Autor: Albert
Francisco Sierra presenta ‘Medianálisis’, una reflexión crítica sobre los medios y la democracia en la era digital
El Catedrático de la Universidad de Sevilla Francisco Sierra ha presentado en el Centro de la Comunicación Jesús Hermida “Medianálisis”, un libro de crítica mediática que compila artículos, intervenciones y escritos diversos publicados a lo largo de los últimos cinco años en medios nacionales, entre ellos Tinto Noticias, donde Sierra ha sido un asiduo colaborador en los últimos años, a los que el autor suma aportes y elementos para el debate sobre la calidad democrática de nuestro ecosistema informativo.
El acto presidido por la Presidenta de la Asociación de la Prensa de Huelva, Aurora Smet y el periodista Juan F. Caballero abrió un coloquio sobre la mutación cultural de los medios y las mediaciones saturadas en la era digital y los horizontes sobrecogedores de incertidumbres y contradictorias dinámicas que amenazan la democracia y la propia pervivencia de la humanidad. Desde la Inteligencia Artificial a la proliferación de nuevos dispositivos de dominio, de la infodemia al déficit democrático en los modelos de acceso y organización de las industrias culturales, los asistentes pudieron conocer de manos del autor los cinco retos fundamentales de la cultura mediática con los que afrontar los síntomas de la crisis de confianza en el dominio público que dan cuenta de un malestar generalizado que afecta a las condiciones mismas de la reproducción social.
El libro del catedrático de la Hispalense reúne cinco años de trabajos en prensa nacional y local en los que aborda la trama de relaciones de producción que favorece la apropiación corporativa de la expresión pública y determina un proceso de control ideológico, propio del capitalismo de vigilancia, que restringe las libertas públicas y conculca los derechos fundamentales como el Derecho a la Comunicación.
El libro es una aproximación exploratoria de los principales debates contemporáneos de la comunicación, escrito al cabo de la calle, entre el periodismo, la insumisa lectura radical de la historia y la política de lo común.
Francisco SIERRA (www.franciscosierracaballero.net) es Catedrático de Teoría de la Comunicación e Investigador del Instituto Andaluz de Investigación en Comunicación y Cultura (INACOM) en la Universidad de Sevilla. Fundador del Grupo Interdisciplinario de Estudios en Comunicación, Política y Cambio Social (www.compoliticas.org), ha trabajado como experto en políticas de comunicación, nuevas tecnologías y participación ciudadana en la Comisión Europea y otros organismos internacionales como la UNESCO y UNASUR. Ex Presidente de la Unión Latina de Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura (www.ulepicc.org), ha sido Director General de CIESPAL y Presidente de la Confederación Iberoamericana de Asociaciones Científicas y Académicas en Comunicación (CONFIBERCOM), en la actualidad es Director de la Sección de Comunicación y Cultura de la Fundación de Investigaciones Marxistas (FIM).
IU reclama al Gobierno que consulte al Consejo de Estado la “adecuación constitucional y a la normativa UE de la comisión de investigación sobre RTVE” impuesta por el PP en el Senado
Izquierda Unida, a través de su diputado y portavoz en temas de Comunicación, Francisco Sierra, ha registrado una iniciativa en el Congreso en la que plantea a los máximos responsables en el Gobierno sobre esta materia que “promuevan una consulta al Consejo de Estado sobre la adecuación constitucional y a la normativa europea de la comisión de investigación sobre la gestión de RTVE” impuesta por el Partido Popular en el Senado.
IU busca conocer también la opinión de este órgano consultivo sobre la “posible afectación a la independencia de los medios públicos audiovisuales” con la utilización de comisiones de parte como ésta, así como “su uso instrumental para ejercer presión política o mediática contra RTVE y sus profesionales”.
Francisco Sierra expone en la proposición no de ley registrada a través del Grupo Plurinacional Sumar, que firma junto al portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, que la comisión de investigación sobre la radiotelevisión pública estatal “impulsada desde la mayoría absoluta del Partido Popular en el Senado representa un grave precedente institucional que amenaza con erosionar la independencia editorial de la Corporación y deteriorar la confianza ciudadana en el servicio público audiovisual”.
Izquierda Unida tiene claro que “lejos de responder a una necesidad objetiva de fiscalización democrática”, esta iniciativa “supone una utilización partidista de las instituciones con el objetivo de tutelar, presionar y condicionar la actividad periodística de RTVE”.
