Página Web de Francisco Sierra Caballero, Catedrático de Teoría de la Comunicación
Presentación del libro: «Economía Política de la Comunicación y Estudios Culturales en América Latina», de Francisco Sierra Caballero y Carlos del Valle Rojas (Eds.).
Editado por ACCI.
Presentan: Javier Moreno (Fundación de Investigaciones Marxistas) y Francisco Sierra.
Modera: David Moreno.
Seminario Permanente de Teoría Crítica
Viernes 31 de enero, 2025. 20:00.
La Fuga Librerías (C/ Conde de Torrejón, 4, Acc. Sevilla)
Francisco Sierra, parlamentario de Sumar por Sevilla, junto a sus compañeros de la oficina parlamentaria de IU en Andalucía, ha trabajado en un proyecto que hasta ahora no se había planteado en el Estado: la creación por ley de un fondo, vinculado a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que trate de resolver los problemas, innumerables, en los barrios más empobrecidos.
El grueso de ellos, según el INE, diez de quince, se ubican en Andalucía. Para Sierra, según expresa en esta entrevista, estos barrios existen por dos razones fundamentales. Por un lado, la lógica de producción del sistema que, a juicio del diputado, «lo que nunca denuncia o aborda, lo que siempre deja oculto, es que produce miseria, desigualdad y marginación».
Y, por otro, la falta de implicación efectiva de las administraciones. El diputado considera así que esta ley es «una necesidad objetiva, clara y evidente, de justicia social».
P. Llevan mucho tiempo trabajando en esta ley. ¿Cómo ha sido el proceso de elaboración?
R. Este proyecto forma parte de lo que podríamos denominar como constitucionalismo colaborativo. Decidimos diseñar una ley trabajando en el territorio, con participación del movimiento vecinal, de los propios ciudadanos, con la idea de hacer primero un diagnóstico, aunque se han hecho ya muchos en los barrios empobrecidos, olvidados, ignorados… Queríamos que la ley viniera del trabajo con la gente que durante décadas viene sufriendo la segregación urbana, la marginación territorial.
El diseño ha sido participado también con la plataforma de barrios vulnerables que se ha ido construyendo a partir de una red de barrios ignorados en Andalucía. A partir de ahí construimos en la oficina parlamentaria de IU en Andalucía las condiciones para que esa plataforma liderara el proceso. Ha habido un equipo técnico y ha habido una participación en el territorio. De los quince barrios más pobres del Estado, están concentrados diez en Andalucía.
Hemos ido recogiendo las experiencias de otros proyectos. Hay territorios a nivel estatal, como Catalunya, que han tenido experiencias de intervención en barrios que han sufrido situaciones de segregación territorial urbana. A nivel de ley, estatal, nunca ha habido un proyecto en esta línea. Luego, hemos tenido que construir jurídicamente las condiciones para que la norma cumpliera con las condiciones del Estado autonómico: las competencias son básicamente locales y autonómicas.
Han participado fundamentalmente representantes del movimiento vecinal y también educadores y trabajadores sociales que durante décadas han venido trabajando en el territorio.
No es una iniciativa legislativa popular, pero digamos que es algo similar en el sentido de que esa plataforma de barrios vulnerables han sido los protagonistas. En mi caso como diputado, y en el caso del grupo parlamentario, lo que hemos hecho es vehicular y coordinar que [ese trabajo] tenga ese registro en sede parlamentaria y la forma jurídica.
P. Ahora les toca trabajar el recorrido de la ley. ¿Cómo ha sido recibida? ¿Qué ‘feedback’ han recibido?
R. Registramos. Ahora viene ese proceso de calificación. En el proceso de debate, hemos tenido dos interlocuciones con los grupos. La receptividad ha sido buena. Una en el Congreso, en una sesión dentro de la Comisión de los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030. Ahí estuvieron representadas todas las fuerzas políticas excepto Vox, que no cree en la agenda 2030, está en contra, y no asiste regularmente. Tanto los representantes del PSOE como del PP fueron muy receptivos a la propuesta y esperamos que sean coherentes. La ley es una necesidad objetiva, clara y evidente, de justicia social.
