Autor: Albert
Una Amistad Condenada Werner Rügemer
El jueves 29 de mayo, en La Carbonería, a las 18h, presentamos Una amistad condenada de Werner Rügemer, editado por Tredition.
Con Werner Rügemer, autor, Carmela Negrete traductora, Daniela Monje, investigadora Universidad de Sevilla y Francisco Sierra, catedrático de la Universidad de Sevilla.
El ascenso del capitalismo estadounidense se presentó al mundo bajo la bandera de la libertad, la democracia y la prosperidad. No obstante, las prácticas del «América first», que incluían genocidios, explotación laboral y saqueo bélico de bienes ajenos, no desaparecieron, sino que fueron modernizadas. La Primera Guerra Mundial se convirtió en el primer gran negocio global, en torno al cual los aliados fueron sometidos. Después de la guerra, las corporaciones estadounidenses invirtieron en Europa Occidental. Mussolini fue inundado de créditos. Empresas estadounidenses suministraron armamento a Franco y equiparon a la Wehrmacht alemana para una guerra contra «Rusia». El nuevo banco central liderado por EE. UU. en Suiza blanqueó oro saqueado por los nazis. Se ignoró la persecución de los judíos. Con el lanzamiento de dos bombas atómicas sobre la población civil, comenzaron nuevas guerras contra nuevos enemigos, en sistemática violación del derecho internacional.Werner Rügemer (1941), Dr. en Filosofía, publicista e intervencionista político.Desde los años 1980, ha publicado sobre la decadencia político-moral de la sociedad estadounidense, el extremo contraste entre ricos y pobres, la interconexión entre el ejército, los servicios de inteligencia y la alta tecnología, así como la destrucción ambiental y los daños a la salud de los trabajadores migrantes en los sectores de salarios más bajos.
Extractivismo digital
Trump rima con trampismo y es del orden del extractivismo, su campo semántico es el que es, con la diferencia que como la IA ahora su acción política es generativa. Ha evolucionado y ya no actúa en clave de la acumulación por desposesión, sino más bien por medio del despojo. Los tambores de guerra y la cámara de eco de los GAFAM lo vienen anunciando. Lo que no cuentan las crónicas sobre los aranceles es la anatomía política de la descomposición del capitalismo ordoliberal. Trump, al fin y al cabo, es un trampantojo, un efecto visual con el que restringir el alcance de nuestra mirada, centrados como estamos en el escándalo televisado que no cesa, sea los aranceles o cualquier otra ocurrencia de última hora de los asesores áulicos, mientras Wall Street y los criminales de guerra despliegan el proceso de ocupación de las tierras raras, por vasallaje (Milei), cooperación voluntaria (Inglaterra) u omisión (UE). Toca pues abordar la política de la restauración en curso con una visión geopolítica de la comunicación y diríamos ecológica, geofísica, de la información digital. Pues asistimos a una suerte de escena propia de Ro.Go.Pa.G, el film de Godard y Pasolini con Ugo Gregoretti y Roberto Rossellini, en el que se proyectaba, en el contexto de expansión de la sociedad de consumo, un panorama desolador de la manipulación programada, hoy de facto posible por los sistemas expertos de neuromarketing viral, el mismo que ha permitido al tuitero jefe de la mafia pasar de tres millones de seguidores a trece como presidente y tras el cierre de su cuenta crear su propia plataforma y llegar de nuevo al poder.
Tiempos feudales el de los señores del aire que imponen la violencia simbólica en lugar de la libertad de expresión a golpe de clickbait. Los Proud Boys e hijos de QAnon despliegan su ilustración oscura sin límites, a golpe de proclama, mientras la caja negra de comando y control social oculta al escrutinio público las operaciones bursátiles y de recomposición de la tasa de ganancia, ya no mediante la fórmula cañones y mantequilla sino siguiendo, punto por punto, el guión escrito por la caricatura de John Wayne, al estilo Far west. La fiebre del oro de nuestro tiempo es la de la explotación intensiva de las capas de la tierra necesaria para supermineralizarse. Y aquí estamos impávidos ante la pantalla entreteniéndonos con el trasunto de Super Ratón tras el aviso de “no se vayan todavía, una y más”. Suponemos que se refiere a la conversión de nuestra vida en oro, el tiempo y los propios cuerpos. En la era Big Data, como con “El desafío Starbucks”, la clave está en la materia prima de la economía política del personal. Se extrae información sobre nuestros usos y pensamientos, sin conciencia, y nos venden productos manufacturados para realimentar el ciclo de circulación del capital, siempre sin luces, faltaría más. En palabras de El Roto, los que nos quieren tener localizados son ilocalizables. Pero a diferencia de otros tiempos, hoy los capos de la oligarquía inundan las pantallas en una suerte de DANA desbordante cual ángeles exterminadores que anuncian a diestro y siniestro el apocalipsis. En esta representación distópica del colapso, la estética gore de la motosierra conecta con el terror y la memoria del inframundo, mientras los oligarcas del tecnofeudalismo se arrojan sobre las capas mineralizadas de las materias primas necesarias para su revolución digital, que obviamente no es la nuestra. El sueño húmedo de los emuladores de Steve Jobs, fabricantes de equipamientos llamados inteligentes para la nada, anulan de hecho, por principio, la dimensión volitiva de toda acción colectiva y conectiva, mientras amenazan conquistar Groenlandia, Bolivia o incluso nuestros yacimientos, todos aquellos territorios ricos en litio, cobalto, cobre, grafito o níquel, a mayor gloria de la modernidad prometida con la transición digital. Ya saben: el saber, Google, os hará libres. Y así avanza la caravana del Oeste: de las encuestas y sondeos al control y extracción de datos convertidos en meros figurantes de una serie a lo “Strangers Things”: los productores hacen pruebas pretest a los públicos, estos segregan serotonina y los estrategas de neuromarketing planifican con el algoritmo contenidos y reacciones deseables para conseguir la opinión pública por aclamación.
En esta lógica que nos circunda, el americanismo es la colonización total del tiempo y del espacio, empezando por la información personal: de Nike y Coca Cola a Cambridge Analytica. Trump simplemente oficia, en la ceremonia de la confusión, como gran burgomaestre. Representa no solo la decadencia de un imperio, el Nerón del siglo XXI, sino también la viva expresión del colapso capitalista en forma de darwinismo social, de normalización de la corrupción económica y el matonismo político: la idioticia de un universo de servidumbre e ilotas dominados por unos medios de comunicación hegemónicos cuyo poder omnímodo todo lo devoran. Pues la minería de datos y de tierras enriquecidas requieren relaciones de vasallaje y el secreto como norma. Lo que oculta la caja negra es, como antaño con el ascenso del fascismo, el crimen organizado. Lecciones de la historia. Todo proyecto de restauración pasa por ocultar las operaciones de la gran banca. Es en este rastro e hilo rojo de la historia donde podemos observar las conexiones del capitalismo financiero especulativo de la era digital con la mafia.
