Por una marea blanca y verde: Por Andalucía, una confluencia andalucista y de izquierdas

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El horizonte político de la geopolítica internacional y la guerra económica y comercial de Estados Unidos afecta sobremanera los intereses de nuestro sector primario y la actividad sostenida con esfuerzo por los pequeños y medianos agricultores andaluces. El nuevo escenario de recomposición de las relaciones políticas y económicas sitúa a nuestra tierra en una posición de mayor dependencia y vulnerabilidad, al tiempo que la agenda conservadora de restauración neoliberal de la derecha extrema y los partidos ultras despliegan una política de privatización de sectores básicos para la ciudadanía como la sanidad, la educación o el resto de los servicios públicos. La movilización masiva del pueblo andaluz recuerda la lucha del pueblo andaluz por la autonomía. Las manifestaciones multitudinarias muestran una composición transversal, unitaria y antagonista que deben ser articuladas políticamente. La unidad popular no es solo una de las proclamas expresadas por el pueblo andaluz. En el trasfondo y en el espacio político de la izquierda andaluza que supone Por Andalucía, está la exigencia de mayor autonomía estratégica, de recuperación de derechos fundamentales articulando un frente político unitario que cambie la matriz productiva y reformule la tradicional dependencia y subalternidad de Andalucía en la división internacional del trabajo que ha marcado históricamente el proceso intensivo de globalización.

La construcción de plataformas unitarias y transversales responde a una concepción social, muy difundida, del conjunto de los sectores sociales progresistas y populares, sobre la necesidad de articular espacios amplios de defensa de lo colectivo, en un contexto de fuerte ofensiva reaccionaria neoliberal. A nadie se le escapa que Pedro Sánchez y especialmente el PSOE, a pesar de los avances conseguidos por el gobierno de coalición, está evitando profundizar en las transformaciones económicas y sociales requeridas para avanzar en la conquista de derechos y consolidar los ya conquistados que están siendo cuestionados. La vivienda se encuentra en proceso de mercantilización en una economía cada vez más rentista y turistificada.

El avance de las universidades privadas, la desaparición de aulas en las escuelas públicas, el deterioro de los centros públicos de FP y la degradación de la sanidad pública andaluza profundiza la desigualdad histórica sufrida por las clases populares andaluzas. Sin una buena educación será difícil para mucha gente conseguir un empleo digno. Además, la carencia de una vivienda propia o de un alquiler asequible hace que se degraden las condiciones de vida de las andaluzas y los andaluces. Así mismo, la destrucción de nuestra sanidad hace más vulnerables nuestras vidas, tanto o más que nuestro sector primario y la estructura económica extractivista, intensiva y dependiente.

En este escenario político, es hora de retomar el espíritu del 4D, una marea blanca y verde de convocatoria por Andalucía que confronte en el plano internacional los retos estratégicos de la economía desde nuestra tradicional posición periférica en el Sur de Europa y, en clave nacional, confrontar el programa de restauración conservadora de PP y Vox y los poderes económicos que no solo repiten la historia como un mantra, sino que replican en nuestra tierra un sistema político clientelar en favor de la oligarquía y el caciquismo, ahora al servicio del tecnofeudalismo y el capital financiero especulativo. Nos encontramos, por todo lo expuesto, ante un contexto peligroso donde un nuevo gobierno reaccionario puede llevar a cabo derivas autoritarias desde los aparatos policiales, judiciales y mediáticos contra las izquierdas, los sindicatos, el feminismo y las personas migrantes.

Además de todo esto, estamos en un contexto belicista, donde una parte del establishment europeo (el Partido Popular europeo y los partidos de la internacional socialista) está escalando en un proyecto de rearme militar de Europa que profundiza nuestra subalternidad respecto a los intereses imperialistas norteamericanos, que implicará un recorte de derechos y libertades hacia las posiciones críticas con la guerra imperialista, que llevará a cabo la reducción del gasto en servicios públicos para derivarlo a la industria militar norteamericana y que encarecerá los precios de los alimentos y los servicios básicos, como consecuencia de la inestabilidad económica y de la inflación derivadas de todo contexto bélico. Pero además nuestra Andalucía está situada en un terreno geográfico estratégico como es el estrecho de Gibraltar, minada además por bases militares como son Rota, Morón, por colonias de enclave como es Gibraltar y con más de veinte instalaciones militares del ejército español. Esto hace de Andalucía un territorio especialmente vulnerable a la política imperialista americana socavando nuestra cultura de paz, nuestro ethos barroco, la forma tradicional de hibridación y hermanamiento con las culturas del Mediterráneo.