Luego, en las últimas jornadas, hubo una representante del PSOE, la senadora Eva Bueno. Damos por hecho que [va en] la línea del Gobierno de coalición progresista, aunque el PSOE no lo lleva explícitamente en el programa, y que las fuerzas de la investidura lo apoyarán. Tengo dudas respecto a que harán Junts y el PNV. Los vecinos llevan esperando esta ley durante décadas y deseamos que los parlamentarios se ocupen de verdad de la gente.
P. La ley plantea un fondo vinculado a los Presupuestos Generales del Estado (PGE). ¿Han hecho algún tipo de cálculo para saber qué cantidad haría la ley eficaz?
R. Puede desarrollarse un reglamento en cuanto a indicadores, criterios de pertinencia y cantidades. Quisiéramos que los proyectos de esta ley financien programas plurianuales, como sucede en el caso de los fondos europeos. Si seguimos la Agenda 2030, en torno al 1% del PIB debería dedicarse para eliminar un objetivo básico: la reducción de la pobreza.
Los PGE no cubrirían la totalidad, porque la ley contempla que haya también fondos europeos y fondos autonómicos. Hay un compromiso de llevar esta ley al Parlamento andaluz para que haya un compromiso de la Junta de Andalucía, que no existe hoy por hoy.
La pobreza tiene varias facetas: una faceta que tiene que ver con lo estrictamente económico, de empleo, de condiciones de vida. Luego, hay que hacer una inversión en infraestructuras, en servicios públicos, en rehabilitación de la vivienda, en planes de educación, en seguridad, en convivencia y todo eso sostenido en el tiempo. En todos los diagnósticos hemos visto que se ha invertido mucho dinero pero han sido programas sectoriales puntuales y episódicos, que se terminan cuando termina el presupuesto.
Por eso exigimos cooperación entre las distintas administraciones públicas y también que sean programas intersectoriales, que no se aborde solo el empleo o la seguridad, sino que se haga un abordaje integral.
P. ¿Por qué existen estos barrios? ¿Son una una consecuencia del sistema económico y de la falta de implicación de las administraciones?
R. Hay un primer punto de base: la lógica de producción del capitalismo lo que nunca denuncia o aborda, lo que siempre deja oculto, es que produce miseria, desigualdad y marginación. Por ejemplo, en los tiempos de la crisis financiera internacional se generó una concentración alta de riqueza y una ampliación del número de familias y de territorios pobres. Y en esos territorios pobres las políticas públicas siempre han tendido desde la modernidad a ocultar, segregar e invisibilizar la pobreza. Y en los tiempos neoliberales también se ha criminalizado la pobreza.
Siempre se ha afirmado que en España la crisis puso en grave peligro el Estado de Bienestar, pero algunos afirmamos que en España no ha habido un Estado pleno de Bienestar. Ha habido un Estado de Malestar. No se ha desarrollado plenamente el Estado del Bienestar. Por ejemplo, Ciencia y Universidad: la inversión en ciencia y universidad en este país está muy por debajo de la media europea, como en sanidad, como en los medios públicos, como en muchos sectores estratégicos. No hemos desarrollado plenamente el Estado Social de Derecho y el Estado de Bienestar en los pilares básicos.
El abandono del Estado y de las Administraciones Públicas ha [derivado] en una realimentación de la pobreza. Cuando este país ha dependido no solo del turismo, sino también del ladrillo, esos procesos de especulación urbana han generado una mayor segregación territorial. Esto nunca se estudia, por más que se ha tomado ese modelo de la innovación, de las Ciudades Creativas: la gentrificación genera también espacios urbanos desconectados, lo que el sociólogo Scott Lash denomina territorios muertos, territorios en los que no hay actividad, intercambio, movilidad… No hay nada. Son territorios desconectados de la vida.
Esto se ha dado históricamente desde la modernidad capitalista en todos los países, pero hay que señalar que especialmente en España los procesos de especulación inmobiliaria y la propia estructura económica española han generado también grandes bolsas y territorios marginales y esto [ha sucedido] en todas las comunidades, pero especialmente en Andalucía por el nivel de renta.
