Sumar pide a RTVE que no venda «motos de la OTAN» y levante el veto a la información sobre el Sáhara

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Izquierda Unida, integrada en el grupo plurinacional de Sumar, pedirá el lunes al presidente de RTVE José Pablo López que la corporación deje de “vender motos de los kit de supervivencia” de la OTAN y levante el veto a la información sobre el conflicto del Sáhara Occidental en la programación del ente público. Trasladará el ruego aprovechando su comparecencia periódica en la comisión mixta de control parlamentario de RTVE.

“Hay que exigir que los medios públicos cumplan su labor de defensa de la paz, del derecho internacional humanitario y que no nos vendan relatos y motos de la OTAN sobre el kit de supervivencia”, señaló Francisco Sierra, diputado de Sumar, en la jornada “Cómo poner el conflicto saharaui en la agenda informativa” celebrada este viernes por la asociación Frontera Cero en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla.

Sierra, portavoz de Sumar en la citada comisión mixta, calificó a la OTAN de “organización criminal terrorista que vulnera sistemáticamente el derecho internacional y que debiera haber desaparecido hace tiempo” y que, a su juicio, “opera en guerras como la de Ucrania para destruir la Unión Europea como competidor”. “Nosotros como Izquierda Unida, como grupo parlamentario de la izquierda plurinacional, hemos sido claros y tajantes a este respecto”, deslizó Sierra, catedrático de teoría de la comunicación de la universidad hispalense.

“El lunes tenemos una sesión de control de RTVE y justamente voy a exigir al presidente de la corporación que se acaban los kit de supervivencia y que hable de lo esencial: del derecho humanitario del pueblo saharaui, del derecho humanitario del pueblo palestino, es decir, de la hoja de ruta que marca la Unesco y el propio libro estilo de RTVE”, avanzó. “Se debe fomentar el diálogo entre los pueblos, la cultura de paz y la defensa de los derechos humanos. Ahí tenemos un frente por desarrollar, porque aunque hay editores que toman decisiones contrarias y establecen cercos, los redactores tienen una grieta donde podemos intervenir en la creación de fuentes”, apuntó al abordar los diez ejes sobre los que considera que se puede actuar para situar en la agenda informativa conflictos invisibles como el del Sáhara Occidental.

La «segunda traición» del PSOE y el veto en RTVE

Durante su intervención, Sierra denunció lo que considera el veto existente en la televisión pública para informar sobre el Sáhara Occidental, en el marco de un histórico cambio de posición en el conflicto del Sáhara Occidental que calificó de “segunda traición” del PSOE a los saharauis tras la inicial de Felipe González. “El bloqueo informativo y la propaganda marroquí ha relegado prácticamente el conflicto del Sáhara Occidental. No está en la agenda de la prensa internacional y evidentemente la presión sobre Marruecos para cumplir las resoluciones de la ONU es inexistente porque un problema que no se enuncia ni aparece deja de ser un asunto público, por tanto, no hay acción política”.

“Se ha logrado la deslegitimación de la causa en los medios por razones incluso espurias. Si hablamos de la prensa española, por razones de realpolitik. Es tanto como decir que con la Realpolitik no debe haber derecho alguno, internacional, humanitario, ni derecho público por razones pragmáticas. Se trata de un disparate pero a esos extremos se ha llegado en las diferentes tertulias. Y la censura de la violación de derechos humanos y los territorios ocupados perpetúa la impunidad de Marruecos, silenciando la voces de activistas, especialmente de valientes mujeres y la lucha en general del pueblo saharaui y de las organizaciones sociales de solidaridad y de activismo que defienden una causa justa. Esto ha tenido coste también para el Estado español”, detalló.

El silencio de su socio de coalición, advirtió Sierra, está vinculado a una posición más general en asuntos internacionales y de apuesta por las alianzas tradicionales. “El PSOE históricamente ha mantenido una posición otanista y de apuesta por la guerra. Tenemos que avanzar en este escenario en el que por fin han descubierto y han visto la luz muchos europeos, incluso de derechas, de que no somos aliados de Estados Unidos y que no somos fiables para Estados Unidos”, arguyó.

El «sector derechista» del Gobierno de coalición

Sierra presumió del papel de Izquierda Unida en la rescisión del contrato del ministerio del Interior con una empresa militar israelí para la compra de munición.”En el caso de Gaza la acción de Izquierda Unida ha garantizado no solo lo que sucedió esta semana, sino que muchos de los atraques que hay de barcos con dirección a surtir de armamento la guerra contra el pueblo de Gaza día a día se denuncien en la Audiencia Nacional”, subrayó.

