Autor: Albert

Dura lex, sed lex

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Decía Pepe Mujica que la vida nos enseña que siempre se puede estar peor. “La realidad social puede ser injusta y llena de desigualdades, pero hay que luchar por la democracia. Vale la pena. A pesar de todos los pesares. No se puede ser neutral. Estamos en plena revolución tecnológica que hace posible entrar y controlar la conciencia de las grandes masas. Ninguna dictadura en la historia de la humanidad ha tenido esos recursos. Hoy sabemos que esto existe y todos nos debemos comprometer, pues la batalla por la democracia está lejos del fin. Tengo esperanza en el ser humano. Cuidemos la democracia”.  El consejo es del todo pertinente. Haríamos bien en tomar al pie de la letra la advertencia del viejo líder del Frente Amplio uruguayo hoy que la democracia vive amenazada por la ultraderecha y los magnates del capitalismo de plataformas.

El principio de la publicística “luz y taquígrafos” es contrario al ruido y las interferencias. Luego hay que procurar evitar la lógica del escuadrismo contrario a este principio. La ilustración oscura es un oxímoron. El exabrupto y la barbaridad es propio del género de la astracanada, una representación de opereta de mala calidad que oculta los intereses en juego, el muro de Wall Street al servicio del cual están los agitadores violentos de la ultraderecha, figuras del antiperiodismo que invaden el Congreso con el fin de violentar el decoro y la convivencia y hacer del espectáculo grabado una caja suculenta a golpe de clickbait. Todo ello en el marco de la impunidad y de la agenda oculta de la ultraderecha destituyente que ataca sistemáticamente nuestro sistema de representación. La reforma del Reglamento del Congreso responde a una necesidad sobrevenida ante la gravedad de las actuaciones del escuadrismo mediático en defensa de la profesión y colectivos como la Asociación de Periodistas Parlamentarios que sufren a diario la violencia de la vanguardia de la ilustración oscura.

Decía Jesús Ibáñez que la lógica de captura de las clases dominantes en este país siempre opera con opacidad. La caja negra es la lectura normalizada que comparten cuando hablan del principio democrático de luz y taquígrafos consustancial al parlamentarismo. Y, por ello, al igual que Ellon Musk, no quieren norma alguna que delimite su acción arbitraria. Las leyes las definen ellos. Pero sabemos que sin norma impera el abuso de quien tiene el poder de decir y hacer sin límite alguno, una anomalía por cierto en el contexto europeo, si se hace un análisis comparado. Urge por ello acometer esta asignatura pendiente de la democracia y abrir el debate en la esfera pública sobre el papel de los medios y las mediatizaciones que experimenta nuestro sistema político, con más falencias que potencialidades, desde el punto de vista de la calidad y del debido pluralismo interno. Tiempo pues de vindicar la ejemplaridad y cualificación de la democracia deliberativa. Por principio, todo representante público, y todo mediador, los profesionales de la prensa en particular, han de defender el interés público y cultivar la virtud y ejemplaridad propia de servidores públicos. Desde este punto de vista, la cortesía parlamentaria no es otra cosa que la traslación del imperativo categórico kantiano en el funcionamiento de la cámara.

La democracia es convivencia y el juego de mayorías y minorías, con respeto al pluralismo, siempre desde la educación y la atención al otro. Democracia casa mal con delación, señalamientos y formas de hacer y decir que violentan principios constitucionales elementales y el propio reglamento de la cámara sobre decoro y respeto a la palabra. En el caso de algunos medios y supuestos periodistas que operan en el Congreso lo menos grave que se puede decir es que han incumplido la debida cortesía como norma de comportamiento, abusando de su posición privilegiada para generar impactos rentables mediante la provocación, a lo Trump, en una manifiesta conducta de mala praxis deontológica, denunciada incluso por la FAPE. En el trasfondo de esta deriva, persiste una cultura de la impunidad que ha traspasado los límites de lo razonable. Todas las fuerzas parlamentarias hemos sido claros y unánimes en esta apreciación, salvo PP y VOX, la Santa Alianza ultramontana, que confunde libertad de expresión, con arbitrariedad, derecho de la libertad de prensa con la infoxicación y la mentira, y autonomía de los medios con concentración de las empresas periodísticas aliadas a sus intereses. En definitiva, defienden, dicho irónicamente, un solo mundo, y una única voz, la de ellos, aunque sea disonante y desafine. No son afectados, como es evidente, por estas actuaciones irregulares en el Congreso.

En las dos enmiendas a la totalidad presentadas por ambas formaciones coaligadas, se limitan a defender el artículo 20 con medidas austericidas, prohibiendo el uso de lenguas cooficiales, y confundiendo ejecutivo y legislativo para reducir el número de comisiones. Ninguna de ellas relativas a la Comunicación. Pues, a juicio del PP, la Presidencia puede actuar de oficio con el actual reglamento en la mano. Y lo hacen al tiempo que vienen afirmando en tribuna que la Presidenta tiene secuestrada la cámara. Suponemos pues que en la espiral del disimulo se trata de seguir con los efectos visuales, con los trampantojos, para mostrar lo que no es, para engañarnos diciendo defender la libertad de prensa cuando están alineados con Trump y su proyecto político de guerra cultural, censura y liberticidio. Ello explica no solo su aislamiento en la cámara en esta y otras cuestiones centrales y su nula capacidad de interlocución que niegan además al resto de fuerzas parlamentarias.

