Página Web de Francisco Sierra Caballero, Catedrático de Teoría de la Comunicación
El diputado nacional de Sumar por Sevilla, Francisco Sierra, que va a ejercer como portavoz de su grupo en la comisión mixta del Congreso con el Senado para el control parlamentario de RTVE, ha reivindicado el «concurso público» para la elección del consejo de administración de la radio televisión pública para «avanzar en la autonomía» del ente.
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Existe un tipo de funcionario público que invariablemente siempre trabaja, por acción u omisión, más bien lo primero, en favor del capital y de los intereses creados. Y no solo por la decidida voluntad de participar de las puertas giratorias y verse así reconocido por los valiosos servicios prestados, sino más bien como resultado de una pobre o inexistente imaginación política o voluntad de compromiso con la mayoría. Este es el caso de la nueva contrarreforma audiovisual que pronto inicia su trámite parlamentario en el Congreso. El proyecto de ley de transposición de la Directiva Comunitaria sobre Servicios de Comunicación Audiovisual (2018/1808) de la UE a nuestro país, que puede ser recordada como la Ley Calviño, plantea un reto preocupante en medio de la llamada guerra cultural: la construcción de una esfera pública mediatizada cerrada a la diversidad de voces y corrientes de opinión por los intereses hegemónicos claramente reforzados en la norma preparada por el Ejecutivo.
En este sentido, y aun amparándose en el marco de la Estrategia Digital del Estado, el anteproyecto no solo reforma en un sentido regresivo la vigente Ley General del Audiovisual (7/2010) sino que refuerza además lo que algunos calificamos como modelo Monti (comisario y hombre de confianza de Berlusconi) que iniciara en Bruselas la primera andanada contra los medios públicos en beneficio de actores como FININVEST. Del marco general y el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales al plegamiento corporativo se constata un desplazamiento del Estado central y el ordenamiento del sistema nacional de comunicación a los operadores tanto foráneos como locales que incide sustancialmente en una pérdida de derechos a todos los niveles, tal y como observamos hoy en Andalucía desde la Plataforma en Defensa de la RTVA, mientras los reguladores vienen avanzando normas sin participación ni consenso del sector ni de la ciudadanía y sus organizaciones.
No es casual por lo mismo que el anteproyecto de ley no establezca estrategias o políticas de cooperación entre los sistemas audiovisuales autonómicos y del Estado en un ámbito de competencia descentralizada que exigiría mayor imaginación del legislador si tanto se insiste en la corregulación.
De la Ley UTECA a la Ley Audiovisual de Andalucía, pasando por las enmiendas y recortes presupuestarios de los medios públicos, asistimos en fin a una ceremonia de la confusión que no consiste en otra cosa que el cercamiento y desmontaje del servicio público radiotelevisivo como hoja de ruta del poderoso lobby que dicta la norma en el sector. Pues el nuevo marco normativo da luz verde a la privatización de los medios autonómicos con la explotación privada o externalización, refuerza el rol de la CNMC frente a instancias no desarrolladas reglamentariamente como el Consejo Audiovisual, en lugar de seguir el modelo francés, pese a que informes de la propia CNMC reconocen su incompetencia y falta de recursos para cumplir con su labor de tutela de derechos.
La centralización en el Ministerio de Economía de las tareas de inspección y sanción, so pretexto de preparar el camino a la economía digital, se va a traducir en la máxima neoliberal de dejar el pasado, con coste para el erario público en su sostenimiento, y facilitar el futuro de la producción de contenidos simbólicos y el negocio audiovisual al sector privado que, dicho sea de paso, está dominado no precisamente por empresas nacionales o europeas. Si pensamos en los GAFAM, en plataformas como YOUTUBE, FACEBOOK o HBO, cabe concluir que el legislador ni se plantea una alternativa propia que avance en la protección y producción propia de forma decidida acorde con lo que nos jugamos en este ámbito.