Más allá de Milei, sabemos que el capitalismo neoliberal no es ya sostenible sin una estrategia criminal de robo y tierra quemada. Esa es la esencia de la necropolítica y el ecocidio que nos quieren vender en forma de luminosa pantalla por razones de seguridad. Habrá que volver a releer a Benjamin y Sacristán y, de paso, no olvidar que como nos enseña el viejo topo, las burbujas especulativas y mediáticas terminan siempre en tsunami, en multitud movilizada, una dinámica que no podrá ser transmitida en vivo. No hay streaming que pueda cubrir la potencia emergente de la vida que se resiste a ser codificada o morir bajo la captura de pantallas líquidas que consumen nuestra inanición. Así que por suerte la puesta en escena de Trump terminará en la obscena ruptura o quiebre del orden político-social, por necesidad y deseo. Cosas de los nuevos materialismos que impone la cuarta revolución industrial.
Luz y taquígrafos
En los últimos días, han sido innumerables los artículos de opinión y debates a propósito del cambio de reglamento del Congreso que, entre otras adaptaciones, contempla normas de obligado cumplimiento para los informadores acreditados que siguen diariamente la actualidad parlamentaria.
Sobra decir que las reacciones de la prensa, como la de los partidos de la Santa Alianza, el duopolio de la extrema derecha, han sido —como viene siendo, por otro lado, habitual— totalmente desmesuradas. En la tónica de siempre.
De hecho, el plan de Gobierno en materia de regeneración del sistema mediático o la reciente medida de transparencia y regulación de los grupos de interés fue ponderado en similares términos y tono de crítica. Como decía Jesús Ibáñez, la lógica de captura de las clases dominantes en este país siempre opera con opacidad. La caja negra es la lectura normalizada que comparten cuando hablan del principio democrático de luz y taquígrafos consustancial al parlamentarismo. Y, por otra parte, al igual que Musk, no quieren norma alguna que delimite su acción discrecional. Las leyes las definen ellos.
Pero quienes llevamos más de treinta años defendiendo políticas democráticas de comunicación sabemos que sin norma impera la arbitrariedad de quien tiene el poder de decir y hacer sin límite alguno, una anomalía, por cierto, en el contexto europeo si se hace un análisis comparado. Urge por ello acometer esta asignatura pendiente de la democracia y abrir el debate en la esfera pública sobre el papel de los medios y las mediatizaciones que experimenta nuestro sistema político, con más falencias que potencialidades, desde el punto de vista de la calidad y el debido pluralismo interno.
En el caso de algunos medios y supuestos periodistas que operan en la sala de prensa y los pasillos del Congreso, lo menos grave que se puede decir es que han incumplido la debida cortesía como norma de comportamiento, abusando de su posición para generar impactos (clickbites) mediante la provocación del escándalo en una manifiesta conducta de mala praxis deontológica, denunciada incluso por la FAPE y la Asociación de Periodistas Parlamentarios.
En el trasfondo de esta deriva, persiste una cultura de la impunidad que ha traspasado los límites del decoro y de lo razonable. Ello no sería así si la historia del campo periodístico hubiera sido otra bien distinta.
La ausencia del Estado y los poderes públicos en la regulación del Derecho a la Comunicación ha impedido garantizar principios constitucionales básicos, recogidos en el artículo 20 de la Constitución Española, como el derecho de acceso y la participación de la sociedad civil.
Bien es cierto que cuanto más complejo es un sistema más difícil es percibir y proyectar sus interacciones e intervenir en él desde los poderes públicos a la hora de configurar ecosistemas saludables democráticamente. Pero este argumento interesado de actores con una posición dominante en el mercado no debe servir de justificativa para impedir la necesaria voluntad de construcción del dominio público.
Antes bien, es tiempo de abrir el espacio de interlocución a organizaciones sociales, sindicatos y academia, además de los gremios profesionales y las propias empresas periodísticas, si hay voluntad política de mejorar las condiciones de convivencia.
De no avanzar en común, juntos, la reforma del sector, superando la discusión sobre los medios hacia el horizonte de mediaciones productivas, tendremos un ámbito quebrado, históricamente suturado por brechas y ausencias de dispositivos conjuntivos.
En la era de la información, no podemos seguir manteniendo debates estériles y decimonónicos, sobre la pertinencia de regular o no la actividad de los medios. Ni apelar en vano al principio de luz y taquígrafos cuando la cámara se dispara para hacer caja a como dé lugar.
La deriva mercantilista y autoritariamente obstruccionista de los medios que siguen el patrón Fox News ha llegado a tal grado de toxicidad que la propia profesión ha exigido el cambio del reglamento.
La reforma del Reglamento del Congreso trata justamente de contrarrestar los nocivos efectos de esta estrategia de la agitación ultraderechista. Se trata de cuidar la democracia, que es tanto como decir que hay que adoptar medidas de calidad democrática, medidas congruentes con las necesidades de reforma y adaptación de la sede de la soberanía popular, de una institución que siempre ha de adecuar su funcionamiento a la realidad social.
El festival del disimulo
En Eurovisión 2024, la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) solicitó excluir a Israel del Festival por el genocidio en Gaza. La respuesta tanto de RTVE como de la UER fue subrayar el carácter apolítico del evento. Un año antes Eurovisión había excluido a Biolorrusia porque “infringía las reglas que garantizan que el concurso no se instrumentalice ni se desacredite” e igualmente se hizo con Rusia en el contexto de la invasión de Ucrania. Este año Israel lleva a una superviviente del 7 de octubre. Hablando de instrumentalizar una candidatura no parece aceptable, aplicando los mismos criterios, que se autorice su concurso. Hay razones fundadas para impedir su participación, y no solo por la condena pública de un gobierno extremista y genocida como el de Israel. La cadena pública KAN 11 es el brazo armado de la propaganda del gobierno de Netanyahu, perseguido por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Hablamos de un escaparate de las acciones del ejército y el gobierno de Israel, cuyos contenidos aplauden y ensalzan a su ejército, la ocupación ilegal de Palestina, por mandato divino, y la limpieza étnica. Todo un ejemplo de mala praxis contrario a los valores de paz que, como recomienda la UNESCO, ha de definir el trabajo periodístico en defensa de la humanidad y los Derechos Humanos.
Un somero análisis de los contenidos de la cadena israelí constata que el canal incumple los propios estatutos de la UER que obligan a “desarrollar la diversidad cultural, el diálogo intercultural y los intercambios para promover la tolerancia, reforzar la identidad de los pueblos, la cohesión social y la integración de todos los individuos, grupos y comunidades”. Kan 11, en cambio, emite y publica constantemente contenidos racistas y de apoyo y apología de la limpieza étnica, la ocupación y el asesinato de civiles, sin mostrar ningún cuestionamiento o un ápice de crítica sobre la barbarie en Gaza y los territorios ocupados. Ello ha motivado movimientos de protesta en Islandia, Finlandia y otros estados europeos. El malestar ciudadano en España ya fue más que notorio el pasado año y hoy la sociedad civil mandata a RTVE que excluya a Israel solicitando en los órganos de la UER la supresión de la participación en Eurovisión, por los crímenes del gobierno que respalda con sus mensajes políticos, manifiestamente sionistas, y una apuesta de representación en el concurso dirigido a utilizar el evento como una estrategia de propaganda y blanqueamiento de la guerra de exterminio desplegada en Palestina. En esta línea, teníamos a bien, el pasado mes solicitar durante su comparecencia al Presidente de la Corporación, José Pablo López, un claro posicionamiento de RTVE en defensa de la paz solicitando la expulsión de la cadena KAN 11. El reciente Consejo de Administración ratificó por mayoría absoluta esta solicitud. Probablemente, la UER no atienda la petición de RTVE. Ahora, los conflictos y tensiones que se generaron el año pasado no pueden repetirse de nuevo. Compete a la UER evitarlos, y a RTVE cumplir con la voluntad mayoritaria de la ciudadanía española. La edición pasada fue calificada como la peor o una de las peores que se han vivido en la historia del Festival y no sólo afectó a la ciudad sede, sino a todos los participantes, y desde luego al público en general. Este año la situación está aún más caldeada porque la actuación de Israel viola de todas las formas posibles el derecho Internacional y humanitario, liberado, con la llegada de Trump a la Casa Blanca, de todo compromiso en su voluntad de exterminio del pueblo palestino.
