Pijus Magnificus

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Mi buen amigo Sebastián Martín Recio me reprocha, con razón, que deje de actuar como profesor. Mira que ambos somos admiradores de Anguita (ilustrar, en un sentido gramsciano, enseñando, pedagógicamente), pero lleva razón. Últimamente, no paro de advertir “te lo dije”.

Debería equivocarme, por simple cambio de hábito, o por empatía con quien ha tenido a bien compartir una difícil aventura de mediación para la unidad de la izquierda andaluza. Pero lo cierto es que este país no es diferente. Falso adagio franquista.

Este país es previsible y doctorado en el error persistente. El último episodio ha sido la guerra en el PP, que apenas ha empezado. Un folletín de mal gusto que daría para una serie B dominical. Ya sé que resulta fácil escribirlo a toro pasado, pero desde el minuto uno avisé a amigos del PP que Pablo Casado es Pijus Magnificus, y que acabaría traicionado por su consorte voxera Ayuso, a la sazón Incontinencia Suma.

Lo que nadie alcanzó a imaginar es la forma y virulencia con la que se defenestró al presidente de los conservadores. Más que nada por el rol de la prensa. La perplejidad de la desconfianza de los medios que vivimos es una anomalía democrática en la UE solo equiparable a Polonia y Hungría. Y lo más llamativo es que escurran el bulto, profesionales y cabeceras pagadas con el dinero de todos.

El caso es que hemos traspasado una línea roja en dirección al modelo Fox News desde el clásico modelo de la BBC. Convendría por ello empezar a pensar qué democracia podemos mantener rodeados de adoradores del bulo y el insulto por bandera. Qué cultura cívica se está conformando en la esfera mediática a lo Inda.

Sabemos que en la derecha española tenemos más ajolotes que guajolotes. Nada cabe esperar de una formación que, en lo esencial, es un clon. En otras palabras, para el caso, Núñez Feijóo es tan centrista como el ministro fundador de los simuladores demócratas. Y no hablemos del risitas al frente de la Junta de Andalucía.

Todos ellos comparten con Pablo Casado no solo el actuar cual Pijus Magnificus, sino arruinar nuestro débil Estado del malestar para mayor gloria de los comisionistas de turno, sean de la Casa Real o de empresarios de sí mismos cercanos al poder, sean propietarios de universidades garaje o de hospitales de ocasión, sin contar los proveedores de la nada a lo Florentino Pérez.

Así que habrá que ponerse el mono de trabajo y reconstruir los medios públicos que están hundiendo para que Tele Bendodo pase a ser de verdad la nuestra, para que dejen de contarnos mentiras y poner algo de luz dejando claro que nuestro norte es el sur; para advertir que sin información de calidad no es posible la democracia y que el robo de lo común pasa primero por convertir en moneda común la mentira.

El episodio de la crisis del PP es un síntoma: el cáncer ya saben cuál es. Podemos hacernos los locos y jugar con la ironía, con el principio de inversión de las máscaras que nos ocultan, en medio de la disrupción del carnaval contra las formas escleróticas de la cultura dominante, pero ello no es suficiente.

Hay que empezar a construir democracia democratizando la información, cavar trincheras en los medios públicos y denunciar las conspiraciones de los de siempre contra toda posibilidad de dignidad y verdad. El futuro de Andalucía y de España depende de ello y es un compromiso irrenunciable si somos conscientes de que no estamos solos y sabemos lo que queremos.

RTVA: de la nuestra a la inmensa minoría

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En tiempos de pandemia neoliberal, la primera víctima no es la verdad sino el dominio público y, en particular, los medios del servicio público audiovisual. De Mario Monti y el berlusconismo a la campaña del falso dilema entre un quirófano o la televisión pagada con nuestros impuestos, hemos venido asistiendo a una intensa escalada de cercamiento de los medios de titularidad del Estado que, entre Bruselas y Madrid, no ha cesado, incluso puede decirse que se intensifica con especial virulencia en nuestro país.

Así, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso no solo se ha tomado la licencia de atacar a TeleMadrid sino que hace tabula rasa de la doctrina del servicio público audiovisual y pone al frente del ente autonómico a un experto liquidacionista, José Antonio Sánchez, más dado a cumplir la función vicaria de correa de transmisión de los intereses del PP que a respetar la norma y el estatuto que le obliga. Mientras cae en picado la audiencia del canal autonómico, se instala en el discurso público que las radiotelevisiones de la FORTA son un lujo asiático innecesario aunque, como demuestran estudios comparados, el coste de los medios públicos en España es de los más bajos de la Unión Europea y que, como sucede con el sistema sociosanitario o la educación, pese a la baja inversión y gasto público tenemos prestaciones de calidad, alta rentabilidad social y elevada eficiencia económica, minucias para la culta y preparada comunity manager de la lideresa.