El mercado contra el cine europeo
Capítulo aparte merece el problema de la igualdad de obligaciones mejorada para la financiación del cine autóctono, en nuestro caso en todas las lenguas oficiales del Estado. La producción independiente y el audiovisual europeo se verán favorecidos por el establecimiento de cuotas a prestadores de servicios bajo demanda de plataformas como NETFLIX. El problema es que esta regulación llega tarde y no altera la estructura del mercado, claramente contraria a los intereses del cine europeo. El anteproyecto insiste por otra parte en la relajación de las exigencias en un proceso o deriva desreguladora que ilustra el resultado: la inversión y mejora de la posición dominante de la producción estadounidense en general. Desde este punto de vista, el porcentaje mínimo de obra europea es insuficiente y refuerza las posiciones de la industria cultural hegemónica, como llevamos una década observando en los informes anuales del Observatorio Audiovisual Europeo.
Se sigue, por otra parte, sin abordar la cuestión estratégica de la distribución, muy concentrada en favor de las grandes compañías gringas, lo que terminará por imponer los intereses dominantes precarizando las condiciones laborales de los productores y creadores locales. En otras palabras, hubiera sido preciso, es necesario, un mayor compromiso de los distribuidores en línea de plataformas como AMAZON en la financiación e inversión en el audiovisual europeo.
La ley no contempla además la regulación necesaria de los productores o usuarios que aportan contenidos, en términos de protección como actores centrales del ecosistema audiovisual, ni muchas otras lagunas observadas en las más de cien alegaciones presentadas por plataformas como TELEDETODOS. Pues la adaptación al mercado que propone el borrador es la razón con la que justificar la liquidación definitiva del dominio público. Y la flexibilidad, la seguridad de los operadores que dominan el mercado. La autorregulación y corregulación que apunta la norma es, en fin, más de lo mismo, el reforzamiento de una estructura antidemocrática y concentrada de poder de difusión de las imágenes de unos pocos contra la voluntad de muchos. El ejemplo más evidente es el de la desregulación publicitaria, un campo, como denuncia FACUA, ampliamente minado de incumplimientos y vulneraciones a los derechos de los consumidores. El caso más evidente de esta regresión es la desregulación publicitaria que afecta a la protección de los menores. Pero podríamos añadir la falta de transparencia en la publicidad institucional que hoy solo se conoce fruto de la labor del periodismo de investigación, como revela Público, sobre el sostenimiento de medios de extrema derecha como OK DIARIO con cargo al presupuesto de la CAM mientras los medios comunitarios pierden las garantías conseguidas por vez primera con la Ley Zapatero.
Ciudadanos solo como consumidores
Más aún, podríamos afirmar, en general, que la nueva ley se distingue por su falta de consistencia y viabilidad, pensando en sistema nacional de medios, pues no solo no contempla financiación de los medios ciudadanos sino que además deja al albur del duopolio el futuro de RTVE y de los medios públicos en general. Quizás por ello en la redacción del borrador la ciudadanía está ausente, convertida, en sus enunciados, en mero consumidor. Para el legislador pareciera que el ciudadano en España no tiene derecho a la comunicación, salvo como cliente y no como sujeto político, en un nuevo giro de tuerca que ya imaginamos como concluirá. Por lo mismo no se regulan los datos y perfiles de los usuarios ni se protege la invasión publicitaria que sufriremos con la desregulación que se promueve.
Hace tiempo que la noción de servicio público ha sido difuminada, sin sostén reglamentario, con déficits democráticos notorios en el caso de España, donde el derecho a la comunicación, por más que se reconozca en la Constitución, ni se desarrolla (derecho de acceso) ni se garantiza institucionalidad alguna para la participación y el control social.
En definitiva, se impone el ventajismo, la consolidación del duopolio y las compañías foráneas y los intereses dominantes de los operadores que han pasado de dictar la norma (Ley UTECA) a observar con regocijo cómo la doctrina del Tío Tom se impone gracias a serviciales funcionarios públicos. Visto lo visto, la norma puede llamarse Ley Calviño o Florentino Pérez que, para el caso, fútbol mediante como interés general, tanto da.