Sabemos que toda mediación y representación pública exige la escucha activa. La esencia del ser humano es el diálogo y por lo mismo la principal tarea de un periodista es la atenta escucha. Además del derecho a preguntar tiene el deber de escuchar al otro. Y respetar los turnos de palabra. El justo nivel de la comprensión humana y de toda crítica, el principio fundamental de todo demócrata, pasa por saber escuchar y hablar en un reparto justo, ordenado y proporcional de tiempos y turnos. La hinchazón, la provocación castiza, el arrebato sin seso, la provocación e impericia, el aldeanismo cerril y otra suerte de comportamientos contra la mayoría no son aceptables. Quienes militamos en la pedagogía de la esperanza no renunciamos a educar en la convivencia democrática pero parece tarea imposible con la deriva trumpista de la derecha ultramontana. El ensimismamiento de los partidos derechistas y sus terminales mediáticas parece abonado a la lógica de la embestida. La cámara de eco, la reverberación de un único discurso de odio y redundancia, la falsedad y mixtificación como norma, la epifanía de la verdad y la evidencia imponiendo a golpes una lógica tautista, de aislamiento, de negacionismo, que no tiene por objeto otra cosa que generar desconfianza y derruir las bases de representación y de la democracia es una amenaza para la dinámica parlamentaria y ha de ser atendida empezando por recordar que no hay democracia sin normas. Cuando la mala praxis deontológica impide la democracia deliberativa y el periodismo parlamentario se ve obstruido y amenazado por la violencia, es preciso tomar medidas. Es una cuestión de calidad democrática y de garantías constitucionales. DURA LEX, SED LEX.

Medianálisis. Dialéctica de la Actualidad Informativa

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MEDIANÁLISIS. La mutación cultural de los medios y las mediaciones saturadas en la era digital proyecta un horizonte sobrecogedor de incertidumbres y contradictorias dinámicas que amenazan la democracia y la propia pervivencia de la humanidad. Desde la Inteligencia Artificial a la proliferación de nuevos dispositivos de dominio, de la infodemia al déficit democrático en los modelos de acceso y organización, los síntomas de la crisis de confianza en el dominio público dan cuenta de un malestar generalizado que afecta a las condiciones mismas de la reproducción social. La trama de relaciones de producción que favorece la apropiación corporativa de la expresión pública determina un proceso de control ideológico, propio del capitalismo de vigilancia, que restringe las libertades públicas y conculca derechos fundamentales como el Derecho a la Comunicación. La dialéctica de la información y el poder exigen, en congruencia, un análisis crítico de la coyuntura que esclarezca la infocracia tecnofeudalista a fin de vislumbrar alternativas de futuro y ensayar utopías digitales de progreso. Este libro es una aproximación exploratoria de los principales debates contemporáneos de la comunicación, escrito al cabo de la calle: entre el periodismo, la insumisa lectura radical de la historia y la política de los comunes.

Congreso abierto y transparencia

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Si el bueno de Manuel Vázquez Montalbán aún nos acompañara, qué escribiría tras la convocatoria del PP MAFIA O DEMOCRACIA. Probablemente, hubiera hablado en su columna del franquismo sociológico. De la cultura del estraperlo y de la propensión de algunos, el de los de quien pueda que haga, de padecer en nuestro país una derechona que no hace lo que dice, dice lo que no hace y encubre, siempre oculta, enreda lo posible para entretener al personal y engañarnos a todos, cual trileros. Seguramente, quien sabe, es un decir, ante el bochorno del discurso cínico delirante, hubiera tenido la tentación de recuperar a CARVALHO para mostrarnos las cloacas del Estado. Y puede incluso, seguro lo haría, que hubiera expuesto una reflexión metaliteraria para clarificar el género literario de esta degeneración de la derecha extrema confusos como estamos si esto a lo que nos vienen obligando asistir como espectáculo es un esperpento, un simple astracán o un sainete de serie B.

Si es verdad que no nos dejan decir lo que hacen, tendremos que recurrir como antaño a la novela policial. Volver a ver deambular a Pepe Carvalho por el Raval de Barcelona o los bajos fondos del foro, incluido el palco del Santiago Bernabéu, para investigar, como lo hace hoy Juan Madrid, por ejemplo, el robo de niños de la dictadura de la casta. Esta es la paradoja de nuestro tiempo, tener que desvelar la trama y seguir el rastro del dinero para entender la lógica golpista del escuadrismo patrio en acción. Así que, dadas las circunstancias, instalados en la militancia de la hipérbole, algunas fuerzas en el congreso, partidarias de lo atado y bien atado, es normal que voten en contra de toda reforma. Abonados a las sonadas y al ripio calamitoso, no quieren reforzar el legislativo, ni transparencia, ni publicidad ni fiscalización de los poderes públicos. Menos aún de sus ejecutivos dedicados a eliminar, como en Baleares, oficinas contra la corrupción o al pitufeo y contratos  ocultos al escrutinio público como se ha descubierto en Andalucía con la Sanidad Pública. Eso sí, no dejan de derrochar recursos públicos en favor de medios afines para mayor gloria de su partido. Mafia o Democracia. Toda una tradicomedia. No sabemos quién diseña las campañas de este PP pero desde luego no saben que, en el lenguaje, el orden de factores sí altera el producto. La disposición sintáctica muda el sentido de la expresión. En la izquierda, vindicamos la alternativa Socialismo o Barbarie, pero en la derecha invierten el orden. Ponen en primer lugar la palabra Mafia. Debe ser que es lo primero en lo que piensan o que no saben escribir un eslogan. Uno está, francamente, tentado de mandarles, sancionados, al rincón de pensar, con capirote y orejas de burro incluidas, como les gusta, tan tradicionales ellos, a ver si se contagian un poco en la biblioteca del Congreso y se les quita tanta tontería.

