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Por una marea blanca y verde: Por Andalucía, una confluencia andalucista y de izquierdas

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El horizonte político de la geopolítica internacional y la guerra económica y comercial de Estados Unidos afecta sobremanera los intereses de nuestro sector primario y la actividad sostenida con esfuerzo por los pequeños y medianos agricultores andaluces. El nuevo escenario de recomposición de las relaciones políticas y económicas sitúa a nuestra tierra en una posición de mayor dependencia y vulnerabilidad, al tiempo que la agenda conservadora de restauración neoliberal de la derecha extrema y los partidos ultras despliegan una política de privatización de sectores básicos para la ciudadanía como la sanidad, la educación o el resto de los servicios públicos. La movilización masiva del pueblo andaluz recuerda la lucha del pueblo andaluz por la autonomía. Las manifestaciones multitudinarias muestran una composición transversal, unitaria y antagonista que deben ser articuladas políticamente. La unidad popular no es solo una de las proclamas expresadas por el pueblo andaluz. En el trasfondo y en el espacio político de la izquierda andaluza que supone Por Andalucía, está la exigencia de mayor autonomía estratégica, de recuperación de derechos fundamentales articulando un frente político unitario que cambie la matriz productiva y reformule la tradicional dependencia y subalternidad de Andalucía en la división internacional del trabajo que ha marcado históricamente el proceso intensivo de globalización.

La construcción de plataformas unitarias y transversales responde a una concepción social, muy difundida, del conjunto de los sectores sociales progresistas y populares, sobre la necesidad de articular espacios amplios de defensa de lo colectivo, en un contexto de fuerte ofensiva reaccionaria neoliberal. A nadie se le escapa que Pedro Sánchez y especialmente el PSOE, a pesar de los avances conseguidos por el gobierno de coalición, está evitando profundizar en las transformaciones económicas y sociales requeridas para avanzar en la conquista de derechos y consolidar los ya conquistados que están siendo cuestionados. La vivienda se encuentra en proceso de mercantilización en una economía cada vez más rentista y turistificada.

El avance de las universidades privadas, la desaparición de aulas en las escuelas públicas, el deterioro de los centros públicos de FP y la degradación de la sanidad pública andaluza profundiza la desigualdad histórica sufrida por las clases populares andaluzas. Sin una buena educación será difícil para mucha gente conseguir un empleo digno. Además, la carencia de una vivienda propia o de un alquiler asequible hace que se degraden las condiciones de vida de las andaluzas y los andaluces. Así mismo, la destrucción de nuestra sanidad hace más vulnerables nuestras vidas, tanto o más que nuestro sector primario y la estructura económica extractivista, intensiva y dependiente.

En este escenario político, es hora de retomar el espíritu del 4D, una marea blanca y verde de convocatoria por Andalucía que confronte en el plano internacional los retos estratégicos de la economía desde nuestra tradicional posición periférica en el Sur de Europa y, en clave nacional, confrontar el programa de restauración conservadora de PP y Vox y los poderes económicos que no solo repiten la historia como un mantra, sino que replican en nuestra tierra un sistema político clientelar en favor de la oligarquía y el caciquismo, ahora al servicio del tecnofeudalismo y el capital financiero especulativo. Nos encontramos, por todo lo expuesto, ante un contexto peligroso donde un nuevo gobierno reaccionario puede llevar a cabo derivas autoritarias desde los aparatos policiales, judiciales y mediáticos contra las izquierdas, los sindicatos, el feminismo y las personas migrantes.

Además de todo esto, estamos en un contexto belicista, donde una parte del establishment europeo (el Partido Popular europeo y los partidos de la internacional socialista) está escalando en un proyecto de rearme militar de Europa que profundiza nuestra subalternidad respecto a los intereses imperialistas norteamericanos, que implicará un recorte de derechos y libertades hacia las posiciones críticas con la guerra imperialista, que llevará a cabo la reducción del gasto en servicios públicos para derivarlo a la industria militar norteamericana y que encarecerá los precios de los alimentos y los servicios básicos, como consecuencia de la inestabilidad económica y de la inflación derivadas de todo contexto bélico. Pero además nuestra Andalucía está situada en un terreno geográfico estratégico como es el estrecho de Gibraltar, minada además por bases militares como son Rota, Morón, por colonias de enclave como es Gibraltar y con más de veinte instalaciones militares del ejército español. Esto hace de Andalucía un territorio especialmente vulnerable a la política imperialista americana socavando nuestra cultura de paz, nuestro ethos barroco, la forma tradicional de hibridación y hermanamiento con las culturas del Mediterráneo.

