Francisco Sierra sobre despenalizar las injurias a la Corona: “Confiamos en que el PSOE haya entendido el mensaje”

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El diputado de Sumar, primer presidente del Ateneo Republicano de Andalucía, analiza la situación de la monarquía y el futuro de la república.

De nuevo el Congreso vuelve a tramitar una propuesta para suprimir los delitos de injurias a la Corona y del enaltecimiento del terrorismo. En la anterior legislatura, ninguna de las presentadas por Unidas Podemos, ERC y EH Bildu fructificaron. La de ahora, impulsada por Sumar, lo intentará otra vez. Su objetivo es «derogar y modificar aquellos artículos del Código Penal que chocan frontalmente con la libertad de expresión o que tienen un difícil encaje en un sistema democrático”. Charlamos con el diputado de Sumar por Sevilla, Francisco Sierra, primer presidente del Ateneo Republicano de Andalucía.

¿Confía en que esta vez sí se logre despenalizar los delitos de injurias a la Corona

Sí, confío por tres razones. Primero, porque los estándares internacionales de libertad de expresión así lo exigen y en la UE nos han llamado la atención por esta anomalía democrática como sucediera con la figura de desacato. Es un compromiso del presidente Sánchez y confiamos en que esta vez sea realidad. Sumar lo exigirá. En segundo lugar, la amenaza censora de la ultraderecha en Europa exige una apuesta por las libertades públicas, y el gobierno de coalición y los apoyos parlamentarios deben cumplirse. Y por otra parte la nueva generación de jóvenes, el conjunto de la ciudadanía, no aceptaría un incumplimiento.

Vemos a diario las consecuencias de un Código Penal más propio del siglo XIX que del XXI. No podemos permitírnoslo. En tiempos de amenaza a la democracia, fortalecer nuestro sistema exige reforma y apertura, y confiamos en que el PSOE haya entendido el mensaje.

¿Cómo está viviendo la ‘operación Leonor’?

Nuestro grupo, Sumar, no asistió al juramento de Leonor. Como partido republicano, defendemos los valores democráticos en su radicalidad cívica, lo que excluye la forma monárquica de Estado. Dicho esto, la operación Leonor no sólo resulta inconsistente sino una farsa por el bajo apoyo popular, especialmente entre las nuevas generaciones. La historia, por otra parte, de esta dinastía anida en el imaginario y memoria popular. Hablamos del peor lastre de la historia de España: una monarquía corrupta, indolente, autoritaria y peripatética.

¿Cree que la operación pasa por relanzar la monarquía tras el declive causado por el rey emérito? Es decir, ¿está el propio rey Felipe VI depositando en la nueva figura de Leonor la ‘salvación’ de la monarquía?

La monarquía es insalvable desde su origen franquista y el claro posicionamiento con la derecha y la extrema derecha. Y los recientes acontecimientos del referéndum en Cataluña y la investidura del segundo gobierno de coalición. Es insalvable por la corrupción y por la apropiación como antaño de los sectores ultramontanos. En otras palabras, es más propia de una monarquía absoluta en valores que de una vocación democrática. En los usos y abusos de posición y en los intereses que representa.

¿Qué valores o nuevos valores cree que está intentando proyectar la monarquía a través de la figura de Leonor? Se habla de feminismo, compromiso climático… Incluso hubo quien dijo que se estaba rompiendo un techo de cristal al ser mujer… 

La operación Leonor no aporta valor alguno. Ni en su educación, militar y en la estela de su padre y el sucesor de Franco, ni en la ejemplaridad, educada en colegio privado. Ni en igualdad porque el cambio constitucional y el techo de cristal presupone que nadie asume la jefatura del Estado por ser quien es sino por elección.

¿Cree que, en algún momento, se reformará la Constitución para incluir la perspectiva de género y modificar, por ejemplo, el artículo machista de sucesión al trono?

Queremos reformar la Constitución, por ejemplo, para incluir el lenguaje inclusivo. La sucesión al trono de una mujer refuerza el modelo patriarcal que representa la Corona. No es compatible una política feminista con la asunción de privilegios de clase.

¿Cómo ve hoy el futuro de la III República?

Que el CIS no sondee sobre el parecer de la ciudadanía española en torno a la forma de Estado es revelador de un estado de la opinión pública poco proclive a la monarquía. Las consultas populares en el ámbito universitario son indicativas de esta tendencia. Otra cosa es la fortaleza del proyecto republicano. Hace unos años fundamos el Ateneo Republicano de Andalucía, que tuve el honor de presidir, justamente para impulsar los valores cívicos de libertad, de igualdad y de fraternidad impregnando nuestra cultura de la virtud y ejemplaridad del trabajo en común. Del cuidado de lo público. Y en este empeño queda mucho por avanzar tras décadas de neoliberalismo que han socavado las bases de las convivencia y principios como el de responsabilidad, phronesis y solidaridad.