La sociedad andaluza, por historia y cultura, por identidad, ha mantenido estrechos vínculos económicos y culturales con los países del sur global, en especial del Norte de África y de América Latina. Pero ello no se ha traducido en un proyecto político de proyección y solidaridad internacional. En los nuevos tiempos de transformación de la geopolítica mundial, del sistema-mundo es hora de repensar Andalucía como vanguardia de una nueva política y proyecto de progreso. Es hora de que el conjunto de las organizaciones políticas de la izquierda andaluza establezca una agenda y un proyecto político común para cambiar nuestras vidas, para construir una alternativa de futuro basado en la cultura de paz, en las señas de identidad andalucistas, en la memoria de las luchas y frentes culturales que ha liderado el pueblo andaluz. Ha llegado el momento de “andalucizar” la izquierda y conformar un polo unitario de construcción colectiva de un nuevo tiempo y representación política de Andalucía a nivel autonómico y estatal. El andalucismo, en otras palabras, debe ser un eje articulador central que dé contenido a la marea verde de la educación, la blanca de paz y defensa de la sanidad, y morada con la vindicación de la lucha del movimiento feminista, junto a la histórica composición del movimiento obrero que ha marcado las señas de identidad de las principales fuerzas de la izquierda real andaluza.

La lucha por la democracia, los derechos y la soberanía no puede librarlo solo un partido, ni solo una organización social o sindical. La situación requiere de la construcción de una gran confluencia de izquierdas, que en el marco de un estado federal, tenga una clara orientación andaluza, territorial, democrática y desde abajo, que se enfrente a los grandes retos que ahora mismo están enfrentando las clases populares y trabajadoras en Andalucía: el acceso a la vivienda, la sanidad y la educación pública, así como poner freno a la escalada bélica. No se trata únicamente de un proceso de tacticismo electoral, sino de la formación de una marea de mareas, una confluencia de movimientos, partidos y organizaciones hacia un bloque andaluz y popular.

Hacemos un llamamiento a las fuerzas políticas progresistas, a militantes, activistas, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil para conformar este proyecto común de alternativa política para nuestra tierra priorizando no solo la coalición política, sino la conformación de un proyecto unitario de largo aliento que trabaje por emancipar nuestra tierra y definir un horizonte de futuro según el principio de esperanza.

Es hora de constituir un frente amplio andaluz: POR ANDALUCÍA, POR LOS PUEBLOS EUROPEOS, POR LA HUMANIDAD.

Javier GARCIA FERNÁNDEZ. Historiador. Espacio República Andalucía

José Antonio JIMÉNEZ. Portavoz de Iniciativa del Pueblo Andaluz.

Francisco SIERRA CABALLERO. Diputado por Sevilla. Congreso de los Diputados.

Universidad y autonomía

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El conocimiento ni se compra ni se vende. Toda forma de aprendizaje exige una mediación abierta, y el dominio público de socialización de los saberes, de la ciencia y la tecnología. Por ello, el derecho constitucional a la educación presupone tanto la garantía de acceso universal como la calidad del servicio público, condición esencial para la formación de la ciudadanía y, menos común cabe observar en el actual debate sobre la privatización de la universidad, necesario también para el desarrollo económico y social.

En congruencia con tales principios, son imprescindibles políticas públicas activas que contribuyan a reforzar la red de universidades públicas en todo el territorio desde el punto de vista de su organización y financiación sostenible. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de países de la UE, en España, a lo largo de las dos últimas décadas, se ha experimentado un crecimiento desmesurado de las universidades privadas sin un crecimiento de población o la demanda real efectiva, dando lugar a un desequilibrio y dinámicas de desarrollo que socavan el principio constitucional de acceso universal a una educación de calidad. La acción de gobiernos autonómicos del PP/Vox y la inacción del Ministerio han derivado en una proliferación de centros comerciales, de institutos técnicos habilitados para la expedición de títulos sin homologar de facto los requerimientos legales que exige la norma.

Como resultado, se observa un alarmante proceso de deterioro del sistema de educación superior que cuestiona el derecho de acceso a la educación de calidad, así como el propio marco normativo vigente. Tal deriva no es una casualidad. Forma parte de un proyecto neoliberal largo tiempo anhelado por el capital desde la gloriosa década de los ochenta.

De la OCDE al Informe Bricall, la banca y las grandes corporaciones han venido desplegando diversas estrategias de presión para minar las dos bases del Estado de bienestar: la sanidad pública y el sistema educativo. La conversión en negocio de la educación formal, primero de la enseñanza obligatoria, y ahora, de forma intensiva, en el ciclo superior, tanto por lo que se refiere a la formación profesional como a los estudios universitarios, viene haciendo realidad, como consecuencia, la imposición de un modelo de acceso selectivo a la educación que socava el principio de igualdad.

