Página Web de Francisco Sierra Caballero, Catedrático de Teoría de la Comunicación
En esta ocasión, en El Fin Justifica a los Medios, conversaremos con Sara Mendiola acerca de las presiones a Medios publicos Europeos. Además, dísfrutaremos de la sección Notimedios con las noticias más relevantes de la semana y una cápsula sobre la herramienta Corrector Online, en Inteligencia Artificial en la radio con Tito Ballesteros.
El presente artículo es un homenaje ante el aniversario del fusilamento de Blas Infante por parte de las hordas sublevadas contra la II República. Lo publicamos como parte del Monográfico Blas Infante: 89 años de silencio forzado, editado por la Revista La Escucha del diario digital TuPeriódico. Para leer el monográfico completo se puede acceder a través del siguiente enlace.
En la coyuntura política destituyente que de un tiempo a esta parte vivimos, es habitual escuchar discursos y toda suerte de anatemas sobre la figura de Blas Infante. En el Parlamento Andaluz, y en el Congreso de los Diputados, los discursos de las derechas no solo cuestionan al padre de la Patria Andaluza sino que, en el fondo, articulan un discurso contra el principio fundamental que inspira el andalucismo histórico: la soberanía. Además PP y PSOE usan la figura de Blas Infante como un arma arrojadiza de andaluces contra otras naciones que luchan por su emancipación, muy lejos del mensaje de fraternidad y solidaridad internacionalista que nos legó el Padre de la Patria. Cuando cada diez de agosto, recordamos a quien tanto dio y entregara en vida y obra por la emancipación del pueblo andaluz, homenajear y rendir tributo a su persona es más que un ejercicio de reparación histórica, significa también, hoy más que nunca, confrontar el crimen de Estado que las derechas ultramontanas se han propuesto como programa en Andalucía y Madrid: el crimen político de la desaparición simbólica tras su fusilamiento por el fascismo que hoy campa por doquier. Hablamos de un acto de guerra contra el pueblo andaluz, contra su cultura, su historia y su derecho a imaginar un futuro propio. Blas Infante Infante no cayó por azar, sino porque encarnaba un proyecto emancipador que desafiaba los cimientos del Estado español: un proyecto de Andalucía libre, socialista, plurinacional y anticolonial al interior de Europa occidental. De ahí que sea necesario vindicar su figura y activar la memoria viva de la rebeldía en defensa de la autonomía y la justicia social.
Reivindicar hoy, en la actual coyuntura política, a Blas Infante es reivindicar políticamente una Andalucía que no se resigna a ser periferia, que no acepta el papel de colonia interna. Es reivindicar una historia de resistencia que viene de lejos: de los jornaleros, de los exiliados, de los migrantes, de los pueblos que han sido sistemáticamente empobrecidos y despreciados y que hoy, en medio de la política de vasallaje al imperio y los señores de la guerra vuelve a vindicar el derecho de autodeterminación, la autonomía, no como simple descentralización o en términos jurídicos, sino política del derecho a decidir, a construir un modelo económico auto-centrado y un horizonte cultural propio, en alianza con los pueblos del Mediterráneo y del Sur global.
Desde este punto de vista, volver a Blas Infante es volver a las raíces de construcción de un proyecto nacional y popular, un bloque histórico, contra el caciquismo, la dependencia, la subalternidad y el expolio que el gran capital del Norte y los intereses de la oligarquía económica mesetaria, vienen imponiendo a nuestra tierra. Hoy, cuando el capitalismo global profundiza la explotación de nuestra tierra y de nuestra gente, cuando el Estado español niega el derecho a la autodeterminación, cuando la memoria sigue siendo campo de batalla, recordar a Blas Infante es un acto de rebeldía y de liberación, denunciar el expolio de la tierra y nuestros recursos naturales, la miseria planificada, el analfabetismo inducido, la emigración forzada y la dependencia económica y cultural. Es, en fin, luchar contra la cosificación que empieza siempre, como advirtiera Marcuse, con el olvido.
La democracia española, nacida del pacto de silencio de la Transición bajo la tutela internacional de los EEUU, ha negado sistemáticamente el derecho a la memoria como forma de perseguir nuestro derecho a la autodeterminación. Buscar a Blas Infante es buscar a todas las víctimas del franquismo. Es reconocer que la dictadura no fue una anomalía, sino una estructura de poder que sigue operando en el presente. Es entender que la represión no terminó en 1975, sino que se transformó en precariedad, en desahucios, en migración forzada, en racismo institucional, en negación de la soberanía.
Infante entendía que Andalucía no podía liberarse sola. Su soberanía debía construirse en diálogo con otras naciones sin Estado, con otros territorios sometidos al mismo régimen de explotación y desprecio. Por eso defendió el derecho de autodeterminación de Catalunya y Galicia, por eso se acercó al republicanismo federal, por eso articuló su pensamiento desde una lógica de cooperación entre pueblos. Su andalucismo no era excluyente ni esencialista: era internacionalista, abierto, profundamente mediterráneo. En sus escritos, reivindicó la herencia de Al-Andalus no como nostalgia, sino como horizonte. Al-Andalus era para Infante la prueba de que Andalucía había sido un centro de civilización, de cultura, de mestizaje, de saberes compartidos. Reivindicar Al-Andalus era reivindicar una historia silenciada, una identidad negada, una posibilidad de futuro en la alianza de los pueblos del sur que desbordaba los límites del Estado-nación en virtud de una geopolítica emancipatoria de diálogo de culturas donde Andalucía pudiera ser puente entre Europa y África, entre Oriente y Occidente, entre lo rural y lo urbano, entre lo popular y lo intelectual.