¿Cómo se logra?

Las fuerzas republicanas tienen que estar mejor organizadas. Con una propuesta clara y compartida de modelo de Estado para la ciudadanía. Sin ello, va a ser imposible avanzar. Y esta es la tarea de las fuerzas de progreso: una nueva Constitución, un nuevo pacto de Estado instituyendo la forma republicana como vector de fuerza de las reformas y regeneración que precisa este país. Y, contrariamente a los que piensan que ello será posible a partir de Cataluña y el País Vasco, creo que se equivocan. Como pensara Gramsci, la cuestión meridional es estratégica para que España deje definitivamente el bucle recursivo del siglo XIX. Creo que la solución ha de venir desde el sur, desde Andalucia, y desde abajo, a partir de la pulsión plebeya y subalterna de las clases populares.

Francisco Sierra, el negociador a la izquierda del PSOE: «No podemos permitirnos otra legislatura de Moreno Bonilla»

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El diputado de Sumar teje una candidatura única que sea capaz de cogobernar con el PSOE y terminar con la mayoría absoluta de Moreno Bonill.

La ruptura de Podemos con Sumar en el Congreso de los Diputados levantó muchas cejas en la izquierda patria. Pero no en Andalucía, donde la calma fue generalizada. La comunidad más poblada de España es definida como un oasis de “estabilidad y diálogo” por Francisco Sierra Caballero, que espera que la vía de la izquierda andaluza pueda influir a nivel nacional.

Francisco Sierra, diputado de Sumar por Sevilla en el Congreso, es Catedrático de Teoría de la Comunicación de la Universidad de Sevilla. Es además un conversador que conecta temas e ideas con referencias latinoamericanistas sobre el control de los medios de comunicación, la calidad democrática y cita a nóveles como Thomas Picketty o figuras como Marx.

Sierra es defensor de lo que define como “constitucionalismo colaborativo”, que implica que la escucha en calles, barrios y pueblos cristalice en un cuerpo legal más justo e integrador. Se confiesa alertado por la degradación de los servicios públicos en Andalucía, por la deriva del tejido universitario, y por la voracidad de las grandes digitales y la IA en los medios de comunicación, lo que “nos degrada como sociedad cada vez más polarizada”.

Su rostro ganó popularidad en las últimas elecciones andaluzas. En el debate televisado por Canal Sur, en el que ignoró a la candidata de Vox, Rocío de Meer. Aquella estrategia, confiesa ahora, “no la repetiría, no se entendió mi silencio como una resistencia pacífica. Era una manera de no contribuir a la bola de nieve de intoxicación” que para el de Sumar representan los planteamientos de la ultraderecha. En cualquier caso, su discurso ahora aboga por dialogar y, sobre todo, escuchar.

Su nombre siempre aparece como una de las avanzadillas de “cascos azules” que tejen el diálogo y erigen infraestructuras de entendimiento. En las anteriores elecciones andaluzas trabajó mucho porque hubiera una candidatura única en la izquierda. Ahora, afirma que el grupo parlamentario Por Andalucía donde Podemos, IU, Más País y Sumar conviven, no corre peligro.

“Nuestro objetivo es que toda la izquierda esté incorporada a Sumar Andalucía, tenemos aún que definir la forma”, detalla. El próximo 19 de febrero, adelanta a ElPlural.com, se perfilará el funcionamiento orgánico de un nuevo bloque que esperar contar con Podemos o Adelante Andalucía, “un eje rojo, verde, violeta y andalucista”.

La “unidad dialogada” emerge como prioridad ante la actual mayoría absoluta del PP “que no llegó por mérito de la derecha, sino por demérito de la izquierda”, asume. Afirma estar convencido de que Andalucía cuenta con una “mayoría social que quiere progreso y no lo que estamos viviendo: un supuesto gobierno moderado que es en realidad una derecha ultramontana que recorta, destruye servicios y gestiona mal”.

Diálogo a izquierda y derecha

El diagnóstico desde Sumar es claro, Andalucía gestiona mal los fondos europeos, no desarrolla medidas estatales como por el ejemplo el bono joven de alquiler, por lo que es necesario que haya voces andaluzas y andalucistas en el Congreso. “El diálogo con Podemos es ahora muy importante, la unidad en la izquierda están en el ADN de Podemos, así que no vamos a optar por una situación de repliegue de la identidad política por culpa de formaciones partidarias. Necesitamos un frente amplio y andaluz”.