La sociedad andaluza, por historia y cultura, por identidad, ha mantenido estrechos vínculos económicos y culturales con los países del sur global, en especial del Norte de África y de América Latina. Pero ello no se ha traducido en un proyecto político de proyección y solidaridad internacional. En los nuevos tiempos de transformación de la geopolítica mundial, del sistema-mundo es hora de repensar Andalucía como vanguardia de una nueva política y proyecto de progreso. Es hora de que el conjunto de las organizaciones políticas de la izquierda andaluza establezca una agenda y un proyecto político común para cambiar nuestras vidas, para construir una alternativa de futuro basado en la cultura de paz, en las señas de identidad andalucistas, en la memoria de las luchas y frentes culturales que ha liderado el pueblo andaluz. Ha llegado el momento de “andalucizar” la izquierda y conformar un polo unitario de construcción colectiva de un nuevo tiempo y representación política de Andalucía a nivel autonómico y estatal. El andalucismo, en otras palabras, debe ser un eje articulador central que dé contenido a la marea verde de la educación, la blanca de paz y defensa de la sanidad, y morada con la vindicación de la lucha del movimiento feminista, junto a la histórica composición del movimiento obrero que ha marcado las señas de identidad de las principales fuerzas de la izquierda real andaluza.

La lucha por la democracia, los derechos y la soberanía no puede librarlo solo un partido, ni solo una organización social o sindical. La situación requiere de la construcción de una gran confluencia de izquierdas, que en el marco de un estado federal, tenga una clara orientación andaluza, territorial, democrática y desde abajo, que se enfrente a los grandes retos que ahora mismo están enfrentando las clases populares y trabajadoras en Andalucía: el acceso a la vivienda, la sanidad y la educación pública, así como poner freno a la escalada bélica. No se trata únicamente de un proceso de tacticismo electoral, sino de la formación de una marea de mareas, una confluencia de movimientos, partidos y organizaciones hacia un bloque andaluz y popular.

Hacemos un llamamiento a las fuerzas políticas progresistas, a militantes, activistas, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil para conformar este proyecto común de alternativa política para nuestra tierra priorizando no solo la coalición política, sino la conformación de un proyecto unitario de largo aliento que trabaje por emancipar nuestra tierra y definir un horizonte de futuro según el principio de esperanza.

Es hora de constituir un frente amplio andaluz: POR ANDALUCÍA, POR LOS PUEBLOS EUROPEOS, POR LA HUMANIDAD.

Javier GARCIA FERNÁNDEZ. Historiador. Espacio República Andalucía

José Antonio JIMÉNEZ. Portavoz de Iniciativa del Pueblo Andaluz.

Francisco SIERRA CABALLERO. Diputado por Sevilla. Congreso de los Diputados.

Universidad y autonomía

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El conocimiento ni se compra ni se vende. Toda forma de aprendizaje exige una mediación abierta, y el dominio público de socialización de los saberes, de la ciencia y la tecnología. Por ello, el derecho constitucional a la educación presupone tanto la garantía de acceso universal como la calidad del servicio público, condición esencial para la formación de la ciudadanía y, menos común cabe observar en el actual debate sobre la privatización de la universidad, necesario también para el desarrollo económico y social.

En congruencia con tales principios, son imprescindibles políticas públicas activas que contribuyan a reforzar la red de universidades públicas en todo el territorio desde el punto de vista de su organización y financiación sostenible. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de países de la UE, en España, a lo largo de las dos últimas décadas, se ha experimentado un crecimiento desmesurado de las universidades privadas sin un crecimiento de población o la demanda real efectiva, dando lugar a un desequilibrio y dinámicas de desarrollo que socavan el principio constitucional de acceso universal a una educación de calidad. La acción de gobiernos autonómicos del PP/Vox y la inacción del Ministerio han derivado en una proliferación de centros comerciales, de institutos técnicos habilitados para la expedición de títulos sin homologar de facto los requerimientos legales que exige la norma.

Como resultado, se observa un alarmante proceso de deterioro del sistema de educación superior que cuestiona el derecho de acceso a la educación de calidad, así como el propio marco normativo vigente. Tal deriva no es una casualidad. Forma parte de un proyecto neoliberal largo tiempo anhelado por el capital desde la gloriosa década de los ochenta.

De la OCDE al Informe Bricall, la banca y las grandes corporaciones han venido desplegando diversas estrategias de presión para minar las dos bases del Estado de bienestar: la sanidad pública y el sistema educativo. La conversión en negocio de la educación formal, primero de la enseñanza obligatoria, y ahora, de forma intensiva, en el ciclo superior, tanto por lo que se refiere a la formación profesional como a los estudios universitarios, viene haciendo realidad, como consecuencia, la imposición de un modelo de acceso selectivo a la educación que socava el principio de igualdad.