El doble rasero de mantener a Israel cuando se expulsó a Rusia y Bielorrusia, no solo desacredita a la UER y a las cadenas que forman parte de ella., sino que socava los principios de la UNESCO y el sentido del servicio público y su función social. Las víctimas de esta ignominiosa proyección musical no perdonarían semejante despropósito, como la canción de Israel y su aparato de propaganda no podrá ocultar que el gobierno de Netanyahu está siendo investigado por genocidio contra más de dos millones de personas en Gaza, con dictámenes condenatorios de la Corte Internacional de Justicia y de Naciones Unidas, que le ordenan su retirada de los Territorios Ocupados. Su primer ministro Netanyahu y su exministro Yoav Gallant tienen una orden de arresto por la Corte Penal Internacional. Son muchas las resoluciones de la ONU que llevan décadas recordando los crímenes que comete Israel en Palestina y su intención declarada es completar la limpieza étnica de Gaza. Es hora pues, en tiempos de tinieblas, de acompañar los pasos de la sociedad civil española y elevar una voz de protesta por parte de RTVE. No sólo sería un gesto de dignidad sino la condición para contribuir desde la Teledetodos a un mundo justo y en paz. Si no somos congruentes con las normas que nos dotamos, si se celebra una gala como la de Eurovisión mientras se atenta a diario contra el derecho humanitario sin más, con presencia israelí, la televisión pública será cómplice de la barbarie. No nos esperen más al otro lado de la pantalla, la confianza se quiebra definitivamente con actitudes pusilánimes o indiferentes. Este es un tiempo de hechos y no de promesas, de canto y no de cante. Es hora, en fin, de defender la paz y la palabra, y dar aliento a un pueblo que resiste y sufre en soledad el pogromo terrorista.
La guerra de la información
El arranque del Telediario del martes 25 de marzo empezó informando del Kit de Supervivencia, la ocurrencia de la comisaria Von der Layen y sus tecnócratas a sueldo del lobby industrial-militar del Pentágono. Contraviniendo las normas deontológicas y el propio libro de estilo de RTVE, se hizo un improcedente ejercicio de alarmismo y de propaganda belicista que alimenta la espiral del miedo. Están en ello de acuerdo el duopolio televisivo y los medios públicos en manos del bipartito.
La dirección de informativos debiera saber que la guía elaborada por la Comisión Europea para instarnos como ciudadanía “a sobrevivir 72 horas” a una guerra, crisis climática o ciberataque “hasta la llegada de una ayuda externa” no tiene por objeto otra motivación que justificar lo injustificable: la escalada militar y la compra de armamento en beneficio de Estados Unidos e Israel.
Pero las órdenes de Moncloa parece que son más poderosas que el sentido común. Siempre hemos confiado en los profesionales de RTVE, pero conviene recordar a sus responsables que una corporación y servicio público audiovisual presupone rigor, servicio a la sociedad y valores fundamentales que son contrarios a seguir guiones escritos por gabinetes de prensa o lobbies económicos.
Ahora que los medios son altavoces de los miedos para armar la guerra por otros medios, conviene no olvidar que los principios de servicio público audiovisual contemplan la promoción de los valores de paz. Alinearse en el discurso con Trump, el genocidio criminal de Gaza o justificar el rearme con la propaganda de la OTAN es contrario a las normas de obligado cumplimiento de la RTVE.
Un telediario basado en periodismo de declaraciones o contenidos enlatados, así sea del equipo de Von der Layen, va en contra de reflejar en la programación un decidido compromiso con el europeísmo, con el civismo, con la redistribución de la riqueza, la cooperación internacional y la lucha para erradicar el hambre y la miseria.
Más aún, la cobertura hipostasiada de la escalada militar y el discurso bélico que realizan los servicios informativos no cumple los criterios de la UNESCO, ni las normas que se ha dotado el Consejo Profesional. Y lo más grave: apuntan a una función de colaborador necesario con la geoestrategia necropolítica del Imperio.
Recientemente, el profesor Wesam Amer, investigador de la Universidad de Cambridge, ha demostrado cómo los medios occidentales se han alineado con las narrativas sionistas, distorsionando el conflicto según los intereses del gobierno criminal de Netanyahu.
Falta contraste, fuentes plurales, compromiso con el Derecho Humanitario y seguir las directrices de la UNESCO con una apuesta firme y decidida por un periodismo para la paz, preventivo, y no lo contrario, por ejemplo, cuando se invisibiliza al pueblo palestino o hacen desaparecer de la agenda informativa al pueblo saharaui.
El Código Internacional de Ética Periodística de la UNESCO, aprobado en París por todas las organizaciones y gremios profesionales, marca en este sentido una línea de actuación a vindicar en tiempos de atronadores tambores de guerra. Primero, que la ciudadanía tiene derecho a una información verídica.
Toda persona tiene el derecho a recibir una imagen objetiva de la realidad por medio de una información precisa y completa, que le permita expresarse libremente a través de los diversos medios de difusión de la cultura y la comunicación. No sesgos como el de los titulares del kit de supervivencia.
En segundo lugar, es preciso una militancia por la verdad. La tarea primordial del periodista es la de servir el derecho a una información verídica y auténtica por la adhesión honesta a la realidad objetiva, situando conscientemente los hechos en su contexto adecuado.
La guía de Von der Layen es cualquier cosa menos información. Se trata de mera propaganda de la OTAN, sin criterio, descontextualizada y con sesgos notorios no tratados convenientemente por los servicios informativos de la RTVE. Y, por último, los medios han de trabajar por la paz y la eliminación de la guerra y otras grandes plagas a las que la humanidad está confrontada.
El compromiso ético por los valores universales del humanismo debe ser la guía de acción contra toda forma de apología o de incitación favorable a las guerras de agresión y la carrera armamentística, especialmente con armas nucleares, y a cualesquiera otras formas de violencia, de odio o de discriminación, especialmente el racismo hoy normalizado en los medios.
Hace unos pocos días se estrenaba en Sevilla el documental de Pilar Távora, La gran redada, sobre la estrategia de genocidio contra el pueblo gitano del Marqués de la Ensenada. El antigitanismo y la razzia racial cotiza al alza en la era del capitalismo financiero especulativo.