Asume que Podemos tiene derecho a contar con portavocías a nivel estatal, pero lamenta los desplantes públicos hechos hacía Yolanda Díaz. Aún así, aspira a crear un espacio en el que Podemos en Andalucía esté cómodo para que el frente andaluz “sea una alternativa de gobierno”.

Sobre la relación del bloque de la izquierda andaluza con el PSOE, de nuevo, debe ser “un gobierno de diálogo, como a nivel estatal”. “Espero que Juan Espadas entienda que no podemos permitirnos otra legislatura de la derecha por el grado de deterioro de los sistemas públicos en educación o sanidad”.

También se diferencia del PSOE en temas derechos sociales y políticas económicas, en materia de vivienda pública o políticas ambientales. En estos cambios agradece que el PSOE haya “abandonado su posición tradicionalmente liberal” para acercarse a algunos de sus postulados, “pero, por ejemplo, en lo económico, nosotros tenemos posicionamientos mucho más avanzados. No podemos seguir siendo una economía de turismo y ladrillo”.

Respecto a las relaciones con la derecha, Sierra lamenta el posicionamiento de bloques de los de Feijóo y su estrategia de “acosar desde las varonías y las autonomías al gobierno central”. Es “sorprendente” que ahora que “por primera se cumplen las reivindicaciones andaluzas de una mejor financiación autonómica, el PP ni siquiera se siente a negociar”.

IA y medios de comunicación

Francisco Sierra forma parte de las comisiones parlamentarias que debaten sobre la RTVE, sobre ciencia, innovación y universidad y sobre calidad democrática, entre otros asuntos. En el contexto actual, con la revolución tecnológica de la IA proyectando dudas e incertidumbres, aboga por la reducción de la jornada laboral ante la robotización y automatización de procesos productivos para “repartir trabajo y ganar calidad de vida. El trabajo no debe asumir la carga de la revolución científico-técnica, tiene que hacerlo el capital por ser el principal beneficiario”.

También aborda la realidad mediática e informativa con la generación automática de contenidos en las redacciones periodísticas, “no podemos permitir que se sustituya a periodistas por robots”, alerta.

Destaca el papel de las grandes corporaciones como Google y sus motores de búsqueda y agregadores de noticias que “están destruyendo nuestra industria informativa, pero también son redes que crean un ambiente tóxico que deteriora las relaciones sociales. Esto es muy patente en la política y los dirigentes que gobiernan a golpe de tuits… como sociedad nos debilita, no solo por el número de palabras y caracteres, sino también por el tono”.

Privatización en quirófanos y aulas

Expone que su trabajo en la próxima legislatura estará muy ligado al trabajo para desarrollar competencias digitales, no solo en jóvenes, también en adultos. Es la “mejor manera” de preservar la soberanía tecnológica, cultural e informativa del país», asegura.

En este aspecto, señala la importancia de que las universidades públicas cuenten con autonomía y fondos para seguir investigando y formando. Todo lo contrario al panorama actual. Sierra, que fue decano de la Facultad de Comunicación hasta 2010, conoce bien el tejido universitario andaluz.

La Junta de Andalucía acaba de autorizar la implantación de nuevas universidades privadas merced a su mayoría absoluta en el Parlamento. Sin embargo, advierte Sierra, “son universidades que están en fraude de Ley, porque la propia comunidad universitaria dice claramente que estas nuevas entidades no cumplen los requisitos legales”.

Señala que el modelo universitario de Moreno Bonilla nos lleva hacia un sistema sin prestigio y de precariedad laboral, “el problema es que estas universidades privadas tienen clientela porque se debilita por sistema a la pública mediante la falta de financiación, la precarización de condiciones y la falta de apoyo a la investigación”. La Junta de Andalucía, señala, “nunca ha cumplido” los marcos de financiación de la universidad pública.

El resultado del deterioro del sistema universitario “es el mismo que vive la sanidad. De hecho, se pueden conectar: crece la medicina privada a la par que crecen las universidades de medicina privadas”, apunta. Desde la Junta de Andalucía señalan que la crisis sanitaria de las listas de espera tiene que ver con la falta de sanitarios. Sin embargo, Sierra punta a los contratos temporales de unos sanitarios precarizados. «No es que falten médicos -y sí admito que tenemos una ratio muy baja en comparación a Europa- pero lo que realmente falta es una política que brinde estabilidad  y oportunidades de desarrollo profesional adecuadas».

Como conocedor de otros contextos socioeconómicos, detalla que este modelo de “mercantilización de la educación o la sanidad es un modelo ya colapsado en EEUU; Chile o Ecuador”, porque son modelos que no cohesionan y solo se desarrollan “en base a desigualdades territoriales”.