En cualquier caso, sabemos que no es posible la democracia con procesos de regulación corrompidos, sesgados o bajo el imperio de las cajas negras. Precisamos huellas normativas, trazabilidad, rastros y pruebas sobre el decir y hacer de la actividad parlamentaria. La democracia es incompatible con los que atan. Es del orden de la apertura, de espacios abiertos, no de instituciones y lógicas políticas cerradas o cerriles.

La propuesta del PSOE para reformar el Reglamento de la cámara en materia de reglas de transparencia y regulación de los grupos de interés no solo cubre una laguna normativa que viene a responder a las recomendaciones del Grupo GRECO. Es una iniciativa parlamentaria que procura fortalecer los procesos y órganos de control, fomentar la cultura de la transparencia y garantizar un marco jurídico para la actuación de la Oficina de Conflicto de Intereses. Ya el Plan de Acción para la Democracia propuso reformar una situación de evidente déficit histórico en términos de derecho de acceso y escrutinio público con el desbloqueo de las opacidades de las políticas públicas que han imperado en este Estado por siglos de monarquías corruptas y dictaduras traficantes de los intereses de la oligarquía económica.

Desde 2020, la UE ha observado con preocupación cómo el lobbismo ha venido socavando nuestras democracias, afectando a la propia unidad comunitaria. En congruencia, Bruselas ha exigido a los Estados miembros, a España en particular, medidas para combatir la manipulación de la democracia parlamentaria.

La debida ejemplaridad y transparencia son principios básicos de todo representante de la soberanía popular y de ahí la necesidad de un marco de actuación para detallar la huella legislativa y establecer medidas disciplinarias en caso de incumplimiento de las obligaciones.

El articulado contemplado en el Titulo XIV que hemos aprobado en el Congreso el pasado 10 de junio se ajusta, punto por punto, con las exigencias comunitarias, tanto en materia de información gubernamental como de rendición de cuentas, una reforma que las señorías de la oposición ultramontana descalifican de antemano. Es su modus operandi. No entienden el derecho a la información ni el principio de transparencia. No son de la ilustración oscura, un oxímoron, son contrarios a la razón y al conocimiento. Por no leer no leen ni el MARCA, no vaya a ser que descubran que Lamine YAMAL es fruto de la migración. En fin, transparencia es para ellos una palabra del diccionario que en la práctica ejercen a martillazos o con maniobras orquestales en la oscuridad. Confunden medidas integrales con integrismo y la libertad de expresión con ausencia de norma. A fuerza de negar todo conocimiento y control democrático, terminan así argumentando hasta el absurdo. Pero la evidencia es indiscutible. No es posible democracia deliberativa sin dominio público, sin transparencia, sin derecho de acceso ni participación del común.

Si algún día abandonan la militancia de la hipérbole y se dedican a las políticas de Estado, tendrán la oportunidad de renunciar a la acción de trazo grueso de lo que Anguita denominó la Cloaca Máxima, ese corazón de redistribución de aguas fecales que vertebra la política desde la Transición con un solo cometido, evitar todo cambio o mudanza para la mayoría social.

Las cloacas policiales como las de la corrupción o las que subyacen en los escándalos regios son incompatibles con la democracia. Un Estado paralelo, una suerte de tangentopolis hispana, que promueven con sus servidores y beneficiarios, y que ciegan toda posibilidad de democracia y convivencia, es del orden de la mafia, de la trama de la casta. Deberían repensar en la derecha donde se sitúan, porque la posición, así tuerzan las leyes de la geometría y del sentido común, es clara a este respecto. Y algunos no estamos dispuestos a aceptar conseguidores y comisionistas que viven por encima de nuestras posibilidades, ni en Zarzuela ni menos aún en el Palacio del Congreso. Las únicas comisiones que queremos son las Comisiones Obreras de Marcelino Camacho, las de Unai Sordo, Nuria López o Carlos Aristu. Las comisiones de derechos y justicia social. Para todos, todo, en suma. Por ello vindicamos el principio de gobierno abierto un proyecto presentado en las Cortes para la mejora y modernización del funcionamiento del Congreso, centrado en la participación, la rendición de cuentas y la integridad. Se trata de mejorar la calidad de nuestra democracia con información accesible de los procesos legislativos, con la publicación de lo que sus señorías votan. Es exigencia de la UE y un compromiso asumido por la cámara en la legislatura. Pero eso a la derecha ultramontana tanto le da. Dicen defender la libertad, pero están abonados al silencio y el secretismo, a ocultar pruebas. Han pasado sin solución de continuidad de iliberales a liberticidas, acompañando a Milei, un manifiesto iletrado de chiringuito universitario. Frente a esta lógica de la razón cínica, es tiempo de un diálogo institucional serio y consistente, apostando por el gobierno abierto, para  garantizar la interlocución en cada proposición de ley, con capacidad de iniciativa e interpelación de las organizaciones no gubernamentales, los sindicatos, los movimientos sociales, cualquier colectivo ciudadano afectado por asuntos de interés público o específico de la población.  Se trata, en definitiva, de dar a la ciudadanía herramientas de búsqueda y control de la acción legislativa. Ampliar el dominio público hoy privatizado en la esfera de la información institucional y resolver el déficit democrático cumpliendo con lo estipulado por el Parlamento y la Comisión Europea, compromiso cuarto del Plan de Gobierno Abierto.

