IU reclama a responsables de varios ministerios que aclaren por escrito con qué medidas concretas van a responder a la “guerra híbrida” planteada por Marruecos en Ceuta

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El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Enrique Santiago, junto a los también diputados de esta formación Francisco Sierra y Fèlix Alonso plantean en una iniciativa registrada en el Congreso si se “revisará la política de ciberseguridad como política de Estado integrada en la seguridad nacional, desde una visión integral y autónoma respecto de intereses contrarios a nuestra soberanía que, desde Estados Unidos y la OTAN se vienen imponiendo”.

Alertan igualmente de que el régimen israelí ha utilizado a representantes diplomáticos y analistas de conveniencia en foros internacionales “para calificar a Ceuta y Melilla de ‘enclaves coloniales anacrónicos’, buscando equiparar la presencia de España en África con la ocupación de territorios en Oriente Próximo y deslegitimar la autoridad moral de Madrid”.

Los diputados de Izquierda Unida Enrique Santiago -portavoz parlamentario de la formación-, Francisco Sierra y Fèlix Alonso han registrado una iniciativa en el Congreso para que los máximos responsables de varios departamentos del Gobierno expliquen con detalle distintas cuestiones vinculadas a las denominadas “formas de guerra híbrida no convencional”, puestas en marcha e intensificadas con ocasión de la entrada masiva de decenas de miles de migrantes.

Entre los temas concretos de los que se piden explicaciones tras las evidencias constatadas en este ‘ataque híbrido’ está saber si al máximo nivel del Ejecutivo se prevé “revisar su política de ciberseguridad como política de Estado integrada en la seguridad nacional, desde una visión integral y autónoma respecto de intereses contrarios a nuestra soberanía que, desde Estados Unidos y la OTAN se vienen imponiendo”.

Además, la iniciativa que impulsa IU en el Congreso plantea si se va a “fomentar la creación y consolidación de empresas españolas de ciberseguridad, así como priorizar las tecnologías desarrolladas en el ámbito europeo o nacional, especialmente en sectores sensibles para la seguridad nacional, impulsando empresas públicas o de capital mixto con participación mayoritaria del Estado y evitando el modelo dominante liderado por Palantir Technologies”, compañía privada de EEUU especializada en análisis de macrodatos y la industria de guerra.

Los diputados Santiago, Sierra y Alonso advierten de que la “hostilidad” vista en los sucesos de Ceuta se caracteriza por “el ejercicio de una fuerte presión coercitiva -migratoria, diplomática y digital-, manteniéndose justo por debajo del umbral que justificaría una respuesta militar convencional” y que el análisis crítico de este escenario “no puede desvincularse del triángulo estratégico formado por Marruecos, Estados Unidos e Israel, una relación consolidada bajo los Acuerdos de Abraham y que afecta directamente a la posición geopolítica de España”.

“Con apoyo explícito de Estados Unidos e Israel -añaden en el texto-, Marruecos ha perfeccionado el uso de tácticas asimétricas para avanzar en sus objetivos soberanistas y contribuir a la presión y al control político estratégico”.

Ante ello, la pregunta registrada para su respuesta por escrito pide a los departamentos competentes del Gobierno que aclaren si revisarán el “alineamiento de la política nacional con los marcos europeos e internacionales de la Unión Europea, trascendiendo el marco de la Alianza Atlántica en favor de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), así como actualizar la política común de seguridad y defensa con miras a una visión de la ciberseguridad humana, integral y no dependiente”.

Interrogan también sobre si “dispone el Gobierno de alternativas de cooperación multilateral que permitan reforzar ejes de actuación con los BRICS y otros socios fiables frente a la actual dependencia de la red de proveedores de Estados Unidos e Israel”.

Izquierda Unida considera que la naturaleza de esta ‘guerra híbrida’ practicada en los sucesos de Ceuta radica en la “explotación deliberada de la denominada ‘zona gris’, un espacio de conflicto en el que el Reino de Marruecos ejerce una fuerte presión coercitiva sin recurrir al uso de la fuerza militar convencional ni declarar una guerra abierta”.

“Su objetivo principal -detalla la iniciativa parlamentaria- no sería la conquista territorial inmediata, sino la desestabilización política, el chantaje institucional y la obtención de concesiones geopolíticas mediante el socavamiento de las estructuras del Estado a través de diversas acciones”.

Entre ellas se cita como “principal” la “instrumentalización de los flujos migratorios masivos”, ejecutada en la práctica a través de la “apertura de los espigones” mediante la “inacción deliberada o la facilitación logística” de Marruecos; la “utilización de la población migrante como vector de presión” y una “ambigüedad calculada” con la que “el régimen alauita elevaría la tensión y, de forma paralela, se ofrecería como el único ‘socio indispensable’ capaz de resolver la crisis, forzando concesiones económicas o políticas de la Unión Europea y de España”.

A todo ello se añaden los “bloqueos comerciales”, con el cierre “intermitente o definitivo de las aduanas comerciales, que buscaría asfixiar la economía local de Ceuta y Melilla”, la “presión institucional” y la “guerra digital y ciberespionaje”, con el “uso previo de tecnologías de inteligencia, como el programa israelí Pegasus para intervenir los teléfonos de miembros de la cúpula del Gobierno”, a modo de ejemplo.