Como en la República de Weimar, es preciso apretar las filas y buscar un chivo expiatorio para mantener entretenido al personal mientras el muro de Wall Street liquida la vida de los más pobres y de la clase media acomodada. Dispone para ello no solo de bases militares, y terminales mediáticas, sino de un contingente de escuadristas, con portavoces en el Congreso, que ignoran que todo código deontológico periodístico pasa por la cultura de paz, la diversidad y combatir los discursos del odio.
Sorprende que este clima interesado de opinión permee también la cobertura de RTVE. Se echa en falta, sistemáticamente, atender estos valores y principios por parte de los directivos del ente público. Quizás están preocupados por La familia de la tele, dicho irónicamente, la de los productores de La Fábrica –ha de imaginar uno, pues todo se externaliza por sistema–.
Y así hemos llegado a confundir el servicio público con el modelo Berlusconi, aun cuando explícitamente, los principios de programación de la Corporación, señalan que la RTVE deben atender a la inmensa mayoría sin perder la calidad de los contenidos ni los vectores del mandato marco y la voluntad de servicio público que da sentido a la función social de los medios públicos.
“El fin debe ser el cumplimiento de los propios objetivos” y no vulnerar sus principios constitutivos por un programa que ganará audiencia pero que, a todas luces, socava, como MasterChef, principios constitucionales básicos, valores cívicos de convivencia en común, además del pluralismo interno, la diversidad lingüística y cultural y la cohesión territorial.
Los trabajadores y profesionales de TVE Extremadura ya han manifestado su rechazo frontal a esta deriva impulsada desde la presidencia de la Corporación. En los últimos días se han sumado USO y Comisiones Obreras. Adelantar el inicio del primer informativo a antes de las 14.00 de la tarde y, además, sumar la carga añadida de una ronda informativa diaria en directo por cuatro comunidades autónomas antes de su arranque no puede estar supeditado a una parrilla de programación pensada para el éxito comercial.
Son numerosas las alteraciones y vaivenes de una política que empieza incumpliendo las normas debidas de información a la audiencia, que tiene derecho a saber los horarios de la oferta programática con antelación, y termina por malversar el sentido de servicio público para impulsar el entretenimiento de la tarde con figuras como María Patiño y Belén Esteban.
Quienes defendemos la democracia radical, sabemos que la mejor apuesta de los medios públicos es la comunicación enraizada, de proximidad, apostando por la producción local e independiente, impulsando los centros territoriales, no solo el de San Cugat, sino también de Valencia, Canarias y, desde luego, Andalucía.
El servicio público audiovisual exige cumplir principios de diversidad cultural, calidad de programación y, también, cada vez más, diversidad territorial. No queremos una RTVE hecha desde Madrid o Barcelona. Tiempo de realizar pues la norma que rige el ente público, tiempo de pensar más desde el sur y desde abajo, lo que no significa la apuesta por la chabacanería y la vulgaridad. El vulgo, la gente común, espera y desea otra cosa. Es cuestión de escuchar. Pido, pues, la paz y la palabra. Para todos, todo; nada para nosotros.
El futuro de la Universidad en cuestión
El derecho a la educación como principio constitucional exige garantías de acceso y calidad del servicio público acorde con las necesidades y desarrollo del Estado y las propias Comunidades Autónomas. Ello presupone políticas activas que contribuyan a reforzar la red de universidades públicas en todo el territorio desde el punto de vista de su organización y financiación sostenible. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de países de la UE, en España, a lo largo de las dos últimas décadas, se ha experimentado un crecimiento desmesurado de las universidades privadas, sin un crecimiento proporcional de población o la demanda real efectiva, dando lugar a un desequilibrio y dinámicas asimétricas de desarrollo que socavan el principio universal de la educación de calidad. La iniciativa privatizadora de los gobiernos autonómicos del PP/VOX ha favorecido la proliferación de centros comerciales, de institutos técnicos habilitados para la expedición de títulos sin homologar de facto los requerimientos legales que exige la norma, cuantitativa y cualitativamente, en la cualificación pertinente y necesaria. Siguiendo el modelo de Milei y Trump, la estrategia de acoso y derribo de las universidades públicas recuerda la campaña orquestada por el gobierno Reagan contra la contaminación ideológica de la educación superior para implementar la agenda política de restauración conservadora. Entonces, el tanque de pensamiento Heritage Foundation, de ideología fascista, diseñó la hoja de ruta de la contrarrevolución reaganiana identificando la universidad como un centro de producción del pensamiento subversivo y peligroso. La cooptación intelectual y la proliferación de centros privados fue la respuesta del gobierno republicano no solo en Estados Unidos, sino en todo el hemisferio occidental, extendiendo un modelo académico que terminaría colonizando el llamado Espacio Europeo de Educación Superior. Del Informe Bricall a la LOU, llegamos así hoy a situaciones extremas como las de la Universidad Complutense, mientras el gobierno autonómico madrileño enarbola la motosierra emulando el discurso de Moral Majority y otras factorías de la ultraderecha extrema liberal como FAES, al tiempo que avanzan en el objetivo de deconstrucción de las bases del Estado de Bienestar por el supuesto derecho a la libertad educativa. La panoplia de argumentos y justificaciones para la privatización del sistema público de educación superior es del orden del discurso de la posverdad y del negacionismo: negación de la prueba y evidencia empírica, del reino de la razón contra la barbarie, de la vida contra de los fondos buitres de Wall Street, con apoyo del relato de las propias bases mediáticas interesadas, como la banca, en comerciar con un derecho constitucional básico.
La entrada de los fondos de inversión en las universidades de nueva creación ilustra la disyuntiva en la que nos encontramos. La bolsa o la vida nos sitúa ante la contradicción de la afirmación de la existencia real y concreta de las universidades públicas como garantes de la movilidad social y la igualdad contra la lógica especulativa del capital que hoy impone cuatro lógicas devastadoras para nuestro sistema de educación superior:
1. La acumulación por desposesión con opacidad. Un ejemplo es el proyecto de Ley de Universidades de la Comunidad de Madrid que contempla la participación de fondos de inversión en las propias universidades públicas y por descontado la ausencia de toda política de equidad, becas y ayudas a la movilidad social. La apelación a la flexibilidad y modernización del sistema universitario elude definir los criterios de transparencia y control democrático de un modelo, el angloamericano, que ya se ha demostrado fallido en la vertebración del sistema europeo de educación superior, al tiempo que se han venido dando ya operaciones de compra-venta, inversiones y creación de centros universitarios a cargo de operadores como BlacRock sin fiscalización, información pública ni regulación del Estado.
2. El dominio del secreto. La aprobación de nuevas universidades privadas ha tenido lugar de espaldas a la comunidad universitaria, a agentes de conocimiento como la CRUE o ANECA, ignorando los informes desfavorables de las agencias acreditadoras autonómicas y la opinión del propio Consejo General de Política Universitaria. Y se ha hecho además, como en Andalucía, por medio de la cooptación de directivos y Consejeros responsables de esta competencia en una suerte de capitalismo de amiguetes, como sucediera con el Consejero Imbroda, pese a la colusión de intereses.
