desde el sur y desde abajo, la indignidad del colonialismo interno y el mal endémico de un sistema económico excluyente que niega la igualdad y la justicia social en virtud de las supuestas imperfecciones de la democracia.

Un sistema de representación que no tiene la virtud de luchar denodadamente y corregir tales desmanes no puede apelar al demos ni tiene razón de ser. Del mal gobierno de la mano invisible de los poderes del IBEX 35 a la servidumbre de los profesionales del silencio, sirva pues la conmemoración de este 75.º aniversario para desplegar el principal derecho que animó y da sentido a la Declaración: el derecho a luchar por tener derechos, pues es sabido que todo derecho que no se defiende –así reza la memoria de los pueblos– es derecho que se pierde. Y en Andalucía, las clases populares aprendimos bien la lección.