Por último, afirma sentirse retado por el mandato de que su trabajo parlamentario traiga cambios sustanciales y de servicios y oportunidades para alguno de los barrios más pobres de España. Precisamente, 6 de los 15 barrios con menor renta per cápita de España están en Sevilla.

Pero su trabajo también se traslada a pueblos y zonas rurales donde cree que «Sumar y la izquierda no tiene que cambiar de políticas, pero sí tenemos mucho que aprender sobre cómo darnos a conocer», reflexiona. Admite que los grupos de la izquierda posterior al 15M tienen un carácter «urbanita, hispter y elitista» que les aleja del votante rural y a una desafección con el votante más tradicional.

Apuesta por la escucha con esos votantes tradicionales para evitar el efecto Chile, en el que las propuestas renovadoras han sido rechazadas por las propias cases medias y populares por ser demasiado progresistas en la penúltima consulta constitucional. «Eso es un error, porque precisamente, los campesinos pequeños y medianos son los más beneficiados con nuestras políticas», reflexiona. Asume que le queda mucho trabajo, mucho diálogo y educación con gran parte de la sociedad no urbanita; pero también con la izquierda más acantonada para crear menos división electoral.

Portavoz de Sumar en comisión de RTVE reivindica el «concurso público» para «avanzar en la autonomía» del ente

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El diputado nacional de Sumar por Sevilla, Francisco Sierra, que va a ejercer como portavoz de su grupo en la comisión mixta del Congreso con el Senado para el control parlamentario de RTVE, ha reivindicado el «concurso público» para la elección del consejo de administración de la radio televisión pública para «avanzar en la autonomía» del ente.

Leer más: https://www.europapress.es/andalucia/noticia-portavoz-sumar-comision-rtve-reivindica-concurso-publico-avanzar-autonomia-ente-20231202114458.html

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Francisco Sierra y regulación de medios: “Si no hay política de Estado no hay garantías”

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El destacado académico de la Universidad de Sevilla y actual diputado por el Partido Sumar en España, participó hace pocos días en un congreso en Santiago y conversó con El Desconcierto sobre el panorama respecto a la regulación de medios en el continente. “Cuando hablamos de derecho a la comunicación hablamos de derechos sociales que deben ser regulados”, dice.

Hace 20 años atrás, más o menos en esta misma fecha, el académico de la Universidad de Sevilla Francisco Sierra se encontraba en Chile participando en un congreso latinoamericano de comunicación realizado en la Universidad Diego Portales.

Recuerda una época marcada por los tratados de libre comercio, la formación de la Unión Europea y el Mercosur. Pese a los abundantes acuerdos, los investigadores concluyeron que existían pocos estudios comparativos sobre industrias culturales.

“Ahí surgió la idea de aglutinar el pensamiento crítico en comunicación con una perspectiva iberoamericana”, dice Sierra dos décadas más tarde en el lobby de un hotel en Providencia.

Formó parte hace pocos días del congreso bianual que celebra la ULEPICC, la Unión Latina de Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura, donde abrió el evento con una clase sobre lo que lo ha apasionado todos estos años: políticas de comunicación, nuevas tecnologías y participación ciudadana.

-En los sesenta se acuñó el concepto de derecho a la comunicación desde Latinoamérica. ¿Cómo has visto su evolución todos estos años?

Yo diría que hay tres etapas importantes. Una primera etapa en la que América Latina lideró la Comisión MacBride, que se fraguó por teóricos como Fernando Reyes Matta y académicos como Luis Ramiro Beltrán, vinculados al pensamiento crítico latinoamericano. Sin ese empuje, no hubiera existido el Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación (NOMIC). Y, en ese sentido, el informe MacBride marcó un antes y un después.

-¿De qué manera?

Era primera vez que se teorizaba sobre las políticas de comunicación y la UNESCO era el organismo internacional para democratizar las comunicaciones en el mundo. La segunda es la proscripción del NOMIC en la UNESCO y otros organismos internacionales. Y la tercera se inicia con los llamados gobiernos posneoliberales o de progreso, o populistas, cuya agenda democrática para las reformas estructurales de sus economías y desarrollos será en el espacio público. Y ese espacio público es un espacio mediático. Un espacio llamado a ser democratizado.

 -Varios países de América Latina compartieron políticas regulatorias como en Uruguay, Argentina, Venezuela y Ecuador.

Por primera vez tenemos estados que regulan integralmente el derecho a la comunicación, que en algunos casos incluso reconocen constitucionalmente. Todos suelen mirar al norte, Europa, Estados Unidos, pero esta última etapa en América Latina ha sido la vanguardia de los procesos regulatorios y del derecho a la comunicación.

