Izquierda Unida, a través de su diputado y portavoz en temas de Comunicación, Francisco Sierra, ha registrado una iniciativa en el Congreso en la que plantea a los máximos responsables en el Gobierno sobre esta materia que “promuevan una consulta al Consejo de Estado sobre la adecuación constitucional y a la normativa europea de la comisión de investigación sobre la gestión de RTVE” impuesta por el Partido Popular en el Senado.
IU busca conocer también la opinión de este órgano consultivo sobre la “posible afectación a la independencia de los medios públicos audiovisuales” con la utilización de comisiones de parte como ésta, así como “su uso instrumental para ejercer presión política o mediática contra RTVE y sus profesionales”.
Francisco Sierra expone en la proposición no de ley registrada a través del Grupo Plurinacional Sumar, que firma junto al portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, que la comisión de investigación sobre la radiotelevisión pública estatal “impulsada desde la mayoría absoluta del Partido Popular en el Senado representa un grave precedente institucional que amenaza con erosionar la independencia editorial de la Corporación y deteriorar la confianza ciudadana en el servicio público audiovisual”.
Izquierda Unida tiene claro que “lejos de responder a una necesidad objetiva de fiscalización democrática”, esta iniciativa “supone una utilización partidista de las instituciones con el objetivo de tutelar, presionar y condicionar la actividad periodística de RTVE”.
“Se trata -resume Sierra- de una estrategia de confrontación política que pretende convertir el control parlamentario en un mecanismo de alineamiento mediático, debilitando las garantías democráticas que deben proteger la autonomía de los medios públicos”.
El texto registrado plantea también “reorganizar la Secretaría de Estado de Comunicación” para “garantizar la autonomía del servicio público audiovisual y establecer mecanismos adicionales de garantía de independencia del servicio público audiovisual frente a injerencias políticas o partidistas”.
El diputado y portavoz parlamentario en temas de Comunicación de IU advierte de que la mencionada comisión de investigación resulta “incompatible”, además, “con el marco jurídico europeo recientemente aprobado en materia de libertad de los medios de comunicación”.
El Reglamento (UE) 2024/1083 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la libertad de los medios de comunicación, establece expresamente la obligación de los Estados miembros de garantizar la independencia editorial de los prestadores públicos de servicios audiovisuales y de evitar cualquier forma de injerencia política directa o indirecta en sus decisiones informativas y de programación.
“La instrumentalización de una comisión de investigación parlamentaria para cuestionar contenidos editoriales, señalar profesionales o construir sospechas infundadas sobre la labor periodística de RTVE vulnera el espíritu y la letra de dicha normativa europea”, apunta Sierra.
Asimismo, “contradice el mandato constitucional recogido en el artículo 20 de la Constitución Española, que protege el derecho a comunicar y a recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión y garantiza la libertad de expresión y creación periodística”.
La proposición no de ley que impulsa IU en el Congreso contiene también unos apartados propositivos muy concretos. Por un lado, reclama a los máximos responsables del Gobierno en materia de Comunicación que presenten “durante el próximo periodo de sesiones, un Proyecto de Ley de Creación del Consejo Estatal de Medios de Comunicación”, conforme a lo establecido en el artículo 9, Sección 2, del Reglamento Europeo sobre la libertad de los Medios de Comunicación.
Protección a los profesionales de la comunicación
Demanda también que la Secretaría de Estado de Comunicación “impulse la creación de un grupo de trabajo, con la participación de expertos, profesionales, universidades, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil” para “la elaboración de propuestas legislativas relativas al pluralismo mediático, la protección del servicio público audiovisual, la lucha contra la desinformación y la garantía efectiva del derecho ciudadano a una información veraz y plural”.
Además, el texto reclama también un “marco normativo estatal y europeo de protección de los profesionales de los medios públicos frente a campañas de intimidación, señalamiento y acoso político o mediático, reforzando las garantías democráticas para el ejercicio libre e independiente del periodismo”.
Francisco Sierra tacha de “especialmente preocupante” y señala la coincidencia en el tiempo de que esta “ofensiva institucional” que encabeza el PP de la mano de la extrema derecha de Vox se produzca en un contexto en nuestro país pero también “europeo e internacional caracterizado por el auge de estrategias de desinformación, polarización y ‘lawfare’ o ‘mediafare’, entendidos como el uso instrumental de determinados aparatos mediáticos, judiciales o institucionales para erosionar adversarios políticos, alterar el debate público y debilitar la legitimidad democrática de gobiernos e instituciones”.
Indica, además, que “la defensa de RTVE no implica negar la necesidad de mejorar sus mecanismos de transparencia, pluralismo o gobernanza democrática. Muy al contrario: exige reforzar las garantías de independencia frente a cualquier intento de captura política, avanzar hacia modelos de gobernanza más profesionales y participativos y consolidar un auténtico derecho a la comunicación como elemento central de nuestra democracia”.