Llama la atención que, en el debate mediático, algunos actores defensores de los intereses del Banco Santander o de la propia universidad corporativa expongan a través de sus portavoces y terminales mediáticas la legitimidad de las universidades privadas, la decadencia y desactualización de los centros públicos e, incluso, la prueba del algodón que justifica todo tipo de tropelías, que gran parte del Gobierno se ha formado en universidades privadas, eludiendo, en una artimaña retórica poco digna, abordar por qué proliferan las universidades privadas y por qué han abierto sin informe favorable centros de dudosa cualificación institucional. Igualmente, se ignora en la actual polémica mediática que por décadas las universidades públicas han sufrido una asfixia y falta de transferencia de fondos suficientes para su operatividad en beneficio de las privadas, por una suerte de competencia desleal según la cual la universidad pública debe ser evaluada, atender múltiples exigencias de productividad, cumplir con los controles internos y externos establecidos, y devolver a la sociedad conocimiento, cultura y transferencia de saber social acumulado, sin que los operadores del mercado, los centros de educación superior comerciales, cumplan, por lo general, los requerimientos mínimos que dan rango de universidad a la actividad de formación superior.

Así, con informes desfavorables y saltándose la ley, gracias a la colaboración del PP, en la última década hemos llegado a ver en comunidades como la de Madrid superar a la oferta de plazas públicas, o en Andalucía aprobar campus como UTAMED, autorizados pese a informes en contra de la agencia de calidad que vela por los estándares del sistema. La reciente investigación hecha pública por CCOO detalla que la matrícula de estudiantes en grados y másteres en universidades públicas ha disminuido un 18% desde 1999, lo que se traduce en una pérdida de uno de cada cinco estudiantes en los últimos 25 años, con la consiguiente transferencia a las universidades privadas, especialmente en el ámbito de la educación a distancia, donde la universidad pública solo cuenta con la UNED, en contraste con las seis universidades privadas que tienen esta modalidad.

Así, las matrículas en universidades privadas han crecido un 368% desde 1999, especialmente en programas de máster no presenciales. El número de matrículas en másteres privados creció un 69% desde el curso 2015-2016, con un aumento considerable en los programas a distancia. El Real Decreto 640/2021 que el gobierno presentó como escudo contra las universidades chiringuito se ha mostrado, a todas luces, insuficiente ante tal deslealtad institucional, y la prevalencia del capitalismo de amiguetes que cultiva la derecha en nuestro país sigue abonando una deriva que impugna la propia esencia, la razón de ser, de la Universidad.

El artículo 27 de la Constitución, que exige un sistema público de calidad accesible al servicio del desarrollo del Estado y de las comunidades autónomas, ha quedado en papel mojado por el imperio del ánimo de lucro que discrimina quién aprende y quién no tiene acceso a la formación superior en función de la renta o el distrito postal en el que vive. Mientras, los tertulianos y gacetilleros de ocasión niegan lo fundamental en el actual debate: el proyecto restaurador y clasista del pogromo neoliberal que tiene por objeto, como con las pensiones y la sanidad pública, la captura por el capital financiero de un derecho fundamental para la democracia con el fin de garantizar el proceso de acumulación por desposesión. Siguen para ello el guión trazado por Wall Street, y llegan incluso a poner como ejemplo las universidades estadounidenses como referencia, ignorando que este sistema es un fallido caso contrafáctico, que hay un endeudamiento desmesurado de las familias en su esfuerzo por ir a las mejores universidades, que la precariedad y el desempleo del profesorado es elevado, y que hay territorios e incluso estados sin universidades públicas en condiciones para una buena formación por la prevalencia de la mercantilización del derecho a la educación.

Tampoco nos cuentan que aquellos países que adoptaron ese modelo, Chile, por ejemplo, terminaron en un estadillo social por la ruina heredada de padres a hijos en el acceso a la universidad, sin garantía alguna de un empleo suficientemente remunerado para cubrir la deuda familiar. Así que habría que advertir a la ciudadanía de que el reto que tiene España por delante no es el de los rankings y otros indicadores importados de países donde prima el negocio vulnerando derechos. La disyuntiva, hoy por hoy, es asumir el modelo Trump/Pinochet de segregación clasista y disfuncional o persistir en el modelo continental de la formación humboltiana o francesa, reforzando nuestro sistema público con recursos y políticas consistentes. En juego está la democracia y el desarrollo del Estado, el principio de autonomía ahora que tanto se habla en la UE de independencia y soberanía estratégica.