3. El deterioro y desprestigio de las universidades públicas. La campaña de descualificación ha sido incesante desde el oligopólico de medios, dependiente de la banca y las grandes compañías del IBEX35, con especial intensidad a partir de la gestión del ministro Wert. Los rankings, casos de mala praxis, declaraciones de portavoces de la derecha mediática, unido a la asfixia y estrangulamiento financiero de la universidad, han contribuido a crear una imagen del sistema público universitario como ineficiente, disfuncional, endogámico u obsoleto, pese a la alta productividad y los múltiples estándares de calidad y control de evaluación que cumplen a diario las universidades públicas.
4. La regulación asimétrica y desfavorable de gobiernos autonómicos en contra de las universidades públicas. Especialmente en las comunidades gobernadas por el PP, se ha venido favoreciendo una tendencia por la que ya casi las universidades privadas igualan al número de las públicas. Si se aprueban los proyectos en curso, en breve superarán en número, en un tiempo récord, a la oferta pública de formación en educación superior. La Conferencia de Rectores ha manifestado públicamente que detrás del crecimiento de los grados y másteres privados están «las limitaciones presupuestarias y administrativas» que han sufrido las universidades públicas en los últimos años. El gasto en instituciones de educación superior españolas es un 20,7% inferior al promedio de la OCDE. Un informe encargado por el Gobierno de Ayuso a la Fundación Europea Sociedad y Educación, publicado por El País, alerta de una sobreoferta de más de 25.000 plazas de grado en la comunidad: 13.000 en la pública, inflada para atraer alumnos y contratar profesores, y 12.000 en la privada donde un 69% de los grados tiene menos de 45 alumnos. Al tiempo la proliferación de nuevas universidades privadas valida, de facto, un ecosistema con centros de baja calidad, informes desfavorables de las agencias, incumplimiento del marco normativo, falta de investigación, especialización en áreas de conocimiento altamente rentables, como medicina, con una oferta limitada que incumple el principio de universalidad de la educación superior mientras los gobiernos de la derecha regulan en favor de esta asimetría y desigualdad manifiesta.
No sorprende por tanto que las terminales mediáticas y las derechas hayan reaccionado con virulencia ante el proyecto de Real Decreto informado en el Consejo de Ministros del 1 de abril para modificar la norma 640/2021, de 27 de julio. La reacción del Ministerio de Ciencia y Universidades llega tarde, evita la deliberación necesaria y la acción firme y decidida para frenar la conculcación del derecho constitucional a la educación. Pero es una respuesta necesaria, con carácter urgente, ante la tropelía de despropósitos en la política pública de la derecha extrema. Andalucía es un buen ejemplo de ello, aunque la palma se la lleva Madrid, que en 1998 tenía seis universidades públicas y cinco privadas y hoy tiene seis universidades públicas y 13 privadas (y otras cuatro peticiones pendientes). Entre las universidades de nueva creación en estas dos comunidades hay dos, la Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología (UDIT) en Madrid y la Universidad Tecnológica del Atlántico – Mediterráneo (UTAMED) en Málaga, que se han autorizado a pesar de tener informes en contra por no cumplir los requisitos mínimos de calidad que establece la legislación. Cabe advertir que ya el Ministerio de Universidades aprobó en 2021 una norma para evitar las «universidades chiringuito». El objetivo: endurecer las condiciones para autorizar campus creados como iniciativa con ánimo de lucro. Pero los hechos han demostrado que no ha sido efectiva para el propósito que se aprobó.
Una lección básica de Economía Política es la creación de valor por la producción artificial del principio de escasez y necesidad. En la educación superior, se está desplegando una clara lógica política para mercantilizar un derecho como el de acceso a la Universidad con el incremento exponencial de centros privados sin garantías de calidad, ni control democrático. En apenas veinte años las universidades públicas han perdido más de 46.000 alumnos, mientras que las privadas han experimentado un crecimiento de más del 245%, es decir más de 320.000 alumnos. Por vez primera, hemos asistido a compras y ventas de universidades privadas por fondos de inversiones especulando, como con la vivienda, con un derecho fundamental reconocido en la Constitución. Estamos pues en la educación superior como con Florentino Pérez en el fútbol, especulando, operando con los fondos buitres en la Universidad Europea de Madrid, en la de Valencia y Canarias con EQT INFRAESTRUCTURE, fondo nórdico dueño de Idealista, que no tienen por objeto otro fin que imponer la lógica rentista.
Ante este escenario denunciado por la comunidad universitaria, el Gobierno plantea una modificación normativa de fondo, incidiendo en cinco líneas básicas de actuación. A saber:
1. La regulación de la dimensión de los campus y universidades a fin de evitar centros especializados en una rama rentable sin la institucionalidad necesaria. Centros con 500 o mil alumnos responden más a una composición propia de academias privadas que a centros universitarios. La proliferación de universidades monotemáticas es la negación del principio mismo de universalidad, como la extensión de universidades corporativas como la del Grupo Planeta o grandes grupos mediáticos, como ya hiciera PRISA, con sus masters y promesa de empleo, responden más bien a un interés mercantil que a una razón de ser académica. Regular qué es una universidad conforme a tamaño y forma es pues un requisito exigible para evitar tales derivas privatizadoras de degradación manifiesta de la educación superior que, en última instancia, puede terminar desprestigiando nuestro sistema universitario a nivel internacional.
2. La revocación de la autorización de operación de los centros autorizados en el caso de incumplir las exigencias de calidad y requerimientos de la norma. Una vez que gobiernos como el de Moreno Bonilla en la Junta de Andalucía ha aprobado universidades garaje vulnerando el espíritu de la norma, es preciso evaluar y revocar, en caso de incumplimiento, la autorización para expedir títulos y mantener la actividad pública.
3. Las exigencias de estándares de docencia e investigación equiparables a las universidades públicas en los centros privados. Como en la sanidad, la estrategia conservadora ha consistido en reducir y estrangular el servicio público transfiriendo fondos y usuarios a la privada, que no cumple requerimientos ni aplica sistemas de control y evaluación de calidad. El dumping social, y territorial si hablamos de distrito único, debe ser contrarrestado haciendo efectiva la exigencia de dedicación, calidad e investigación con plantillas suficientes para realizar el derecho constitucional con garantías. No es casual, como ilustra la Fundación Conocimiento y Desarrollo que solo el 6% de los doctorandos hagan su tesis en universidades privadas. La excelencia brilla por su ausencia en la oferta privada emergente. Y los protocolos de control y fiscalización inexistentes vulneran los derechos más elementales. Con la modificación en curso del Decreto se tratará de subsanar este manifiesto desequilibrio en perjuicio de la pública.
4. La obligatoriedad del informe favorable preceptivo. Desde el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MCIU) se plantea como requisito de apertura y actuación de operadores privados en educación superior un informe previo favorable sobre el cumplimiento de los requisitos legales. Aunque es responsabilidad de las CC.AA. supervisar que las universidades cumplen con dichas exigencias, el nuevo decreto exige, por ejemplo, a los campus que destinen un 5% de su presupuesto a investigación, les obliga a ofertar un mínimo de 10 titulaciones de tres de las cinco áreas de conocimiento o, para evitar que las universidades se especialicen en másteres, les obliga a tener un mínimo de 50% de estudiantes de grado siendo estas exigencias y el informe favorable de la ANECA de obligado cumplimiento.