“Se trata -resume Sierra- de una estrategia de confrontación política que pretende convertir el control parlamentario en un mecanismo de alineamiento mediático, debilitando las garantías democráticas que deben proteger la autonomía de los medios públicos”.
El texto registrado plantea también “reorganizar la Secretaría de Estado de Comunicación” para “garantizar la autonomía del servicio público audiovisual y establecer mecanismos adicionales de garantía de independencia del servicio público audiovisual frente a injerencias políticas o partidistas”.
El diputado y portavoz parlamentario en temas de Comunicación de IU advierte de que la mencionada comisión de investigación resulta “incompatible”, además, “con el marco jurídico europeo recientemente aprobado en materia de libertad de los medios de comunicación”.
El Reglamento (UE) 2024/1083 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la libertad de los medios de comunicación, establece expresamente la obligación de los Estados miembros de garantizar la independencia editorial de los prestadores públicos de servicios audiovisuales y de evitar cualquier forma de injerencia política directa o indirecta en sus decisiones informativas y de programación.
“La instrumentalización de una comisión de investigación parlamentaria para cuestionar contenidos editoriales, señalar profesionales o construir sospechas infundadas sobre la labor periodística de RTVE vulnera el espíritu y la letra de dicha normativa europea”, apunta Sierra.
Asimismo, “contradice el mandato constitucional recogido en el artículo 20 de la Constitución Española, que protege el derecho a comunicar y a recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión y garantiza la libertad de expresión y creación periodística”.
La proposición no de ley que impulsa IU en el Congreso contiene también unos apartados propositivos muy concretos. Por un lado, reclama a los máximos responsables del Gobierno en materia de Comunicación que presenten “durante el próximo periodo de sesiones, un Proyecto de Ley de Creación del Consejo Estatal de Medios de Comunicación”, conforme a lo establecido en el artículo 9, Sección 2, del Reglamento Europeo sobre la libertad de los Medios de Comunicación.
Protección a los profesionales de la comunicación
Demanda también que la Secretaría de Estado de Comunicación “impulse la creación de un grupo de trabajo, con la participación de expertos, profesionales, universidades, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil” para “la elaboración de propuestas legislativas relativas al pluralismo mediático, la protección del servicio público audiovisual, la lucha contra la desinformación y la garantía efectiva del derecho ciudadano a una información veraz y plural”.
Además, el texto reclama también un “marco normativo estatal y europeo de protección de los profesionales de los medios públicos frente a campañas de intimidación, señalamiento y acoso político o mediático, reforzando las garantías democráticas para el ejercicio libre e independiente del periodismo”.
Francisco Sierra tacha de “especialmente preocupante” y señala la coincidencia en el tiempo de que esta “ofensiva institucional” que encabeza el PP de la mano de la extrema derecha de Vox se produzca en un contexto en nuestro país pero también “europeo e internacional caracterizado por el auge de estrategias de desinformación, polarización y ‘lawfare’ o ‘mediafare’, entendidos como el uso instrumental de determinados aparatos mediáticos, judiciales o institucionales para erosionar adversarios políticos, alterar el debate público y debilitar la legitimidad democrática de gobiernos e instituciones”.
Indica, además, que “la defensa de RTVE no implica negar la necesidad de mejorar sus mecanismos de transparencia, pluralismo o gobernanza democrática. Muy al contrario: exige reforzar las garantías de independencia frente a cualquier intento de captura política, avanzar hacia modelos de gobernanza más profesionales y participativos y consolidar un auténtico derecho a la comunicación como elemento central de nuestra democracia”.
Presentación de «La lucha de clases en Francia de 1848 a 1850» de Karl Marx
Fecha: viernes, 22 de mayo de 2026
Hora: 19 h
Lugar: Auditorio · CICUS (c/ Madre de Dios, 1)
Intervienen: Francisco Sierra Caballero, Paula Garvín y Antonio Molina Flores
En sus casi dos siglos de existencia, el marxismo no solo ha aportado grandes clásicos a la Filosofía, también a la Historia. Buena prueba de ello es La lucha de clases en Francia de 1848 a 1850, primer y exitoso intento, llevado a cabo por Marx, de aplicar a la Historia, justamente a la historia inmediata de ese momento histórico, el de la fracasada revolución francesa de 1848.
