Por una marea blanca y verde: Por Andalucía, una confluencia andalucista y de izquierdas

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El horizonte político de la geopolítica internacional y la guerra económica y comercial de Estados Unidos afecta sobremanera los intereses de nuestro sector primario y la actividad sostenida con esfuerzo por los pequeños y medianos agricultores andaluces. El nuevo escenario de recomposición de las relaciones políticas y económicas sitúa a nuestra tierra en una posición de mayor dependencia y vulnerabilidad, al tiempo que la agenda conservadora de restauración neoliberal de la derecha extrema y los partidos ultras despliegan una política de privatización de sectores básicos para la ciudadanía como la sanidad, la educación o el resto de los servicios públicos. La movilización masiva del pueblo andaluz recuerda la lucha del pueblo andaluz por la autonomía. Las manifestaciones multitudinarias muestran una composición transversal, unitaria y antagonista que deben ser articuladas políticamente. La unidad popular no es solo una de las proclamas expresadas por el pueblo andaluz. En el trasfondo y en el espacio político de la izquierda andaluza que supone Por Andalucía, está la exigencia de mayor autonomía estratégica, de recuperación de derechos fundamentales articulando un frente político unitario que cambie la matriz productiva y reformule la tradicional dependencia y subalternidad de Andalucía en la división internacional del trabajo que ha marcado históricamente el proceso intensivo de globalización.

La construcción de plataformas unitarias y transversales responde a una concepción social, muy difundida, del conjunto de los sectores sociales progresistas y populares, sobre la necesidad de articular espacios amplios de defensa de lo colectivo, en un contexto de fuerte ofensiva reaccionaria neoliberal. A nadie se le escapa que Pedro Sánchez y especialmente el PSOE, a pesar de los avances conseguidos por el gobierno de coalición, está evitando profundizar en las transformaciones económicas y sociales requeridas para avanzar en la conquista de derechos y consolidar los ya conquistados que están siendo cuestionados. La vivienda se encuentra en proceso de mercantilización en una economía cada vez más rentista y turistificada.

El avance de las universidades privadas, la desaparición de aulas en las escuelas públicas, el deterioro de los centros públicos de FP y la degradación de la sanidad pública andaluza profundiza la desigualdad histórica sufrida por las clases populares andaluzas. Sin una buena educación será difícil para mucha gente conseguir un empleo digno. Además, la carencia de una vivienda propia o de un alquiler asequible hace que se degraden las condiciones de vida de las andaluzas y los andaluces. Así mismo, la destrucción de nuestra sanidad hace más vulnerables nuestras vidas, tanto o más que nuestro sector primario y la estructura económica extractivista, intensiva y dependiente.

En este escenario político, es hora de retomar el espíritu del 4D, una marea blanca y verde de convocatoria por Andalucía que confronte en el plano internacional los retos estratégicos de la economía desde nuestra tradicional posición periférica en el Sur de Europa y, en clave nacional, confrontar el programa de restauración conservadora de PP y Vox y los poderes económicos que no solo repiten la historia como un mantra, sino que replican en nuestra tierra un sistema político clientelar en favor de la oligarquía y el caciquismo, ahora al servicio del tecnofeudalismo y el capital financiero especulativo. Nos encontramos, por todo lo expuesto, ante un contexto peligroso donde un nuevo gobierno reaccionario puede llevar a cabo derivas autoritarias desde los aparatos policiales, judiciales y mediáticos contra las izquierdas, los sindicatos, el feminismo y las personas migrantes.