El encarecimiento de la vivienda es muy desproporcionado. Los procesos de especulación expulsan a la población y determinan un territorio. Los dos factores son determinantes: el olvido de la Administración Pública y una lógica económica que especula con la vivienda y provoca marginación.
P. Elección tras elección aparecen en estos barrios unas cifras altísimas de abstención ¿Cómo analiza ese fenómeno?
R. Habría que hacer una autocrítica desde la izquierda. Defendemos la justicia social y la igualdad y estamos comprometidos con los sectores más vulnerables, con las capas populares. Habrá que formular por qué ese voto no se moviliza, porque a la derecha le viene bien que ese voto no se movilice. En los barrios acomodados de Sevilla van a votar disciplinadamente y el nivel de participación es muy elevado. En los barrios populares y más marginados, en los que se concentran las clases obreras y los sectores populares, la abstención es notable.
La izquierda debe empezar a trabajar en los barrios vulnerables, debe estar a pie de calle y debe trabajar con esos sectores, como siempre ha hecho desde el surgimiento de Comisiones Obreras, como ha hecho la izquierda clásica, [siempre] vinculada a los movimientos sociales, con la gente que más lo necesita: en las luchas contra los desahucios, en las luchas por la sanidad pública, por la educación, por la vivienda, contra la desigualdad y exclusión social. Ahí es dónde tiene que estar [la izquierda]. [En los últimos tiempos] es muy urbanita, muy concentrada en los espacios de gentrificación y no aborda, digamos, de frente, la realidad de los sectores populares, sea en los barrios vulnerables, sea en el ámbito rural.
Un replanteamiento de la política de la izquierda para movilizar ese voto exige mucha pedagogía democrática en el sentido gramsciano de estar trabajando la cultura, la cultura política y la educación democrática. [Hay] sectores que han desconectado también porque han perdido la esperanza y porque no han sido escuchados. Uno de los elementos de la escucha activa necesaria en la izquierda es dialogar, transformar el lenguaje y la práctica política en compañía de la gente, de la gente común. Ese el programa político que tenemos que llevar.
Si no se movilizan esos sectores, este país no se va a cambiar. Todos los derechos que se han logrado han sido fruto de las luchas de los sectores populares. Esto es un aprendizaje de la historia muy evidente. Esos barrios y estos sectores son una fuerza de transformación que está por trabajar y explorar en la izquierda.
P. ¿Está de acuerdo con las tesis de Antonio Maíllo, coordinador de IU? ¿Cree que la izquierda debe acudir unida a las próximas elecciones?
R. Sin ninguna duda. La alternativa de transformación de este país pasa por la unidad de la izquierda. Eso no debe ser objeto de discusión. Hay un espacio político en la izquierda plural, plurinacional, que debe ser articulado con método, con criterio y con voluntad política. Tengo serias dudas de que algunas fuerzas políticas de ese espacio tengan una vocación unitaria.
Se ha afirmado en otros debates la hipótesis italiana, un país en el que había una izquierda transformadora, la más numerosa, potente y organizada de toda Europa Occidental, el Partido Comunista Italiano: [ahora hay] un Gobierno de extrema derecha y una irrelevancia estatal de la izquierda por su desunión o por fragmentación territorial a nivel local.
Necesitamos una unidad y un proyecto articulado. Ahí, primero, hay que expresar esa voluntad. Segundo, es necesario abrir un debate en términos de construcción de frente amplio. Por tanto [un espacio] de participación popular de la gente: cómo construir esa alternativa unitaria de la izquierda. Unitario no significa uniforme, significa unidad de acción, como han hecho los sindicatos en la lucha para la defensa de los trabajadores.
Tenemos que tener primero la voluntad política de pasar de la fase de coalición a la constitución de espacios. [Esto] ha tenido éxito en Uruguay: el frente amplio en el que, con la autonomía de cada fuerza política, hay una convergencia político-electoral que garantiza un gobierno de progreso y políticas transformadoras.
[Hace falta un nuevo] método que abra el espacio a la participación de la gente, a un proceso constituyente y unitario de todos los actores, de todas las fuerzas políticas desde abajo, desde la participación y el diálogo con un programa mínimo común que se establezca y con garantías de que se haga sostenible en el tiempo en esa iniciativa unitaria.