Llama la atención que, en el debate mediático, algunos actores defensores de los intereses del Banco Santander o de la propia universidad corporativa expongan a través de sus portavoces y terminales mediáticas la legitimidad de las universidades privadas, la decadencia y desactualización de los centros públicos e, incluso, la prueba del algodón que justifica todo tipo de tropelías, que gran parte del Gobierno se ha formado en universidades privadas, eludiendo, en una artimaña retórica poco digna, abordar por qué proliferan las universidades privadas y por qué han abierto sin informe favorable centros de dudosa cualificación institucional. Igualmente, se ignora en la actual polémica mediática que por décadas las universidades públicas han sufrido una asfixia y falta de transferencia de fondos suficientes para su operatividad en beneficio de las privadas, por una suerte de competencia desleal según la cual la universidad pública debe ser evaluada, atender múltiples exigencias de productividad, cumplir con los controles internos y externos establecidos, y devolver a la sociedad conocimiento, cultura y transferencia de saber social acumulado, sin que los operadores del mercado, los centros de educación superior comerciales, cumplan, por lo general, los requerimientos mínimos que dan rango de universidad a la actividad de formación superior.

Así, con informes desfavorables y saltándose la ley, gracias a la colaboración del PP, en la última década hemos llegado a ver en comunidades como la de Madrid superar a la oferta de plazas públicas, o en Andalucía aprobar campus como UTAMED, autorizados pese a informes en contra de la agencia de calidad que vela por los estándares del sistema. La reciente investigación hecha pública por CCOO detalla que la matrícula de estudiantes en grados y másteres en universidades públicas ha disminuido un 18% desde 1999, lo que se traduce en una pérdida de uno de cada cinco estudiantes en los últimos 25 años, con la consiguiente transferencia a las universidades privadas, especialmente en el ámbito de la educación a distancia, donde la universidad pública solo cuenta con la UNED, en contraste con las seis universidades privadas que tienen esta modalidad.

Así, las matrículas en universidades privadas han crecido un 368% desde 1999, especialmente en programas de máster no presenciales. El número de matrículas en másteres privados creció un 69% desde el curso 2015-2016, con un aumento considerable en los programas a distancia. El Real Decreto 640/2021 que el gobierno presentó como escudo contra las universidades chiringuito se ha mostrado, a todas luces, insuficiente ante tal deslealtad institucional, y la prevalencia del capitalismo de amiguetes que cultiva la derecha en nuestro país sigue abonando una deriva que impugna la propia esencia, la razón de ser, de la Universidad.

El artículo 27 de la Constitución, que exige un sistema público de calidad accesible al servicio del desarrollo del Estado y de las comunidades autónomas, ha quedado en papel mojado por el imperio del ánimo de lucro que discrimina quién aprende y quién no tiene acceso a la formación superior en función de la renta o el distrito postal en el que vive. Mientras, los tertulianos y gacetilleros de ocasión niegan lo fundamental en el actual debate: el proyecto restaurador y clasista del pogromo neoliberal que tiene por objeto, como con las pensiones y la sanidad pública, la captura por el capital financiero de un derecho fundamental para la democracia con el fin de garantizar el proceso de acumulación por desposesión. Siguen para ello el guión trazado por Wall Street, y llegan incluso a poner como ejemplo las universidades estadounidenses como referencia, ignorando que este sistema es un fallido caso contrafáctico, que hay un endeudamiento desmesurado de las familias en su esfuerzo por ir a las mejores universidades, que la precariedad y el desempleo del profesorado es elevado, y que hay territorios e incluso estados sin universidades públicas en condiciones para una buena formación por la prevalencia de la mercantilización del derecho a la educación.

Tampoco nos cuentan que aquellos países que adoptaron ese modelo, Chile, por ejemplo, terminaron en un estadillo social por la ruina heredada de padres a hijos en el acceso a la universidad, sin garantía alguna de un empleo suficientemente remunerado para cubrir la deuda familiar. Así que habría que advertir a la ciudadanía de que el reto que tiene España por delante no es el de los rankings y otros indicadores importados de países donde prima el negocio vulnerando derechos. La disyuntiva, hoy por hoy, es asumir el modelo Trump/Pinochet de segregación clasista y disfuncional o persistir en el modelo continental de la formación humboltiana o francesa, reforzando nuestro sistema público con recursos y políticas consistentes. En juego está la democracia y el desarrollo del Estado, el principio de autonomía ahora que tanto se habla en la UE de independencia y soberanía estratégica.