Una labor que -considera- ha puesto en aprietos al “sector derechista del Gobierno”, representado por los ministerios de Defensa e Interior. “Tienen serios problemas y también Exteriores respecto a la posición en el genocidio que se está desplegando contra el pueblo palestino”, indicó.

Firme defensor del activismo para sacar del ostracismo causas como la saharaui, Sierra apostó por introducir sanciones contra la desinformación en el plan de acción que elabora el Gobierno. “Sanciones a los periodistas, con modificación de Código Penal, para que cuando desinformen, manipulen, cosa muy habitual en España entre la prensa, tengan responsabilidades penales, civiles que son insuficientes a día de hoy con todo lo que encontramos en los medios. Esto podría permitir que se sancionen a determinados medios y periodistas que han actuado como agentes de Marruecos en defensa de intereses ilegítimos desde el punto de vista del derecho internacional”, concluyó.

Sumar registra en el Congreso la ley que prevé un fondo estatal contra la exclusión en los barrios vulnerables

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El grupo parlamentario de Sumar ha registrado este miércoles en el Congreso de los Diputados la ley que persigue la creación de un fondo estatal que cada año destine cantidades suficientes en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para los barrios más empobrecidos del país. La iniciativa de esta norma parte de la oficina parlamentaria de IU en Andalucía, donde están las barriadas más desfavorecidas.

El diputado por Sevilla Francisco Sierra, junto con sus compañeros, lleva tiempo, como avanzó Público, manteniendo encuentros vecinales, de los que se han extraído las ideas fundamentales que ahora se plasman en la proposición de ley, que lleva por nombre Ley Integral de Barrios Vulnerables.

«Esta iniciativa cuenta con el apoyo de la Plataforma de Barrios Vulnerables, del movimiento vecinal, de sindicatos y organizaciones sociales que conocen de primera mano la situación extrema en los barrios pobres y que desde la izquierda plurinacional no vamos a dejar», afirma Sierra.

Para su aprobación la norma necesita de numerosos apoyos en el Congreso. Al respecto, Sierra manifestó: «Confiamos que en la tramitación de la ley las fuerzas de investidura de la mayoría del hemiciclo respalden esta iniciativa por justicia histórica y por necesidad social».

Fondo con cargo a los PGE

El texto registrado plantea la creación de lo que denomina «Fondo de Recuperación Urbana, Ambiental y Social de Barrios vulnerables». La finalidad es «llevar a cabo actuaciones de mejoramiento de las condiciones de vida de la población en los barrios y áreas urbanas que, por sus características sociales, económicas y ambientales, se identifican como áreas de atención especial».

Estos barrios son, analiza Sierra en conversación con Público, «territorios segregados y marginados por el Estado que requieren de una agenda social y de nuevas garantías legales». «Hablamos de una política integral y multinivel, participada e interseccional, una ley que exige un presupuesto mayor para estos barrios para acometer cambios en la cultura cívica, en el espacio urbano, en la seguidad y proyectos de vida de sus vecinos», agrega.

La proposición de ley no recoge una cantidad, tampoco un porcentaje respecto al PIB o a las cuentas. Sí expresa que «debe dotarse económicamente con el presupuesto anual del Estado» y añade que puede complementarse con «financiación autonómica y proveniente de la Unión Europea o de otras fuentes». Y establece además que «deberá siempre tener en cuenta el número de personas que viven en España en entornos urbanos vulnerables».

El Gobierno de España mantiene un Observatorio de la Vulnerabilidad Urbana, que, entre otras herramientas, contiene un atlas por secciones censales. Aún debe actualizarse con los últimos datos de 2021.

Los beneficiarios de esta financiación serían los municipios, «individualmente o de manera conjunta con otros municipios, así como las Diputaciones, cabildos u otros entes públicos de ámbito local». «La participación en el Fondo de Recuperación debe ser solicitada por dichos entes locales«, recoge el borrador presentado este miércoles.

La norma, de ser aprobada, establecería plazos de ejecución. Así, «cada una de las actuaciones financiadas debe ejecutarse en un […] máximo de cinco años desde la fecha de otorgamiento de la financiación, sin perjuicio de las prórrogas que puedan haber. Dicho plazo puede ampliarse a ocho años, siempre que al cabo de cuatro años se haya ejecutado o comprometido, salvo causas de fuerza mayor, el 50% del gasto».