Apoyo directo del régimen israelí al marroquí

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Enrique Santiago, junto a Francisco Sierra y Fèlix Alonso advierten igualmente de que el régimen israelí ha utilizado a representantes diplomáticos y analistas de conveniencia en foros internacionales “para calificar a Ceuta y Melilla de ‘enclaves coloniales anacrónicos’, buscando equiparar la presencia de España en África con la ocupación de territorios en Oriente Próximo y deslegitimar la autoridad moral de Madrid”.

“A cambio de la normalización diplomática con Marruecos -exponen-, Israel le proporciona sistemas de seguridad fronteriza, drones de vigilancia y sistemas de defensa antimisiles de última generación, como el sistema Barak MX”, capacidades que dotan a Rabat de “medios operativos avanzados para vigilar y presionar sus fronteras”.

Así, IU plantea también directamente si “tiene previsto el Ministerio de Defensa revisar y definir una política de contratación de armamento que reduzca la dependencia de Estados Unidos e Israel” y, no sin cierta ironía, interroga sobre si “considera el Gobierno suficiente la iniciativa de la vicepresidenta de la Comisión de crear un canal en TikTok y Meta destinado a combatir la desinformación y los bulos sobre Ceuta”.

 

¿Es EEUU una «amenaza» para la ciberseguridad de España? El Congreso y el Senado abordarán este debate abierto por Sumar

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Pocos días antes de que estallara la guerra de Irán, en la comisión mixta de Seguridad Nacional del Congreso y el Senado de España se puso sobre la mesa un debate que, diez días después, cobra mayor relevancia: ¿Es Estados Unidos una «amenaza» para la ciberseguridad de la Unión Europea y de España? La discusión, abierta por Sumar, fue despachada por PP y Vox que, con mayoría en este órgano, se negaron a señalar a un aliado miembro de la OTAN como un peligro para el país.

Desde octubre de 2024, las Cortes Generales trabajan, a puerta cerrada, en la elaboración de un informe sobre «las amenazas en el ciberespacio, en la era de la inteligencia artificial y la computación cuántica«. Más de 20 expertos -desde miembros de las Fuerzas Armadas a directivos de empresas tecnológicas- comparecieron durante este tiempo ante un grupo de diputados y senadores. Todo ello se condensó en un informe de 55 páginas, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, en el que se recoge el análisis de la situación actual y se plantean una serie de recomendaciones.

Sin embargo, el diputado de Sumar Francisco Sierra consideró que el documento está incompleto. Estados Unidos solo sale mencionado dos veces. Una para señalar que las «tecnologías críticas» utilizadas en España provienen, principalmente, de este país, de Israel y de China; la otra en una nota a pie de página. Así, registró varias enmiendas para incluir que EEUU es «una amenaza manifiesta» para la Unión Europea y para España. Todas ellas fueron rechazadas por PP y Vox, que suman 20 votos en la comisión, y respaldadas por PSOE y Sumar, que solo tienen 15 parlamentarios.

Argumentos encontrados

«La inmensa mayoría comparecientes alertaron de que las amenazas más sofisticadas proceden de grupos de ciberinteligencia vinculados a Estados. Se mencionan de forma reiterada las […] de origen ruso, chino, iraní y norcoreano«, asevera el informe elaborado por la ponencia y que aún deberá ser ratificado más adelante por la comisión mixta de Seguridad Nacional.

En este sentido, Sierra planteó incluir una línea más: «Pero también de Estados Unidos, que desde Echelon [una red masiva de espionaje creada en la década de 1960] a nuestros días, es una amenaza manifiesta para la UE y nuestro país«. Sierra, en conversación con este diario, sostiene que el PP se opuso a esta enmienda bajo el argumento de no contribuir a la escala verbal con EEUU, mientras que fuentes parlamentarias populares sostienen que su negativa se debió a no querer señalar a un país aliado como amenaza, equiparándolo a países como Corea del Norte.

Esta no fue la única propuesta planteada por Sierra. En otro apartado, relativo a la «desinformación y propaganda», se advierte de que las «campañas de influencia digital se han convertido en un instrumento geopolítico y criminal de enorme impacto» y nuevamente se señala a Rusia, China e Irán como los «protagonistas de esta modalidad delictiva». La propuesta del diputado de Sumar, también rechazada, fue señalar a EEUU, desde sus empresas a la administración de Donald Trump, para avisar de su «clara hegemonía y control de la ciberseguridad como principal amenaza» para Europa y España.

La dependencia tecnológica

A lo largo del documento se hace referencia también a la dependencia de España de tecnología extranjera. Así, se plantea la necesidad de «fomentar la creación y consolidación de empresas españolas de ciberseguridad, así como priorizar tecnologías desarrolladas en el ámbito europeo o nacional cuando sea posible».

El matiz que planteó Sierra en este caso es el impulso de empresas públicas o de capital mixto con participación mayoritaria del Estado para evitar «el modelo dominante liderado por Palantir Technologies«. Esta empresa, filial en España de una de las grandes tecnológicas estadounidense, tiene adjudicado un contrato de Administración General del Estado por más de 16 millones de euros para la contratación de «una solución de fusión y análisis de inteligencia en el ámbito del Sistema de Inteligencia de las Fuerzas Armadas».

En la misma línea, el informe identifica esta dependencia como un «factor de vulnerabilidad en un contexto de tensiones geopolíticas y de utilización del ciberespacio como instrumento de presión». A lo que Sierra pretendía añadir que esto implementado por «Estados Unidos e Israel». Todos estos cambios fueron rechazados por PP y Vox. Hubo un quinto, al que también se opuso el PSOE, porque hacía referencia al hub de Defensa instalado en Aragón.