El debate en estos momentos en el seno de la UE es si avanzamos en proteger las libertades públicas, la igualdad y la justicia social o se impone el dominio de los falsos patriotas e impostores del orden que atacan la igualdad, la justicia social y el propio Estado de derecho, restringiendo por la puerta de atrás derechos fundamentales.

Es evidente que permitir o propiciar una mayor y mejor fiscalización de la actividad legislativa, y de sus representantes, contribuye a la necesaria regeneración democrática, promueve la eficacia del Estado y, además, trae consigo un aumento del índice de la calidad de nuestra democracia, que en los últimos años ha mejorado notablemente, pese al discurso del oligopolio informativo.

Los ciudadanos necesitan saber qué datos se utilizan para tomar cualquier decisión, qué personas contribuyen a la toma de decisiones, a qué se destina el dinero de sus impuestos, cuáles son y si se respetan los procedimientos de contratación. En definitiva, la sociedad cada vez reclama más transparencia a sus representantes y las instituciones del Estado, tenemos la obligación de fomentar esa cultura y agilizar los cauces para ofrecerla.

Todo lo contrario a la ilustración oscura y al imperio de la impunidad por opacidad que nos quiere imponer la derecha ultramontana.

En palabras de Julio Anguita, el imperativo categórico de toda ética política es transparencia administrativa y democracia consecuente. Tiempo de ponerse manos a la obra: limpiar purulencias y cicatrizar heridas. Es una cuestión de dignidad y democracia. Y una demanda, por cierto, de la ciudadanía. Volviendo al bueno de Manolo Vázquez Montalbán, si hoy escribiera su columna, dejaría claro en su artículo que Valle Inclán escribió el esperpento para superar las penalidades de nuestro pueblo, como crítica social. Nada que ver con el astracán y el sainete que planifican las derechas extremas con tramas y escenas poco edificantes y de baja calidad. Esperemos que cambien de coordenadas y relatos. Por el bien común. Por la salud pública.

El Fin Justifica a los Medios: Sentencias contra Periodistas

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En esta ocasión, en El Fin Justifica a los Medios, conversaremos con Sara Mendiola acerca de las presiones a Medios publicos Europeos. Además, dísfrutaremos de la sección Notimedios con las noticias más relevantes de la semana y una cápsula sobre la herramienta Corrector Online, en Inteligencia Artificial en la radio con Tito Ballesteros.

 

Volver a Blas Infante: Construir soberanía nacional y popular

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El presente artículo es un homenaje ante el aniversario del fusilamento de Blas Infante por parte de las hordas sublevadas contra la II República. Lo publicamos como parte del Monográfico Blas Infante: 89 años de silencio forzado, editado por la Revista La Escucha del diario digital TuPeriódico. Para leer el monográfico completo se puede acceder a través del siguiente enlace. 

En la coyuntura política destituyente que de un tiempo a esta parte vivimos, es habitual escuchar discursos y toda suerte de anatemas sobre la figura de Blas Infante. En el Parlamento Andaluz, y en el Congreso de los Diputados, los discursos de las derechas no solo cuestionan al padre de la Patria Andaluza sino que, en el fondo, articulan un discurso contra el principio fundamental que inspira el andalucismo histórico: la soberanía. Además PP y PSOE usan la figura de Blas Infante como un arma arrojadiza de andaluces contra otras naciones que luchan por su emancipación, muy lejos del mensaje de fraternidad y solidaridad internacionalista que nos legó el Padre de la Patria. Cuando cada diez de agosto, recordamos a quien tanto dio y entregara en vida y obra por la emancipación del pueblo andaluz, homenajear y rendir tributo a su persona es más que un ejercicio de reparación histórica, significa también, hoy más que nunca, confrontar el crimen de Estado que las derechas ultramontanas se han propuesto como programa en Andalucía y Madrid: el crimen político de la desaparición simbólica tras su fusilamiento por el fascismo que hoy campa por doquier. Hablamos de un acto de guerra contra el pueblo andaluz, contra su cultura, su historia y su derecho a imaginar un futuro propio. Blas Infante Infante no cayó por azar, sino porque encarnaba un proyecto emancipador que desafiaba los cimientos del Estado español: un proyecto de Andalucía libre, socialista, plurinacional y anticolonial al interior de Europa occidental. De ahí que sea necesario vindicar su figura y activar la memoria viva de la rebeldía en defensa de la autonomía y la justicia social.

Reivindicar hoy, en la actual coyuntura política, a Blas Infante es reivindicar políticamente una Andalucía que no se resigna a ser periferia, que no acepta el papel de colonia interna. Es reivindicar una historia de resistencia que viene de lejos: de los jornaleros, de los exiliados, de los migrantes, de los pueblos que han sido sistemáticamente empobrecidos y despreciados y que hoy, en medio de la política de vasallaje al imperio y los señores de la guerra vuelve a vindicar el derecho de autodeterminación, la autonomía, no como simple descentralización o en términos jurídicos, sino política del  derecho a decidir, a construir un modelo económico auto-centrado y un horizonte cultural propio, en alianza con los pueblos del Mediterráneo y del Sur global.

