Las tecnologías disruptivas han revolucionado el arte de la guerra, las políticas de defensa y los modelos de gobernanza militar. En la actual legislatura, la Subcomisión de Ciberseguridad del Congreso va elevar un informe al Ejecutivo sobre la estrategia estatal de ciberseguridad. En las comparecencias y debates se constatan, cuando menos, cinco conclusiones compartidas por las fuerzas parlamentarias:
- El modelo tradicional de ciberseguridad sostenido a lo largo de las dos últimas décadas no es adecuado a los retos de los nuevos tiempos. La recomposición de los actores y grupos hegemónicos está acelerando los conflictos, tensiones y problemas de estabilidad y control del sistema-mundo.
- Un incremento del coste de ciberseguridad en las grandes organizaciones en torno a cinco millones de euros plantea un reto de sostenibilidad de esta economía de guerra.
- El aceleracionismo tecnológico de la IA generativa facilita ataques a gran escala con mayor precisión e impacto exigiendo respuestas casi en tiempo real.
- La administración pública está respondiendo tarde y mal a esta problemática sin reforzar la cadena de suministro del software y la nube donde se estanca la memoria institucional.
- El aumento exponencial de técnicas de ingeniería social como el phishing está extendiéndose socialmente al tiempo que casos cono el de Moldavia o Irán ilustran cómo la guerra híbrida, el uso de deepfakes, y los lobbies, socavan la soberanía popular.
En esta contexto, desde IU, hemos apostado por avanzar hacia un modelo de ciberseguridad basado en el principio de autonomía estratégica vindicando la soberanía digital. Un proyecto de Estado no puede depender de Estados Unidos e Israel. Necesitamos una política pública de ciencia y tecnología sostenible en el tiempo, evitando el modelo OMC de inversión pública y privatización del conocimiento patentado en manos de las grandes compañías de seguridad. Luego es preciso una política industrial más ambiciosa y consistente. Al tiempo, la Administración Pública debe acometer la ciberseguridad desde una visión integral, con evaluación y configuración participada por la sociedad civil. Más que nada porque la ciberseguridad es un negocio altamente lucrativo con ausencia de regulación. La caja negra del discurso cibernético es la economía política de la apropiación privada de la riqueza social. La historia del complejo-industrial militar del Pentágono es ilustrativa a este respecto. Y hoy es un poder que protagoniza la agenda de rearme en todo el mundo. La disputa por las llamadas tierras raras forma parte del guion de Trump para garantizar su ventaja competitiva en la llamada cuarta revolución industrial. En otras palabras, el conflicto de los aranceles no oculta ya el reto de reorganización de la distribución geográfica de los recursos geológicos necesarios para la transformación de la economía. El mercado de minerales y la nueva geopolítica imperialista están teniendo de hecho un alto impacto en la economía y desde luego afectarán los ecosistemas y sostenibilidad medioambiental. Hablamos de un reto transversal que afecta al desarrollo y al ejercicio de las libertades públicas en términos de ecologías de vida. La necesaria extracción de materias primas y minerales para el 5G y el desarrollo de sistemas expertos obliga por lo mismo a la UE y a España a definir una política propia para la transición digital, la carrera aeroespacial e incluso las políticas de defensa. Pero ha optado por la subordinación a la hoja de ruta de Washington cuando resulta que EE.UU. ha perdido la batalla en la ciberguerra ante la planificación del sistema de ciencia y tecnología china. Pekín está muy por delante de EE.UU. La robótica, drones y satélites de China, aunque cuantitativamente menor en tamaño respecto a Estados Unidos, se ha mostrado más que competitiva, tal y como ilustra el desarrollo de Deepseek, considerado por un alto cargo de INCIBE como un arma de destrucción masiva. Un despropósito, sin duda, una prueba de la general incomprensión del bipartidismo que sigue anclado en la visión otanista cuando tras el informe ECHELON sabemos que el gran aliado, Estados Unidos, nunca fue un socio fiable. Hoy ha quedado además en evidencia no solo con declaraciones de altos funcionarios de la administración republicana, sino con la abierta amenaza de ocupar tierras enriquecidas de níquel, litio, cobre y otros minerales necesarios para la producción de componentes básicos de la ciberseguridad.
Exigir, en fin, un golpe de timón en esta materia no es solo demandar una política de transparencia. Se trata de vindicar sobre todo el diseño de ecosistemas autónomos y la plataformización pública a escala europea, integrando con nuestros propios medios una seguridad compartida en red con software e infraestructura propias, no de Israel o Estados Unidos que están enrareciendo el medioambiente y las relaciones internacionales para imponer unilateralmente sus intereses en la economía y la seguridad global, como puede verse, a sangre y fuego. La humanidad no se lo puede permitir. Sería el fin de los Derechos Humanos, y de toda seguridad para la vida en el planeta.