-Cuando se habla de derecho a la comunicación, ¿qué es lo que se propone, en el fondo?

Pasar de una conceptualización sobre la libertad de expresión como una realidad individual, básicamente de carácter negativo, como la capacidad que tiene cualquier sujeto de expresarse públicamente -en la calle o a través de la prensa- a un concepto más integral, que implica una visión social,  comunitaria, colectiva, y que en términos positivos implica que el Estado y los  poderes públicos deben garantizar a través de políticas, programas o iniciativas, ese derecho a la comunicación que es universal.

-Es un concepto que se confunde -intencionalmente o no- con la libertad de prensa.

Se confunde con libertad de prensa o con esa dimensión de libertad de expresión individual. Cuando hablamos de derecho a la comunicación estamos hablando de derechos colectivos, de ciudadanía, de subjetividad política y, por tanto, de derechos sociales que deben ser regulados. Es un desplazamiento conceptual importante, reconociendo que el derecho a la comunicación universal es de todos los ciudadanos, y muchas veces se confunde que solo pertenece a los periodistas o a los editores de prensa. El derecho a la comunicación es un derecho universal reconocido por la UNESCO y las Naciones Unidas.

-¿Por eso el debate sobre el derecho a la comunicación y su contribución a la democratización de las sociedades?

Es un vínculo fundamental. Por ejemplo, en España tenemos un déficit democrático y es porque no hay una política de Estado en comunicación. Si no hay política de Estado en comunicación no hay garantías. ¿Dónde se dirime el interés general? ¿Dónde se definen las prioridades de agenda política? ¿Dónde se establecen los términos del debate sobre medidas económicas, financieras, ecológicas o medioambientales en el espacio público?, cuando sabemos  que ese espacio público está mediatizado y no hay políticas de Estado democráticas,  ni democracia informativa, ni pluralismo interno en la mayoría de los países.

-Es lo que denunciaba el informe Mac Bride a comienzo de los 80.

Sí, alertaba sobre los niveles de concentración que existen en los ecosistemas informativos. Hoy en día, por ejemplo, esos niveles son infinitamente superiores a lo que diagnosticó el informe debido al neoliberalismo, los procesos de crecimiento, la innovación tecnológica y la hiper concentración. Si en 1980 hablábamos de 40 grandes compañías que concentraban prácticamente el 80% del flujo de información a nivel mundial; hoy estamos hablando que menos de una decena de empresas controlan el 95% de los flujos de información en todo el mundo. Los GAFAM -las cinco gigantes tecnológicas estadounidenses: Google, Amazon, Facebook, Apple y Maicrosoft- son un ejemplo de esto. Y evidentemente aquello plantea un déficit democrático.

-¿En qué sentido?

Se han organizado golpes de Estado en Brasil, con la colaboración activa de Facebook, WhatsApp y empresas de Google que han actuado para intervenir en ese territorio. Y como lo anunciaron parte de los teóricos latinoamericanos en los años `70, estas grandes empresas han sido colaboracionistas de esos intereses ajenos que a veces terminan en golpes de Estado. Y forman parte del complejo industrial-militar del Pentágono. En ese sentido, no ha existido una variación de estructura de poder en el sistema internacional comunicativo.

-Y en esta actual lógica de mercado, el periodismo es un producto que debería ser regulado.

Por supuesto, porque no es cualquier mercancía, pero al igual que otros derechos fundamentales, si la calidad democrática depende de un bien como la información, que es un bien público, hay que introducir conceptos como  bienes públicos globales, como se está debatiendo en la UNESCO respecto a si consideramos internet como patrimonio común de la humanidad. Y esto  tiene que ser logrado con una gobernanza democrática, no por la racionalidad mercantil de los GAFAM. Por tanto, si hablamos de que eso se reduce a una mercancía, las lógicas que operan detrás son ajenas a los valores  democráticos.

-No es cualquier mercancía, además, como planteas.

Sí, no estamos hablando de un producto de uso cotidiano como alimentación perecedera o vestimenta, sino de la sabia con la que operan los agentes y actores políticos en terreno. Evidentemente, si eso se convierte en una mercancía, no hay una relación democrática que garantice que todos los actores puedan concurrir. La lógica de valor que ha impuesto la industria está generando problemas como la desinformación y las fake news. Gran parte de las patologías de la información, hoy en día, tienen que ver con una creciente mercantilización de este objeto de consumo y no por su valor social. Por tanto, es un elemento sujeto a regulación.

-¿Cómo se modifican los distintos marcos regulatorios en los países para incorporar este tipo de reformas?