De no actuar los poderes públicos, asistiremos al lamentable espectáculo de la compra y venta de universidades por fondos de inversiones como BlackRock especulando con el futuro de las nuevas generaciones, cuando lo especulativo debiera ceñirse a la noble tarea de pensar libremente, de contribuir al progreso general del conocimiento, de instruir, formar y divulgar el saber social acumulado para todos. Ya no vale la promesa de que se revisarán y endurecerán los criterios de creación de nuevas universidades. No queremos una educación superior en venta. Pues sabemos que el conocimiento es un bien común, no un privilegio, y como tal han de velar por ello tanto el Gobierno central como las autoridades autonómicas. No como hasta ahora, que el gasto en educación superior en España está un 20,7% por debajo de la media de la OCDE. La Conferencia de Rectores viene advirtiendo de esta anomalía hace décadas sin respuesta alguna.

Es tiempo, pues, de tomar la iniciativa y adoptar medidas que atajen radicalmente un problema estructural, tal y como hemos formulado como grupo parlamentario en la Comisión de Ciencia y Universidades en favor de una moratoria en la creación de universidades privadas, con la correspondiente modificación legislativa para exigir el carácter vinculante del informe preceptivo de la Conferencia General de Política Universitaria y un mayor control de la ANECA sobre las instituciones privadas de educación superior, tratando al mismo tiempo de avanzar en la planificación democrática de la enseñanza universitaria con un mapa estatal de titulaciones, necesidades y desequilibrios de la oferta formativa a fin de acometer aquellas carencias que el sistema público tiene hoy por hoy, dado que hemos de garantizar el derecho universal a la educación pública y gratuita. En otras palabras, ni gente sin plazas ni plazas sin gente.

La universidad en España requiere políticas congruentes que avancen en la internacionalización y la democratización del conocimiento. Y la opinión pública un mayor esfuerzo de reflexividad y de documentación sobre las falencias y límites de la actual política universitaria. En suma, menos ruido y algarabía y mayor criterio. Cuando derechos fundamentales se vulneran injustificadamente por hacer caja, no hablemos de democracia ni de la Constitución. La anatomía política de este trampantojo es evidente. Y el común de la ciudadanía empieza a constatarlo. Universidad rima con Autonomía, la del sujeto universal de la educación y la de la propia institucionalidad del sistema público. Lo contrario a ello, la legitimación del reino de la mercancía, es pura farfolla.

Francisco Sierra: «La ley de barrios vulnerables es una necesidad objetiva, de justicia social»

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Francisco Sierra, parlamentario de Sumar por Sevilla, junto a sus compañeros de la oficina parlamentaria de IU en Andalucía, ha trabajado en un proyecto que hasta ahora no se había planteado en el Estado: la creación por ley de un fondo, vinculado a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que trate de resolver los problemas, innumerables, en los barrios más empobrecidos.

El grueso de ellos, según el INE, diez de quince, se ubican en Andalucía. Para Sierra, según expresa en esta entrevista, estos barrios existen por dos razones fundamentales. Por un lado, la lógica de producción del sistema que, a juicio del diputado, «lo que nunca denuncia o aborda, lo que siempre deja oculto, es que produce miseria, desigualdad y marginación».

Y, por otro, la falta de implicación efectiva de las administraciones. El diputado considera así que esta ley es «una necesidad objetiva, clara y evidente, de justicia social».

P. Llevan mucho tiempo trabajando en esta ley. ¿Cómo ha sido el proceso de elaboración?

R. Este proyecto forma parte de lo que podríamos denominar como constitucionalismo colaborativo. Decidimos diseñar una ley trabajando en el territorio, con participación del movimiento vecinal, de los propios ciudadanos, con la idea de hacer primero un diagnóstico, aunque se han hecho ya muchos en los barrios empobrecidos, olvidados, ignorados… Queríamos que la ley viniera del trabajo con la gente que durante décadas viene sufriendo la segregación urbana, la marginación territorial.

El diseño ha sido participado también con la plataforma de barrios vulnerables que se ha ido construyendo a partir de una red de barrios ignorados en Andalucía. A partir de ahí construimos en la oficina parlamentaria de IU en Andalucía las condiciones para que esa plataforma liderara el proceso. Ha habido un equipo técnico y ha habido una participación en el territorio. De los quince barrios más pobres del Estado, están concentrados diez en Andalucía.