Desde este punto de vista, volver a Blas Infante es volver a las raíces de construcción de un proyecto nacional y popular, un bloque histórico, contra el caciquismo, la dependencia, la subalternidad y el expolio que el gran capital del Norte y los intereses de la oligarquía económica mesetaria, vienen imponiendo a nuestra tierra.  Hoy, cuando el capitalismo global profundiza la explotación de nuestra tierra y de nuestra gente, cuando el Estado español niega el derecho a la autodeterminación, cuando la memoria sigue siendo campo de batalla, recordar a Blas Infante es un acto de rebeldía y de liberación, denunciar el expolio de la tierra y nuestros recursos naturales, la miseria planificada, el analfabetismo inducido, la emigración forzada y la dependencia económica y cultural. Es, en fin, luchar contra la cosificación que empieza siempre, como advirtiera Marcuse, con el olvido.

La democracia española, nacida del pacto de silencio de la Transición bajo la tutela internacional de los EEUU, ha negado sistemáticamente el derecho a la memoria como forma de perseguir nuestro derecho a la autodeterminación. Buscar a Blas Infante es buscar a todas las víctimas del franquismo. Es reconocer que la dictadura no fue una anomalía, sino una estructura de poder que sigue operando en el presente. Es entender que la represión no terminó en 1975, sino que se transformó en precariedad, en desahucios, en migración forzada, en racismo institucional, en negación de la soberanía.

Infante entendía que Andalucía no podía liberarse sola. Su soberanía debía construirse en diálogo con otras naciones sin Estado, con otros territorios sometidos al mismo régimen de explotación y desprecio. Por eso defendió el derecho de autodeterminación de Catalunya y Galicia, por eso se acercó al republicanismo federal, por eso articuló su pensamiento desde una lógica de cooperación entre pueblos. Su andalucismo no era excluyente ni esencialista: era internacionalista, abierto, profundamente mediterráneo. En sus escritos, reivindicó la herencia de Al-Andalus no como nostalgia, sino como horizonte. Al-Andalus era para Infante la prueba de que Andalucía había sido un centro de civilización, de cultura, de mestizaje, de saberes compartidos. Reivindicar Al-Andalus era reivindicar una historia silenciada, una identidad negada, una posibilidad de futuro en la alianza de los pueblos del sur que desbordaba los límites del Estado-nación en virtud de una geopolítica emancipatoria de diálogo de culturas donde Andalucía pudiera ser puente entre Europa y África, entre Oriente y Occidente, entre lo rural y lo urbano, entre lo popular y lo intelectual.

Infante no cayó en el sectarismo ni en la arrogancia ideológica. Rechazó la superioridad moral de quienes pretendían hablar en nombre del pueblo sin pisar el barro de sus luchas. Su proyecto no era el de una élite ilustrada que pretendía “educar” al campesinado, sino el de una Andalucía construida por sus propios hijos e hijas, desde la tierra, desde el tajo, desde la asamblea.  En el Ideal Andaluz de 1915 Blas Infante señala que “Andalucía necesita de sus clases trabajadoras e industriales, sobre todo de sus artistas, intelectuales, de todos los hombres honrados que son únicamente los que trabajan.” Por eso se acercó a los sindicatos, a los jornaleros, a los republicanos federales, a los anarquistas. Porque entendía que la soberanía no se decreta desde arriba, sino que se construye desde la base, en la confluencia de las luchas por la tierra, por el pan, por la dignidad. El andalucismo histórico que imaginó es, en esencia, un proyecto de unidad popular, una articulación de fuerzas vivas, de sujetos colectivos, de memorias compartidas. Su propuesta era profundamente democrática, radicalmente igualitaria, y por eso fue tan peligrosa para las élites. Porque no solo cuestionaba la estructura del Estado, sino también la lógica del capital. Porque no solo pedía autonomía, sino que exigía redistribución, justicia social, control popular de los recursos. Porque no solo hablaba de identidad, sino de poder político para las clases trabajadoras andaluzas.

Blas Infante no fue solo el padre del andalucismo: fue el arquitecto de un horizonte de país que sigue pendiente. Su pensamiento no se limita a una reivindicación cultural o identitaria; es una propuesta política radicalmente transformadora, que articula soberanía nacional con liberación social. El andalucismo popular que él defendió no es una nostalgia regionalista ni una bandera folclórica: es un proyecto nacional y popular, anticapitalista, nítidamente republicano.

La lucha por la soberanía nacional no puede separarse de la lucha por la liberación social. Esa es la lección que conviene tener presente este día de homenaje a su memoria. Con Infante, sabemos que no hay autodeterminación sin justicia social, no hay liberación nacional sin redistribución de la riqueza, sin control popular de los recursos. Por eso articuló alianzas con el movimiento obrero, con el republicanismo federal, con los pueblos del Mediterráneo. Por eso reivindicó Al-Andalus como símbolo de una civilización mestiza, plural, anticolonial. Su visión no era localista ni aislada: era internacionalista, profundamente conectada con las luchas del Sur global, con los pueblos que resisten el imperialismo, el racismo, el patriarcado y el capital. En suma, volver a Blas Infante, revindicar su figura, es mucho más que recordar su asesinato. Es asumir su legado como guía para construir una república plurinacional partiendo de su diagnóstico de los males que sufre nuestro pueblo, las raíces originarias de la subalternización y el dominio colonial interno y las alterativas de futuro que alcanzó a definir. Así que en esta conmemoración es tiempo de activar su memoria en forma de política transformadora con, desde y de los andaluces como sujeto político y cambiar la historia negada y la vida en nuestra tierra. Por su lucha y por nuestro pueblo.