Todo el instrumental metodológico aportado por la dialéctica –innecesario añadir a estas alturas que «marxista»– y el materialismo histórico. El Marx que se nos presenta en este libro, relativamente juvenil, no es solo el Marx filósofo, historiador, economista y sociólogo, sino muy especialmente el Marx periodista, atento observador de la vida social que le rodeaba. De ahí la modernidad y la cercanía que este ensayo marxiano puede llegar a alcanzar a los ojos de un lector actual. A. L.
«Este fue el primer libro en el que la historia del mundo se estudia e interpreta bajo el punto de vista del materialismo histórico». Antonio Ramos Oliveira
«Karl Marx, ¡qué gran periodista!». Andy Warhol
Karl Marx nació en Tréveris, actual Renania-Palatinado, el 5 de mayo de 1818. Y falleció a los sesenta y cinco años en Londres, el 14 de marzo de 1883, después de haber vivido 34 años en la ciudad como inmigrante sin oficio y refugiado político. Dedicó toda su tarea intelectual al estudio de la historia, la economía política y la filosofía de su tiempo, pero destacando una dimensión práctica que lo convierten en el primer ideólogo del movimiento proletario y el creador, junto a Engels y otros, del movimiento obrero internacional.
Su obra más conocida es El Capital, del que él solo pudo ver publicado el primer volumen, en el otoño de 1867. Marx entendía esta obra como la continuación de su libro Contribución a la crítica de la economía política, publicado en 1859. Otras obras suyas destacadas son Miseria de la filosofía (en respuesta a la Filosofía de la miseria de Proudhon) y 18 Brumario de Luis Bonaparte. Firmó junto a Engels, entre otras obras, La sagrada familia, 1845 y el Manifiesto comunista, 1848.
De la actualidad de su pensamiento y la capacidad de cambio de sus ideas deben juzgar las actuales generaciones después de leer una obra compleja y variada. Nosotros contribuimos con esta Antología temática en la que están recogidos todos los asuntos que fueron tratados en su obra, a través de sus propias palabras.
La universidad y lo común
En medio de una clara y sistemática estrategia de ataque a la universidad pública y, en general, al legado de la ilustración, no es tiempo de sofismas curialescos, de charlatanería insulsa, ni de beatería de consumo para titulares de prensa. No podemos en España seguir con declaraciones de saldo y ocasión o meros gestos mientras nuestro sistema público de educación superior y, por extensión, la ciencia y la tecnología, es sometido a un proceso destituyente de incalculables consecuencias para el futuro del desarrollo del país.
En esta coyuntura histórica, y visto el marco de deliberación en el espacio público, sirva el principio de docta ignorancia para vindicar, en términos negativos, no tanto la defensa de la universidad pública como la liquidación de la deriva mercantilista y de cooptación del sector por el capital financiero, los fondos especulativos y una derecha ultramontana iliberal, que, como siempre, se muestra enemiga del conocimiento y la educación pública.
La cuestión no es solo la proliferación de centros que incumplen la ley y requerimientos de lo que debe ser una universidad, sino el socavamiento de los principios de igualdad y libertad de acceso al conocimiento. La entrada en escena de fondos como Portobello, CVC o EQT impugna no solo la función de movilidad social de la universidad pública, sino que amenaza el futuro de la investigación y el cultivo del conocimiento, esto es, la función social de la Universidad so pretexto del principio de libertad de elección que encubre la mercantilización de un derecho.
En Andalucía y Madrid, sabemos bien de qué se trata: desregulación de los flujos financieros y la especulación de fondos buitre, concentración de capital cognitivo, sometimiento de las instancias de decisión colectiva y académica, flexibilización de la oferta y la total privatización y explotación intensiva de la fuerza de trabajo creativa, en un proceso que no es otra cosa que una forma de acumulación por desposesión que termina siendo despojo. El resultado: desigualdad, pobreza intelectual y moral y, como hace muchos años advirtiera Ortega, dependencia cultural.
La americanización de la universidad, o lo que es lo mismo, el sometimiento de la enseñanza superior y la vida académica a un modelo de burocracia empresarial o tecnocracia es una malversación del espíritu ilustrado, una traición a la tradición humboltiana que ha venido operando, por la vía de externalización de servicios, por medio de la cultura de la competitividad interna y externa, con la financiación condicionada por resultados, y una fragmentación y organización instrumental que ha terminado deteriorando la calidad del servicio y precarizando al profesorado anegado de tareas improductivas a efectos de la evaluación de calidad.