Infante no cayó en el sectarismo ni en la arrogancia ideológica. Rechazó la superioridad moral de quienes pretendían hablar en nombre del pueblo sin pisar el barro de sus luchas. Su proyecto no era el de una élite ilustrada que pretendía “educar” al campesinado, sino el de una Andalucía construida por sus propios hijos e hijas, desde la tierra, desde el tajo, desde la asamblea. En el Ideal Andaluz de 1915 Blas Infante señala que “Andalucía necesita de sus clases trabajadoras e industriales, sobre todo de sus artistas, intelectuales, de todos los hombres honrados que son únicamente los que trabajan.” Por eso se acercó a los sindicatos, a los jornaleros, a los republicanos federales, a los anarquistas. Porque entendía que la soberanía no se decreta desde arriba, sino que se construye desde la base, en la confluencia de las luchas por la tierra, por el pan, por la dignidad. El andalucismo histórico que imaginó es, en esencia, un proyecto de unidad popular, una articulación de fuerzas vivas, de sujetos colectivos, de memorias compartidas. Su propuesta era profundamente democrática, radicalmente igualitaria, y por eso fue tan peligrosa para las élites. Porque no solo cuestionaba la estructura del Estado, sino también la lógica del capital. Porque no solo pedía autonomía, sino que exigía redistribución, justicia social, control popular de los recursos. Porque no solo hablaba de identidad, sino de poder político para las clases trabajadoras andaluzas.
Blas Infante no fue solo el padre del andalucismo: fue el arquitecto de un horizonte de país que sigue pendiente. Su pensamiento no se limita a una reivindicación cultural o identitaria; es una propuesta política radicalmente transformadora, que articula soberanía nacional con liberación social. El andalucismo popular que él defendió no es una nostalgia regionalista ni una bandera folclórica: es un proyecto nacional y popular, anticapitalista, nítidamente republicano.
La lucha por la soberanía nacional no puede separarse de la lucha por la liberación social. Esa es la lección que conviene tener presente este día de homenaje a su memoria. Con Infante, sabemos que no hay autodeterminación sin justicia social, no hay liberación nacional sin redistribución de la riqueza, sin control popular de los recursos. Por eso articuló alianzas con el movimiento obrero, con el republicanismo federal, con los pueblos del Mediterráneo. Por eso reivindicó Al-Andalus como símbolo de una civilización mestiza, plural, anticolonial. Su visión no era localista ni aislada: era internacionalista, profundamente conectada con las luchas del Sur global, con los pueblos que resisten el imperialismo, el racismo, el patriarcado y el capital. En suma, volver a Blas Infante, revindicar su figura, es mucho más que recordar su asesinato. Es asumir su legado como guía para construir una república plurinacional partiendo de su diagnóstico de los males que sufre nuestro pueblo, las raíces originarias de la subalternización y el dominio colonial interno y las alterativas de futuro que alcanzó a definir. Así que en esta conmemoración es tiempo de activar su memoria en forma de política transformadora con, desde y de los andaluces como sujeto político y cambiar la historia negada y la vida en nuestra tierra. Por su lucha y por nuestro pueblo.
Este viernes 8 de agosto concluye el plazo marcado por Bruselas para cumplir con las exigencias del Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA) sin que el plan gubernamental de acción democrática haya cumplido siquiera la mitad de los objetivos que motivaron la iniciativa. El reciente proyecto de ley para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y ordenación de los medios de comunicación, aprobado en el último Consejo de Ministros llega, a todos los efectos, tarde y resulta manifiestamente insuficiente. La presentación de esta iniciativa tiene lugar tras un año de discusión, sin que apenas se hayan desarrollado la mayoría de las medidas contempladas para la regeneración de un ecosistema claramente deteriorado, con notorios desequilibrios y alteraciones de modelo de negocio y una mala praxis o deriva tóxica que afecta gravemente a la convivencia democrática y desde luego no se resuelven con una simple armonización jurídica o actualización normativa, pues, dada la complejidad del proceso de mediación social hoy existente en nuestro contexto político, urge por sobre cualquier otra opción reguladora el diseño más bien de políticas integrales en materia de información y comunicación.
Sí, como se reconoce en la exposición de motivos de la citada ley, los medios de comunicación desempeñan un papel estratégico para el libre ejercicio de las libertades públicas, el pluralismo y la democracia; el Estado de derecho precisa de políticas activas que hagan efectivo el derecho a la comunicación, políticas de Estado que de verdad acometan las amenazas, ya no veladas, sino directas y explícitas de los GAFAM a nuestro sistema democrático, y contribuyan, como se infiere de otras iniciativas legislativas de la actual legislatura, a la necesaria transparencia, la verdadera autonomía informativa y el buen gobierno, tal y como específicamente demanda en esta materia el EMFA.
