Varios diputados, entre ellos Francisco Sierra, de Izquierda Unida, han registrado en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas dirigidas al Gobierno para exigir explicaciones sobre el retraso en la aplicación en España del Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación (EMFA), en vigor desde mayo de 2024 y plenamente aplicable desde agosto de 2025.
La iniciativa parlamentaria, presentada por el grupo plurinacional Sumar al amparo del reglamento de la Cámara, advierte de que la libertad, pluralidad e independencia de los medios de comunicación constituyen pilares esenciales para la salud democrática. En este sentido, subraya que sin medios públicos “fuertes, autónomos y sometidos al interés general” no puede garantizarse un debate público libre ni el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz.
Retraso en la adaptación normativa
Los diputados denuncian que, pese a los avances normativos anunciados en los últimos años, España arrastra un “retraso evidente” en la implementación efectiva del reglamento europeo. Este marco comunitario obliga a los Estados miembros a reforzar la protección del pluralismo, la independencia editorial y la transparencia en la financiación de los medios.
El Gobierno presentó en septiembre de 2024 un Plan de Acción por la Democracia con medidas para adaptar la legislación nacional, como la creación de un registro de medios o la publicación de la inversión en publicidad institucional. Posteriormente, en julio de 2025, aprobó un proyecto de ley sobre gobernanza democrática en servicios digitales y medios de comunicación, actualmente en tramitación parlamentaria.
Sin embargo, los firmantes consideran que estas iniciativas no han sido suficientes para garantizar el cumplimiento pleno del reglamento europeo, especialmente en lo relativo a la protección de los medios públicos frente a injerencias políticas o económicas.
Dudas sobre el papel de la CNMC
Uno de los puntos clave señalados es la falta de desarrollo de las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, organismo que debería asumir funciones de supervisión y control en este ámbito.
Según recuerdan, la propia presidenta del organismo ya advirtió en sede parlamentaria de que el proyecto legislativo en curso no incorpora plenamente algunas exigencias del reglamento europeo, como las garantías para el funcionamiento independiente de los medios públicos o la supervisión de la asignación de fondos públicos en publicidad institucional.
Ante esta situación, los diputados preguntan si el Ejecutivo prevé dotar a la CNMC de los recursos humanos, financieros y estructurales necesarios para ejercer eficazmente estas funciones.
Exigencia de medidas urgentes
La iniciativa reclama al Gobierno que concrete cuándo adoptará las medidas normativas, orgánicas y presupuestarias necesarias para cumplir con el reglamento europeo, cuya aplicación es obligatoria.
Asimismo, se solicitan detalles sobre las actuaciones previstas para garantizar la independencia editorial de los medios públicos, incluyendo los procedimientos de nombramiento y cese de sus responsables, así como mecanismos que eviten injerencias políticas.
Los parlamentarios también instan al Ejecutivo a definir sistemas de supervisión y coordinación, en colaboración con comunidades autónomas y autoridades reguladoras, que permitan prevenir represalias contra profesionales de la información o vulneraciones de la libertad de prensa.
Un contexto de preocupación democrática
La iniciativa se enmarca en un contexto que los diputados califican de “especialmente delicado”, marcado por la desinformación, la presión sobre periodistas y el debilitamiento de las garantías democráticas en el ámbito comunicativo.
En este escenario, consideran que la aplicación efectiva del reglamento europeo no solo responde a una obligación legal, sino que constituye una “responsabilidad democrática” para proteger el derecho a la información y reforzar la calidad del sistema democrático.