Toda coyuntura política se define por el azar y por la necesaria determinación de lo posible, incluso cuando uno piensa que todo está perdido. Es el caso de RTVE. Para quienes confiamos en el concurso público y sufrimos el boicot de la comisión mixta, en manos del PP, la falta de criterio de los letrados y la campaña mediática en contra de parte de la prensa mercantilista, que solo imagina los medios públicos en extinción, ver iniciar una nueva etapa con la renovación del Consejo de Administración y la designación de su Presidente es motivo de cierta ilusión y esperanza. Más que nada, quizás por la presión moral existente tras el trabajo que hicimos el Comité de Expertos, este consejo, creo que no me equivoco al afirmarlo, es el más cualificado de su historia. Tanto su Presidente, acreditado académico de la UAB, como consejeros de larga trayectoria profesional, como Roberto Lakidain o el propio director de Mundo Obrero, no solo conocen los entresijos de RTVE desde dentro sino que además han pensado, escrito y luchado por una televisión de todos y para todos. Aún no siendo el ideal esperado cuando nos involucramos en la defensa del concurso público, podemos afirmar que se inicia una nueva etapa de lo público en RTVE.
La principal tarea que tienen por delante los consejeros será precisamente hacer pedagogía de la comunicación sobre la naturaleza del servicio audiovisual, un tema que pocas veces ocupa a las autoridades locales y autonómicas. Si bien no hace mucho el gobierno canario, por ejemplo, apostaba por introducir en la escuela la libre actividad complementaria de videojuegos para ampliar la experiencia cultural, con clara voluntad didáctica al pensar nuestro universo de las pantallas. En el trasfondo, late y perdura el debate de los años sesenta sobre la llamada escuela paralela. El poder corrosivo de los medios audiovisuales y la industria cultural en su competencia con el monopolio histórico de la información y del conocimiento que siempre tuvo la escuela moderna es hoy una tarea insoslayable. Y es esperanzador que sea precisamente Pérez Tornero quien lidere este reto, tanto como ha escrito y pensado sobre Comunicación Educativa y competencias digitales, más allá de La aventura del saber.
Somos de la idea de que la hipótesis de partida de cierta visión apocalíptica sobre los medios y la desestructuración de la función del aparato de la educación pública moderna solo se trasciende con más educación dentro y fuera del aula. Una pedagogía democrática sobre la mediación social no puede partir de una visión fatalista propia de cierto funcionalismo de izquierdas. Más bien al contrario, de acuerdo con Mattelart, la comunicación alternativa, que en verdad se pretenda o aspire a ser alterative, pasa por una estrategia constructivista de interacción con la actual base tecnológica y el modelo dominante de comunicación.
El falso dilema planteado por el sistema educativo sobre la llamada escuela paralela procede, de acuerdo con Aníbal Ford, de un análisis errado basado en el paradigma logocéntrico de la lógica escritural. Los Estados modernos, señala el ensayista argentino, han organizado su estructura en torno a las jerarquìas de la escritura como única fuente y forma de representación, desplazando otros modos como la cultura oral o el lenguaje de las imágenes. De alguna manera nuestro patrón cultural ha ocluido otros modos de hacer e intercambiar información. La kinésica, la proxémica, el cuerpo y las emociones han estado largo tiempo relegados en la escuela moderna. Y este ámbito es donde se construye la experiencia significativa del mundo de los educandos.
Democratización de la comunicación
Una vía factible de educomunicación pasa en este sentido por articular proyectos de remediación pedagógica basada en las alianzas entre los educadores y los movimientos sociales y profesionales de la comunicación. Existen historias notables en esta línea. Por poner un ejemplo, CENECA en Chile o Calandria en Perú. En España han sido menos pero, bajo la influencia de la teología de la liberación y de la pedagogía latinoamericana de los medios, propuestas de los noventa como ECOE en el barrio de Vallecas vienen demostrando que los puentes entre medios y educación son posibles. Aunque las experiencias de comunicación educativa al servicio del desarrollo han sido episódicas en nuestro país, hay capital cultural acumulado que, hoy que se insiste de nuevo en los males de los móviles, las tabletas y los dispositivos en red, convendría actualizar frente a la metafísica de la autenticidad, característica de una filosofía elitista, sea del culturalismo o de la tradición ilustrada, supuestamente crítica, de la industria cultural. En juego está la democracia y las posibilidades de un cambio de calado en nuestro ecosistema cultural. Y no olvidemos que no es posible cambio social alguno sin asumir a la vez la voluntad de construir, haciendo democracia, en el proceso de formalización de nuevas institucionalidades y procesos de mediación. He aquí la cuestión de nuestros días y pesares. La pedagogía de la comunicación vinculada a los movimientos sociales, a los frentes y luchas culturales de la ciudadanía. en la medida que posibilita diálogos y aprendizajes más fluidos y permanentes construyendo relaciones que enriquezcan a la opinión publica, podrá garantizar, a futuro, en este sentido, una democratización de los medios y mediaciones sociales hoy dominantes. La defensa de medios de educación no es otra cosa, en fin, que vindicar la democratización de la comunicación, asumir el compromiso activo con un nuevo modelo de articulación social sostenido en el diálogo, el intercambio, la autonomía y el poder popular. Y para que ello sea posible precisamos el liderazgo de RTVE y, en general, de los medios públicos. Muchos citan la referencia de la BBC pero pocos hablan de esa voluntad gramsciana de educar y transformar. Esperamos que la nueva dirección de RTVE no olvide esto. Más que nada para evitar lo escrito por Vázquez Montalbán en Cambiar la vida, cambiar la historia.