En el próximo periodo parlamentario, es previsible que nuevas medidas avancen en la mejora de la calidad democrática de nuestro sistema mediático que, cabe recordar, sigue regulado con normas del régimen franquista. Hablamos, por ejemplo, de la ley de secretos oficiales, la ley Fraga de prensa o el reconocimiento del secreto profesional demandado por los gremios profesionales desde la transición sin el debido desarrollo normativo, como con la cláusula de conciencia. Bien es cierto, justo es reconocerlo, que durante estos dos años se han iniciado reformas como el gobierno abierto, la regulación de los grupos de interés o iniciativas legislativas que avanzan en dirección a la definición de un marco y reglas del juego democrático equiparables con otros países de nuestro entorno. Pero sigue evitándose regular el derecho a la comunicación en la base de la cultura deliberativa y, lo que es aún más evidente, no existe voluntad de construcción colectiva del dominio público en forma de políticas de Estado de comunicación. La propuesta de ley en curso que habrá de debatir la Cámara de Diputados habilita, por ejemplo, a la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC) como ente responsable de cumplir las obligaciones establecidas en el Reglamento de la UE 2022/2065, junto con la Agencia Española de Protección de Datos; se elude así cumplir con la exigencia de la creación de un organismo autónomo del Ejecutivo que vele por las garantías necesarias para el libre ejercicio de la libertad de prensa. Desde la Ley General Audiovisual y la propuesta del gobierno Zapatero de crear un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, y aún antes, desde la academia y los gremios profesionales que venimos demandando desde la década de los noventa un organismo autónomo similar al Consejo Superior Audiovisual francés, sin que los sucesivos gobiernos del bipartido hayan atendido esta demanda justa y necesaria del ámbito de la comunicación, seguimos en España siendo una excepción en el seno de la UE al no disponer de una institucionalidad común en el resto de países. Más allá de la sanción prevista por el incumplimiento en tiempo y forma de la EMFA que aplique Bruselas, es evidente que la CNMC ni reúne las condiciones técnicas, ni competenciales para asumir las tareas que establece Bruselas, ni tiene personal cualificado y con experiencia en las labores de supervisión del sistema informativo y, lo que es peor, a diferencia de la Agencia Española de Protección de Datos, carece de autonomía del ejecutivo.
El Reglamento Europeo de Libertad de Medios exige, explícitamente, por otra parte, de manera clara y precisa, la autonomía e independencia de los medios públicos, y tenemos en vigor un Real Decreto sin aún ser tramitado por el Congreso como proyecto de ley para hacer efectiva la adecuación normativa comprometida por el PSOE y cumplir así con lo establecido en el Reglamento comunitario en términos de autonomía e independencia de corporaciones como RTVE. De ello nada trata la ley, que sí modifica la denominación de la Ley General de Comunicación Audiovisual para incluir la prensa, pero que, a su vez, esquiva cuestiones sustanciales como el papel de los llamados medios del Tercer Sector, o comunitarios, en situación de interinidad, sin apoyo económico ni un marco que canalice la voluntad ciudadana de decir y hacer en el campo de la comunicación, o elude abordar las medidas necesarias para proteger el pluralismo y el trabajo de los profesionales de la información cercados, además de por la ley mordaza, por la concentración empresarial, la descualificación y el reemplazo de la IA en muchas redacciones, con el resultado conocido de vaciar los medios de información de profesionales responsables de aplicar los códigos y valores deontológicos de la profesión periodística.
La única cuestión de fondo que trata, y solo de forma somera, es el análisis y evaluación de los procesos de concentración. El Reglamento obliga a los Estados miembros a establecer procedimientos y medidas de salvaguardia de las dinámicas oligopólicas en el sistema nacional de información. España es uno de los países de la UE con mayor nivel de concentración. Una verdadera amenaza a la democracia con el dominio, de facto, de un duopolio audiovisual, complementariamente a la concentración intensiva de la prensa y el dominio del capitalismo de plataformas que, como apunta el Reglamento Europeo, nos hacen dependientes informativamente, socavando el principio de soberanía y la propia pervivencia de los medios autóctonos en favor de los nuevos intermediarios de la revolución digital, sin que el Congreso establezca límites claros para definir una estructura de la información plural y equilibrada. Pero lejos de asumir consecuentemente el reto de intervenir en el sector, se emplaza al operador responsable, la CNMC, a vigilar futuros escenarios de concentración lesivos a efectos del necesario pluralismo interno de nuestro sistema mediático. En este marco, manifiestamente favorable a la desregulación, tampoco se aborda el cambio del sistema de medición de audiencias, confiado en la reforma de habilitación de la CNMC para supervisar o corregular con los actores el monitoreo de consumo en las redes y medios, cuando es público y notorio que el actual modelo debe ser reformado y democratizado. Llama en este sentido la atención que tales temas concentren buena parte del debate político y que, no obstante, no exista Comisión o subcomisión específica en la cámara de representantes que se ocupe monográficamente del estado de la cuestión, teniendo lugar toda discusión pública en los propios medios objeto de regulación, en el ágora periodística, o como arma arrojadiza del bipartito en tribuna parlamentaria, sin dirimir y analizar los retos estratégicos del sector como política de Estado en tiempos de la propia era digital.
