En tiempos de guerra cultural, la disputa de la hegemonía es un problema de mediación. De medios y sistemas de información. Luego la cuestión extensamente tratada por la tradición de la filosofía de la praxis entre cultura y política está hoy en el centro del debate social.
Esta dialéctica ha sido notoria en el último festival de Eurovisión. Si en una edición anterior fue expulsada la representación de Rusia por la invasión de Ucrania, las denuncias del movimiento por la paz en Europa contra el genocidio israelí del pueblo palestino y la polémica sobre el sistema de votación del festival han marcado un antes y un después en el principal evento de la Unión Europea de Radiodifusión (UER).
Incumpliendo la exigencia de neutralidad, contando con la cantante de Israel de un canal que actúa regularmente como un medio de propaganda y exaltación radical sionista en contra del derecho humanitario, Eurovisión ha sido objeto de numerosas críticas y cuestionamientos públicos por su nula transparencia e incluso el propio patrocinio del espectáculo por la marca Moroccanoil.
El sesgo notorio en las votaciones y la injerencia del Gobierno de Israel en el televoto ha exigido, como resultado, un debate sobre el sistema de votaciones telefónicas. De momento, la UER no solo no respondió a la solicitud en tiempo y forma de un debate sobre la presencia de Israel ante las violaciones de los derechos humanos, sino que tampoco ha dado información sobre el contrato suscrito con esta compañía vinculads al Gobierno hebreo ni ha aclarado por qué no se procedió de forma diligente, como ya se hiciera con Rusia, pese a todas las evidencias denunciadas por organismos humanitarios y por Naciones Unidas.
Como resultado de la dejación de funciones de las autoridades de la UER, el festival de Eurovisión en Basilea fue claramente instrumentalizado por el Gobierno de Israel, que reconoce un activo papel y la financiación necesaria para alcanzar el éxito propagandístico procurado sin que los responsables del festival y la Unión Europea de Radiodifusión hayan asumido las críticas y exigencias de dimisiones.
Mientras tanto la censura, selección y lavado de imagen del gobierno criminal de Netanyahu ha contado con la colaboración de los máximos responsables de la UER que, incluso, amenazaron con sancionar a la RTVE por informar de los crímenes de guerra contra el pueblo palestino.
Esta ley del silencio fue llevada al extremo con el personal de realización, artistas y equipo técnico, invisibilizando el malestar y protestas de los asistentes al festival. La censura afectó a los profesionales de RTVE que no pudieron realizar su trabajo en condiciones de normalidad por abrir la vía de una cuestión de sentido común, los criterios de aplicación del reglamento y normas de la propia UER.
Tampoco fueron atendidas las solicitudes de Eslovenia, Irlanda e Islandia. Pasada la tormenta y fuera de la agenda mediática en curso, es hora de hacer balance y reformular el funcionamiento de la organización del festival, ahora que en España se planifica el Benidorm Fest.
Primero, es hora de cumplir con los principios de servicio público de la Corporación cuyo Punto 3.2.g. establece la «Promoción de los valores de paz, un decidido compromiso con el europeísmo, con el civismo y la paz, con la redistribución de la riqueza la cooperación internacional y la lucha para erradicar el hambre y la miseria».
Toda transmisión, empezando por los servicios informativos, deben atender estos criterios y evitar lo que Wesam Amer, investigador de la Universidad de Cambridge, denuncia como prevalencia de una narrativa o propaganda bélica marcadamente sionista.
Previa evaluación de Eurovisión 2025, es preciso reformular los protocolos de participación, votaciones y representación de los miembros que incumplen las reglas de neutralidad tan pregonadas por el organismo en otras ocasiones. La irresponsabilidad del presidente del Grupo de Referencia, Bakel Walden y del supervisor ejecutivo, Martin Osterdahl, debieran haber dado lugar a sendas dimisiones o ceses.
Pero la UER no solo no ha atendido la demanda de RTVE, sino que han pasado pantalla como si nada de lo ocurrido haya tenido lugar, sin dar testimonio de las resoluciones de Naciones Unidas y el procedimiento abierto en la Corte Internacional de Justicia a instancias de Sudáfrica.
Impulsar la organización del festival para evitar situaciones de grave incumplimiento de sus normas estatutarias como las habidas en 2024 y 2025 con Israel, así como el patrocinio de empresas y anunciantes que violan derechos fundamentales de acuerdo con la Carta de Naciones Unidas pasa por otro marco de organización y democratización de este organismo de las televisiones públicas europeas.
La refundación del organismo de la UER es imprescindible, como establecer estándares universales de defensa de los valores democráticos, las libertades públicas y los derechos humanos de sus socios, a la par que la reorganización del sistema de toma de decisiones y representación conforme a los valores que la ciudadanía europea comparte mayoritariamente.
Si los supuestos anteriores no se cumplen, haría bien la RTVE en retirarse del certamen de Eurovisión, movilizando recursos y haciendo las campañas necesarias internacionalmente para que, si fuera posible, otros países acompañen la decisión de España y explorar una opción mediterránea, ibérica o del Sur de Europa. Para esta cultura política antidemocrática, sobra Eurovisión. No se puede cantar y contar cualquier cosa, incluso o más aún cuando se trata de un festival de música, de entretenimiento.