El reto de la autonomía informativa

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Este viernes 8 de agosto concluye el plazo marcado por Bruselas para cumplir con las exigencias del Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA) sin que el plan gubernamental de acción democrática haya cumplido siquiera la mitad de los objetivos que motivaron la iniciativa. El reciente proyecto de ley para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y ordenación de los medios de comunicación, aprobado en el último Consejo de Ministros llega, a todos los efectos, tarde y resulta manifiestamente insuficiente. La presentación de esta iniciativa tiene lugar tras un año de discusión, sin que apenas se hayan desarrollado la mayoría de las medidas contempladas para la regeneración de un ecosistema claramente deteriorado, con notorios desequilibrios y alteraciones de modelo de negocio y una mala praxis o deriva tóxica que afecta gravemente a la convivencia democrática y desde luego no se resuelven con una simple armonización jurídica o actualización normativa, pues, dada la complejidad del proceso de mediación social hoy existente en nuestro contexto político, urge por sobre cualquier otra opción reguladora el diseño más bien de políticas integrales en materia de información y comunicación.

Sí, como se reconoce en la exposición de motivos de la citada ley, los medios de comunicación desempeñan un papel estratégico para el libre ejercicio de las libertades públicas, el pluralismo y la democracia; el Estado de derecho precisa de políticas activas que hagan efectivo el derecho a la comunicación, políticas de Estado que de verdad acometan las amenazas, ya no veladas, sino directas y explícitas de los GAFAM a nuestro sistema democrático, y contribuyan, como se infiere de otras iniciativas legislativas de la actual legislatura, a la necesaria transparencia, la verdadera autonomía informativa y el buen gobierno, tal y como específicamente demanda en esta materia el EMFA.

En el próximo periodo parlamentario, es previsible que nuevas medidas avancen en la mejora de la calidad democrática de nuestro sistema mediático que, cabe recordar, sigue regulado con normas del régimen franquista. Hablamos, por ejemplo, de la ley de secretos oficiales, la ley Fraga de prensa o el reconocimiento del secreto profesional demandado por los gremios profesionales desde la transición sin el debido desarrollo normativo, como con la cláusula de conciencia. Bien es cierto, justo es reconocerlo, que durante estos dos años se han iniciado reformas como el gobierno abierto, la regulación de los grupos de interés o iniciativas legislativas que avanzan en dirección a la definición de un marco y reglas del juego democrático equiparables con otros países de nuestro entorno. Pero sigue evitándose regular el derecho a la comunicación en la base de la cultura deliberativa y, lo que es aún más evidente, no existe voluntad de construcción colectiva del dominio público en forma de políticas de Estado de comunicación. La propuesta de ley en curso que habrá de debatir la Cámara de Diputados habilita, por ejemplo, a la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC) como ente responsable de cumplir las obligaciones establecidas en el Reglamento de la UE 2022/2065, junto con la Agencia Española de Protección de Datos; se elude así cumplir con la exigencia de la creación de un organismo autónomo del Ejecutivo que vele por las garantías necesarias para el libre ejercicio de la libertad de prensa. Desde la Ley General Audiovisual y la propuesta del gobierno Zapatero de crear un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, y aún antes, desde la academia y los gremios profesionales que venimos demandando desde la década de los noventa un organismo autónomo similar al Consejo Superior Audiovisual francés, sin que los sucesivos gobiernos del bipartido hayan atendido esta demanda justa y necesaria del ámbito de la comunicación, seguimos en España siendo una excepción en el seno de la UE al no disponer de una institucionalidad común en el resto de países. Más allá de la sanción prevista por el incumplimiento en tiempo y forma de la EMFA que aplique Bruselas, es evidente que la CNMC ni reúne las condiciones técnicas, ni competenciales para asumir las tareas que establece Bruselas, ni tiene personal cualificado y con experiencia en las labores de supervisión del sistema informativo y, lo que es peor, a diferencia de la Agencia Española de Protección de Datos, carece de autonomía del ejecutivo.

El Reglamento Europeo de Libertad de Medios exige, explícitamente, por otra parte, de manera clara y precisa, la autonomía e independencia de los medios públicos, y tenemos en vigor un Real Decreto sin aún ser tramitado por el Congreso como proyecto de ley para hacer efectiva la adecuación normativa comprometida por el PSOE y cumplir así con lo establecido en el Reglamento comunitario en términos de autonomía e independencia de corporaciones como RTVE. De ello nada trata la ley, que sí modifica la denominación de la Ley General de Comunicación Audiovisual para incluir la prensa, pero que, a su vez, esquiva cuestiones sustanciales como el papel de los llamados medios del Tercer Sector, o comunitarios, en situación de interinidad, sin apoyo económico ni un marco que canalice la voluntad ciudadana de decir y hacer en el campo de la comunicación, o elude abordar las medidas necesarias para proteger el pluralismo y el trabajo de los profesionales de la información cercados, además de por la ley mordaza, por la concentración empresarial, la descualificación y el reemplazo de la IA en muchas redacciones, con el resultado conocido de vaciar los medios de información de profesionales responsables de aplicar los códigos y valores deontológicos de la profesión periodística.