La cultura de las pantallas móviles y difusas de la cuarta revolución industrial hace tiempo que desplazó el debate sobre derechos de la ciudadanía de los contenidos de edición a la red tecnológica y los proveedores de servicios, sin que desde las políticas públicas se hayan promovido las necesarias medidas de intervención al objeto de fomentar una cultura mediática y digital responsable, crítica y consciente de las lógicas de desinformación y control social que las grandes plataformas y redes sociales promueven sistemáticamente. La comunicación no es una mercancía, es antes que nada un derecho fundamental para la participación en democracia y exige, en lógica coherente, un esfuerzo de pedagogía democrática, empezando por regular no desde el Ministerio de Economía ni desde una concepción instrumental del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública; no estamos ante derechos del consumidor, que también, sino ante un problema democrático de producción del dominio y el espacio público. Urge, pues, pasar de una visión mercantil y administrativa a una concepción política de la regulación de la comunicación y de una lectura corporativa, mediática o economicista a una visión de la comunicación como política cultural. Es hora, en fin, de acometer el Derecho a la Comunicación como un derecho humano fundamental, como un derecho universal que ha de proteger la información en tanto que bien público esencial para nuestra democracia, procurando una ecología mediática democráticamente saludable, consistente, sostenible y compleja, como el tiempo que nos toca vivir y transformar. A día de hoy, el proyecto de ley en curso no alcanza siquiera a cumplir los requerimientos de Bruselas. Y si la sociedad civil y los gremios profesionales no articulan un frente común, nos tememos que los males que aquejan a la estructura real de la información terminen por colapsar el propio sistema democrático. Síntomas manifiestos de tal diagnóstico son más que visibles a día de hoy. Las fuerzas progresistas, la coalición de gobierno particularmente, deben dar un golpe de timón y situar en el centro de la agenda estratégica este cambio de futuro para ganar democráticamente la disputa de la batalla cultural.
Es común afirmar que sin periodistas no hay democracia, y del mismo modo podemos colegir que sin una reforma radical ni política integral de medios no hay futuro para el Estado social y de derecho. Este es el punto nodal para toda exposición de motivos que acometa el reto de garantizar la autonomía informativa en tiempos de tecnofeudalismo y de capitalismo de plataformas, acorde con el espíritu del artículo 20.3 de la Constitución. Hablamos del derecho de acceso y la participación de la ciudadanía.
La dialéctica de decir, oír y hacer se ha cortocircuitado en nuestro sistema político. Se dice, de forma altisonante y ofensiva, sin una coherencia práctica; no se oye, solo hay ruido, y no se hace lo que se promete o se dice lo que no se hace y, peor aún, se hace lo que no se dice. Todo ello sin escucha alguna, con guiones prescritos por aquiescencia de consultores de marketing y asesores de imagen a sueldo. Esto es la pura negación del parlamentarismo que, como todo proceso histórico, tiene sus antecedentes y su lógica operacional definida por un contexto propio del capitalismo rentista.
Cuando asistimos al cuestionamiento de la función social informativa, del papel del periodismo parlamentario y de la crisis de representación, hablamos de una estrategia de restauración contra la democracia, producto de una clara dialéctica de la colonización de nuestras instituciones y de nuestra comunicación política, en este caso por el trumpismo. Discurso del miedo para cercar e inmovilizar a los diputados en la lógica de la sonada y política de la desinformación de los trampantojos, haciendo parecer las derechas ultramontanas que defienden la libertad de prensa cuando, en realidad, actúan guiados por una estrategia liberticida. Tanto PP como Vox están separados apenas nominalmente por las siglas, pero de facto hermanados por una cultura política propia del franquismo sociológico, patrimonializando las instituciones, en especial el Poder Judicial, y ocupando el Congreso por medio de la violencia simbólica de sus terminales mediáticas parafascistas. A partir de una noción del derecho arbitraria, identifican diversidad con exclusión, y la Constitución con un martillo pilón, amparando el proceso de control de la información política del tecnofeudalismo dominante de los GAFAM contra todo fundamento o defensa de reforma del Reglamento ante los ataques a la integridad democrática de los profesionales de la prensa que trabajan en la sede de la soberanía popular. En el fondo, precisan la ausencia de norma y la impunidad para desplegar el mediafare y la agitación ultra de sus terminales mediáticas, siguiendo el patrón de Fox News. Un modelo de sistemática desinformación dirigido a:
Abrazafarolas, corrupto, mentiroso, bobalicón, alcornoque, sorete, cenutrio, inútil, cantamañanas, tonto de capirote, bocachanclas, malaje, mastuerzo, pintamonas, gilipollas, tontohaba, zopenco, huevón, pusilánime, payaso forman parte de una lista, al estilo Umberto Eco, que podríamos enumerar de las habituales expresiones que a diario se escuchan desde la fila de escaños de Vox, y también del PP, durante toda la legislatura. Nada edificante en términos de cultura política y democracia deliberativa. La educación y moral pública pasa por el respeto, el decoro y las buenas formas, las propias de la cortesía parlamentaria, en la que insultar o señalar en público es inapropiado. Y por eso existe un código de conducta que garantiza el respeto en la Cámara de Representantes. Principio del imperativo categórico kantiano.