Hemos ido recogiendo las experiencias de otros proyectos. Hay territorios a nivel estatal, como Catalunya, que han tenido experiencias de intervención en barrios que han sufrido situaciones de segregación territorial urbana. A nivel de ley, estatal, nunca ha habido un proyecto en esta línea. Luego, hemos tenido que construir jurídicamente las condiciones para que la norma cumpliera con las condiciones del Estado autonómico: las competencias son básicamente locales y autonómicas.

Han participado fundamentalmente representantes del movimiento vecinal y también educadores y trabajadores sociales que durante décadas han venido trabajando en el territorio.

No es una iniciativa legislativa popular, pero digamos que es algo similar en el sentido de que esa plataforma de barrios vulnerables han sido los protagonistas. En mi caso como diputado, y en el caso del grupo parlamentario, lo que hemos hecho es vehicular y coordinar que [ese trabajo] tenga ese registro en sede parlamentaria y la forma jurídica.

P. Ahora les toca trabajar el recorrido de la ley. ¿Cómo ha sido recibida? ¿Qué ‘feedback’ han recibido?

R. Registramos. Ahora viene ese proceso de calificación. En el proceso de debate, hemos tenido dos interlocuciones con los grupos. La receptividad ha sido buena. Una en el Congreso, en una sesión dentro de la Comisión de los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030. Ahí estuvieron representadas todas las fuerzas políticas excepto Vox, que no cree en la agenda 2030, está en contra, y no asiste regularmente. Tanto los representantes del PSOE como del PP fueron muy receptivos a la propuesta y esperamos que sean coherentes. La ley es una necesidad objetiva, clara y evidente, de justicia social.

Luego, en las últimas jornadas, hubo una representante del PSOE, la senadora Eva Bueno. Damos por hecho que [va en] la línea del Gobierno de coalición progresista, aunque el PSOE no lo lleva explícitamente en el programa, y que las fuerzas de la investidura lo apoyarán. Tengo dudas respecto a que harán Junts y el PNV. Los vecinos llevan esperando esta ley durante décadas y deseamos que los parlamentarios se ocupen de verdad de la gente.

P. La ley plantea un fondo vinculado a los Presupuestos Generales del Estado (PGE). ¿Han hecho algún tipo de cálculo para saber qué cantidad haría la ley eficaz?

R. Puede desarrollarse un reglamento en cuanto a indicadores, criterios de pertinencia y cantidades. Quisiéramos que los proyectos de esta ley financien programas plurianuales, como sucede en el caso de los fondos europeos. Si seguimos la Agenda 2030, en torno al 1% del PIB debería dedicarse para eliminar un objetivo básico: la reducción de la pobreza.

Los PGE no cubrirían la totalidad, porque la ley contempla que haya también fondos europeos y fondos autonómicos. Hay un compromiso de llevar esta ley al Parlamento andaluz para que haya un compromiso de la Junta de Andalucía, que no existe hoy por hoy.

La pobreza tiene varias facetas: una faceta que tiene que ver con lo estrictamente económico, de empleo, de condiciones de vida. Luego, hay que hacer una inversión en infraestructuras, en servicios públicos, en rehabilitación de la vivienda, en planes de educación, en seguridad, en convivencia y todo eso sostenido en el tiempo. En todos los diagnósticos hemos visto que se ha invertido mucho dinero pero han sido programas sectoriales puntuales y episódicos, que se terminan cuando termina el presupuesto.

Por eso exigimos cooperación entre las distintas administraciones públicas y también que sean programas intersectoriales, que no se aborde solo el empleo o la seguridad, sino que se haga un abordaje integral.

P. ¿Por qué existen estos barrios? ¿Son una una consecuencia del sistema económico y de la falta de implicación de las administraciones?

R. Hay un primer punto de base: la lógica de producción del capitalismo lo que nunca denuncia o aborda, lo que siempre deja oculto, es que produce miseria, desigualdad y marginación. Por ejemplo, en los tiempos de la crisis financiera internacional se generó una concentración alta de riqueza y una ampliación del número de familias y de territorios pobres. Y en esos territorios pobres las políticas públicas siempre han tendido desde la modernidad a ocultar, segregar e invisibilizar la pobreza. Y en los tiempos neoliberales también se ha criminalizado la pobreza.

Siempre se ha afirmado que en España la crisis puso en grave peligro el Estado de Bienestar, pero algunos afirmamos que en España no ha habido un Estado pleno de Bienestar. Ha habido un Estado de Malestar. No se ha desarrollado plenamente el Estado del Bienestar. Por ejemplo, Ciencia y Universidad: la inversión en ciencia y universidad en este país está muy por debajo de la media europea, como en sanidad, como en los medios públicos, como en muchos sectores estratégicos. No hemos desarrollado plenamente el Estado Social de Derecho y el Estado de Bienestar en los pilares básicos.