La única cuestión de fondo que trata, y solo de forma somera, es el análisis y evaluación de los procesos de concentración. El Reglamento obliga a los Estados miembros a establecer procedimientos y medidas de salvaguardia de las dinámicas oligopólicas en el sistema nacional de información. España es uno de los países de la UE con mayor nivel de concentración. Una verdadera amenaza a la democracia con el dominio, de facto, de un duopolio audiovisual, complementariamente a la concentración intensiva de la prensa y el dominio del capitalismo de plataformas que, como apunta el Reglamento Europeo, nos hacen dependientes informativamente, socavando el principio de soberanía y la propia pervivencia de los medios autóctonos en favor de los nuevos intermediarios de la revolución digital, sin que el Congreso establezca límites claros para definir una estructura de la información plural y equilibrada. Pero lejos de asumir consecuentemente el reto de intervenir en el sector, se emplaza al operador responsable, la CNMC, a vigilar futuros escenarios de concentración lesivos a efectos del necesario pluralismo interno de nuestro sistema mediático. En este marco, manifiestamente favorable a la desregulación, tampoco se aborda el cambio del sistema de medición de audiencias, confiado en la reforma de habilitación de la CNMC para supervisar o corregular con los actores el monitoreo de consumo en las redes y medios, cuando es público y notorio que el actual modelo debe ser reformado y democratizado. Llama en este sentido la atención que tales temas concentren buena parte del debate político y que, no obstante, no exista Comisión o subcomisión específica en la cámara de representantes que se ocupe monográficamente del estado de la cuestión, teniendo lugar toda discusión pública en los propios medios objeto de regulación, en el ágora periodística, o como arma arrojadiza del bipartito en tribuna parlamentaria, sin dirimir y analizar los retos estratégicos del sector como política de Estado en tiempos de la propia era digital.

La cultura de las pantallas móviles y difusas de la cuarta revolución industrial hace tiempo que desplazó el debate sobre derechos de la ciudadanía de los contenidos de edición a la red tecnológica y los proveedores de servicios, sin que desde las políticas públicas se hayan promovido las necesarias medidas de intervención al objeto de fomentar una cultura mediática y digital responsable, crítica y consciente de las lógicas de desinformación y control social que las grandes plataformas y redes sociales promueven sistemáticamente. La comunicación no es una mercancía, es antes que nada un derecho fundamental para la participación en democracia y exige, en lógica coherente, un esfuerzo de pedagogía democrática, empezando por regular no desde el Ministerio de Economía ni desde una concepción instrumental del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública; no estamos ante derechos del consumidor, que también, sino ante un problema democrático de producción del dominio y el espacio público. Urge, pues, pasar de una visión mercantil y administrativa a una concepción política de la regulación de la comunicación y de una lectura corporativa, mediática o economicista a una visión de la comunicación como política cultural. Es hora, en fin, de acometer el Derecho a la Comunicación como un derecho humano fundamental, como un derecho universal que ha de proteger la información en tanto que bien público esencial para nuestra democracia, procurando una ecología mediática democráticamente saludable, consistente, sostenible y compleja, como el tiempo que nos toca vivir y transformar. A día de hoy, el proyecto de ley en curso no alcanza siquiera a cumplir los requerimientos de Bruselas. Y si la sociedad civil y los gremios profesionales no articulan un frente común, nos tememos que los males que aquejan a la estructura real de la información terminen por colapsar el propio sistema democrático. Síntomas manifiestos de tal diagnóstico son más que visibles a día de hoy. Las fuerzas progresistas, la coalición de gobierno particularmente, deben dar un golpe de timón y situar en el centro de la agenda estratégica este cambio de futuro para ganar democráticamente la disputa de la batalla cultural.

Es común afirmar que sin periodistas no hay democracia, y del mismo modo podemos colegir que sin una reforma radical ni política integral de medios no hay futuro para el Estado social y de derecho. Este es el punto nodal para toda exposición de motivos que acometa el reto de garantizar la autonomía informativa en tiempos de tecnofeudalismo y de capitalismo de plataformas, acorde con el espíritu del artículo 20.3 de la Constitución. Hablamos del derecho de acceso y la participación de la ciudadanía.

Periodismo parlamentario y cultura deliberativa

Posted on by Albert
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La dialéctica de decir, oír y hacer se ha cortocircuitado en nuestro sistema político. Se dice, de forma altisonante y ofensiva, sin una coherencia práctica; no se oye, solo hay ruido, y no se hace lo que se promete o se dice lo que no se hace y, peor aún, se hace lo que no se dice. Todo ello sin escucha alguna, con guiones prescritos por aquiescencia de consultores de marketing y asesores de imagen a sueldo. Esto es la pura negación del parlamentarismo que, como todo proceso histórico, tiene sus antecedentes y su lógica operacional definida por un contexto propio del capitalismo rentista.