Además de todo esto, estamos en un contexto belicista, donde una parte del establishment europeo (el Partido Popular europeo y los partidos de la internacional socialista) está escalando en un proyecto de rearme militar de Europa que profundiza nuestra subalternidad respecto a los intereses imperialistas norteamericanos, que implicará un recorte de derechos y libertades hacia las posiciones críticas con la guerra imperialista, que llevará a cabo la reducción del gasto en servicios públicos para derivarlo a la industria militar norteamericana y que encarecerá los precios de los alimentos y los servicios básicos, como consecuencia de la inestabilidad económica y de la inflación derivadas de todo contexto bélico. Pero además nuestra Andalucía está situada en un terreno geográfico estratégico como es el estrecho de Gibraltar, minada además por bases militares como son Rota, Morón, por colonias de enclave como es Gibraltar y con más de veinte instalaciones militares del ejército español. Esto hace de Andalucía un territorio especialmente vulnerable a la política imperialista americana socavando nuestra cultura de paz, nuestro ethos barroco, la forma tradicional de hibridación y hermanamiento con las culturas del Mediterráneo.

La sociedad andaluza, por historia y cultura, por identidad, ha mantenido estrechos vínculos económicos y culturales con los países del sur global, en especial del Norte de África y de América Latina. Pero ello no se ha traducido en un proyecto político de proyección y solidaridad internacional. En los nuevos tiempos de transformación de la geopolítica mundial, del sistema-mundo es hora de repensar Andalucía como vanguardia de una nueva política y proyecto de progreso. Es hora de que el conjunto de las organizaciones políticas de la izquierda andaluza establezca una agenda y un proyecto político común para cambiar nuestras vidas, para construir una alternativa de futuro basado en la cultura de paz, en las señas de identidad andalucistas, en la memoria de las luchas y frentes culturales que ha liderado el pueblo andaluz. Ha llegado el momento de “andalucizar” la izquierda y conformar un polo unitario de construcción colectiva de un nuevo tiempo y representación política de Andalucía a nivel autonómico y estatal. El andalucismo, en otras palabras, debe ser un eje articulador central que dé contenido a la marea verde de la educación, la blanca de paz y defensa de la sanidad, y morada con la vindicación de la lucha del movimiento feminista, junto a la histórica composición del movimiento obrero que ha marcado las señas de identidad de las principales fuerzas de la izquierda real andaluza.

La lucha por la democracia, los derechos y la soberanía no puede librarlo solo un partido, ni solo una organización social o sindical. La situación requiere de la construcción de una gran confluencia de izquierdas, que en el marco de un estado federal, tenga una clara orientación andaluza, territorial, democrática y desde abajo, que se enfrente a los grandes retos que ahora mismo están enfrentando las clases populares y trabajadoras en Andalucía: el acceso a la vivienda, la sanidad y la educación pública, así como poner freno a la escalada bélica. No se trata únicamente de un proceso de tacticismo electoral, sino de la formación de una marea de mareas, una confluencia de movimientos, partidos y organizaciones hacia un bloque andaluz y popular.

Hacemos un llamamiento a las fuerzas políticas progresistas, a militantes, activistas, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil para conformar este proyecto común de alternativa política para nuestra tierra priorizando no solo la coalición política, sino la conformación de un proyecto unitario de largo aliento que trabaje por emancipar nuestra tierra y definir un horizonte de futuro según el principio de esperanza.

Es hora de constituir un frente amplio andaluz: POR ANDALUCÍA, POR LOS PUEBLOS EUROPEOS, POR LA HUMANIDAD.

Javier GARCIA FERNÁNDEZ. Historiador. Espacio República Andalucía

José Antonio JIMÉNEZ. Portavoz de Iniciativa del Pueblo Andaluz.

Francisco SIERRA CABALLERO. Diputado por Sevilla. Congreso de los Diputados.

Universidad y autonomía

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El conocimiento ni se compra ni se vende. Toda forma de aprendizaje exige una mediación abierta, y el dominio público de socialización de los saberes, de la ciencia y la tecnología. Por ello, el derecho constitucional a la educación presupone tanto la garantía de acceso universal como la calidad del servicio público, condición esencial para la formación de la ciudadanía y, menos común cabe observar en el actual debate sobre la privatización de la universidad, necesario también para el desarrollo económico y social.