Derechos humanos

«Desde el Grupo Parlamentario tenemos claro que lo prometido es deuda, decimos y hacemos y por ello desde la Oficina Parlamentaria de IU en Andalucía nos dimos a la tarea de diagnosticar la situación en los barrios, identificar retos de política pública y apostar por una ley que ayude a transformar el entorno urbano y social de barrios como Los Pajaritos o el Polígono Sur», afirma Sierra.

Justo este martes, la APDHA presentó su informe Pobreza Sur 2024: Barrios Olvidados. En él, se expone con toda crudeza, que «los barrios vulnerables son, cuantitativa y cualitativamente, el principal espacio de vulneración de los derechos humanos en Andalucía».

Las cifras indican que un tercio de la población en Andalucía vive en riesgo de exclusión, más de la mitad de la ciudadanía —el 57%— no llega a fin de mes y hasta un 43% de las pensiones que se cobraron en 2023 no superaron el umbral de la pobreza.

«En Andalucía se ha consagrado durante los últimos años un modelo productivo que condena a millones de andaluces y andaluzas a la pobreza y a la precariedad. Diez de los quince barrios más pobres de todo el Estado español se encuentran en Andalucía, así como son andaluces once de los 16 municipios con menos ingresos per cápita», se lee en el trabajo.

«Y la pobreza, tal y como se puede comprobar estadísticamente, repercute directamente en las condiciones de vida: nueve de los quince municipios con menor esperanza de vida se ubican también en Andalucía», agrega la ONG. «Es significativo y tremendamente alarmante que la esperanza de vida pueda variar en una misma ciudad, de un barrio rico a uno pobre, en casi nueve años», se añade.

SUMAR reclama en el Congreso una solución integral a los cortes de luz en los Barrios de Andalucía

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El diputado Francisco Sierra presenta en el plenario del Congreso de los Diputados la Propuesta de Ley sobre medidas urgentes para garantizar el abastecimiento energético en los barrios que están sufriendo cortes en el suministro de la electricidad y reforma integral de los barrios con menor renta.

Sumar lleva al Congreso medidas «urgentes» por los asentamientos de migrantes en Huelva

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El diputado nacional de Sumar Francisco Sierra ha visitado este viernes los asentamientos de personas migrantes en Lucena del Puerto (Huelva) para ver «el estado de cumplimiento de los acuerdos de Doñana» que añaden «mejoras a las condiciones de vida de los temporeros que viven en asentamientos» y ha anunciado que llevará al Congreso «medidas urgentes» para que «se cumplan los derechos humanos».

Leer más: https://www.europapress.es/andalucia/huelva-00354/noticia-sumar-lleva-congreso-medidas-urgentes-asentamientos-migrantes-huelva-20241122170222.html

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El Congreso aprueba «medidas urgentes» para garantizar la energía en el Polígono Sur, Los Pajaritos y Amate

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El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves, con 170 votos a favor, 144 abstenciones y 33 votos en contra, la proposición no de Ley promovida por Sumar en demanda de «medidas urgentes para garantizar el abastecimiento energético» en barrios con interrupciones en el mismo y la «reforma integral de los barrios con menor renta«, con mención expresa al Polígono Sur, Los Pajaritos y Amate, los barrios de menor renta neta media anual por persona según las estadísticas oficiales y donde Endesa y una auditoría externa encargada por la Junta atribuyen las incidencias a acometidas ilegales a la red para alimentar cultivos interiores de marihuana.

En dicho texto, fruto de una plataforma andaluza de trabajo ciudadano y recogido por Europa Press, Sumar señala que «Andalucía se enfrenta a la dramática realidad de tener los barrios más pobres de España», extremo que refleja el estudio anual de Indicadores Urbanos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que identifica a los barrios con menor renta, con este informe en el que anualmente Sevilla concentra seis de los 15 barrios de España con menor renta neta media anual por persona, con el Polígono Sur a la cabeza.

«Año tras año, los barrios más pobres de España son andaluces, lo que confirma el carácter estructural de la situación de exclusión social que padecen«, señala la proposición no de ley, agregando que «estos barrios sufren la falta de inversión pública, la segregación urbana, el paro y la precariedad laboral, la falta de servicios públicos, bajos niveles formativos, inseguridad ciudadana, graves problema con los servicios básicos esenciales, con cortes de luz, calles sin mantenimiento, deficiencias en la recogida de basura, etcétera, con una intensidad que vulnera los derechos humanos más elementales«.