5. La limitación de la oferta de las titulaciones a distancia. La proliferación de universidades virtuales abunda más en la potencial enseñanza accesible a golpe de click que en la formación de rigor con plantillas estables, formación de rigor y un uso apropiado de las nuevas tecnologías. A diferencia de lo que ha venido haciendo históricamente la UNED, claramente infrafinanciada, en la lógica de extensión del reino de la mercancía, la proliferación de universidades on line viene naturalizando la enseñanza universitaria low cost. No otra cosa es el mercado de las universidades en línea que la traslación de la precariedad del trabajo docente, el desarrollo de economías de escala y del fast know, sin garantías, conocimiento fundado en la investigación e institucionalidad suficiente para hacer realidad la excelencia que se presupone en la educación superior.
Desde IU en el Grupo Parlamentario de la Izquierda Plurinacional, hemos señalado que es necesario avanzar firmemente en esta dirección y, como apuntáramos en nuestra proposición no de ley aprobada en la Comisión de Ciencia y Universidades, el gobierno debe establecer de forma inmediata una moratoria en la creación de nuevas universidades privadas hasta la plena implantación de la LOSU. Modificar el Real Decreto 640/2021, de 27 de julio, de creación, reconocimiento y autorización de universidades, y acreditación institucional de centros universitarios en el sentido de que, para la creación de nuevas universidades, resulte vinculante el informe preceptivo de la Conferencia General de Política Universitaria previsto en el Artículo 3 y de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación o de la agencia de evaluación de la Comunidad Autónoma correspondiente, inscrita en el Registro Europeo de Agencias de Calidad (EQAR) es un paso positivo, sin duda. Pero será necesario crear una unidad de fiscalización y establecer medidas sancionadoras en el caso de incumplimiento de los requerimientos para las universidades contemplados en la LOSU y en el RD 640/2021, estableciendo desde el no reconocimiento de títulos expedidos por aquellas universidades que no cumplan con la norma hasta la supresión de la autorización para ejercer como Universidad. Igualmente, es preciso acometer la financiación de las universidades públicas, destinando al menos el 1% del PIB de forma inmediata (dado que actualmente la inversión pública no llega al 0,76% del PIB) y que progresivamente se incremente hasta alcanzar el 2%. Sin una base económica sólida no hay futuro para la universidad pública y en este rubro tanto gobierno central (UIMP, UNED) como comunidades autónomas, sean del PP o del PSOE, no han cumplido los requerimientos que exige la autonomía universitaria. Es injustificable que se proponga un gasto en Defensa del 2% mientras el sistema público universitario no alcanza siguiera el 1%. Sin presupuesto, sin recursos, sin planes plurianuales, la universidad pública no cumple su función de movilidad social. La infrafinanciación por tanto es estratégica, nodal, diríamos, en el asedio y desmantelamiento del sistema público de educación superior. Como es necesario también construir un mapa estatal y autonómico de titulaciones necesarias para abordar los desequilibrios existentes de la oferta pública universitaria y las carencias, no solo en ciencias de la salud, sino en sectores críticos como la IA o la llamada economía digital. Planificar, en fin, por parte de las Administraciones competentes la oferta de plazas universitarias acorde con las necesidades sociales y no sólo en función de la demanda voluble y temporal del mercado, si de configurar un mapa universitario que garantice, en la medida de lo posible, el acceso libre a la opción de estudios elegida a través de una universidad pública se trata. No podemos permitirnos la economía casino de plazas sin estudiantes y estudiantes sin plaza. La Constitución y el Estado Social de Derecho es otra cosa.
Transparencia y grupos de interés
Este año que celebramos el centenario de Manuel Sacristán, uno de los mejores pensadores que hemos tenido en España y alguien que concebía la política como la ética de lo colectivo, en defensa de lo justo, lo verdadero y el bien, conviene repensar las formas dominantes de mediación política que operan en el Estado y el seno de la UE. Mientras sofistas y escribas a sueldo adulteran la verdad y ponen en cuarentena toda razón, recordar a Sacristán es volver a la ciencia y a pensar lo común con criterio y consistencia en estos tiempos atribulados que devoran toda forma pertinente de representación, empezando justamente por el dominio público. Por ejemplo, el derecho a la información.
La iniciativa del Gobierno progresista de regular un derecho universal como la debida transparencia, estableciendo los límites de actuación de los grupos de presión a partir del principio de control democrático, no solo es oportuna sino que resulta una demanda necesaria congruente con el llamado gobierno abierto que muchos venimos defendiendo hace tiempo. Se trata de implementar la Constitución para garantizar el acceso de los grupos sociales y políticos significativos, además de una mediación clara y abierta, transparente, entre el Estado y la sociedad civil.
España es el tercer país de la Unión Europea con menos transparencia. La lógica que ha prevalecido en nuestro sistema político, como la ley mordaza o la regulación de los secretos oficiales y de la propia actividad informativa, es la de la opacidad o la ausencia de norma. El Plan de Acción por la Democracia viene a reformar parcialmente esta situación abordando en firme déficits históricos, no solo en materia de transparencia, sino especialmente en lo que se refiere al necesario derecho de acceso y al desbloqueo de las cajas negras de las políticas públicas que hemos heredado entre siglos de absolutismo, dictaduras y las debilitadas formas de representación democrática. La iniciativa parte, sin embargo, una vez más, de Bruselas.
Desde 2020, la UE ha observado con preocupación cómo la revolución digital y el lobby del complejo industrial-militar del Pentágono –en particular los sectores ultraderechistas coordinados por Steve Bannon y otras potencias europeas– han venido socavando nuestras democracias, afectando sobremanera a la propia unidad comunitaria, como se pudo comprobar con el referéndum del Brexit. En congruencia, la UE se ha fijado como objetivos proteger las elecciones libres y justas, sin interferencias externas, combatir la manipulación informativa y la injerencia de intereses extranjeros, y avanzar en la información de calidad para cualificar la democracia deliberativa y garantizar la transparencia de todos los operadores políticos.
Los mandatos aprobados por el Consejo de Ministros se encaminan, punto por punto, en esta dirección de acuerdo con las exigencias comunitarias, tanto en materia de información gubernamental como de rendición de cuentas; una apuesta que ha dado lugar a una crítica desmedida, en tono y forma, de la oposición ultramontana que, desde el inicio, calificó toda medida en materia de información pública como censura. Los terminales mediáticos del IBEX35, PP y Vox parecen no entender que el derecho a la información y el principio de transparencia solo son posibles con la acción legislativa.
Por supuesto que las medidas de transparencia adoptadas son insuficientes si pensamos en la Ley de Secretos Oficiales o en la apuesta por un control de los abusos habidos con la publicidad institucional. Es evidente que, para cumplir con las exigencias de Bruselas, hace falta un Consejo Estatal de Medios y la regulación del derecho de acceso y participación de la sociedad civil contemplado en el artículo 20 de la Constitución.
La aprobación no obstante recientemente del diseño del gobierno abierto es un paso importante para garantizar la interlocución en cada proposición de ley, al hacer posible la capacidad de iniciativa e interpelación de las organizaciones no gubernamentales, los sindicatos, los movimientos sociales y cualquier colectivo ciudadano sobre asuntos de interés público o específico de la población. Esperamos pronto además una ley que, complementariamente a esta norma, regule la publicidad institucional, auténtico fondo de reptiles del siglo XXI, por el que se financian medios digitales de extrema derecha y golpistas que socavan la democracia sin control ni fiscalización pública.