Pero para garantizar las condiciones ventajosas para la oferta privada de mercado ha sido necesario, como ilustra una lección básica de la economía política, la producción artificial del principio de escasez y necesidad, induciendo el colapso, la asfixia financiera y el desprestigio continuado a fin de realizar el proceso de transferencia no ya de recursos públicos del Estado a centros de dudosas capacidades, sino especialmente el trasvase del capital simbólico de la pública, y previsiblemente de talento humano, a los centros que han proliferado estos últimos años.
La Universidad-Empresa, de la que ha participado el sistema público de educación superior, asumiendo el marco de Bolonia acríticamente, constituye en este sentido, una precondición del modelo de acumulación del Capitalismo Cognitivo en la llamada cuarta revolución industrial.
Es una apuesta irrenunciable del pogromo neoliberal defendido desde los años ochenta por la OCDE y una deriva consustancial al proceso de restauración del capital que, sobre las ruinas del Estado de Bienestar, aspira a hacer monetizable todo derecho y servicio público protegido.
La democratización del acceso conseguida en los años ochenta con la ampliación de matrícula y nuevos campus es hoy revertida por dos vías fundamentales de reversión del derecho a la educación: la privatización de la oferta formativa y el estrangulamiento financiero.
La desregulación del sistema de educación superior en función de intereses corporativos, muchas veces ajenos al sector como los fondos buitre o corporaciones como Atresmedia, se ha traducido como resultado en una mayor estratificación social, marcando jerarquías y pirámides semifeudales propias de la era de las Big Tech.
La campaña de Trump contra las universidades, el enemigo declarado, según el vicepresidente Vance, actualiza así la línea de choque del Documento de Santa Fe y la estrategia de roll back de la era Reagan traduciendo en la práctica una política que en Estados Unidos ha supuesto una asfixia económica de 400 millones de dólares a la Universidad de Columbia, sanciones a los Rectores de la Cornell University y la Universidad de Harvard, y en España, en la Comunidad de Madrid el acoso y derribo de la institucionalidad democrática de las universidades públicas, particularmente la Universidad Complutense de Madrid (UCM), al borde de la quiebra y suspensión de pagos.
Por no hablar de lo que, expresa o disimuladamente, han venido anunciando los portavoces de las derechas ultramontanas. Nos referimos a lo que Noam Chomsky describió como medidas correctivas y dispositivos de dominio que empiezan a operar en nuestras instituciones como la autocensura, el miedo de las autoridades académicas y la estrategia de victimización contra el principio de libertad de cátedra
La universidad, el conocimiento, ni se compra ni se vende, pero mientras tanto los operadores privados vienen minando las bases del modelo de desarrollo agudizando las contradicciones entre los procesos de individualización posesiva de los sujetos de la educación y la necesaria construcción de comunidad universitaria, entre autonomía del sistema y creciente heterodeterminación, entre jóvenes investigadores y docentes precarizados y académicos seniors, entre sistema público y actores privados incardinados en la universidad o entre estabilidad e innovación en la era de la IA.
Sabemos que todo pensamiento es simiente de acción. Y que conocer es atreverse a saber, preguntar, no responder y adaptarse al marco que nos es dado. Ante este panorama, es el momento de darle la vuelta a los términos del marco lógico que nos han impuesto y vindicar la universidad y el conocimiento como un ámbito de lo común, pese a la tragedia que viven los comunes en tiempos de libre comercio. En la práctica ello implica asumir cuando menos cinco líneas estratégicas de actuación:
- La democratización del derecho de acceso, formación y egreso de todos los ciudadanos independientemente de su renta o condición social. Si la Universidad no cumple ya la función de movilidad social ascendente y de igualación, es preciso una política pública que revierta los dispositivos de cercamiento y privatización de un servicio público esencial para la democracia y el desarrollo nacional.
- La organización de nuevas formas de participación y funcionamiento de la Universidad y de la producción social del conocimiento necesario en línea con propuestas como las que hemos venido liderando de Ciencia Ciudadana, hoy una exigencia estratégica en la era de la Inteligencia Artificial.
- La construcción de comunidad en la academia y la producción científica con la ciudadanía. Más allá de los Consejos Sociales, la transferencia de conocimiento debe implicar articulación social, la construcción de lo común que contribuya a la creación de sentidos de pertenencia socialmente referenciada en lugar de la atonía y anomia social que sitúa la Universidad en una posición irrelevante o de insignificancia pública.