El abandono del Estado y de las Administraciones Públicas ha [derivado] en una realimentación de la pobreza. Cuando este país ha dependido no solo del turismo, sino también del ladrillo, esos procesos de especulación urbana han generado una mayor segregación territorial. Esto nunca se estudia, por más que se ha tomado ese modelo de la innovación, de las Ciudades Creativas: la gentrificación genera también espacios urbanos desconectados, lo que el sociólogo Scott Lash denomina territorios muertos, territorios en los que no hay actividad, intercambio, movilidad… No hay nada. Son territorios desconectados de la vida.

Esto se ha dado históricamente desde la modernidad capitalista en todos los países, pero hay que señalar que especialmente en España los procesos de especulación inmobiliaria y la propia estructura económica española han generado también grandes bolsas y territorios marginales y esto [ha sucedido] en todas las comunidades, pero especialmente en Andalucía por el nivel de renta.

El encarecimiento de la vivienda es muy desproporcionado. Los procesos de especulación expulsan a la población y determinan un territorio. Los dos factores son determinantes: el olvido de la Administración Pública y una lógica económica que especula con la vivienda y provoca marginación.

P. Elección tras elección aparecen en estos barrios unas cifras altísimas de abstención ¿Cómo analiza ese fenómeno?

R. Habría que hacer una autocrítica desde la izquierda. Defendemos la justicia social y la igualdad y estamos comprometidos con los sectores más vulnerables, con las capas populares. Habrá que formular por qué ese voto no se moviliza, porque a la derecha le viene bien que ese voto no se movilice. En los barrios acomodados de Sevilla van a votar disciplinadamente y el nivel de participación es muy elevado. En los barrios populares y más marginados, en los que se concentran las clases obreras y los sectores populares, la abstención es notable.

La izquierda debe empezar a trabajar en los barrios vulnerables, debe estar a pie de calle y debe trabajar con esos sectores, como siempre ha hecho desde el surgimiento de Comisiones Obreras, como ha hecho la izquierda clásica, [siempre] vinculada a los movimientos sociales, con la gente que más lo necesita: en las luchas contra los desahucios, en las luchas por la sanidad pública, por la educación, por la vivienda, contra la desigualdad y exclusión social. Ahí es dónde tiene que estar [la izquierda]. [En los últimos tiempos] es muy urbanita, muy concentrada en los espacios de gentrificación y no aborda, digamos, de frente, la realidad de los sectores populares, sea en los barrios vulnerables, sea en el ámbito rural.

Un replanteamiento de la política de la izquierda para movilizar ese voto exige mucha pedagogía democrática en el sentido gramsciano de estar trabajando la cultura, la cultura política y la educación democrática. [Hay] sectores que han desconectado también porque han perdido la esperanza y porque no han sido escuchados. Uno de los elementos de la escucha activa necesaria en la izquierda es dialogar, transformar el lenguaje y la práctica política en compañía de la gente, de la gente común. Ese el programa político que tenemos que llevar.

Si no se movilizan esos sectores, este país no se va a cambiar. Todos los derechos que se han logrado han sido fruto de las luchas de los sectores populares. Esto es un aprendizaje de la historia muy evidente. Esos barrios y estos sectores son una fuerza de transformación que está por trabajar y explorar en la izquierda.

P. ¿Está de acuerdo con las tesis de Antonio Maíllo, coordinador de IU? ¿Cree que la izquierda debe acudir unida a las próximas elecciones?

R. Sin ninguna duda. La alternativa de transformación de este país pasa por la unidad de la izquierda. Eso no debe ser objeto de discusión. Hay un espacio político en la izquierda plural, plurinacional, que debe ser articulado con método, con criterio y con voluntad política. Tengo serias dudas de que algunas fuerzas políticas de ese espacio tengan una vocación unitaria.

Se ha afirmado en otros debates la hipótesis italiana, un país en el que había una izquierda transformadora, la más numerosa, potente y organizada de toda Europa Occidental, el Partido Comunista Italiano: [ahora hay] un Gobierno de extrema derecha y una irrelevancia estatal de la izquierda por su desunión o por fragmentación territorial a nivel local.