De no actuar los poderes públicos, asistiremos al lamentable espectáculo de la compra y venta de universidades por fondos de inversiones como BlackRock especulando con el futuro de las nuevas generaciones, cuando lo especulativo debiera ceñirse a la noble tarea de pensar libremente, de contribuir al progreso general del conocimiento, de instruir, formar y divulgar el saber social acumulado para todos. Ya no vale la promesa de que se revisarán y endurecerán los criterios de creación de nuevas universidades. No queremos una educación superior en venta. Pues sabemos que el conocimiento es un bien común, no un privilegio, y como tal han de velar por ello tanto el Gobierno central como las autoridades autonómicas. No como hasta ahora, que el gasto en educación superior en España está un 20,7% por debajo de la media de la OCDE. La Conferencia de Rectores viene advirtiendo de esta anomalía hace décadas sin respuesta alguna.

Es tiempo, pues, de tomar la iniciativa y adoptar medidas que atajen radicalmente un problema estructural, tal y como hemos formulado como grupo parlamentario en la Comisión de Ciencia y Universidades en favor de una moratoria en la creación de universidades privadas, con la correspondiente modificación legislativa para exigir el carácter vinculante del informe preceptivo de la Conferencia General de Política Universitaria y un mayor control de la ANECA sobre las instituciones privadas de educación superior, tratando al mismo tiempo de avanzar en la planificación democrática de la enseñanza universitaria con un mapa estatal de titulaciones, necesidades y desequilibrios de la oferta formativa a fin de acometer aquellas carencias que el sistema público tiene hoy por hoy, dado que hemos de garantizar el derecho universal a la educación pública y gratuita. En otras palabras, ni gente sin plazas ni plazas sin gente.

La universidad en España requiere políticas congruentes que avancen en la internacionalización y la democratización del conocimiento. Y la opinión pública un mayor esfuerzo de reflexividad y de documentación sobre las falencias y límites de la actual política universitaria. En suma, menos ruido y algarabía y mayor criterio. Cuando derechos fundamentales se vulneran injustificadamente por hacer caja, no hablemos de democracia ni de la Constitución. La anatomía política de este trampantojo es evidente. Y el común de la ciudadanía empieza a constatarlo. Universidad rima con Autonomía, la del sujeto universal de la educación y la de la propia institucionalidad del sistema público. Lo contrario a ello, la legitimación del reino de la mercancía, es pura farfolla.

Mileistas

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Hoy que vivimos rodeados de medios zombis que disimulan que nada acontece mientras discurre el colapso del sistema y se acumulan los cadáveres, en una suerte de remake de la matanza de Tejas en forma de genocidio en Gaza santificado por los cuatreros de la internacional televangelista, la lectura de Monstruos del mercado, de David McNally, se torna del todo pertinente. No sólo aporta claves para entender este capitalismo vampírico de la globalización neoliberal y tecnofeudalista que, con sus excrecencias y figuras terroríficas, nos consume y devora sin mediación posible. Aporta además una cartografía para deconstruir la anatomía política del mielismo o la barbarie de la espectralidad fantasmática de lo monstruoso, y no porque Milei sea, como se dice coloquialmente, un fantasma, más bien un personaje del Mago de Oz, sino porque su política de terror, con motosierra de Viernes 13, es en realidad, como designa la palabra, una advertencia de la aporofobia y la criminalización de la protesta que Bauman ya describió como lógica consustancial al neoliberalismo y que, añadiríamos nosotros, marca el origen de la modernidad capitalista. Estos días de descanso con la familia en Argentina hemos corroborado estas tesis sobre el horror, la política del miedo y la proyección espectral de los herederos de Reagan, viendo cómo se reprimía duramente a los pensionistas al tiempo que se calificaba a los diputados del Congreso de degenerados por aprobar medidas de subida de las prestaciones jubilatorias. La teatralización de Milei no es casual, como las escenas altisonantes de Vox y el PP en el Congreso. Son siempre escenificaciones perversas de la política de lo peor. Una representación de la disciplina de clases, de la guerra contra los pobres, de la estética punitiva, de la dominación como norma.