Elproyecto de ley de transposición de la Directiva Comunitaria sobre Servicios de Comunicación Audiovisual (2018/1808) de la UE a nuestro país, que puede ser recordada como la Ley Calviño, plantea en nuestros días, liquidado el proceso de concurso público de la RTVE y tras décadas de franco deterioro del servicio público radiotelevisivo, un escenario nefasto para la democracia y la calidad cultural de nuestra sociedad. Concluida la fase de audiencia pública, el anteproyecto de Ley General del Audiovisual que presenta al Parlamento el Ejecutivo no sólo es revelador de la insistencia liberalizadora en una materia tan sensible, sino que además avanza en dirección a un claro retroceso democrático limitando el pluralismo y la calidad del sistema informativo en un país, el nuestro, históricamente renuente a políticas activas de acceso y diversificación del sistema mediático nacional. En este sentido, y aun amparándose en el marco de la Estrategia Digital del Estado, el anteproyecto no sólo reforma, en un sentido regresivo, la vigente Ley General del Audiovisual (7/2010), sino que refuerza lo que algunos calificamos como modelo Monti (comisario y hombre de confianza de Berlusconi) que iniciara en Bruselas la primera andanada contra los medios públicos europeos en beneficio de actores como Fininvest (hoy Mediaset).
Es probable que las numerosas alegaciones presentadas por plataformas como Teledetodos sean ignoradas en la tramitación parlamentaria, en buena medida porque impera una visión comunicacional dominada por ingenieros, sea del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, o ultraliberales de la Comisión del Mercado de la Competencia (CNMC). Ello explica la asunción de las tesis más conservadoras de adaptación de la normativa comunitaria, en especial en lo relativo a la publicidad, que de la Directiva Televisión sin Fronteras a nuestros días viene dando lugar a una colonización sin precedentes del espacio público.
Si la política emula el modelo Trump, en nuestro país los medios no iban a ser menos y es previsible con este nuevo marco normativo que terminemos asistiendo a un espectáculo deportivo o al visionado de un film como una verdadera carrera de obstáculos para sortear los anuncios invasivos y la saturación publicitaria que impulsa el duopolio televisivo. De la Ley Uteca a la Ley Audiovisual de Andalucía, pasando por las enmiendas y recortes presupuestarios de los medios públicos, asistimos en fin a una ceremonia de la confusión que no consiste en otra cosa que el cercamiento y desmontaje del servicio público radiotelevisivo como hoja de ruta del poderoso lobby que dicta la norma en el sector para el caso de España. El escenario que se dibuja en el horizonte, de no mudar significativamente el redactado de la ley, es el modelo de Murcia o Canarias y la progresiva externalización de servicios básicos como ya sucediera en Canal 9 y ahora en la RTVA. Por lo mismo, la norma no apuesta por una comunicación ciudadana. La adaptación al mercado que propone el borrador es la razón con la que justificar la liquidación definitiva del dominio público. Y la flexibilidad, la seguridad de los operadores que dominan el mercado. La autorregulación y corregulación que apunta la norma es, en fin, más de lo mismo, el reforzamiento de una estructura antidemocrática y concentrada de poder de difusión de las imágenes de unos pocos contra la voluntad de muchos. Como ya está sucediendo en la sanidad y la educación, la opción neoliberal empieza por privatizar todo servicio público para su explotación por operadores privados, y termina por negar el derecho de acceso, aunque, como en Andalucía, esté protegido por Estatuto. Sorprende, no obstante, que la visión dominante, incluso de un Gobierno supuestamente progresista, sea, en esta materia, la de los medios mercantilistas: una concepción que renuncia a la cultura para imponer el negocio, que recorta derechos para garantizar share, que restringe el pluralismo para favorecer el oligopolio. Llama la atención, por lo mismo, que, como con el concurso público, esta lógica se imponga sin debate alguno, ni siquiera en el ámbito académico y profesional, con absoluta falta de respuesta de la sociedad civil ante un discurso y práctica política que afecta a la calidad democrática y la formación de la ciudadanía. Esperamos que esta tribuna sirva a iniciativas como la Plataforma en Defensa de la RTVA, que ha iniciado un proceso de no retorno para garantizar lo que dice la ley: medios públicos públicos. En Andalucía, Canal Sur y medios locales de todos y para todos. Sencilla premisa que sólo requiere voluntad política.