- La territorialización y enraizamiento de los centros universitarios en su espacio social de referencia, construyendo campus, agendas y políticas institucionales acordes con la demanda de la sociedad civil y sus instituciones de ámbito local frente al modelo de universidades chiringuito de los fondos especulativos que hoy empiezan a marcar la agenda del PP y Vox y los debates sectoriales que están teniendo lugar en las autonomías gobernadas por las fuerzas ultraconservadoras.
- La planificación de un sistema financiero plurianual y estable que alcance al menos el 1 por ciento del PIB para converger con los países de nuestro entorno, evitando el principio de escasez inducida para beneficiar el mercado artificiosamente.
La deriva de sociedad anónima en la educación superior, la universidad particular, es contraria al humanismo y al principio de universalidad. Sin una política de lo común en educación superior no hay futuro, desarrollo posible ni derecho de acceso a la educación de la ciudadanía.
La experiencia de Chile y Estados Unidos así lo demuestra. Así que, frente a la destrucción creativa de la dialéctica de cercamiento de la formación y el conocimiento, ni gente sin plazas universitarias, ni plazas universitarias sin gente.
Hora de construir en este tiempo de mudanza una Universidad de la cuarta revolución industrial en la que su institucionalidad y la lógica de producción de conocimiento esté al servicio de la emancipación social, del bien común y no de intereses particulares. El futuro de la democracia depende de ello.
El temblor
Los tiempos de zozobra comienzan materializándose en forma de estremecimiento o una suerte de escalofrío que recorre y paraliza el cuerpo social. La oscilación convulsa de las placas tectónicas de la geopolítica internacional que estamos viviendo en vivo y en directo ha agitado el tablero del sistema-mundo en forma de guerra, pero ya antes fue proyectada, de forma vibratoria, con las estridencias o erupción visible del neofascismo en redes y canales como Fox News, dando lugar a un inquietante temblor que no es solo miedo o pánico moral, sino, sobre todo, y antes que nada, ingeniería del caos. Lean el ensayo Chaos Theory: Two Essays on Market Anarchy de Robert Murphy. O si tienen duda al respecto de la actualidad informativa y de lo que representan estos liberticidas, disfrazados de libertarios, anarcocapitalistas se han etiquetado, lean aZbigniew Brzezinski, que ya en los noventa proyectó la estrategia del Pentágono en el gran tablero mundial para la supremacía absoluta de Estados Unidos.
Los pronunciamientos de Trump no son pues improvisadas bravuconerías, como se dice desacertadamente en las tertulias televisivas, sino la forma de la forma informativa de la estrategia del caos. Una suerte de seísmo que tiene su traslación en el plano mediático (absorción de Warner por Paramount) con la consiguiente concentración del poder de informar, no sabemos si, en términos gramscianos, del Estado corporativo o de las corporaciones GAFAM sin Estado. Lo cierto es que estamos llamados a mover ficha. El movimiento es la vacuna contra la doctrina del shock. Ante la política de la perplejidad del espectáculo que nos programan, es hora de apagar las pantallas y encender la imaginación o, como dice el bueno de Felipe Alcaraz, nos colgarán uno por uno, por separado. Y hay que empezar por priorizar la disputa antagonista en el plano de la comunicación, pues si algo se constata en la actual coyuntura histórica es el declive de la odisea neoliberal como relato, a decir de Eliseo Colón, y el alcance performativo del neolenguaje fascista que alimenta la desconfianza mutua, la ruptura de la cooperación social.