Pues tenemos ahí dos dificultades objetivas. Una es que los profesionales de la información, los periodistas y sus gremios, suelen ser reaccionarios a una regulación. Siempre que se inicia un debate, como sucedió aquí en Chile, la reacción es identificar inmediatamente regulación con censura. No puede haber libertad si no hay una regulación que permanezca estable y que permita, por ejemplo, que si hablamos de prensa o de derecho a la comunicación, operen todos los sectores, incluidos los medios que otorgan servicios a minorías que no van a estar atendidas por la lógica de mercado. Por tanto, como cualquier otro sector de actividad, tiene que haber regulación.

-¿Cuál es la segunda dimensión?
La segunda dimensión es que el debate está mediatizado por los propios medios que son juez y parte. Los objetos que van a ser regulados informan sobre ese proceso de regulación. Es un sector híper concentrado y ha operando radicalmente en contra de los procesos de regulación cuando se han iniciado en todos los países. Lo ha vivido Chile y también España. Se vivió en Ecuador y en Argentina.

-¿Por qué los periodistas han sido tan reticentes a modificar el modelo?

Hay muchas razones. Una tiene que ver con la propia precariedad del oficio en la mayoría de países. La otra, fundamental, es por cuestiones ideológicas. En la formación de los periodistas y en las facultades se replica este mantra liberal: que la mejor ley de prensa es la que no existe. Y ese mantra se ha demostrado históricamente que es falso. Ahora mismo debatimos en España sobre la situación de los periodistas por la inteligencia artificial y las redacciones automatizadas. Esa ideología ha defendido el gremio profesional, porque en las facultades no se estudia economía política ni políticas de comunicación.

-¿Cómo observas hoy el debate sobre procesos de regulación en América Latina?

Bueno, con cierta preocupación en casos como Chile y, en otros, con una  evaluación muy negativa porque han existido retrocesos. Luego de una década donde se conquistaron sistemas de regulación muy avanzadas, hemos visto como se ha dado, en muy pocos años, un proceso de desinstitucionalización. En Argentina, cuanto llegó Macri, se deconstruyó lo que había costado décadas con dos o tres decretos.

-Acá en Chile, la comisión contra la desinformación encabezada por la ministra Vallejo, fue cuestionada ante el Tribunal Constitucional, el último vestigio del statu quo Pinochetista.

Hay que elogiar en primer lugar la acción de la responsable ministerial, Camila Vallejo, por tomar la iniciativa de regular este derecho humano fundamental. Porque seguimos teniendo a la Sociedad Interamericana de la Prensa, la Asociación Nacional de la Prensa y El Mercurio insistiendo en un discurso que confunde libertad de prensa con libertad de empresa informativa. Los que abogan porque no haya regulación están estableciendo que el derecho a la comunicación sea única y exclusivamente de las grandes corporaciones periodísticas.

-Intereses que suelen ser transnacionales…

Sus estructuras accionarias responden a intereses de grandes compañías de telecomunicaciones, ubicadas en Europa o Estados Unidos, que no defienden los derechos humanos de su propio país ni el progreso de la mayoría de la población. No se ha querido regular que exista pluralismo en un sistema mediático que sigue siendo muy concentrado y que no ofrece garantías para establecer nuevos derechos para la profesión y la existencia de medios comunitarios que puedan aportar otro relato de la realidad.

-En los proceso de modificación de los marcos regulatorios, ¿cómo ves las instancias de participación de los distintos actores?

Falta participación, lo digo desde una autocrítica de la academia y los sectores progresistas, porque no hemos sido capaces de sumar otros actores para una política de regulación. Creo que las experiencias más ricas, como la de Uruguay y Argentina, que lograron sumar gente desde la sociedad civil, la cultura, el arte, la industria del espectáculo y sectores anexos. Yo siempre insisto que el derecho a la comunicación es el primer derecho humano, porque si no tenemos capacidad de debatir sobre nuestros derechos producto de un cerco informativo, no vamos a poder reivindicar ni el derecho a la salud, ni el derecho al empleo, ni al trabajo digno, ni a la vivienda y muchos otros derechos fundamentales. Por eso siempre que hablamos de regulación, de democratización, estamos hablando de contenidos ideológicos.

-Es lo que también sucede con los medios digitales, que terminan reproduciendo la información de los medios hegemónicos, generando mesas de redacción que no reportean…

Elaborar información es el lema de Le Monde Diplomatique y cuesta dinero. Implica tiempo, gente que se dedique a elaborar noticias y formular una voz distinta. Cuando hablamos que es necesario democratizar el espectro y que haya medios comunitarios, se puede resolver a través de una política pública y otorgar un tercio para esos operadores. Lo difícil es que la gente participe y sostenga económicamente la producción de contenidos propios, para que de verdad tenga sentido un medio comunitario.