Peticiones

Es por ello que con esta proposición no de ley, Sumar solicita que el Gobierno central, conformado por el PSOE y la propia coalición de izquierdas, emprenda «medidas para garantizar el abastecimiento energético a los barrios que están sufriendo cortes en el suministro de la electricidad por parte de las compañías eléctricas, así como para hacer efectiva la obligación que tienen de modernizar sus infraestructuras eléctricas«, pues en el caso del Polígono Sur, por ejemplo, mientras la empresa achaca los cortes a las acometidas ilegales a la red, los colectivos sociales le recriminan una supuesta falta de inversiones.

El documento de Sumar apuesta además por promover «un proyecto de ley de rehabilitación integral de los barrios con menor renta, tal como recogen los Indicadores Urbanos del INE».

Para ello, la coalición de izquierdas reclama «concretar e identificar los barrios prioritarios para las actuaciones integrales de regeneración y renovación urbana en función de los datos objetivos ofrecidos por el INE para llevar a cabo las actuaciones de rehabilitación global sobre el parque de vivienda social, especialmente sobre las viviendas construidas con anterioridad a 1980″.

«Medidas urgentes de regeneración»

«En todo caso», según la proposición no de ley, «se establecerán medidas urgentes de regeneración y renovación urbana para los tres barrios con menor renta de España: Polígono Sur, Los Pajaritos y Amate», todos ellos en Sevilla.

Esta proposición no de ley fue defendida el pasado lunes en el Congreso por el diputado sevillano de Sumar Francisco Sierra, quien lamentaba el «intolerable abandono histórico» que sufren múltiples barrios «ignorados» en Andalucía, con mención expresa a los «tres barrios más pobres» del país, localizados en Sevilla, por lo que llamaba a «cumplir» con la ciudadanía que «resiste y sobrevive» en estas barriadas, víctimas del «oligopolio eléctrico» y de autoridades que «no responden cuando se les requieren». Por eso, pedía «alternativas reales y concretas» para estos barrios.

En del debate plenario con motivo de las enmiendas promovidas por los grupos parlamentarios, Carlos Hernández Quero, de Vox, avisaba a los partidos de izquierda que «ya nadie les cree, y menos en los barrios» desfavorecidos, conectando la carestía de estos entornos urbanos con el supuesto empeño del Gobierno del PSOE y Sumar de «quitar músculo a la hacienda» nacional con la financiación singular de Cataluña, promovida por «la oligarquía separatista».

Por el PSOE, el diputado Lorenzo Cazorla exponía que las empresas suministradoras de energía deben «realizar inversiones» y en el caso de estos barrios, la Junta de Andalucía, gobernada por el PP, tiene la obligación de «vigilar y sancionar» los incumplimientos de estas empresas, en defensa de «los usuarios de buena fe».

Cazorla defendía que el Gobierno central cuenta con un plan nacional con 8.400 millones de euros para políticas de rehabilitación de vivienda y espacios urbanos, pero la Junta «demuestra que no tiene capacidad de gestionar» los fondos que se le conceden, como es el caso de los europeos, según sus palabras.

El tiroteo y las plantaciones

En el caso del PP, la diputada Sol Cruz-Guzmán argumentaba que la prioridad es solucionar «la falta de seguridad», porque «sin seguridad, no hay soluciones para el Polígono Sur ni para ninguno de estos barrios» desfavorecidos, lo que le llevaba a señalar el reciente tiroteo con «armas militares» en dicha barriada sevillana y el papel de los cultivos interiores de marihuana, con sus correspondientes acometidas ilegales a la red eléctrica, como clave de las interrupciones en el suministro de energía al saturar las redes de abastecimiento por su alto consumo.

Así, alertaba de que en Sevilla capital «faltan medio millar de policías nacionales», sin los cuales, según su opinión, esta proposición no de ley se limita a una mera «carta a los Reyes Magos», con lo que pedía al Gobierno central que instase al ministro de Interior, el socialista Fernando Grande-Marlaska, a que solucione dicho extremo.

La diputada de Podemos Martina Velarde alertaba por su parte de la «aporofobia y el clasismo de los medios y de algunos partidos» políticos, apostando por «mejorar los barrios y más derechos» en lugar de «pedir más policías», lo que le llevaba a avisar de que las interrupciones en el abastecimiento energético suponen «una vulneración de los Derechos Humanos».