El reto o salida al falso dilema del prisionero en el que nos quieren encarcelar es justamente fortalecer los cuerpos y reunir las fuerzas dispersas ante la descomposición política y la crisis del sistema internacional. Somos conscientes, como Spinoza, que la vida excede todo laberinto o trampa del vaciamiento de lo común sobre el que opera el capital con el fascismo 2.0. Y que vivimos hace tiempo, en medio de la revolución digital, un nuevo modo de restauración del capital marcado por la colonización del espacio de deliberación en el que no solo se ataca a los intelectuales y todo pensamiento crítico consistente, sino que se censura toda voz que no opere como facilitador del reino absoluto de la mercancía. Esto es, en la sociedad del espectáculo, dominado por las redes sociales, hemos pasado de las políticas sobre la necesidad a la política de la necedad sin apenas transición. De la dialéctica partidista y parlamentaria al trastorno narcisista, y de la dialogía política a la psicopática enunciación del exterminio del adversario, nuestro ecosistema mediático está hoy cercado por el imperio de la estulticia cuya máxima expresión es el maestro de ceremonia del reality El aprendiz, en el que nos están obligando a concursar. Pero el giro de guión de la historia abre un nuevo tiempo de la política del asombro como posibilidad de transformación de este capitalismo gore a partir de la guerra ilegal contra Irán. No cabía de otra forma. Siempre, tras el temblor, en una suerte de retorno del cuerpo y la vida, vuelve a reestablecerse el movimiento contra el estupor y el aplastamiento de las nuevas mediaciones autoritarias. Opera de inmediato, como otras veces a lo largo de la historia, una refutación —No a la guerra— y la reapropiación social —las calles, el ágora digital — del dominio público. Y, por ende, un proceso antagonista de impugnación del realismo capitalista: la activación de la potencia del deseo y los cuerpos, de la pura vida, ante la necropolítica que nos consume en forma de brutalismo. En este marco, ha llegado la hora de desplegar toda nuestra astucia de la razón y una política de frente amplio, de abajo a arriba, de la periferia al centro, del sur al norte global. Todo lo demás es mero filibusterismo.
Si uno lee a conciencia al filósofo sardo, llega fácilmente a una conclusión, más allá del filme de Berlinguer que actualizó reflexiones pertinentes a propósito de la izquierda en Italia. Me refiero al título de la película de Andrea Segre. Si en verdad trabajamos por el principio esperanza, es hora de una gran ambición. La gente no quiere sucumbir al miedo de la violencia ultraderechista, pero para ello nuestros dirigentes han de dejar de confundir las pequeñas ambiciones, que no es otra cosa que mero oportunismo y miopía política, con la gran ambición que es tanto como decir, en palabras de Gramsci, que hay que trabajar por el bien colectivo, por lo común. No cabe ya demagogia alguna, ni fatuo electoralismo propia del cálculo partidario. La actual dinámica lleva al bonapartismo y a la tierra quemada, a la desertización del manantial de la pulsión plebeya por la utopía y la transformación necesaria y deseable. Así que empecemos por aprender a escuchar y recuperar el momento constituyente, comiéncese sin pausa a articular mejor y más democráticamente la participación orgánica. En juego está no solo el futuro de la democracia, sino la posibilidad misma de toda política de izquierda. Hoy la encrucijada histórica nos resitúa de nuevo ante esta cuestión nodal: la organicidad del bloque histórico y la ausencia de ambición, o cuando menos su falta de materialización por la nula voluntad política. Lo grave es que toda demora en estos momentos es entregar las armas al enemigo de clase, entre la grave incapacidad de visión estratégica y la impávida actuación política a la hora de construir desde el Sur una alternativa de futuro. Por fortuna, la gente tarde o temprano termina por desbordar tales cercos. Ojalá más pronto que tarde. Por la paz, por la humanidad, por el futuro del planeta.
Derecho a saber
El principio de la ilustración, de toda forma de autonomía, comienza con la máxima kantiana “Sapere aude”. Pero el consejo de Horacio, la valentía de ser juicioso hoy padece la amenaza del frente ICE. Nos quieren, en fin, ciegos, mudos y sordos. El trumpismo, como expresión política, rima asonantemente con liberticidio. Así que el primer frente que tiene la izquierda en el hemisferio occidental, y particularmente en España, es el conocimiento y socialización del derecho a saber, la disputa sin cesar por la verdad, pues sin confianza, sin saber, no es posible la libertad de expresión. En tiempos de guerra, con la ley GENIUS, y la política de despliegue de la infraestructura de seguridad nacional que otorga en Estados Unidos a las corporaciones privadas poderes como la emisión de dinero, competencia exclusiva de la Reserva Federal, es hora de correlacionar el manejo de las redes por los GAFAM, la política bélica y de seguridad contra la migración y la proliferación de los bitcoin como captura corporativa del Estado, la clave distintiva, a decir de Gramsci, del fascismo. No viene al caso dar