-Eso se podría paliar con una mejor distribución de la publicidad estatal, que es una discusión que siempre ha estado presente.

Ese debate sobre la transparencia y financiamiento de los medios es central, porque tanto los públicos como privados dependen del presupuesto del Estado. Es más, diría que los medios privados impresos tradicionales, analógicos,  dependen en su 70% de la publicidad institucional proveniente del Estado. Y los medios digitales dependen en un 80%, no de sus suscriptores, salvo algunas excepciones. Los medios digitales de derecha y de extrema derecha, dependen absolutamente de la publicidad institucional. Y ahí hay una opacidad absoluta sobre ese reparto. Entonces, el pluralismo interno empieza cuando los recursos públicos sirvan para alimentar una estructura mediática plural, desde los medios comunitarios a los públicos, pasando también por los privados. Pero eso no está sucediendo en la mayoría de los países. Especialmente en nuestros países.

Francisco Sierra, diputado español de Sumar: “Estoy totalmente convencido de que se obtendrán los votos para la investidura de Pedro Sánchez”

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Catedrático de Teoría de la Comunicación de la Universidad de Sevilla y volcado con proyectos en Latinoamérica, la vida de Francisco Sierra dio un giro en julio pasado. En un “momento histórico” como el que vivía entonces España, ha dicho, no podía eludir la responsabilidad propuesta por Yolanda Díaz para encabezar la lista de Sumar por Sevilla en las elecciones generales del día 23 de ese mes. Elegido diputado nacional por la coalición izquierdista en representación de Andalucía, Sierra prometió junto a su partido “hacer historia para la gente común” en la nueva legislatura, como escribió en agosto en la red social X.

De visita en Chile para recibir un homenaje por su trayectoria académica de parte de la Unión Latina de Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura (ULEPICC), en el marco del congreso internacional de la entidad coorganizado por Ciclos UDP, Sierra conversó con La Tercera sobre el actual momento de la política española, justo en momentos en que el PSOE y Sumar alcanzaron un acuerdo programático para formar un nuevo Gobierno de coalición progresista tras cerrar sus líderes, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, los detalles de un pacto que incluye la reducción de jornada sin rebaja salarial, el principal escollo que separaba la firma.

En términos generales, ¿qué le ha parecido el acuerdo de gobierno alcanzado por el PSOE y Sumar?

El acuerdo es un acuerdo positivo en un marco muy difícil y complejo de negociación. Hay un escenario en el que Pedro Sánchez, como candidato en nuestro sistema parlamentario, tiene que negociar con fuerzas nacionalistas conservadoras, como el PNV o Junts, y, por tanto, el acuerdo era más difícil. Pero Sumar había fijado tres objetivos. El primero era avanzar en el estado de bienestar, mejorar del salario mínimo interprofesional, la estabilidad de los jóvenes precarios en materia de empleo, acceso a servicios básicos como la vivienda. Ampliar derechos y libertades públicas. Por ejemplo, la derogación de la ley mordaza, que era un acuerdo de la anterior legislatura de la coalición progresista y que no se llevó a cabo y que nosotros queremos avanzar en libertades públicas y derechos fundamentales, como la libertad de expresión. Y, en tercer lugar, nuevos derechos que están en el debate que, por ejemplo, el movimiento feminista ha planteado, que es lo que llamamos la ética o política de los cuidados, que sea ámbito del Estado todo lo que tiene que ver con protección, cuidado de la infancia, cuidado también de las personas mayores en situaciones de dependencia, ampliar un poco el abanico de estos derechos. Así que nuestra valoración es positiva. Hubiéramos querido ir mucho más lejos, pero en una coalición de progreso, evidentemente, hay que establecer mínimos acuerdos entre lo que es el enfoque del Partido Socialista y nuestra visión más socialdemócrata, más progresista, como partido, como coalición, en la que Sumar, pues, hemos avanzado bastante.

Dentro del pacto de gobierno destaca la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales. ¿Cuál ha sido la reacción del empresariado español ante este anuncio?