Maribel Vaquero Montero, del PNV, mostraba la oposición de su grupo a esta iniciativa, explicando que aunque es necesario «promover más medidas en todos los ámbitos» para mejorar estos barrios, ya rigen «acuerdos» entre el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, para promover políticas de regeneración urbana y de viviendas con cargo a fondos europeos, con lo que a su entender no había quedado concretado «qué mejora supondría» crear una ley específica para ello; tras lo cual el diputado Francisco Sierra precisaba que Sumar sólo admitía la enmienda del Grupo socialista.

Sumar no logra limitar las universidades privadas

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La Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso rechazó hoy la proposición no de ley de Sumar que instaba a reformar las distintas normativas universitarias para que en la creación de nuevas universidades resultara vinculante un informe preceptivo de la Conferencia General de Política Universitaria.

Los votos de Junts se unieron a los del PP y Vox para rechazar en el Congreso de los Diputados esta que llevaba el sello de Sumar y PSOE y con la que perseguía controlar y frenar la creación de nuevas universidades privadas, informa Efe.

La iniciativa que había sido apoyada por el PSOE también pedía reforzar «significativamente los requisitos académicos de profesorado, de investigación, de solvencia económica y de equipamientos e infraestructuras» con el fin de garantizar los estándares de calidad en las propuestas de nuevas universidades y para que las administraciones pudieran actuar en caso de que hubiera que corregir requisitos que no se cumplen.

El diputado de Sumar Francisco Sierra criticó que se esté «especulando» con la educación universitaria y lamentó que en los últimos años se hayan creado «universidades monotemáticas y corporativas, mientras las universidades públicas están en la cuerda floja». Aprovechó también para avisar de la «precarización» de las condiciones que se dan en las universidades públicas «que impactan en labores estratégicas como las de investigación».

Pos su parte, la diputada socialista Luisa Sanz se mostró de acuerdo en que «todos los centros universitarios deban acreditar exactamente los mismos estándares de calidad».

Sin embargo, la iniciativa, que también abogaba por un «mapa estatal de titulaciones para ver la oferta universitaria y sus necesidades», fue rechazada al votarse por el sistema de voto ponderado (que representa a todo el Pleno del Congreso) después de haberse producido un empate en la comisión. Durante el debate parlamentario, desde Sumar recordaron que la normativa establece que las universidades deban destinar un 5% de su presupuesto a investigación y les obliga a ofertar un mínimo de 10 titulaciones de tres de las cinco áreas de conocimiento.

Desigualdades

Por otra parte, la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley que, entre otros asuntos, pide revisar el lenguaje empleado para referirse a la discapacidad en las comunicaciones oficiales de las universidades españolas, a fin de eliminar los «términos peyorativos» y sustituirlos por «las expresiones adecuadas»: «discapacidad» y «personas con discapacidad», informa Ep.

La solicitud fue presentada por el PSOE e insta al Gobierno a, en colaboración con las comunidades autónomas, «evaluar el estado del derecho a la educación inclusiva en el ámbito universitario y su compatibilidad con instrumentos internacionales, especialmente con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas; identificar brechas en las normas y políticas educativas del ámbito universitario que impiden que el estudiantado con discapacidad alcance y transite en este nivel educativo de manera inclusiva y con parámetros de calidad», y garantizar «el alineamiento de todas las normativas nacionales con la legislación internacional» sobre discapacidad.

La diputada socialista Ana Cobo apuntó que «existe un ‘‘gap’’ formativo muy importante entre los jóvenes con discapacidad y el resto de compañeros de su misma edad» que, entre otros motivos, está relacionado con su mayor tasa de desempleo. De ahí la necesidad de «seguir trabajando para garantizar su ingreso y progresión en la universidad en condiciones de igualdad», dijo durante la defensa de la proposición.

Además, destacó que la reforma del artículo 49 de la Constitución, que «eliminó un término tan denigrante como el de disminuido» y reforzó la obligación de los poderes públicos de garantizar los derechos y la inclusión de este colectivo, «ha de tener un efecto cascada y llegar a todas las normas e instituciones, también a la universidad».

Puntualizó también que, en la revisión de las comunicaciones oficiales de las universidades españolas, se ha detectado el uso de «expresiones como diversidad funcional, capacidades diferentes u otras similares, que no están validadas ni son admisibles».