En congruencia con tales principios, son imprescindibles políticas públicas activas que contribuyan a reforzar la red de universidades públicas en todo el territorio desde el punto de vista de su organización y financiación sostenible. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de países de la UE, en España, a lo largo de las dos últimas décadas, se ha experimentado un crecimiento desmesurado de las universidades privadas sin un crecimiento de población o la demanda real efectiva, dando lugar a un desequilibrio y dinámicas de desarrollo que socavan el principio constitucional de acceso universal a una educación de calidad. La acción de gobiernos autonómicos del PP/Vox y la inacción del Ministerio han derivado en una proliferación de centros comerciales, de institutos técnicos habilitados para la expedición de títulos sin homologar de facto los requerimientos legales que exige la norma.

Como resultado, se observa un alarmante proceso de deterioro del sistema de educación superior que cuestiona el derecho de acceso a la educación de calidad, así como el propio marco normativo vigente. Tal deriva no es una casualidad. Forma parte de un proyecto neoliberal largo tiempo anhelado por el capital desde la gloriosa década de los ochenta.

De la OCDE al Informe Bricall, la banca y las grandes corporaciones han venido desplegando diversas estrategias de presión para minar las dos bases del Estado de bienestar: la sanidad pública y el sistema educativo. La conversión en negocio de la educación formal, primero de la enseñanza obligatoria, y ahora, de forma intensiva, en el ciclo superior, tanto por lo que se refiere a la formación profesional como a los estudios universitarios, viene haciendo realidad, como consecuencia, la imposición de un modelo de acceso selectivo a la educación que socava el principio de igualdad.

Llama la atención que, en el debate mediático, algunos actores defensores de los intereses del Banco Santander o de la propia universidad corporativa expongan a través de sus portavoces y terminales mediáticas la legitimidad de las universidades privadas, la decadencia y desactualización de los centros públicos e, incluso, la prueba del algodón que justifica todo tipo de tropelías, que gran parte del Gobierno se ha formado en universidades privadas, eludiendo, en una artimaña retórica poco digna, abordar por qué proliferan las universidades privadas y por qué han abierto sin informe favorable centros de dudosa cualificación institucional. Igualmente, se ignora en la actual polémica mediática que por décadas las universidades públicas han sufrido una asfixia y falta de transferencia de fondos suficientes para su operatividad en beneficio de las privadas, por una suerte de competencia desleal según la cual la universidad pública debe ser evaluada, atender múltiples exigencias de productividad, cumplir con los controles internos y externos establecidos, y devolver a la sociedad conocimiento, cultura y transferencia de saber social acumulado, sin que los operadores del mercado, los centros de educación superior comerciales, cumplan, por lo general, los requerimientos mínimos que dan rango de universidad a la actividad de formación superior.

Así, con informes desfavorables y saltándose la ley, gracias a la colaboración del PP, en la última década hemos llegado a ver en comunidades como la de Madrid superar a la oferta de plazas públicas, o en Andalucía aprobar campus como UTAMED, autorizados pese a informes en contra de la agencia de calidad que vela por los estándares del sistema. La reciente investigación hecha pública por CCOO detalla que la matrícula de estudiantes en grados y másteres en universidades públicas ha disminuido un 18% desde 1999, lo que se traduce en una pérdida de uno de cada cinco estudiantes en los últimos 25 años, con la consiguiente transferencia a las universidades privadas, especialmente en el ámbito de la educación a distancia, donde la universidad pública solo cuenta con la UNED, en contraste con las seis universidades privadas que tienen esta modalidad.

Así, las matrículas en universidades privadas han crecido un 368% desde 1999, especialmente en programas de máster no presenciales. El número de matrículas en másteres privados creció un 69% desde el curso 2015-2016, con un aumento considerable en los programas a distancia. El Real Decreto 640/2021 que el gobierno presentó como escudo contra las universidades chiringuito se ha mostrado, a todas luces, insuficiente ante tal deslealtad institucional, y la prevalencia del capitalismo de amiguetes que cultiva la derecha en nuestro país sigue abonando una deriva que impugna la propia esencia, la razón de ser, de la Universidad.