Necesitamos una unidad y un proyecto articulado. Ahí, primero, hay que expresar esa voluntad. Segundo, es necesario abrir un debate en términos de construcción de frente amplio. Por tanto [un espacio] de participación popular de la gente: cómo construir esa alternativa unitaria de la izquierda. Unitario no significa uniforme, significa unidad de acción, como han hecho los sindicatos en la lucha para la defensa de los trabajadores.

Tenemos que tener primero la voluntad política de pasar de la fase de coalición a la constitución de espacios. [Esto] ha tenido éxito en Uruguay: el frente amplio en el que, con la autonomía de cada fuerza política, hay una convergencia político-electoral que garantiza un gobierno de progreso y políticas transformadoras.

[Hace falta un nuevo] método que abra el espacio a la participación de la gente, a un proceso constituyente y unitario de todos los actores, de todas las fuerzas políticas desde abajo, desde la participación y el diálogo con un programa mínimo común que se establezca y con garantías de que se haga sostenible en el tiempo en esa iniciativa unitaria.

P. ¿Y en el caso andaluz?

R. Hemos trabajado por esa unidad de la izquierda en Andalucía. Sebastián Martín Recio y yo hicimos, como mediadores, todos los esfuerzos posibles. No podemos sostener más tiempo un Gobierno como el de Moreno Bonilla, que se presenta como moderado, pero es tan ultra como Ayuso. [Ahí están] las políticas de financiación de la sanidad pública, de privatización de la salud y esa proliferación de universidades privadas que no tienen la mínima garantía. Ahí se ve, en los dos pilares básicos, la educación y la sanidad, la voluntad política.

No nos lo podemos permitir, entonces. Hay que hablar con todos los actores, hay que hablar con el andalucismo progresista, con los compañeros de Adelante Andalucía, con los compañeros de Podemos. Tendremos que sentarnos y hacerlo con tiempo. No podemos estar improvisando. A la gente no se le pueden dar coaliciones y alianzas electorales coyunturales, que son una suerte de oportunismo político para ser votados. La gente quiere firmeza, consistencia y claridad. Dentro de la diversidad se puede trabajar de manera unitaria en un programa mínimo común.

¿Si coincido con las tesis de Maíllo? Claramente. Si no hay un proceso unitario en la izquierda, esta política de fragmentación va a beneficiar, siempre ha sido así, a la derecha. Viendo las lecciones [de la historia] y siendo la excepción ibérica en el contexto europeo, lo que tenemos que ir es justamente a profundizar en las condiciones que hicieron posible el entusiasmo, la esperanza que generó el 23J: en este caso, en clave andaluza para garantizar una candidatura creíble y unitaria de todas las fuerzas desde la pluralidad.

El Congreso aprueba «medidas urgentes» para garantizar la energía en el Polígono Sur, Los Pajaritos y Amate

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El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves, con 170 votos a favor, 144 abstenciones y 33 votos en contra, la proposición no de Ley promovida por Sumar en demanda de «medidas urgentes para garantizar el abastecimiento energético» en barrios con interrupciones en el mismo y la «reforma integral de los barrios con menor renta«, con mención expresa al Polígono Sur, Los Pajaritos y Amate, los barrios de menor renta neta media anual por persona según las estadísticas oficiales y donde Endesa y una auditoría externa encargada por la Junta atribuyen las incidencias a acometidas ilegales a la red para alimentar cultivos interiores de marihuana.

En dicho texto, fruto de una plataforma andaluza de trabajo ciudadano y recogido por Europa Press, Sumar señala que «Andalucía se enfrenta a la dramática realidad de tener los barrios más pobres de España», extremo que refleja el estudio anual de Indicadores Urbanos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que identifica a los barrios con menor renta, con este informe en el que anualmente Sevilla concentra seis de los 15 barrios de España con menor renta neta media anual por persona, con el Polígono Sur a la cabeza.

«Año tras año, los barrios más pobres de España son andaluces, lo que confirma el carácter estructural de la situación de exclusión social que padecen«, señala la proposición no de ley, agregando que «estos barrios sufren la falta de inversión pública, la segregación urbana, el paro y la precariedad laboral, la falta de servicios públicos, bajos niveles formativos, inseguridad ciudadana, graves problema con los servicios básicos esenciales, con cortes de luz, calles sin mantenimiento, deficiencias en la recogida de basura, etcétera, con una intensidad que vulnera los derechos humanos más elementales«.

Peticiones

Es por ello que con esta proposición no de ley, Sumar solicita que el Gobierno central, conformado por el PSOE y la propia coalición de izquierdas, emprenda «medidas para garantizar el abastecimiento energético a los barrios que están sufriendo cortes en el suministro de la electricidad por parte de las compañías eléctricas, así como para hacer efectiva la obligación que tienen de modernizar sus infraestructuras eléctricas«, pues en el caso del Polígono Sur, por ejemplo, mientras la empresa achaca los cortes a las acometidas ilegales a la red, los colectivos sociales le recriminan una supuesta falta de inversiones.