En este marco cabe comprender la matriz primigenia del discurso de la monstruosidad como la forma secular de la creación de un marco naturalizado de dominación de unas relaciones sociales degeneradas, codificando, por una suerte de inversión semiótica, todo derecho de la mayoría como corrupción, como una cosa deforme y siniestra. Lo más sorprendente es la fascinación, de fascio, que esta lógica discursiva tiene en la mayoría, no tanto por su dimensión nacional-popular de lo tragicómico-grotesco como la efectiva proyección abismal de lo terrorífico. Es la forma de mediar, en el lenguaje y los medios, las tensiones del capitalismo tecnofeudal contra la plebe, la morralla, el perral, los bárbaros o la manada, sea esta MENAS o los okupas. La misma racionalidad perturbadora tiene el discurso de Trump en campaña sobre migrantes que comen mascotas apelando a un difuso espíritu maligno, un espectro informe, bestial y amenazador, una turba caníbal que proyecta la potencial y fantasmática ola destructiva de la turba inmunda. Más allá de la disonancia cognitiva y el evidente desplazamiento sistemático de la realidad por la retórica de góticos relatos, ambos actores políticos, y en general la ultraderecha voxiferante, recuperan la voz de Burke y su discurso contrarrevolucionario, de clara violencia simbólica, contra las clases subalternas para ocultar el pogromo del capital financiero con sombras funestas. Soterrado persiste una economía política de la explotación intensiva sin contención, precapitalista, tecnofeudal diríase, que recupera tropos del desmembramiento y la anatomía política del cuerpo con formas autoritarias de disciplinamiento. Ahora, no todo es relato. Para que estos discursos resulten efectivos siempre es preciso, bien lo saben los Mileistas, el liberticidio. No hay proceso de restauración conservadora sin teratología informativa. En los últimos meses, Milei (no hablamos de España para no cansar) ha desplegado una batería de medidas para acallar voces. Una de ellas ha sido la intervención de la Defensoría del Público, una institución creada por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La medida en contra de los derechos de la ciudadanía y las libertades públicas con procedimientos irregulares y al margen del marco normativo y del propio espíritu de la ley que regula la creación y funcionamiento de toda institución de dominio público ilustra bien lo que representa un claro retroceso democrático y una anomalía desde el punto de vista del derecho. La anatomía política del despotismo y la excrecencia de lo monstruoso en el discurso de lo degenerado a lo Milei no admite anomalía democrática alguna, por definición esto, paradoja doble del bucle recursivo, es propio de castas y bestias insaciables. De ahí el estado de excepción como norma. Suspensión del derecho, supresión de instituciones garantistas, vulneración del principio de autonomía institucional, intervención arbitraria de organismos fiscalizadores y, para reforzar el bucle despótico, una estrategia de amedrentamiento de las organizaciones gremiales, académicas y culturales de la sociedad civil del sistema nacional de comunicación.

De paso el presidente de Argentina, por decir algo, ha aprobado una norma restrictiva de acceso a la información pública de la Casa Rosada, vulnerando el principio de transparencia. Pues de ello se trata, no hay novela gótica de terror sin penumbra que enrarezca y oscurezca el escenario. En la cultura del oculocentrismo contra la ilustración, esta poética del horror y del cerco informativo, junto al discurso del odio patológico, forma parte de la guerra de clases, que además de nublar el juicio e inhabilitar toda posibilidad de conocimiento, proyecta sobre el otro formas abyectas de dominación, de confusión de lo público en manos de lo privado, de privatización de la opinión pública por la dinámica de la separación del desquiciado proceso de fractura del cuerpo político, siguiendo con las metáforas de la anatomía. Toca pues producir una suerte de Scary Movie, reírnos de la retórica terrorista como una mala película de serie B, apenas una mala pesadilla, sobre la que podremos recordar y resistir, abonar la alegría del inframundo, mostrando los cuerpos de lo que el orden de Milei considera deforme y degenerado, proyectar públicamente, en fin, la ética del sufrimiento con canto sin cuentos fúnebres. La ironía y el humor son, ciertamente, el más poderoso dispositivo, junto al amor, para una pedagogía de la esperanza. Así que frente a Milei, más Gila o Capusotto, que no somos gilipollas, ni pelotudos, y cuando nos hinchan las bolas, salimos a la calle de carnaval, con batucadas, para hacer vibrar, con otra forma de temblor, los tambores de guerra anunciando que estamos locas del coño y vamos a por ellos, la verdadera casta, para que el miedo cambie de bando. En el cementerio de lo real, de las luces y sombras conocemos bien todo tipo de deformaciones e inversiones semióticas, sabemos cómo son las cosas, y ya no nos da miedo cantar ni contar lo que duele.

Ciclo de conferencias “¿Fin de la Década Ganada?: Retos y Perspectivas ante el Retorno del Neoliberalismo en el Siglo XXI” organizado por el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) y el Centro Estratégico Latinoamericano para la Geopolítica (CELAG).