Cuando asistimos al cuestionamiento de la función social informativa, del papel del periodismo parlamentario y de la crisis de representación, hablamos de una estrategia de restauración contra la democracia, producto de una clara dialéctica de la colonización de nuestras instituciones y de nuestra comunicación política, en este caso por el trumpismo. Discurso del miedo para cercar e inmovilizar a los diputados en la lógica de la sonada y política de la desinformación de los trampantojos, haciendo parecer las derechas ultramontanas que defienden la libertad de prensa cuando, en realidad, actúan guiados por una estrategia liberticida. Tanto PP como Vox están separados apenas nominalmente por las siglas, pero de facto hermanados por una cultura política propia del franquismo sociológico, patrimonializando las instituciones, en especial el Poder Judicial, y ocupando el Congreso por medio de la violencia simbólica de sus terminales mediáticas parafascistas. A partir de una noción del derecho arbitraria, identifican diversidad con exclusión, y la Constitución con un martillo pilón, amparando el proceso de control de la información política del tecnofeudalismo dominante de los GAFAM contra todo fundamento o defensa de reforma del Reglamento ante los ataques a la integridad democrática de los profesionales de la prensa que trabajan en la sede de la soberanía popular. En el fondo, precisan la ausencia de norma y la impunidad para desplegar el mediafare y la agitación ultra de sus terminales mediáticas, siguiendo el patrón de Fox News. Un modelo de sistemática desinformación dirigido a:

  1. La guerra jurídica y el derecho al revés, por medio de imágenes distorsionadas de la realidad, prefabricadas para el linchamiento mediático y una suerte de picota medieval.
  2. La guerra híbrida y el acoso permanente de las fuerzas de progreso con elementos narrativos y discursos totalitarios que abundan en la crisis de legitimidad democrática para minar la confianza de la ciudadanía en nuestras instituciones y representantes.
  3. La americanización de la justicia mediática como violencia verbal y simbólica permanente al estilo Trump o Milei, con motosierras o micrófonos que acosan, insultan y agreden, dentro y fuera de las redes sociales.
  4. La polarización ultraderechista realimentada con discursos y pronunciamientos antidemocráticos.
  5. Y, claro está, la criminalización de la protesta y las propuestas de las fuerzas de izquierda de acuerdo a los intereses del capital financiero, para lo que necesitan extremar las medidas disuasorias, no a base de argumentos, sino por medio de ataques ad hominem, con insultos.

Abrazafarolas, corrupto, mentiroso, bobalicón, alcornoque, sorete, cenutrio, inútil, cantamañanas, tonto de capirote, bocachanclas, malaje, mastuerzo, pintamonas, gilipollas, tontohaba, zopenco, huevón, pusilánime, payaso forman parte de una lista, al estilo Umberto Eco, que podríamos enumerar de las habituales expresiones que a diario se escuchan desde la fila de escaños de Vox, y también del PP, durante toda la legislatura. Nada edificante en términos de cultura política y democracia deliberativa. La educación y moral pública pasa por el respeto, el decoro y las buenas formas, las propias de la cortesía parlamentaria, en la que insultar o señalar en público es inapropiado. Y por eso existe un código de conducta que garantiza el respeto en la Cámara de Representantes. Principio del imperativo categórico kantiano.

La violencia verbal, la agresión sin medida no caben en democracia. Pero la colonialidad de la comunicación política trumpista ha permeado las formas de actuación de la derecha, militando en la estulticia de la avaricia de sus patrocinadores y la teología política del cretinismo y la hipérbole como método de interlocución o, más bien, de agitación y acoso al conjunto de fuerzas democráticas. Ignorando que podrán engañar a todos algún tiempo y a algunos todo el tiempo, pero no pueden engañar a todos todo el tiempo, vienen accionando una política de acoso y derribo al Gobierno y la mayoría parlamentaria en beneficio de la oligarquía económica que, hoy como ayer, actúa contra la democracia para sostener la fortaleza del modelo rentista contra toda veleidad de reforma o derechos para la mayoría social. Llama en este sentido la atención que las derechas hablen de censura por garantizar el trabajo del periodismo parlamentario cuando allí donde gobiernan han desplegado una guerra irrestricta, como Trump, contra los medios y periodistas no empotrados. Empezando por los medios públicos, donde incluso han sido condenados en tribunales por mala praxis, y continuando en medios independientes no subvencionados como los medios ciudadanos o comunitarios. En el framing del mundo al revés que nos muestran las bases mediáticas de la Santa Alianza, los liberticidas se presentan, caso Milei, como defensores de la libertad de información, mientras amparan la violencia, los señalamientos, la agresión y el fascismo de su escuadrismo mediático. Y quienes defendemos el dominio público, la democracia deliberativa, somos declarados en sus múltiples canales enemigos de la libertad. La paradoja es que el debate de la reforma del Reglamento del Congreso se ha hecho a petición de la Asociación de Periodistas Parlamentarios, que llevan tres años denunciando mala praxis y agresiones de las fuerzas de choque del IBEX35.

La iniciativa de modificación de las normas internas de la cámara ha sido debatida con la Red de Colegios Profesionales de Periodistas, con asociaciones de la prensa, con la FESP y representantes de la academia. Se trata de una iniciativa en defensa del Derecho a la Información, una reforma con consenso de la práctica totalidad de las fuerzas parlamentarias, a excepción de la derecha ultramontana, que se ajusta a la filosofía de legislar ateniéndonos a las normas estrictamente morales, construyendo porvenir y convivencia, garantizando la mesura, la proporcionalidad, el respeto y la tolerancia. Este y no otro es el lenguaje y la forma expresiva de la DEMOCRACIA. Una exigencia básica por el BIEN COMÚN y la SALUD PÚBLICA. Todo lo demás solo es ruido y violencia. Trampantojos dialécticos y argumentativos que, como en otros tiempos de tinieblas en la historia, toca desmontar y aclarar con pedagogía democrática, pa/ciencia y el principio esperanza.