P. ¿Y en el caso andaluz?
R. Hemos trabajado por esa unidad de la izquierda en Andalucía. Sebastián Martín Recio y yo hicimos, como mediadores, todos los esfuerzos posibles. No podemos sostener más tiempo un Gobierno como el de Moreno Bonilla, que se presenta como moderado, pero es tan ultra como Ayuso. [Ahí están] las políticas de financiación de la sanidad pública, de privatización de la salud y esa proliferación de universidades privadas que no tienen la mínima garantía. Ahí se ve, en los dos pilares básicos, la educación y la sanidad, la voluntad política.
No nos lo podemos permitir, entonces. Hay que hablar con todos los actores, hay que hablar con el andalucismo progresista, con los compañeros de Adelante Andalucía, con los compañeros de Podemos. Tendremos que sentarnos y hacerlo con tiempo. No podemos estar improvisando. A la gente no se le pueden dar coaliciones y alianzas electorales coyunturales, que son una suerte de oportunismo político para ser votados. La gente quiere firmeza, consistencia y claridad. Dentro de la diversidad se puede trabajar de manera unitaria en un programa mínimo común.
¿Si coincido con las tesis de Maíllo? Claramente. Si no hay un proceso unitario en la izquierda, esta política de fragmentación va a beneficiar, siempre ha sido así, a la derecha. Viendo las lecciones [de la historia] y siendo la excepción ibérica en el contexto europeo, lo que tenemos que ir es justamente a profundizar en las condiciones que hicieron posible el entusiasmo, la esperanza que generó el 23J: en este caso, en clave andaluza para garantizar una candidatura creíble y unitaria de todas las fuerzas desde la pluralidad.
El diputado nacional de Sumar Francisco Sierra ha visitado este viernes los asentamientos de personas migrantes en Lucena del Puerto (Huelva) para ver «el estado de cumplimiento de los acuerdos de Doñana» que añaden «mejoras a las condiciones de vida de los temporeros que viven en asentamientos» y ha anunciado que llevará al Congreso «medidas urgentes» para que «se cumplan los derechos humanos».
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El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves, con 170 votos a favor, 144 abstenciones y 33 votos en contra, la proposición no de Ley promovida por Sumar en demanda de «medidas urgentes para garantizar el abastecimiento energético» en barrios con interrupciones en el mismo y la «reforma integral de los barrios con menor renta«, con mención expresa al Polígono Sur, Los Pajaritos y Amate, los barrios de menor renta neta media anual por persona según las estadísticas oficiales y donde Endesa y una auditoría externa encargada por la Junta atribuyen las incidencias a acometidas ilegales a la red para alimentar cultivos interiores de marihuana.
En dicho texto, fruto de una plataforma andaluza de trabajo ciudadano y recogido por Europa Press, Sumar señala que «Andalucía se enfrenta a la dramática realidad de tener los barrios más pobres de España», extremo que refleja el estudio anual de Indicadores Urbanos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que identifica a los barrios con menor renta, con este informe en el que anualmente Sevilla concentra seis de los 15 barrios de España con menor renta neta media anual por persona, con el Polígono Sur a la cabeza.
«Año tras año, los barrios más pobres de España son andaluces, lo que confirma el carácter estructural de la situación de exclusión social que padecen«, señala la proposición no de ley, agregando que «estos barrios sufren la falta de inversión pública, la segregación urbana, el paro y la precariedad laboral, la falta de servicios públicos, bajos niveles formativos, inseguridad ciudadana, graves problema con los servicios básicos esenciales, con cortes de luz, calles sin mantenimiento, deficiencias en la recogida de basura, etcétera, con una intensidad que vulnera los derechos humanos más elementales«.