Sumar estudiará que la Secretaría de Estado de Comunicación no actúe como un gabinete de prensa

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Sumar va a debatir internamente si propone reformular la función de la Secretaría de Estado de Comunicación para que deje de actuar como un «gabinete de prensa», según explican a Confidencial Digital fuentes responsables de elaborar las propuestas de la formación en esta materia. El portavoz en la Comisión de Calidad Democrática, Francisco Sierra, critica que en España se ha normalizado que el funcionamiento en la SEC corresponda más a un equipo de comunicación —encargado de cuidar y dirigir el argumentario del Gobierno de turno— que a una secretaría de Estado encargada de estructurar y proponer una estrategia comunicativa en los medios públicos como Radio Televisión Española o la Agencia EFE.

El también diputado en el Congreso propondrá esta medida en el seno del grupo parlamentario para su posterior debate. En caso de que la formación apoye esta reformulación de la SEC, se abriría la puerta a proponerlo dentro del plan de medidas sobre los medios de comunicación que anunció el Gobierno el pasado martes y que va a impulsar en los próximos meses.

Cambiar comunicación política por políticas de comunicación

Sierra, catedrático en Teoría de la Comunicación y uno de los responsables en esta materia dentro de Sumar, considera que esta Secretaría, dependiente de presidencia del Gobierno, tiene que hacerse cargo de desarrollar políticas públicas de comunicación; ya se trate de nombramientos como los directivos de la Agencia EFE o de elaborar un plan estratégico para los medios públicos.

La función de la Secretaría de Comunicación traza la línea comunicativa del Gobierno y trata con los medios para exponerles los argumentos del Ejecutivo. Una función a la que no debería limitarse dicho órgano, según afirma. «Tradicionalmente, ha ocupado tareas propias de un gabinete de prensa, no de una Secretaría que debe elaborar una propuesta comunicativa de los medios públicos», afirma el portavoz en la Comisión de Calidad Democrática.

El parlamentario asegura que sería necesario ejecutar una reforma «integral» de la legislación actual y, probablemente, desvincular la SEC de presidencia, separando claramente la comunicación política —función que desempeña actualmente— de las políticas públicas de comunicación. Unos cambios que formarían parte de un plan estatal para convertir la comunicación es una cuestión «de Estado», incluyendo ámbitos culturales como la industria de los videojuegos o todo el sector audiovisual.

Aunque en Sumar admiten que falta concienciar al resto de fuerzas parlamentarias, abordar el debate en el Congreso de los Diputados y que el legislativo discuta sobre cómo convertir este campo en un aspecto troncal de las políticas públicas, alejado de servir al gobernante.

Elaborar un plan de comunicación independiente del Gobierno

La propuesta se estudiará Sumar busca convertir a la SEC en un órgano que se encargue de crear iniciativas del Gobierno que busquen mejorar los medios públicos, fije los objetivos de los mismos y proponga un plan para que continúen siendo competitivos. Una idea distinta a que la Secretaría obedezca a defender el argumentario de Moncloa, como ha venido sucediendo tanto con ejecutivos socialistas como populares.

Diferencias entre la SEC y el resto de secretarías

Este planteamiento critica también que exista una diferencia clara entre la SEC y el resto de secretarías. Todas tienen el deber de trabajar para legislar y solucionar problemas del Ministerio al que pertenecen, pero destacan que la Secretaría de Estado de Comunicación está dejando de lado toda la parte propositiva que le corresponde para ceñirse más a tratar con los periodistas, responder preguntas en nombre del Gobierno y cumplir una función comunicativa mucho más cercana al departamento de prensa de Ferraz o Génova.

La SEC, según el Real Decreto 890/2023, de 27 de noviembre, tiene diez funciones:

  1. Coordinar la política informativa del Gobierno y de comunicación del Estado.
  2. Elaborar y difundir los comunicados del Ejecutivo, incluido el presidente.
  3. Informar de los temas abordados en Consejo de Ministros.
  4. Dirigir los servicios informativos del Estado en España y en el extranjero.
  5. Tratar con los medios y analizar la «coyuntura nacional e internacional».
  6. Organizar la cobertura informativa de todos los medios públicos (RTVE, EFE…)
  7. La asistencia a las actividades y comparecencias públicas del Presidente del Gobierno.
  8. Trabajar con la Comisión de Publicidad responsable de desarrollar el Plan anual de publicidad, entre otros.
  9. Gestionar la comunicación en momentos de crisis nacional.
  10. «El análisis de la legislación vigente en materia informativa y la propuesta de medidas para su mejora».

Este último punto es la piedra de bóveda para el equipo de Sumar encargado de trabajar los temas sobre medios de comunicación. Lo sitúan como la función más importante de la Secretaría y, precisamente, la que más está dejando de lado la SEC, según critican desde la formación.