los detalles, seguramente conocidos por el lector, ejemplificando la etapa en curso del Estado corporativo. Pero como prueba un caso relevante. En las políticas contra la migración, el gabinete Trump, con Stephen Miller al frente, ha puesto en marcha ImmigrationOS, una aplicación de vigilancia para rastrear los visados y facilitar las deportaciones masivas. Anduril, Lattice despliegan al tiempo una estrategia satelital, una red operativa que pretende colonizar la UE por completo. El plan estadounidense en 2027 es la total autonomía de la guerra de los drones y la absoluta superioridad informativa. La protección de las comunicaciones de banda baja a manos de Musk es un paso más de imposición de la nueva forma de dominio global en la geopolítica imperialista del capitalismo de plataformas por la entente NSA/GAFAM y, con ello, la previsible agudización de los conflictos, especialmente con China. Aunque la administración de la oligarquía financiera en la Casa Blanca quiera presentar tales medidas desde la lógica de la razón tecnocrática y la eficiencia administrativa, lo cierto es que el Pentágono está cediendo el sistema de defensa a empresas como Palantir Technologies. En otras palabras, la autonomía estratégica del Estado y de los protectorados bajo su control, caso de la UE, hoy está en manos de esta gran corporación de seguridad transnacional. Antaño fue el uso de mercenarios en guerras como la de Afganistán, y hoy la inteligencia operativa en el campo de intervención depende absolutamente de una empresa privada, cuyo fundador Peter Thiel, es abiertamente contrario a la democracia. Cuando hablamos en España de una ley de soberanía digital y autonomía estratégica debiéramos por tanto plantear el reto de la dependencia tecnológica de Microsoft o Amazon, que hoy por hoy amenazan nuestra democracia. Se está conformando, como explica Francesca Bria, un complejo tecnológico autoritario que supone un paso más en la alianza público-privada en la salida a la crisis económica y de deuda que tiene Estados Unidos.
La infraestructura de gobernanza e hipervigilancia no es una anécdota o deriva delirante de Trump y su pogromo racista. Se trata más bien de un dispositivo económico-político para imponer el Estado corporativo, garantizar el proceso de acumulación por despojo mediante una política de vigilar y castigar, de terror planificado, impulsado por los nuevos señores feudales (Musk, Thiel, Sacks, Karp y Andreassen, entre otros). La combinación de dispositivo técnico y coordinación financiera está en la base del imperio que proyecta Silicon Valley. Desplegar herramientas con Starlink Valley en las comunicaciones militares, controlar el software de los drones que nos venden, vía OTAN, y dominar el negocio de la ciberseguridad es el caballo de Troya que nos están metiendo para expropiarnos de todo, incluso de los datos de salud, como hizo la Plataforma de Palantir en el Reino Unido. Así que el trío calavera, los portavoces de la muerte —James David Vance, Peter Thiel y Elon Musk— lo tienen claro cuando actualizan el trinomio de la cruzada Familia, Tradición y Propiedad. Cabe cuestionar, por nuestra parte, si la reacción a la declaración de guerra contra la UE se resuelve con proclamas de cosmopaletismo, secundando la matriz ideológica de la globalización ordoliberal, o vamos directo al hueso de la economía política que es el muro de Wall Steet.
Desde la historia moderna del capitalismo, las infraestructuras representan una transformación permanente de las condiciones de intercambio que operan en el espacio y determinan la geopolítica y los conflictos. Los dispositivos regulatorios y las cadenas de valor marcan la forma de operar de los agentes de la economía política dominante. Del mismo modo, los estándares técnicos de normalización es la vía usualmente utilizada por Estados Unidos para garantizar la dependencia tecnológica. Por eso hay que tener claro que los medios de comunicación no son inocuos, que la pérdida de soberanía digital en Europa se traduce en esclavitud y dependencia. Urge pues la desconexión de las redes que nos dominan y la construcción de una alternativa democrática. Como dejó escrito Gramsci, tenemos claro que en el principio siempre es la acción.
El Congreso pide explicaciones al Gobierno por el retraso en la aplicación de la ley europea de medios
Varios diputados, entre ellos Francisco Sierra, de Izquierda Unida, han registrado en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas dirigidas al Gobierno para exigir explicaciones sobre el retraso en la aplicación en España del Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación (EMFA), en vigor desde mayo de 2024 y plenamente aplicable desde agosto de 2025.
La iniciativa parlamentaria, presentada por el grupo plurinacional Sumar al amparo del reglamento de la Cámara, advierte de que la libertad, pluralidad e independencia de los medios de comunicación constituyen pilares esenciales para la salud democrática. En este sentido, subraya que sin medios públicos “fuertes, autónomos y sometidos al interés general” no puede garantizarse un debate público libre ni el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz.