Estamos hablando de iniciativas mínimas para garantizar la transparencia básica de las instituciones en democracia. Esta regulación, demandada por editores de prensa como el Grupo CLABE, es además un requisito necesario para vindicar un reparto justo y equilibrado que además garantice financiar medios sin ánimo de lucro, o comunitarios, con carácter cooperativo, que dan voz a sectores que no tienen medios de expresión ni acceso a las grandes compañías y/o canales de comunicación.
Recurriendo, si me lo permiten, a un símil futbolístico, cuando la polarización, cuando el polo autoritario, achica espacios, restringe o reduce la pluralidad, hay que hacer un cambio de orientación y sentido, abrir el campo de disputa y de juego. Una estrategia, no la única, es ampliar el dominio público hoy privatizado en la esfera de la información institucional y resolver, al tiempo, el déficit democrático cumpliendo con lo estipulado por el Parlamento y la Comisión Europea.
El derecho a la Información, la transparencia, es el primer objetivo de la guerra cultural desplegada por el nuevo despotismo. La forma distintiva de toda dictadura es el secreto y el silencio administrativo, la opacidad. Sin información ni conocimiento no hay posibilidad de tener voz ni agencia política, se pierde la autonomía y por tanto la capacidad de luchar por tener derechos. Sin información pública y accesible, sin conocimiento sobre la huella de la norma, sin poder conocer la trazabilidad de las decisiones se impone siempre, sistemáticamente, el poder del más fuerte. Esta XV Legislatura debiera servir cuando menos para que el Congreso asuma en la agenda –y el país reconozca– que regular la información como bien público es garantizar mediaciones democráticas, que la transparencia es una obligación de los poderes públicos; ojo, no del Ejecutivo solo, sino también del Legislativo y del Judicial. Y por lo mismo debe estar garantizada por ley, con políticas públicas activas.
Decía Pierre Bourdieu que el Estado es la base de la integración lógica y de la integración moral del mundo social y, por lo mismo, el consenso fundamental sobre el sentido que define la propia condición de los conflictos requiere la organización y la forma (sistemas de información) que hagan posible la convivencia democrática. O, como decía Gramsci, un cierto orden. Pero he aquí que los partidos del orden reinante no quieren oír ni hablar de forma alguna ni de la organización del Estado. Debatir en el Congreso con la extrema derecha y la derecha extrema sobre sistemas de registro, información pública, transparencia y orden lógico en la forma democrática del Estado es como tratar de explicar a un obispo la teoría de la evolución.
Como el fatuo Milei, están al parecer del lado de los lobbys, con los grupos de interés. Debe de ser porque son interesados o, simplemente porque, emulando a Trump, consideran toda fiscalización de entidades privadas como una norma abusiva que contraviene el principio de autonomía de los actores de la sociedad civil, por más que tales actores pueden incurrir, como en España sucede, en prácticas irregulares y corrupción de los funcionarios públicos. El discurso en esta materia de la derecha ultramontana persiste en su modelo plutocrático de dominio de la oligarquía financiera y el tecnofeudalismo, replicando insistentemente tres aporías sin sustento ni consistencia:
1. Toda ley es control. La mejor ley es la que no existe. Ergo, las reglas deben ser producto de los usos y costumbres. Toda una enmienda al principio de la cultura jurídica que nos convoca (dura lex, sed lex) pues, en ausencia de norma, las reglas que imperan en las relaciones del Estado y la sociedad civil organizada dependen, sistemáticamente, de los grupos y clases dominantes.
2. La soberanía es única, indivisible y uniforme. Los representantes de la derecha ultramontana en España no entienden, ni asumen, en pleno siglo XXI, que la composición del Estado es, ha sido y seguirá siendo plurinacional. Ya hay, de hecho, registros autonómicos que abordan el reto de la transparencia y control de los grupos de interés, y es necesario, como corresponde a un modelo federal, una regulación estatal que garantice coordinación interterritorial y cooperación entre la Administración central y las comunidades.
3. La eficiencia del Estado pasa por reducir su composición. Para los portavoces de Silicon Valley, todo problema o cuestión social se resuelve con la motosierra o siguiendo el patrón de conducta del presidente Bukele. El derecho, la ley, el desarrollo reglamentario, es una cuestión menor, al parecer, para la modernización de la Administración pública cuando se trata de acometer el objetivo de la debida democratización de la acción política del Estado. De hecho, donde gobiernan han suprimido organismos decisivos para la supervisión de la función pública contra la corrupción, valedores como son del principio de que el interés general es especial y sus intereses especiales, el bien común, confundiendo, por sistema, lo público y lo privado.
Pero la realidad demuestra que el sustento iletrado de tales aporías invalida el discurso de cuanto peor (o menos regulación), mejor para la sociedad civil. La mediación social en democracia exige en nuestro tiempo reforzar las libertades públicas profundizando el desarrollo normativo en línea con el Plan de Acción Democrática Europea. En otras palabras: mejorar la transparencia en la gobernanza, desarrollar mecanismos de rendición de cuentas y fomentar la participación de la ciudadanía. Esta es la esencia del estado social y de derecho. En estos delicados momentos, la disyuntiva en el seno de la UE es si avanzamos en esta dirección –protegiendo las libertades públicas, la igualdad y la justicia social– o si se impone el dominio de los falsos patriotas, impostores del orden que atacan la justicia social y al propio Estado, restringiendo por la puerta de atrás derechos fundamentales, so pretexto de la salvaguardia de la seguridad nacional.
Contra los señores de la guerra, contra la OTAN y el muro de Wall Street, contra el modelo de rearme autoritario y excluyente de las derechas ultramontanas, sabemos, la historia así lo demuestra, que el buen gobierno y la calidad democrática se fortalecen con una relación fluida y clara entre Estado y sociedad civil, entre políticas públicas abiertas al escrutinio ciudadano y el buen gobierno. Permitir o propiciar una mayor y mejor fiscalización de la actividad pública contribuye, en fin, a la necesaria regeneración democrática, promueve la eficacia del Estado y, además, trae consigo un aumento del índice de la calidad de sus democracias.
Los ciudadanos necesitan saber qué datos se utilizan para tomar cualquier decisión, qué personas contribuyen a la toma de decisiones, a qué se destina el dinero de sus impuestos, cuáles son y si se respetan los procedimientos de contratación. En definitiva, la sociedad reclama cada vez más transparencia a sus representantes y las instituciones del Estado. Tenemos la obligación de fomentar esa cultura de la información accesible y agilizar los cauces para ofrecerla frente a la opacidad y cierta tradición arbitraria en el manejo de la información de dominio público. Transformar la cultura de la información de los funcionarios y la Administración pública en la aplicación de las debidas normas de transparencia y acceso a la ciudadanía es una reforma de calado que modificará la dinámica de la democracia deliberativa evitando el juego interesado de las minorías y su capacidad de presión a espaldas de la opinión pública. Ello exige, claro está, dotar de recursos suficientes y medios adecuados a la oficina responsable de aplicar la nueva norma, tomando de paso en consideración las observaciones de la Quinta Ronda de Evaluación del Grupo GRECO.