La violencia verbal, la agresión sin medida no caben en democracia. Pero la colonialidad de la comunicación política trumpista ha permeado las formas de actuación de la derecha, militando en la estulticia de la avaricia de sus patrocinadores y la teología política del cretinismo y la hipérbole como método de interlocución o, más bien, de agitación y acoso al conjunto de fuerzas democráticas. Ignorando que podrán engañar a todos algún tiempo y a algunos todo el tiempo, pero no pueden engañar a todos todo el tiempo, vienen accionando una política de acoso y derribo al Gobierno y la mayoría parlamentaria en beneficio de la oligarquía económica que, hoy como ayer, actúa contra la democracia para sostener la fortaleza del modelo rentista contra toda veleidad de reforma o derechos para la mayoría social. Llama en este sentido la atención que las derechas hablen de censura por garantizar el trabajo del periodismo parlamentario cuando allí donde gobiernan han desplegado una guerra irrestricta, como Trump, contra los medios y periodistas no empotrados. Empezando por los medios públicos, donde incluso han sido condenados en tribunales por mala praxis, y continuando en medios independientes no subvencionados como los medios ciudadanos o comunitarios. En el framing del mundo al revés que nos muestran las bases mediáticas de la Santa Alianza, los liberticidas se presentan, caso Milei, como defensores de la libertad de información, mientras amparan la violencia, los señalamientos, la agresión y el fascismo de su escuadrismo mediático. Y quienes defendemos el dominio público, la democracia deliberativa, somos declarados en sus múltiples canales enemigos de la libertad. La paradoja es que el debate de la reforma del Reglamento del Congreso se ha hecho a petición de la Asociación de Periodistas Parlamentarios, que llevan tres años denunciando mala praxis y agresiones de las fuerzas de choque del IBEX35.
La iniciativa de modificación de las normas internas de la cámara ha sido debatida con la Red de Colegios Profesionales de Periodistas, con asociaciones de la prensa, con la FESP y representantes de la academia. Se trata de una iniciativa en defensa del Derecho a la Información, una reforma con consenso de la práctica totalidad de las fuerzas parlamentarias, a excepción de la derecha ultramontana, que se ajusta a la filosofía de legislar ateniéndonos a las normas estrictamente morales, construyendo porvenir y convivencia, garantizando la mesura, la proporcionalidad, el respeto y la tolerancia. Este y no otro es el lenguaje y la forma expresiva de la DEMOCRACIA. Una exigencia básica por el BIEN COMÚN y la SALUD PÚBLICA. Todo lo demás solo es ruido y violencia. Trampantojos dialécticos y argumentativos que, como en otros tiempos de tinieblas en la historia, toca desmontar y aclarar con pedagogía democrática, pa/ciencia y el principio esperanza.
En tiempos de guerra cultural, la disputa de la hegemonía es un problema de mediación. De medios y sistemas de información. Luego la cuestión extensamente tratada por la tradición de la filosofía de la praxis entre cultura y política está hoy en el centro del debate social.
Esta dialéctica ha sido notoria en el último festival de Eurovisión. Si en una edición anterior fue expulsada la representación de Rusia por la invasión de Ucrania, las denuncias del movimiento por la paz en Europa contra el genocidio israelí del pueblo palestino y la polémica sobre el sistema de votación del festival han marcado un antes y un después en el principal evento de la Unión Europea de Radiodifusión (UER).
Incumpliendo la exigencia de neutralidad, contando con la cantante de Israel de un canal que actúa regularmente como un medio de propaganda y exaltación radical sionista en contra del derecho humanitario, Eurovisión ha sido objeto de numerosas críticas y cuestionamientos públicos por su nula transparencia e incluso el propio patrocinio del espectáculo por la marca Moroccanoil.
El sesgo notorio en las votaciones y la injerencia del Gobierno de Israel en el televoto ha exigido, como resultado, un debate sobre el sistema de votaciones telefónicas. De momento, la UER no solo no respondió a la solicitud en tiempo y forma de un debate sobre la presencia de Israel ante las violaciones de los derechos humanos, sino que tampoco ha dado información sobre el contrato suscrito con esta compañía vinculads al Gobierno hebreo ni ha aclarado por qué no se procedió de forma diligente, como ya se hiciera con Rusia, pese a todas las evidencias denunciadas por organismos humanitarios y por Naciones Unidas.
Como resultado de la dejación de funciones de las autoridades de la UER, el festival de Eurovisión en Basilea fue claramente instrumentalizado por el Gobierno de Israel, que reconoce un activo papel y la financiación necesaria para alcanzar el éxito propagandístico procurado sin que los responsables del festival y la Unión Europea de Radiodifusión hayan asumido las críticas y exigencias de dimisiones.
Mientras tanto la censura, selección y lavado de imagen del gobierno criminal de Netanyahu ha contado con la colaboración de los máximos responsables de la UER que, incluso, amenazaron con sancionar a la RTVE por informar de los crímenes de guerra contra el pueblo palestino.
Esta ley del silencio fue llevada al extremo con el personal de realización, artistas y equipo técnico, invisibilizando el malestar y protestas de los asistentes al festival. La censura afectó a los profesionales de RTVE que no pudieron realizar su trabajo en condiciones de normalidad por abrir la vía de una cuestión de sentido común, los criterios de aplicación del reglamento y normas de la propia UER.
Tampoco fueron atendidas las solicitudes de Eslovenia, Irlanda e Islandia. Pasada la tormenta y fuera de la agenda mediática en curso, es hora de hacer balance y reformular el funcionamiento de la organización del festival, ahora que en España se planifica el Benidorm Fest.
Primero, es hora de cumplir con los principios de servicio público de la Corporación cuyo Punto 3.2.g. establece la «Promoción de los valores de paz, un decidido compromiso con el europeísmo, con el civismo y la paz, con la redistribución de la riqueza la cooperación internacional y la lucha para erradicar el hambre y la miseria».