Retraso en la adaptación normativa
Los diputados denuncian que, pese a los avances normativos anunciados en los últimos años, España arrastra un “retraso evidente” en la implementación efectiva del reglamento europeo. Este marco comunitario obliga a los Estados miembros a reforzar la protección del pluralismo, la independencia editorial y la transparencia en la financiación de los medios.
El Gobierno presentó en septiembre de 2024 un Plan de Acción por la Democracia con medidas para adaptar la legislación nacional, como la creación de un registro de medios o la publicación de la inversión en publicidad institucional. Posteriormente, en julio de 2025, aprobó un proyecto de ley sobre gobernanza democrática en servicios digitales y medios de comunicación, actualmente en tramitación parlamentaria.
Sin embargo, los firmantes consideran que estas iniciativas no han sido suficientes para garantizar el cumplimiento pleno del reglamento europeo, especialmente en lo relativo a la protección de los medios públicos frente a injerencias políticas o económicas.
Dudas sobre el papel de la CNMC
Uno de los puntos clave señalados es la falta de desarrollo de las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, organismo que debería asumir funciones de supervisión y control en este ámbito.
Según recuerdan, la propia presidenta del organismo ya advirtió en sede parlamentaria de que el proyecto legislativo en curso no incorpora plenamente algunas exigencias del reglamento europeo, como las garantías para el funcionamiento independiente de los medios públicos o la supervisión de la asignación de fondos públicos en publicidad institucional.
Ante esta situación, los diputados preguntan si el Ejecutivo prevé dotar a la CNMC de los recursos humanos, financieros y estructurales necesarios para ejercer eficazmente estas funciones.
Exigencia de medidas urgentes
La iniciativa reclama al Gobierno que concrete cuándo adoptará las medidas normativas, orgánicas y presupuestarias necesarias para cumplir con el reglamento europeo, cuya aplicación es obligatoria.
Asimismo, se solicitan detalles sobre las actuaciones previstas para garantizar la independencia editorial de los medios públicos, incluyendo los procedimientos de nombramiento y cese de sus responsables, así como mecanismos que eviten injerencias políticas.
Los parlamentarios también instan al Ejecutivo a definir sistemas de supervisión y coordinación, en colaboración con comunidades autónomas y autoridades reguladoras, que permitan prevenir represalias contra profesionales de la información o vulneraciones de la libertad de prensa.
Un contexto de preocupación democrática
La iniciativa se enmarca en un contexto que los diputados califican de “especialmente delicado”, marcado por la desinformación, la presión sobre periodistas y el debilitamiento de las garantías democráticas en el ámbito comunicativo.
En este escenario, consideran que la aplicación efectiva del reglamento europeo no solo responde a una obligación legal, sino que constituye una “responsabilidad democrática” para proteger el derecho a la información y reforzar la calidad del sistema democrático.
Francisco Sierra muestra en nombre del Grupo Plurinacional Sumar el “completo respaldo” a las demandas de la ‘Plataforma de Radiotelevisiones Públicas en Lucha’
El diputado de Izquierda Unida y portavoz en la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus sociedades del Grupo Plurinacional Sumar, Francisco Sierra, muestra el “completo respaldo en nombre de nuestro grupo a las demandas de la ‘Plataforma de Radiotelevisiones Públicas en Lucha’, que agrupa a representantes de los/as profesionales de estos medios públicos de comunicación en todo el Estado.
Sierra indica que “compartimos las exigencias de esta Plataforma”, que se corresponden con la defensa que realizamos sobre que la calidad democrática de la conversación pública exige un marco de autonomía y regulación de los medios públicos y del trabajo que desempeñan sus profesionales como máxima garantía del servicio público audiovisual”.
Entre las principales cuestiones en las que incide la ‘Plataforma de Radiotelevisiones Públicas en Lucha’ está la implementación urgente en nuestro país del Reglamento Europeo de Libertad de Medios -European Media Freedom Act (EMFA)-, cuyo retraso en su puesta en marcha puede acarrear sanciones por parte de las instituciones europeas.
Francisco Sierra recuerda que “su contenido es de obligado cumplimiento, por lo que intensificaremos nuestro trabajo para emplazar al máximo nivel al Gobierno para que aplique las exigencias de este Reglamento Europeo de Libertad de Medios”.
Estas prioridades que expone el parlamentario de IU van dirigidas también al desarrollo del Plan de Acción por la Democracia “en lo que tiene que ver con la creación de un organismo estatal distinto a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para cumplir con las exigencias de autonomía, pluralismo y fiscalización democrática”.
