Desde 2020, la Unión Europea (UE) ha observado con preocupación cómo el lobbismo ha venido socavando nuestras democracias, afectando a la propia unidad comunitaria. En congruencia, Bruselas ha exigido a los Estados miembro —a España en particular— medidas para combatir la manipulación de la democracia parlamentaria.
Tras el caso Montoro, las iniciativas sobre gobierno abierto y la regulación de los grupos de interés se torna, a todas luces, una cuestión estratégica, diríamos que incluso imperiosa, pues la aprobación de tales reformas, como el primer plan de Parlamento Abierto es la condición de la debida restauración del principio de confianza quebrado por escándalos como el del exministro de Hacienda.
Ante la malversación de la función fiduciaria de representación que presupone el libre ejercicio de atención a la soberanía popular, esta Legislatura, con toda la complejidad de la geometría variable de la aritmética parlamentaria, debe marcar un antes y un después en esta materia.
Si aceptamos que no es posible la democracia con procesos de regulación corrompidos, sesgados o bajo el imperio de las cajas negras, incluidos los lobbies empresariales y las maniobras orquestales en la oscuridad de la oligarquía económica, la demanda de verificación y gobierno abierto es una exigencia irrenunciable. Primero, porque la publicística en democracia, la condición de luz y taquígrafos, es de obligado cumplimiento.
La debida ejemplaridad y transparencia son principios básicos de la democracia representativa y de ahí la necesidad de un marco normativo de actuación que detalle la huella legislativa, estableciendo medidas disciplinarias en caso de incumplimiento de las obligaciones.
En la era de la infocracia, la ciudadanía exige, además, claridad y acceso a información sensible sobre los procedimientos normativos. Los ciudadanos necesitan saber qué datos se utilizan para tomar cualquier decisión; qué personas contribuyen a la toma de decisiones; cuáles son y si se respetan los procedimientos de regulación; con qué interlocutores se marcan los límites y alcance de las leyes debatidas y aprobadas en el Congreso.
En definitiva, la sociedad cada vez reclama más transparencia a sus representantes y las instituciones del Estado. Tenemos, pues, la obligación de fomentar esta cultura del libre acceso a la información y agilizar los cauces para ofrecerla a todos los niveles de verificación, contraste y control posibles.
Hablamos de trazabilidad, rastros y pruebas sobre el decir y hacer de la actividad parlamentaria para rendir cuentas: una suerte de auditoría ciudadana continua y permanente sobre el quehacer de congresistas y grupos parlamentarios.
La democracia es incompatible con los que atan y tratan de dejar todo atado y bien atado, de espaldas al escrutinio público. La racionalidad democrática es del orden de la apertura, de procurar espacios abiertos, no de instituciones y lógicas políticas cerradas.
La vindicación del parlamento abierto constituye, en este sentido, una apuesta por profundizar las formas y procedimientos legitimadores de la acción legislativa. Se trata, además, de medidas necesarias de publicidad de la acción política que cubre una laguna normativa que viene a responder a las recomendaciones del Grupo GRECO, fortaleciendo mecanismos en la lucha contra la corrupción.
Aunque tarde, es hora de fortalecer los procesos y órganos de control, garantizar un marco jurídico para la actuación del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Oficina de Conflicto de Intereses y contribuir a un modelo de representación más transparente.
Ya el Plan de Acción para la Democracia propuso reformar esta situación de evidente déficit histórico en términos de derecho de acceso y escrutinio público con el desbloqueo de las opacidades de las políticas públicas que han imperado en el Estado por monarquías corruptas y dictaduras traficantes de los intereses de la oligarquía económica.
Conscientes de que no es posible la democracia deliberativa sin dominio público, sin transparencia, derecho de acceso ni participación del común, la solicitud expresada en sede parlamentario de organizaciones como Political Wacht nos emplaza a actuar de forma decidida en esta filosofía ya debatida en el Foro de Gobierno Abierto.
Pero España ha mantenido históricamente una tradición y cultura política marcada por el patrimonialismo y el cegado de canales, ventanas y medios de observación en defensa del interés general. Las propuestas de mejora y modernización del funcionamiento de la Cámara legislativa, centradas en la participación, la rendición de cuentas y la integridad, se antojan, aunque tardías, oportunas y diríase que urgentes a tenor del habitus operacional de algunos partidos y culturas políticas.
Frente a casos como el de Montoro, o el incumplimiento del Reglamento con la falsificación de los méritos curriculares, o haberes patrimoniales, no hay otra garantía que introducir mecanismos de fiscalización que faciliten los procesos de supervisión y rendición de cuentas.
Se trata de mejorar la calidad de nuestra democracia con información accesible de la actividad parlamentaria, dando a la ciudadanía herramientas de búsqueda y control de la acción legislativa. Ampliar el dominio público, hoy privatizado en la esfera de la información institucional, o en manos de las compañías de Silicon Valley, y resolver el déficit democrático cumpliendo con lo estipulado por la Comisión Europea en el compromiso cuarto del Plan de Gobierno Abierto no es, desde este punto de vista, una cuestión menor o tangencial.
El debate en estos momentos en el seno de la UE es si avanzamos en proteger las libertades públicas, la igualdad y la justicia social o se impone el dominio de los falsos patriotas, impostores del orden y progreso, que socavan derechos fundamentales y atentan contra el propio Estado, restringiendo por la puerta de atrás las libertades públicas a partir de la opacidad.
Es evidente que permitir o propiciar una mayor y mejor fiscalización de la actividad legislativa, y de sus representantes, contribuye a la necesaria regeneración democrática, promueve la eficacia del Estado y, además, trae consigo un aumento del índice de la calidad de nuestra democracia.
Todo lo contrario a lo que se propone la derecha ultramontana y el imperio de la impunidad de los defensores del tecnofeudalismo que nos quieren imponer, a fuerza de ocluir las vías de comunicación pública, una suerte de tiempo de silencio al modo de la ley franquista de secretos oficiales.
Por fortuna, este es un tiempo-encrucijada de apertura, tiempo de abrir y transformar nuestras instituciones. Una demanda de la sociedad civil que hace tiempo viene impulsando medidas y políticas congruentes con las exigencias de Bruselas, por el bien común y por salud pública pues saben que la máxima garantía y fortalecimiento de la democracia es cumplir, en palabras de Julio Anguita, con el imperativo categórico de toda etica política: transparencia administrativa y democracia consecuente.