Hace meses en la Plataforma en Defensa de la RTVA advertíamos sobre este discurso falsario en contra del espacio público y anticipábamos que la derecha en España nunca creyó, ni en tiempos del falangista Suárez, en la función motriz del servicio público audiovisual. Los antecedentes de Canal 9 en Valencia y de TeleMadrid marcan una hoja de ruta que hoy podemos observar con Canal Sur que ha dejado de ser, como rezaba la campaña de la Junta, la nuestra para convertirse en un medio marginal de la inmensa minoría. El deterioro económico y moral de la RTVA es notorio y no sorprende cuando dirigentes de la Junta hacen apología del cosmopaletismo. Caso del Consejero de Universidades, Rogelio Velasco, que en el propio aniversario de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla afirmó -debe haber sido compañero de estudios de Juan Luis Cebrián- que para ser periodista no es precisa la titulación. Mejor seguir el ejemplo de Estados Unidos. Uno se titula en Bioquímica (previo crédito con el Banco de Santander) y ya con tiempo y patrocinio se suma a los colaboradores de García Ferreras como divulgador científico o si tiene la suerte de caer bien al magnate Murdoch puede ser fichado en una de sus compañías repartidas por todo el mundo. De ahí a pensar en el modelo PBS (Public Broadcasting Service, en español Servicio Público de Radiodifusión) como el ideal para los medios públicos en España hay un paso cuando la norma la marca el imperio de la ignorancia supina. No otra cosa observamos por ello en la deriva de la RTVA: degradación de los contenidos, contratación de colaboradores de ideología fascista, que hacen apología en Canal Sur Radio de opiniones machistas, homófobas y racistas, o la creciente externalización de la producción de contenidos. Frente a esta deriva preocupante, el Consejo Profesional ha denunciado la vulneración reiterada de los principios del Estatuto de Redacción sin que los responsables del canal autonómico hayan tomado medidas. Mientras, se incumple sistemáticamente la exigencia de imparcialidad, con la apología del gobierno del PP y Ciudadanos, se contrata a Javier Negre, despedido de El Mundo por inventarse una entrevista y condenado en varias ocasiones por difusión de falsas noticias, o se conecta a diario con el parte-rueda de prensa del Consejero de la Presidencia, Elías Bendodo.

La sistemática dinámica de degradación que vive la RTVA está deteriorando el clima laboral de una plantilla considerablemente reducida en la última década, especialmente en las delegaciones territoriales. En algunos casos, sin montadores ni cámaras ni redactores para cubrir el territorio regional más grande de la UE. Muchos informativos de desconexión local, como Cádiz, se mantienen con sobrecarga de trabajo del personal dando soporte a una parrilla de programación insostenible con la reducción de efectivos por jubilación y las restricciones de la tasa de reposición. De los 1.445 efectivos en 2016, la empresa cuenta ahora con apenas 1.387 y 18 directivos, mientras sigue sin resolverse la temporalidad de más de doscientos trabajadores, aparte de la nutrida plantilla de profesionales adscritos a las productoras que mantienen una amplia franja de la parrilla. Con la inminente jubilación de al menos 30 trabajadores y un 20% de temporalidad parece difícil que la década perdida para la RTVA mejore en un contexto político de estrategia de privatización del gobierno de la Junta de Andalucía, con Vox como ariete contra la nuestra. Desde 2017 las inversiones en Canal Sur brillan por su ausencia. La reducción de su presupuesto a casi la mitad, en un entorno de necesaria modernización y convergencia digital que, entre otros retos, requiere una renovación y rejuvenecimiento de la plantilla, es mucho más que una espada de Damocles. Amenaza con hacer real el sueño dorado de la derecha: la jibarización del sistema público audiovisual en beneficio del duopolio televisivo y de la red de medios afines al IBEX35 mientras el gobierno de Moreno Bonilla propone Andalucía Trade y el señor Osborne, el toro, disfruta del escenario y los beneficios del prime time con la campechanía propia del pensamiento ultramontano que termina por resultar, en un sentido etimológico, obscena, manoseando a Andalucía para hundir a la región en la podredumbre moral, pues en el fondo el gobierno de la derecha quiere una radiotelevisión andaluza minoritaria, ya no la de todos y mucho menos inmensa. Una lección que debiéramos saber ya, vistos los antecedentes.