Toda transmisión, empezando por los servicios informativos, deben atender estos criterios y evitar lo que Wesam Amer, investigador de la Universidad de Cambridge, denuncia como prevalencia de una narrativa o propaganda bélica marcadamente sionista.
Previa evaluación de Eurovisión 2025, es preciso reformular los protocolos de participación, votaciones y representación de los miembros que incumplen las reglas de neutralidad tan pregonadas por el organismo en otras ocasiones. La irresponsabilidad del presidente del Grupo de Referencia, Bakel Walden y del supervisor ejecutivo, Martin Osterdahl, debieran haber dado lugar a sendas dimisiones o ceses.
Pero la UER no solo no ha atendido la demanda de RTVE, sino que han pasado pantalla como si nada de lo ocurrido haya tenido lugar, sin dar testimonio de las resoluciones de Naciones Unidas y el procedimiento abierto en la Corte Internacional de Justicia a instancias de Sudáfrica.
Impulsar la organización del festival para evitar situaciones de grave incumplimiento de sus normas estatutarias como las habidas en 2024 y 2025 con Israel, así como el patrocinio de empresas y anunciantes que violan derechos fundamentales de acuerdo con la Carta de Naciones Unidas pasa por otro marco de organización y democratización de este organismo de las televisiones públicas europeas.
La refundación del organismo de la UER es imprescindible, como establecer estándares universales de defensa de los valores democráticos, las libertades públicas y los derechos humanos de sus socios, a la par que la reorganización del sistema de toma de decisiones y representación conforme a los valores que la ciudadanía europea comparte mayoritariamente.
Si los supuestos anteriores no se cumplen, haría bien la RTVE en retirarse del certamen de Eurovisión, movilizando recursos y haciendo las campañas necesarias internacionalmente para que, si fuera posible, otros países acompañen la decisión de España y explorar una opción mediterránea, ibérica o del Sur de Europa. Para esta cultura política antidemocrática, sobra Eurovisión. No se puede cantar y contar cualquier cosa, incluso o más aún cuando se trata de un festival de música, de entretenimiento.
En una semana enredada en el debate de las cifras del incremento de gasto en defensa, Francisco Sierra reivindica la salida de la OTAN, ese «no» a la organización que articuló en 1986 el nacimiento de Izquierda Unida. Lo hace convencido de que el tiempo le ha empezado a dar la razón frente a un plebiscito reñido en el que la opción de permanecer en el club se impuso por el 56,85% de los votos.
Catedrático de Teoría de la Comunicación de la Universidad de Sevilla, Sierra (Granada, 1969) es diputado de IU por Sevilla y una de las voces que exigen desde la amalgama de fuerzas que aún conforman Sumar una posición más rupturista del PSOE frente a lo pactado en la cumbre de La Haya.
«La OTAN es una organización que ha impulsado una política imperialista contra el derecho internacional y fomentado la guerra y la economía de guerra de EEUU. Y una organización antidemocrática y responsable de muchos conflictos ilegales desde el punto de vista del derecho internacional», señala Sierra en una entrevista a El Independiente.
P.- ¿Cómo se ve hoy la OTAN desde la izquierda?
R.- Estamos en un momento de encrucijada en un doble sentido: existe un proceso destituyente y de destrucción del sistema de Naciones Unidas por parte de Trump con unos conflictos abiertos que son la muerte del derecho internacional y el derecho humanitario; y ha habido una escalada desde la caída del muro de Berlín hasta nuestros tiempos en el papel de la OTAN. No solo ha habido una ampliación hacia el espacio del antiguo bloque del Este sino que también tiende a arrogarse competencias que no estaban en el propio Estatuto Fundacional de la Alianza Atlántica: intervención en desastres naturales o intervención en territorios que están fuera de su área de intervención. Ahora directamente una organización que ha incumplido el derecho internacional y es responsable de guerras contra el derecho internacional público y atentados a la violación de derechos humanos se convierte en una organización que está coaccionando a los países europeos para financiar el déficit de deuda que tiene EEUU.
P.- ¿Lo considera un secuestro?
R.- Es un chantaje en toda regla y una política no de presión, sino de amenaza. Los que hemos estado en las posiciones de Izquierda Unida siempre hemos dicho que es una organización que, tras la caída del Pacto de Varsovia, tenía que desaparecer. Y no solo no ha desaparecido, sino que se ha incrementado. Además, se ha demostrado en los últimos tiempos, no solo con la administración Trump, sino con documentos e informes que EEUU y la OTAN no son nuestros aliados, que han estado actuando para lograr la destrucción del proyecto de integración de la Unión Europea. Se logró con el Brexit y e una estrategia deliberada. Ahora se está tratando de negociar de manera bilateral, como siempre ha hecho EEUU. Y evidentemente a costa del modelo de bienestar del Estado Social y de Derecho, que daba sentido al proyecto federal europeo. La OTAN no solo es una amenaza para la paz, el bienestar y el desarrollo de los europeos, sino también para la propia soberanía política, no de Europa como proyecto supranacional, sino de los miembros de la OTAN.
Lo más sensato, ya no de una posición de izquierdas sino desde una soberanista autónoma, es salir de la OTAN y pedir también su desaparición. Hay otras formas. En IU hemos hablado de una política securitaria propia en Europa. Hay propuestas en este sentido desde hace décadas.