Se trata, en suma, de mejorar las garantías y procedimientos en la Administración del Estado para romper con el capitalismo de amiguetes o el lobbismo que impera, tanto en Bruselas como en el Capitolio. Tenemos ejemplos recientes con el 5G y las agencias de calificación de riesgo. Es hora de no repetir la historia como farsa, no incurrir en errores como el de la televisión de alta definición que impidió que la UE y nuestras empresas estuvieran a la vanguardia de la nueva televisión digital por los grupos de interés de las corporaciones estadounidenses, y empezar a caminar en dirección contraria, siguiendo el modelo nórdico, el ejemplo pionero de Suecia.
Es tiempo de consolidar una forma de Estado igual y transparente para todos, contra el imperio de la impunidad por opacidad, confiados en el papel positivo que puede cumplir la Oficina de Conflictos de Intereses y en la adaptación legislativa que permitirá el análisis de redes, evitar testaferros y comisionistas de turno, dejando huella normativa y trazabilidad de debates legislativos y de programa de gobierno, mediante la coordinación de esfuerzos y la interoperatividad con las comunidades autónomas que ya han avanzado en la regulación y registro de los grupos de interés.
Quienes defendemos el derecho a la información y la transparencia que garantiza la libertad de prensa, entre otros derechos fundamentales, hace tiempo que venimos insistiendo en que hay que acabar con la influencia nociva y oculta de los intereses especulativos de los amigos de lo ajeno. La consulta pública y accesible es, como la democracia, contraria a la ilustración oscura. Por ello, es preciso desplegar herramientas normativas en defensa del control social democrático. Por conciencia, porque todo debate contrario al registro y los sistemas de información compartidos no tiene otro cometido que validar el dominio restringido de los intereses creados. Esta debería ser la primera lección de la guerra cultural, la batalla por la información y la verdad.
Er capital
En estos tiempos locos de restauración neoliberal, de discursos de la guerra, tenemos un problema: el capital necesita reorganizarse en condiciones sociales autoritarias. Democracia casa mal con la acumulación por desposesión. El cambio de ciclo que vivimos no es otra cosa que la vuelta a un hedonismo conservador en forma de decadentismo del régimen imperial que subsiste arrastrándonos al colapso civilizatorio. Se impone, en otras palabras, la prospectiva de la aniquilación, el sinsentido de la política de la elección de lo peor. Las señales son ostensibles, en las calles, en los bares y, antes como correlato, en las pantallas. El ruido mediático de la caverna se complementa con la cacofonía de los tertulianos y el silencio de los nadies, que diría Galeano, en una suerte de ritornello que nos evoca otras épocas. Y mientras, quienes podían advertirnos de tal deriva, como otros arriesgaron antaño en serio, léase Sacristán, nada dicen, todo lo consienten. El modelo de intelectual TEFAL, antiadherente, es, como advierte Pierre Conesa, una realidad en Francia y la mayoría de países de la UE, y en España, dadas las circunstancias excepcionales, prima más bien el intelectual posit, que no sabe decir NO, y que se pega donde conviene plegarse. Pensadores de la hermandad del cazo, los expertos y reforzadores de opinión que trabajan para el Instituto Real el Cano, Open Society o Heritage Foundation en EE.UU. nos dicen en el canal progresista, vaya oxímoron, que es inevitable la escalada militar y que hay que seguir el camino trazado desde Washington. Todo por la pasta, la que reciben por ser coristas disciplinados que replican la letra y música del Pentágono y la que nos expropiarán para mayor gloria de Lokheed Martin y otras empresas estadounidenses que esperan mejorar su balance comercial a costa de nuestras vidas. Y lo hacen con una suerte de inversión de lo real, de mixtificación, ilustración oscura lo llaman, desplegando una caja negra sobre lo social inescrutable. En la era Big Data, como con “El desafío Starbucks”, la clave está en la explotación de datos, materia prima de la nueva economía política de la información personal. En palabras de El Roto, los que nos quieren tener localizados son ilocalizables. Ya lo advirtió Jesús Ibáñez, el sistema del capitalismo tardío exige el flujo de información de abajo hacia arriba, extractivismo de materia prima, para inyectar en la base social, a posteriori, toda suerte de productos, discursos y contenidos manufacturados con cargo a nuestros bolsillos, por supuesto.
De las encuestas y sondeos al control y extracción intensiva de datos, somos continuamente monitorizados, inmersos en una experiencia mágica para los legos cuyo único legado posible es la servidumbre, permanecer ignorantes, faltos de conocimiento del sistema, impávidos, ilotas y domesticados. Así, los productores de “Strangers Things”, por señalar un ejemplo cercano, hacen numerosas pruebas pretest a los públicos, y comprueban que nos segregan en la justa medida serotonina suficiente para deglutir, fidelizar y reproducir el rol y consumo necesario que mantenga el bucle recursivo de la industria del entretenimiento. En este proceso, Netflix y Google nos expropian la vida extrayendo la materia prima del capitalismo de plataformas. El americanismo de esta era de la Inteligencia Artificial es la colonización de la información personal: de Nike y Coca Cola a Cambridge Analytica. Una hegemonía cultural que se refuerza, más allá de la pandemia, movilizando a las masas en forma de opinión pública aclamativa que grita al unísono: dame veneno que quiero morir, dame dame veneno. Cosas de la necropolítica. La canción de los Chichos es hoy la banda sonora sentimental de la era del consumo compulsivo, donde la sonrisa de Amazon se torna mueca satírica siempre dispuesta a satisfacernos para cuadrar la cuenta de resultados, con un incremento de un 22% solo en España. Y sigue la fiesta, contrariamente a lo que proclamaran los de la ardilla. El resultado: un medio ambiente tóxico y contaminado.
El ecosistema informativo patológico es especialmente dañino para los más jóvenes. Incluso la cultura pop ha mutado en una suerte de estética de la afirmación pansexual. Una operación cosmética de consumo rápido, por no decir marketing basura, que ha llegado al extremo de la ludopatía universal. La cuestión es que en la era del principio prohibido prohibir cómo procuramos una mediación rehabilitadora y sostenible visto el cuadro analítico que tenemos. No parece que en Bruselas este asunto esté en la agenda prioritaria de actuación, ni entre las fuerzas transformadoras de nuestro espacio político. Supongo que nunca leyeron los Escritos Corsarios de Pasolini o que no toman en serio los ejercicios filológicos de Gramsci, pese a todas las evidencias: Spotifyer, instragramer, influencer, satisfayer, youtubers, , . . . . . . eeerrrrrrrrrrrrrrrr. Demasiada expresión gutural y colonialismo naturalizado sin respuesta. No hay cuerpo que lo aguante ni inteligencia que lo acepte con resignación. Hora pues de confrontar a ER CAPITAL. Tiempo de poner en su sitio a los tontopollas que proliferan en esta modernidad cosmopaleta que nos domina, empezando por los conversos de Silicon Valley y continuando con los gacetilleros a sueldo que replican las proclamas de los GAFAM cual cipayos reconvertidos a vendedores de crecepelo digitales, que de todo hay en esta feria banal del mercado tecnofeudalista que nos quiere vender Trump. ¿Cambiamos de pantalla?