El documento de Sumar apuesta además por promover «un proyecto de ley de rehabilitación integral de los barrios con menor renta, tal como recogen los Indicadores Urbanos del INE».

Para ello, la coalición de izquierdas reclama «concretar e identificar los barrios prioritarios para las actuaciones integrales de regeneración y renovación urbana en función de los datos objetivos ofrecidos por el INE para llevar a cabo las actuaciones de rehabilitación global sobre el parque de vivienda social, especialmente sobre las viviendas construidas con anterioridad a 1980″.

«Medidas urgentes de regeneración»

«En todo caso», según la proposición no de ley, «se establecerán medidas urgentes de regeneración y renovación urbana para los tres barrios con menor renta de España: Polígono Sur, Los Pajaritos y Amate», todos ellos en Sevilla.

Esta proposición no de ley fue defendida el pasado lunes en el Congreso por el diputado sevillano de Sumar Francisco Sierra, quien lamentaba el «intolerable abandono histórico» que sufren múltiples barrios «ignorados» en Andalucía, con mención expresa a los «tres barrios más pobres» del país, localizados en Sevilla, por lo que llamaba a «cumplir» con la ciudadanía que «resiste y sobrevive» en estas barriadas, víctimas del «oligopolio eléctrico» y de autoridades que «no responden cuando se les requieren». Por eso, pedía «alternativas reales y concretas» para estos barrios.

En del debate plenario con motivo de las enmiendas promovidas por los grupos parlamentarios, Carlos Hernández Quero, de Vox, avisaba a los partidos de izquierda que «ya nadie les cree, y menos en los barrios» desfavorecidos, conectando la carestía de estos entornos urbanos con el supuesto empeño del Gobierno del PSOE y Sumar de «quitar músculo a la hacienda» nacional con la financiación singular de Cataluña, promovida por «la oligarquía separatista».

Por el PSOE, el diputado Lorenzo Cazorla exponía que las empresas suministradoras de energía deben «realizar inversiones» y en el caso de estos barrios, la Junta de Andalucía, gobernada por el PP, tiene la obligación de «vigilar y sancionar» los incumplimientos de estas empresas, en defensa de «los usuarios de buena fe».

Cazorla defendía que el Gobierno central cuenta con un plan nacional con 8.400 millones de euros para políticas de rehabilitación de vivienda y espacios urbanos, pero la Junta «demuestra que no tiene capacidad de gestionar» los fondos que se le conceden, como es el caso de los europeos, según sus palabras.

El tiroteo y las plantaciones

En el caso del PP, la diputada Sol Cruz-Guzmán argumentaba que la prioridad es solucionar «la falta de seguridad», porque «sin seguridad, no hay soluciones para el Polígono Sur ni para ninguno de estos barrios» desfavorecidos, lo que le llevaba a señalar el reciente tiroteo con «armas militares» en dicha barriada sevillana y el papel de los cultivos interiores de marihuana, con sus correspondientes acometidas ilegales a la red eléctrica, como clave de las interrupciones en el suministro de energía al saturar las redes de abastecimiento por su alto consumo.

Así, alertaba de que en Sevilla capital «faltan medio millar de policías nacionales», sin los cuales, según su opinión, esta proposición no de ley se limita a una mera «carta a los Reyes Magos», con lo que pedía al Gobierno central que instase al ministro de Interior, el socialista Fernando Grande-Marlaska, a que solucione dicho extremo.

La diputada de Podemos Martina Velarde alertaba por su parte de la «aporofobia y el clasismo de los medios y de algunos partidos» políticos, apostando por «mejorar los barrios y más derechos» en lugar de «pedir más policías», lo que le llevaba a avisar de que las interrupciones en el abastecimiento energético suponen «una vulneración de los Derechos Humanos».

Maribel Vaquero Montero, del PNV, mostraba la oposición de su grupo a esta iniciativa, explicando que aunque es necesario «promover más medidas en todos los ámbitos» para mejorar estos barrios, ya rigen «acuerdos» entre el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, para promover políticas de regeneración urbana y de viviendas con cargo a fondos europeos, con lo que a su entender no había quedado concretado «qué mejora supondría» crear una ley específica para ello; tras lo cual el diputado Francisco Sierra precisaba que Sumar sólo admitía la enmienda del Grupo socialista.