P.- ¿Y es una alternativa posible con una comisión liderada por Ursula von der Leyen?
R.- Evidentemente, no es posible con esta Comisión Europea ni con la arquitectura de Maastricht. No es posible con fuerzas políticas llamadas patriotas que, en realidad, son representantes del protectorado bajo dominio colonial de Estados Unidos. No lo es con esta configuración o mapa político. Lo que no es posible ni sostenible es el modelo que quiere implantar el chantaje. No es sostenible la financiación que pide ni tampoco el proyecto estratégico que tiene EEUU y que solo pasa por la pobreza, el endeudamiento y la destrucción de la UE, que ya prácticamente está liquidada y sin perfil propio. Las declaraciones recientes de Von der Leyen son vergonzosas y de una irresponsabilidad absoluta. Es cómplice de los crímenes de lesa humanidad, con el genocidio y con la estrategia de Israel y su aliado de EEUU en la eliminación, ya no solo de Palestina, sino otros países de la región. La guerra asimétrica es una doctrina política militar del Pentágono.
P.- Entiendo que a usted la nueva exigencia del 5% le parece un intento de rescate de EEUU…
R.- Claramente. El proyecto de financiación de la OTAN busca resolver la salida a la crisis de un imperio en decadencia. El proyecto de Trump no tiene viabilidad. La economía política de EEUU es una economía de guerra. En los años 90, después de la guerra del Golfo, hay un cambio de modelo de guerra. Se externaliza la guerra. Están los mercenarios, las fuerzas irregulares, los socios y luego el negocio de la reconstrucción. Existe un proceso especulativo y financiero vinculado a Wall Street y a la industria de armamento; hay otros actores que entonces eran secundarios y ahora son protagonistas como Israel, que es el principal actor en la industria de armamento y de seguridad. En la subcomisión de Ciberseguridad del Congreso de los Diputados, el argumento del bipartito, PP y PSOE, es que tenemos una dependencia tecnológica de Israel y de EEUU. Yo considero que se es dependiente porque se quiere serlo. Porque los países que no han querido, y en la historia de las tecnologías, tenemos desde países como la India a Brasil, que incluso con dictaduras, desarrollaron un proyecto de soberanía tecnológica para no depender totalmente y tener cierta autonomía estratégica de EEUU.
P.- El debate de esta semana ha estado centrado en una guerra de porcentaje en torno a la cumbre de la OTAN. Del 2,1% de Sánchez al 3,5% de Mark Rutte…
R.- No debería ser ese el debate. Nosotros queremos dar un giro en 180 grados, un giro radical. El debate no es porcentaje, el debate es modelo securitario, autonomía estratégica y ni siquiera industria militar propia, sino qué inversión para qué recursos. Y evidentemente, eso pasa por salir de la OTAN y plantear otro modelo diferente. Ahora nos piden el 5%, mañana qué van a pedir.
P.- Muchos podrían responderle que al final IU y Sumar pertenecen a un Gobierno que se compromete con la OTAN a cumplirlo aunque de un modo flexible…
R.- Nosotros somos la garantía de que no se va a llegar nunca al 5%, porque con esta correlación de fuerzas no habrá un gobierno de coalición. Como se plantee en estos términos, evidentemente nosotros no estaremos en un gobierno con una organización que nos hipoteca y que está defendiendo y justificando el genocidio. En este Gobierno ha habido cambios en posiciones respecto a Palestina pero la correlación de fuerzas es la que es. Nosotros vamos a trabajar para que esa mayoría, que era mayoría social en España cuando el referéndum contra la incorporación a la OTAN, se manifieste en el número de diputados. Sabemos que en un gobierno de coalición hay que ceder. Y no solo en política exterior donde es evidente que en el caso del Sáhara o de la OTAN no compartimos lo mismo. Pero también en vivienda y política económica, donde cada conquista para los trabajadores nos cuesta la misma vida. La cuestión es ponderar si merece la pena. Yo creo que sí. Lo que no es muy sensato, es una postura maximalista. Si no asume mi programa, no negocio. Eso es prepolítico, antipolítico y no es razonable.
Si no estuviéramos, evidentemente no se habrían logrado los avances. Y si no estuviéramos en el Gobierno, tampoco se hubiera reconocido el Estado de Palestina, ni tampoco se hubieran hecho gestos para personarse en la causa del Gobierno de Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia. Y, por tanto, en esa línea vamos a seguir avanzando para girar las posiciones progresistas y de izquierda al PSOE, que sabemos la tradición de Suresnes que tiene, de traición al pueblo saharaui, de traición a las causas de coloniales y de liberación de los pueblos de los países de sur. Como sabemos esa historia, la única forma es la presión.
P.- ¿Se fía del PSOE cuando dice que ha llegado a un acuerdo con la OTAN?
R.- Conocemos exactamente el ADN liberal y conservador que ha prevalecido desde Felipe González en el PSOE y trabajamos en la gestión del conflicto. Lo hemos demostrado cuando han recalado en España barcos con armas hacia Israel o en el asunto de los contratos de armamento del Ministerio del Interior con Israel. La política es el arte de lo posible, aunque nosotros seamos una formación con un proyecto emancipador y utópico. Sabemos cuál es la tradición del Partido Socialista en política internacional. Y ahora lo que tienen difícil es retratarse con fuerzas que son de extrema derecha, con un Gobierno de EEUU que está organizando una recomposición del orden internacional. Nuestra ciudadanía percibe que EEUU es una amenaza para nuestra libertad y para nuestra democracia.