Es por ello que con esta proposición no de ley, Sumar solicita que el Gobierno central, conformado por el PSOE y la propia coalición de izquierdas, emprenda «medidas para garantizar el abastecimiento energético a los barrios que están sufriendo cortes en el suministro de la electricidad por parte de las compañías eléctricas, así como para hacer efectiva la obligación que tienen de modernizar sus infraestructuras eléctricas«, pues en el caso del Polígono Sur, por ejemplo, mientras la empresa achaca los cortes a las acometidas ilegales a la red, los colectivos sociales le recriminan una supuesta falta de inversiones.
El documento de Sumar apuesta además por promover «un proyecto de ley de rehabilitación integral de los barrios con menor renta, tal como recogen los Indicadores Urbanos del INE».
Para ello, la coalición de izquierdas reclama «concretar e identificar los barrios prioritarios para las actuaciones integrales de regeneración y renovación urbana en función de los datos objetivos ofrecidos por el INE para llevar a cabo las actuaciones de rehabilitación global sobre el parque de vivienda social, especialmente sobre las viviendas construidas con anterioridad a 1980″.
«En todo caso», según la proposición no de ley, «se establecerán medidas urgentes de regeneración y renovación urbana para los tres barrios con menor renta de España: Polígono Sur, Los Pajaritos y Amate», todos ellos en Sevilla.
Esta proposición no de ley fue defendida el pasado lunes en el Congreso por el diputado sevillano de Sumar Francisco Sierra, quien lamentaba el «intolerable abandono histórico» que sufren múltiples barrios «ignorados» en Andalucía, con mención expresa a los «tres barrios más pobres» del país, localizados en Sevilla, por lo que llamaba a «cumplir» con la ciudadanía que «resiste y sobrevive» en estas barriadas, víctimas del «oligopolio eléctrico» y de autoridades que «no responden cuando se les requieren». Por eso, pedía «alternativas reales y concretas» para estos barrios.
En del debate plenario con motivo de las enmiendas promovidas por los grupos parlamentarios, Carlos Hernández Quero, de Vox, avisaba a los partidos de izquierda que «ya nadie les cree, y menos en los barrios» desfavorecidos, conectando la carestía de estos entornos urbanos con el supuesto empeño del Gobierno del PSOE y Sumar de «quitar músculo a la hacienda» nacional con la financiación singular de Cataluña, promovida por «la oligarquía separatista».
Por el PSOE, el diputado Lorenzo Cazorla exponía que las empresas suministradoras de energía deben «realizar inversiones» y en el caso de estos barrios, la Junta de Andalucía, gobernada por el PP, tiene la obligación de «vigilar y sancionar» los incumplimientos de estas empresas, en defensa de «los usuarios de buena fe».
Cazorla defendía que el Gobierno central cuenta con un plan nacional con 8.400 millones de euros para políticas de rehabilitación de vivienda y espacios urbanos, pero la Junta «demuestra que no tiene capacidad de gestionar» los fondos que se le conceden, como es el caso de los europeos, según sus palabras.
En el caso del PP, la diputada Sol Cruz-Guzmán argumentaba que la prioridad es solucionar «la falta de seguridad», porque «sin seguridad, no hay soluciones para el Polígono Sur ni para ninguno de estos barrios» desfavorecidos, lo que le llevaba a señalar el reciente tiroteo con «armas militares» en dicha barriada sevillana y el papel de los cultivos interiores de marihuana, con sus correspondientes acometidas ilegales a la red eléctrica, como clave de las interrupciones en el suministro de energía al saturar las redes de abastecimiento por su alto consumo.
Así, alertaba de que en Sevilla capital «faltan medio millar de policías nacionales», sin los cuales, según su opinión, esta proposición no de ley se limita a una mera «carta a los Reyes Magos», con lo que pedía al Gobierno central que instase al ministro de Interior, el socialista Fernando Grande-Marlaska, a que solucione dicho extremo.
La diputada de Podemos Martina Velarde alertaba por su parte de la «aporofobia y el clasismo de los medios y de algunos partidos» políticos, apostando por «mejorar los barrios y más derechos» en lugar de «pedir más policías», lo que le llevaba a avisar de que las interrupciones en el abastecimiento energético suponen «una vulneración de los Derechos Humanos».