Tres años, un mes y 18 días. Ese es el tiempo que lleva en vigor la reforma de la Ley de RTVE que establecía un sistema de elección del presidente y del Consejo de Administración por concurso público. La falta de consenso y los retrasos en el proceso obligaron a colocar en la dirección de la cadena pública (mediante decreto ley) a una administradora provisional que lleva ya más de dos años en el poder: Rosa María Mateo.
Mientras, a duras penas, el concurso público ha seguido adelante: un comité de expertos eligió a veinte candidatos idóneos (19 tras el fallecimiento de Alicia Gómez Montano), pero de nuevo los recursos amenazan con frustrar el proceso. El «vergonzoso estancamiento» que denuncian prácticamente todos los implicados podría convertirse en la práctica en un paso atrás si la mesa de portavoces y la Comisión Mixta optan por optan por obviar el criterio de los expertos y volver a los casi cien candidatos que se presentaron inicialmente.
Una opción que, según denunció la diputada Inés Sabanés en una charla organizada por Teledetodos, «parecía la opción mayoritaria» en la mesa que se reunió ayer. Si prospera esta opción, se abriría la mano a que cualquiera de los 95 candidatos que se presentaron puedan formar parte del consejo de RTVE, aunque sus evaluaciones por el consejo de expertos fueran negativas. Sin embargo, subraya esta miembro de la comisión, de momento no hay ninguna decisión firme al respecto.
«Es un intento de fraude legal, sea quien sea el que lo realice, que traiciona le lay que ellos mismos aprobaron por unanimidad para limitar la autonomía del Parlamento en esa materia. Hablamos de intentos reiterados de deteriorar los resultados de esa selección. Si se elige entre los 95 supone volver a que los partidos elijan el consejo y el presidente por cuotas de partidos», denuncia Enrique Bustamante, catedrático y miembro del comité de expertos que eligió a los candidatos «idóneos».
El profesor, que ya formó parte del llamado consejo de sabios de Zapatero, critica también que RTVE compite «con las manos atadas a la espalda», ya que es necesario reformar su modelo financiero para dar respuesta a los nuevos retos tecnológicos. Todos los expertos defienden que hicieron su trabajo lo mejor que pudieron y que jugaron «muy limpio» conlos criterios que les dieron, aunque estos no fueran «los mejores», según recuerda Carmen Caffarell. También hace autocrítica Diego Carcedo, presidente del comité de expertos, aunque como sus compañeros defiende la importancia de seguir adelante con el proceso.
Aunque no esconden sus fallas. El tema de la paridad que no se ha alcanzado en la selección de los veinte finalistas, por ejemplo, es uno de ellos, y está muy presente en varios recursos pendientes aún de ser resueltos. «A mí me toca especialmente, pero nosotros juzgamos a los candidatos de forma anónima, por lo que no sabíamos si íbamos a elegir más mujeres u hombres», denuncia Carmen Caffarell. Ángel García Castillejo, abogado, subraya que este relato intenta «revestir de problemática jurídica lo que en realidad es una cuestión política». En su opinión, en esa evaluación ciega no hay una lesión de los principios de igualdad de género, sino que la solución sería elegir a un candidato más para cubrir la vacante que dejó la fallecida Alicia Gómez Montano.