Que nos digan qué tenemos que gastar de las cuentas públicas, atacando sistemas de pensiones, educación pública, sanidad pública, hipotecando el futuro de las próximas generaciones no solo es un disparate y una ocurrencia de Trump, sino una estrategia de sometimiento y subalternidad. Hemos denunciado el tecnofeudalismo y la estrategia imperialista de EEUU y en esas posiciones lo que tiene que hacer el PSOE es moverse. Nosotros estamos caminando en la dirección correcta. Son ellos los que tienen un problema, porque la ciudadanía ya lo percibe.
P.- Le planteo un ejercicio de ficción. ¿Qué posición tendría el gobierno hoy si fuera monocolor del PSOE?
R.- No estaría manteniendo la posición pública que ha mantenido ahora, claramente. Si no depende de la aritmética parlamentaria de nuestra fuerza y no estamos en el Gobierno, el discurso de Sánchez no iría más allá de la coyuntura ahora difícil de este golpe blando que nos están escenificando las derechas. Que el PSOE asumiera el discurso de la OTAN fue un error histórico. Se está demostrando ahora de manera muy clara.
P.- El eslogan histórico -OTAN no- tenía una segunda parte: bases fuera. ¿Qué futuro tienen Rota y Morón?
R.- Hemos pedido ya que no utilicen las bases en el conflicto de Palestina, porque hemos visto movimientos anómalos en la base de Morón y de Rota. Son imprescindibles para la estrategia logística de mantenimiento de la guerra. Presentamos una ley para fiscalizar los atraques de barcos con destino al tráfico de armas. Teníamos una laguna jurídica. Vamos a presentar una normativa que cuando haya una resolución de la Corte Internacional de Justicia saber qué organismo dentro del Estado tiene las competencias para velar, supervisar el cumplimiento de estas exigencias.
P.- ¿Asistiremos a la salida de EEUU de Rota y Morón?
R.- Creo que sí aunque no me atrevo a poner un horizonte. La crisis que estamos viviendo es muy compleja.
P.- Si esto se lo preguntamos a Margarita Robles, evidentemente diría que es imposible…
R.- No es cierto que sea imposible. Lo que no hay es voluntad política. Evidentemente no vas a cambiar un sistema de dependencia tecnológica, securitaria, en pocos años. Pero si no empiezas a caminar, es lo que hay. La realpolitik conservadora de Margarita Robles o de otros representantes del Gobierno no es lo que espera la ciudadanía.
P.- Se cumplen pronto los dos años de gobierno de coalición. Me pregunto si a veces considera insoportable esta cohabitación…
R.- Es la primera vez en la historia de España y hemos estado muy acostumbrados a las mayorías absolutas o a la mayoría simple, pero holgada. Y eso, desde el punto de vista de salud democrática, no es bueno. Es verdad que es difícil convivir. Hemos tenido también experiencias autonómicas con el PSOE, que en el caso de Andalucía, no son precisamente para recordar. Pero dicho esto esto recupera la esencia de nuestro modelo pluralista de Estado.
P.- Si uno escucha a Podemos, siempre termina denunciando lo que consideran la escenificación del «pataleo» de Yolanda Díaz ante el PSOE…
R.- La opinión pública internacional de los propios socios europeos es que el español es un gobierno radical y extremista. Creo que el problema es cuando te centras en el pasado y en el presente y no miras al futuro. Lo importante es que con los compañeros de Podemos nos encontremos en la defensa de la paz o en la calle y hacia dónde caminamos. Podemos discutir los tiempos y el método, pero vamos en la misma dirección y, por tanto, no cabe ninguna disputa en ese sentido. Lo que habría que establecer son estrategias de alianzas.
P.- En el caso de nuestra seguridad, usted considera que Rusia no es un enemigo. ¿Lo es Marruecos?
R.- En la lógica que nosotros defendemos de diplomacia pública, Marruecos no es un socio fiable. No compartimos la posición del PSOE ni del ministro Albares en modo alguno. Estamos indignados y hemos llevado muchas iniciativas en defensa al pueblo saharaui, del derecho de autodeterminación y del cumplimiento de la resolución de Naciones Unidas respecto a los territorios ocupados. Nuestra posición es firme. Igual que hemos cuestionado el chantaje de Trump, no vamos a permitir que un Gobierno limítrofe como Marruecos marque la agenda política de nuestro país, porque evidentemente va a afectar a nuestras relaciones exteriores como lo está haciendo, y también a los derechos del pueblo hermano saharaui, que son connacionales. Tenemos un deber histórico y moral. No diría que es un enemigo pero sí un no aliado, al contrario de lo que sostiene la política exterior del Gobierno liderada por Albares. Nosotros cuestionaríamos esa alianza estratégica y pondríamos en cuarentena la política de cooperación respecto a Marruecos, no solo respecto a los territorios ocupados, sino también respecto a su papel en el territorio, en todo lo que sería la región, como valedor de los intereses imperialistas de la OTAN y de Estados Unidos. Y en eso, estamos por democratizar y lograr derechos para el pueblo marroquí e ir avanzando en relaciones amistosas.