Maribel Vaquero Montero, del PNV, mostraba la oposición de su grupo a esta iniciativa, explicando que aunque es necesario «promover más medidas en todos los ámbitos» para mejorar estos barrios, ya rigen «acuerdos» entre el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, para promover políticas de regeneración urbana y de viviendas con cargo a fondos europeos, con lo que a su entender no había quedado concretado «qué mejora supondría» crear una ley específica para ello; tras lo cual el diputado Francisco Sierra precisaba que Sumar sólo admitía la enmienda del Grupo socialista.
Sumar va a debatir internamente si propone reformular la función de la Secretaría de Estado de Comunicación para que deje de actuar como un «gabinete de prensa», según explican a Confidencial Digital fuentes responsables de elaborar las propuestas de la formación en esta materia. El portavoz en la Comisión de Calidad Democrática, Francisco Sierra, critica que en España se ha normalizado que el funcionamiento en la SEC corresponda más a un equipo de comunicación —encargado de cuidar y dirigir el argumentario del Gobierno de turno— que a una secretaría de Estado encargada de estructurar y proponer una estrategia comunicativa en los medios públicos como Radio Televisión Española o la Agencia EFE.
El también diputado en el Congreso propondrá esta medida en el seno del grupo parlamentario para su posterior debate. En caso de que la formación apoye esta reformulación de la SEC, se abriría la puerta a proponerlo dentro del plan de medidas sobre los medios de comunicación que anunció el Gobierno el pasado martes y que va a impulsar en los próximos meses.
Sierra, catedrático en Teoría de la Comunicación y uno de los responsables en esta materia dentro de Sumar, considera que esta Secretaría, dependiente de presidencia del Gobierno, tiene que hacerse cargo de desarrollar políticas públicas de comunicación; ya se trate de nombramientos como los directivos de la Agencia EFE o de elaborar un plan estratégico para los medios públicos.
La función de la Secretaría de Comunicación traza la línea comunicativa del Gobierno y trata con los medios para exponerles los argumentos del Ejecutivo. Una función a la que no debería limitarse dicho órgano, según afirma. «Tradicionalmente, ha ocupado tareas propias de un gabinete de prensa, no de una Secretaría que debe elaborar una propuesta comunicativa de los medios públicos», afirma el portavoz en la Comisión de Calidad Democrática.
El parlamentario asegura que sería necesario ejecutar una reforma «integral» de la legislación actual y, probablemente, desvincular la SEC de presidencia, separando claramente la comunicación política —función que desempeña actualmente— de las políticas públicas de comunicación. Unos cambios que formarían parte de un plan estatal para convertir la comunicación es una cuestión «de Estado», incluyendo ámbitos culturales como la industria de los videojuegos o todo el sector audiovisual.
Aunque en Sumar admiten que falta concienciar al resto de fuerzas parlamentarias, abordar el debate en el Congreso de los Diputados y que el legislativo discuta sobre cómo convertir este campo en un aspecto troncal de las políticas públicas, alejado de servir al gobernante.
La propuesta se estudiará Sumar busca convertir a la SEC en un órgano que se encargue de crear iniciativas del Gobierno que busquen mejorar los medios públicos, fije los objetivos de los mismos y proponga un plan para que continúen siendo competitivos. Una idea distinta a que la Secretaría obedezca a defender el argumentario de Moncloa, como ha venido sucediendo tanto con ejecutivos socialistas como populares.
Este planteamiento critica también que exista una diferencia clara entre la SEC y el resto de secretarías. Todas tienen el deber de trabajar para legislar y solucionar problemas del Ministerio al que pertenecen, pero destacan que la Secretaría de Estado de Comunicación está dejando de lado toda la parte propositiva que le corresponde para ceñirse más a tratar con los periodistas, responder preguntas en nombre del Gobierno y cumplir una función comunicativa mucho más cercana al departamento de prensa de Ferraz o Génova.
La SEC, según el Real Decreto 890/2023, de 27 de noviembre, tiene diez funciones:
Este último punto es la piedra de bóveda para el equipo de Sumar encargado de trabajar los temas sobre medios de comunicación. Lo sitúan como la función más importante de la Secretaría y, precisamente, la que más está dejando de lado la SEC, según critican desde la formación.