El artículo 27 de la Constitución, que exige un sistema público de calidad accesible al servicio del desarrollo del Estado y de las comunidades autónomas, ha quedado en papel mojado por el imperio del ánimo de lucro que discrimina quién aprende y quién no tiene acceso a la formación superior en función de la renta o el distrito postal en el que vive. Mientras, los tertulianos y gacetilleros de ocasión niegan lo fundamental en el actual debate: el proyecto restaurador y clasista del pogromo neoliberal que tiene por objeto, como con las pensiones y la sanidad pública, la captura por el capital financiero de un derecho fundamental para la democracia con el fin de garantizar el proceso de acumulación por desposesión. Siguen para ello el guión trazado por Wall Street, y llegan incluso a poner como ejemplo las universidades estadounidenses como referencia, ignorando que este sistema es un fallido caso contrafáctico, que hay un endeudamiento desmesurado de las familias en su esfuerzo por ir a las mejores universidades, que la precariedad y el desempleo del profesorado es elevado, y que hay territorios e incluso estados sin universidades públicas en condiciones para una buena formación por la prevalencia de la mercantilización del derecho a la educación.

Tampoco nos cuentan que aquellos países que adoptaron ese modelo, Chile, por ejemplo, terminaron en un estadillo social por la ruina heredada de padres a hijos en el acceso a la universidad, sin garantía alguna de un empleo suficientemente remunerado para cubrir la deuda familiar. Así que habría que advertir a la ciudadanía de que el reto que tiene España por delante no es el de los rankings y otros indicadores importados de países donde prima el negocio vulnerando derechos. La disyuntiva, hoy por hoy, es asumir el modelo Trump/Pinochet de segregación clasista y disfuncional o persistir en el modelo continental de la formación humboltiana o francesa, reforzando nuestro sistema público con recursos y políticas consistentes. En juego está la democracia y el desarrollo del Estado, el principio de autonomía ahora que tanto se habla en la UE de independencia y soberanía estratégica.

De no actuar los poderes públicos, asistiremos al lamentable espectáculo de la compra y venta de universidades por fondos de inversiones como BlackRock especulando con el futuro de las nuevas generaciones, cuando lo especulativo debiera ceñirse a la noble tarea de pensar libremente, de contribuir al progreso general del conocimiento, de instruir, formar y divulgar el saber social acumulado para todos. Ya no vale la promesa de que se revisarán y endurecerán los criterios de creación de nuevas universidades. No queremos una educación superior en venta. Pues sabemos que el conocimiento es un bien común, no un privilegio, y como tal han de velar por ello tanto el Gobierno central como las autoridades autonómicas. No como hasta ahora, que el gasto en educación superior en España está un 20,7% por debajo de la media de la OCDE. La Conferencia de Rectores viene advirtiendo de esta anomalía hace décadas sin respuesta alguna.

Es tiempo, pues, de tomar la iniciativa y adoptar medidas que atajen radicalmente un problema estructural, tal y como hemos formulado como grupo parlamentario en la Comisión de Ciencia y Universidades en favor de una moratoria en la creación de universidades privadas, con la correspondiente modificación legislativa para exigir el carácter vinculante del informe preceptivo de la Conferencia General de Política Universitaria y un mayor control de la ANECA sobre las instituciones privadas de educación superior, tratando al mismo tiempo de avanzar en la planificación democrática de la enseñanza universitaria con un mapa estatal de titulaciones, necesidades y desequilibrios de la oferta formativa a fin de acometer aquellas carencias que el sistema público tiene hoy por hoy, dado que hemos de garantizar el derecho universal a la educación pública y gratuita. En otras palabras, ni gente sin plazas ni plazas sin gente.