(*) Doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid

El futuro de los medios públicos

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Elproyecto de ley de transposición de la Directiva Comunitaria sobre Servicios de Comunicación Audiovisual (2018/1808) de la UE a nuestro país, que puede ser recordada como la Ley Calviño, plantea en nuestros días, liquidado el proceso de concurso público de la RTVE y tras décadas de franco deterioro del servicio público radiotelevisivo, un escenario nefasto para la democracia y la calidad cultural de nuestra sociedad. Concluida la fase de audiencia pública, el anteproyecto de Ley General del Audiovisual que presenta al Parlamento el Ejecutivo no sólo es revelador de la insistencia liberalizadora en una materia tan sensible, sino que además avanza en dirección a un claro retroceso democrático limitando el pluralismo y la calidad del sistema informativo en un país, el nuestro, históricamente renuente a políticas activas de acceso y diversificación del sistema mediático nacional. En este sentido, y aun amparándose en el marco de la Estrategia Digital del Estado, el anteproyecto no sólo reforma, en un sentido regresivo, la vigente Ley General del Audiovisual (7/2010), sino que refuerza lo que algunos calificamos como modelo Monti (comisario y hombre de confianza de Berlusconi) que iniciara en Bruselas la primera andanada contra los medios públicos europeos en beneficio de actores como Fininvest (hoy Mediaset).

Es probable que las numerosas alegaciones presentadas por plataformas como Teledetodos sean ignoradas en la tramitación parlamentaria, en buena medida porque impera una visión comunicacional dominada por ingenieros, sea del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, o ultraliberales de la Comisión del Mercado de la Competencia (CNMC). Ello explica la asunción de las tesis más conservadoras de adaptación de la normativa comunitaria, en especial en lo relativo a la publicidad, que de la Directiva Televisión sin Fronteras a nuestros días viene dando lugar a una colonización sin precedentes del espacio público.

Si la política emula el modelo Trump, en nuestro país los medios no iban a ser menos y es previsible con este nuevo marco normativo que terminemos asistiendo a un espectáculo deportivo o al visionado de un film como una verdadera carrera de obstáculos para sortear los anuncios invasivos y la saturación publicitaria que impulsa el duopolio televisivo. De la Ley Uteca a la Ley Audiovisual de Andalucía, pasando por las enmiendas y recortes presupuestarios de los medios públicos, asistimos en fin a una ceremonia de la confusión que no consiste en otra cosa que el cercamiento y desmontaje del servicio público radiotelevisivo como hoja de ruta del poderoso lobby que dicta la norma en el sector para el caso de España. El escenario que se dibuja en el horizonte, de no mudar significativamente el redactado de la ley, es el modelo de Murcia o Canarias y la progresiva externalización de servicios básicos como ya sucediera en Canal 9 y ahora en la RTVA. Por lo mismo, la norma no apuesta por una comunicación ciudadana. La adaptación al mercado que propone el borrador es la razón con la que justificar la liquidación definitiva del dominio público. Y la flexibilidad, la seguridad de los operadores que dominan el mercado. La autorregulación y corregulación que apunta la norma es, en fin, más de lo mismo, el reforzamiento de una estructura antidemocrática y concentrada de poder de difusión de las imágenes de unos pocos contra la voluntad de muchos. Como ya está sucediendo en la sanidad y la educación, la opción neoliberal empieza por privatizar todo servicio público para su explotación por operadores privados, y termina por negar el derecho de acceso, aunque, como en Andalucía, esté protegido por Estatuto. Sorprende, no obstante, que la visión dominante, incluso de un Gobierno supuestamente progresista, sea, en esta materia, la de los medios mercantilistas: una concepción que renuncia a la cultura para imponer el negocio, que recorta derechos para garantizar share, que restringe el pluralismo para favorecer el oligopolio. Llama la atención, por lo mismo, que, como con el concurso público, esta lógica se imponga sin debate alguno, ni siquiera en el ámbito académico y profesional, con absoluta falta de respuesta de la sociedad civil ante un discurso y práctica política que afecta a la calidad democrática y la formación de la ciudadanía. Esperamos que esta tribuna sirva a iniciativas como la Plataforma en Defensa de la RTVA, que ha iniciado un proceso de no retorno para garantizar lo que dice la ley: medios públicos públicos. En Andalucía, Canal Sur y medios locales de todos y para todos. Sencilla premisa que sólo requiere voluntad política.