El problema de fondo, critican miembros de este comité de sabios como Francisco Sierra Caballero, es que «no hay voluntad política para que el concurso, que era una esperanza para todos, siga adelante». A todos les queda, esperan, seguir reivindicando el espíritu de la ley: dotar de verdadera autonomía a RTVE
En esta misma línea se pronuncia, en nombre de los candidatos seleccionados como idóneos, Juan Buhigas: «Es difícil compaginar un concurso con uan posterior eleccion parlamentaria cuando se quiere hacer con un reparto. No me creo que se vaya a desnaturalizar el concurso, es una aberración política. Pero los candidatos no somos lo más importante, se trata de respetar nuestros derechos, la labor del comité pero lo más importante es que si se desnaturaliza el concurso eso sería dejar a un lado la posiblidad de lograr una RTVE mejor y más independiente. A mí se me hace duro que todo este horizonte sea tabla rasa, y jurídicamente es una aberración recurrible hasta al Constitucional». Ignorar la designación de los expertos es «una bofetada a la democracia», critica.
«Los candidatos estamos atónitos porque tras dos años en boca de todos, pendientes de un BOE, sin recibir ni un mero acuse de recibo, hemos incrementado la falla democrática. Las cosas están peor y esto deberíamos evaluarlo», resume Manuel Ventero, quien hace unos días se sumó también a la carta pública en la que los 19 candidatos pedían la reactivación del consejo. «No existe un programa, por culpa de nadie y de todos, y como no hay objetivo al que perseguir, sin programa, definición y financiación esta empresa está abocada a lo peor. Y ninguno queremos que así sea», lamenta.
Para prácticamente todos los implicados en el proceso, la solución para seguir adelante con el concurso es «apelar a la sociedad civil y organismos sociales nacionales internacionales». «Hasta ahora hemos sido muy educados, teniendo en cuenta que era un gobierno de coalición progresista, pero no podemos permitir esta situación», denunció Bustamante.
Sabanés, la única política presente en la charla pese a que todos fueron invitados, pide «reiniciar contactos con todos los políticos» para proteger un concurso que, en su opinión, «preserva el futuro de TVE». También asociaciones como AUC, Fesp y Acicom se sumaron al apetición por una RTVE independiente. A todos les queda seguir reivindicando el espíritu de la ley: dotar de verdadera independencia a la cadena pública.
Francisco Sierra, catedrático de la Universidad de Sevilla y miembro de la Comisión de Expertos nombrada para la renovación del Consejo de Administración de RTVE, ha pronunciado una conferencia en la sede de Radio Nacional de España en Prado del Rey titulada “Concurso público y autonomía en RTVE”. El acto ha inaugurado la reunión del Consejo Estatal de delegados del Sector de Medios de Comunicación de Comisiones Obreras.
Junto a Francisco Sierra, en el coloquio que se ha celebrado en torno a los medios públicos de comunicación y a la renovación del Consejo de Administración de RTVE, han participado: Ángel García Castillejo, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid; Alicia Gómez Montano, directiva de RTVE; y Roberto Mendes, Maite Martín y Roberto Lakidain. En su intervención, Francisco Sierra ha resaltado que “la comunicación es una cuestión de salud pública y de Estado”.
Según una nota de CCOO, “en estos momentos de incertidumbre, y con las urnas del 10 de noviembre en el horizonte, es importante que los partidos sepan que el procedimiento del Concurso Público no va a tener marcha atrás. El trabajo hecho por el Comité de Expertos debe tener continuación porque es una obligación democrática”. CCOO ha considerado el acto como “el que, hasta la fecha, ha sido el debate de más fondo de los celebrados desde que se conoció la lista de los 20 candidatos para formar el Consejo de Administración de CRTVE”
Noviembre 2018
La crisis estructural de la televisión en abierto suscita cuestiones inaplazables sobre la función social de la radiotelevisión del Estado y el modelo institucional de organización. Continue reading «RTVE y servicio público»