Bueno, inicialmente, cuando en la campaña defendimos nosotros la reducción a 32 horas como opción, como alternativa de Sumar, el empresariado, que suele ser bastante conservador, rechazó tajantemente esta medida. Sin embargo, esta medida ya se ha aplicado en algunas empresas en España y en otros países europeos y se ha aplicado en algunos sectores y ramas industriales. Y se han demostrado tres cosas. Una, que frente a la idea que tiene el empresariado de que eso le va a aplicar un costo, se han incrementado los procesos de productividad. Y la productividad ha sido mucho mayor con la reducción de la jornada laboral. En segundo lugar, también ha habido un mayor compromiso de los trabajadores en su desempeño profesional, porque al liberar horas para el cuidado de la familia, para la convivencia en pareja, para lo que sería la vida, evidentemente el rendimiento y la satisfacción en el empleo del trabajador ha sido importante. Y los márgenes de beneficio de esas empresas que han introducido esta medida han sido mayores. Por tanto, la experiencia demuestra que, aunque en principio son reticentes, creo que al final serán de algún modo partidarios. Hay que recordar que, durante la anterior legislatura, la ministra de Trabajo, nuestra líder de Sumar, Yolanda Díaz, consiguió el mayor número de acuerdos con el empresariado y con los sindicatos de toda la historia democrática de España. Así que no nos cabe duda de que lo respaldarán y lo apoyarán, como han hecho en la anterior legislatura.

La prensa española destaca que, dentro del acuerdo de gobierno, no se menciona ni el tema de la amnistía ni a Cataluña. ¿Eso se hace ex profeso, considerando las negociaciones que hay en curso con Carles Puigdemont, líder de Junts?

Evidentemente, son negociaciones que todavía están abiertas. Digamos que lo que nosotros hemos acordado es el acuerdo de gobierno de las dos fuerzas que van a liderar la legislatura, Partido Socialista y Sumar. Aspectos que están abiertos en la negociación con otras fuerzas políticas, no solo con Junts, sino también con Esquerra Republicana de Cataluña, respecto a la amnistía, la autodeterminación y algunas reivindicaciones del nacionalismo catalán, quedan abiertas y están en proceso de negociación. No compete el incluirlas en la negociación porque la forma en la que se desarrollen estos acuerdos con el independentismo catalán tiene que contar con ellos, en primer lugar, más que entre Sumar, que como fuerza hemos defendido públicamente la amnistía, seguimos defendiéndolo y el derecho a decidir del pueblo catalán. Pero no queríamos introducir este elemento porque la negociación, en este momento, es un componente que produce más ruido, que contribución al acuerdo con las fuerzas catalanistas. En ese sentido, estamos respetando los tiempos y que hay otras negociaciones abiertas por parte de Pedro Sánchez con fuerzas políticas.

La Unión Latina de Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura premia a Francisco Sierra

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La Unión Latina de Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura (ULEPICC), la principal asociación científica internacional de pensamiento crítico de América Latina, rendirá tributo mañana lunes a Francisco Sierra Caballero, catedrático de Teoría de la Comunicación de la Universidad de Sevilla y columnista de Montilla Digital.

El acto se desarrollará tras la conferencia inaugural del XIII Congreso Internacional de la Unión Latina de Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura, que ha organizado la Universidad Diego Portales de Santiago de Chile, junto a la Universidad de la Frontera y la Universidad Austral de Chile.

Nacido el 17 de agosto de 1969 en Gobernador, un municipio de poco más de 200 habitantes situado en la comarca granadina de Los Montes, muy cerca de Jaén, Francisco Sierra Caballero es catedrático de Teoría de la Comunicación de la Universidad de Sevilla, donde ha dirigido el Departamento de Periodismo I y ha sido decano. Además, su nombre se hizo especialmente popular hace un par de veranos, tras ser incluido en el exclusivo comité de expertos que habría de evaluar a los aspirantes a dirigir Radio Televisión Española (RTVE).

Investigador del Instituto Andaluz de Investigación en Comunicación y Cultura, el autor de la columna Del sur y desde abajo es fundador de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación y, en la actualidad, preside la Asamblea de la Confederación Iberoamericana de Asociaciones Científicas en Comunicación.

Autor de relevantes ensayos sobre Comunicación, Política y Cambio Social, Francisco Sierra ha coordinado equipos internacionales de investigación para la Comisión Europea o para el Plan Nacional de Investigación y Desarrollo de España. En mayo de 2021, presentó en Montilla el libro Marxismo y Comunicación. Teoría Crítica de la Mediación Social, en un acto organizado por la Asamblea Local de Izquierda Unida que tuvo lugar en el Centro Cultural «Alcalde Antonio Carpio» y que contó con la participación de la historiadora montillana Pepa Polonio.

El pasado 23 de julio, Francisco Sierra Caballero encabezó la candidatura de Sumar al Congreso de los Diputados por la provincia de Sevilla, resultando elegido para la XV Legislatura. Fundador del Foro Andaluz de Izquierdas, el columnista de Montilla Digital es director de la sección de Comunicación y Cultura de la Fundación de Investigaciones Marxistas (FIM), además de experto y consultor de la Comisión Europea en nuevas tecnologías y participación ciudadana