La universidad en España requiere políticas congruentes que avancen en la internacionalización y la democratización del conocimiento. Y la opinión pública un mayor esfuerzo de reflexividad y de documentación sobre las falencias y límites de la actual política universitaria. En suma, menos ruido y algarabía y mayor criterio. Cuando derechos fundamentales se vulneran injustificadamente por hacer caja, no hablemos de democracia ni de la Constitución. La anatomía política de este trampantojo es evidente. Y el común de la ciudadanía empieza a constatarlo. Universidad rima con Autonomía, la del sujeto universal de la educación y la de la propia institucionalidad del sistema público. Lo contrario a ello, la legitimación del reino de la mercancía, es pura farfolla.

Golpe de timón

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Todo ciclo político y toda coyuntura están siempre atravesados por contradicciones y diversos conflictos de índole económico y social que determinan las vías de acción y las alternativas electivas. Si algo define el actual momento histórico que vivimos es el ser un tiempo-encrucijada, un momento que, para bien o para mal, definirá la salida de la crisis institucional y de acumulación en España y el seno de la UE, bien reforzando los derechos y libertades públicas o, como se observa tras las elecciones europeas, con el retorno de formas de gobierno reaccionarias y autoritarias.

El punto de partida o el estado de la cuestión en el que debería acometerse desde la izquierda un golpe de timón tomando la iniciativa política es notoriamente adverso. Esta pérdida de peso político y electoral se da, además, en un contexto de repliegue de la izquierda y de avance de la extrema derecha en Alemania, Polonia y Países Bajos, conformando en el Parlamento Europeo una correlación de fuerzas favorable a las tesis ultraliberales y reaccionarias, lo que, a medio plazo, se traducirá en una política económica en materia monetaria y fiscal, como en temas sensibles como la migración o las políticas de transición ecológica, claramente desfavorables a la agenda social europea contemplada en la anterior legislatura por la Comisión. Lo estamos viendo ya con la escalada militar a cuenta de Ucrania.

Pero no todos han sido retrocesos políticos en la era Meloni/Orban/Macron. La victoria en Francia del Frente Popular y el repunte de Die Linke en Alemania abren una veta de exploración que interpela a las fuerzas de izquierda europeas y dibuja un escenario complejo de contradicciones y también de apertura de campo de posibilidades que conviene tomar en consideración en la evaluación del estado de la cuestión política y social en Europa, si bien es preciso reconocer que aun siendo España la referencia, la llamada «excepción ibérica», la coalición progresista está siendo minada por la acción destituyente de la derecha ultramontana y la oligarquía económica tanto como por la deriva –por activa u omisión– del PSOE en la estrategia de vuelta al bipartidismo, sea en materias estratégicas como la renovación del Poder Judicial o las políticas de vivienda o en la propia negociación de los proyectos de ley con las distintas fuerzas parlamentarias, y la penetración del discurso autoritario en amplias capas de la población civil.

Los poderes hegemónicos en España hace tiempo que están explorando la salida reaccionaria, de corte autoritario, ante la crisis de régimen que se vive. El éxito electoral de Alvise fue un anticipo y la consolidación del principal aliado de Trump –Vox, con el PP a la cabeza– y un elevado número de abstencionistas entre las clases populares, al tiempo que, elección a elección, el PSOE se conforma como fuerza de captura del voto progresista, perfila un guion nada halagüeño.

En este contexto, el espacio político de la izquierda no ha articulado una alternativa creíble, sólida y consistente, con capacidad de movilización para garantizar, cuando menos, un Gobierno de progreso en coalición. Los más de 25.000 voluntarios movilizados el 23J por Sumar y las 90.000 personas inscritas están desconectándose de un proyecto que, lejos de desplegar una escucha activa, ha buscado su colaboración casi exclusivamente para la donación o para la movilización electoral, sin diálogo, ni participación en la elaboración programática ni base de referencia en territorio con los que poder establecer nodos incipientes de organización con capacidad, cuando menos, de desplegar la pedagogía democrática consustancial a todo proyecto que se pretenda hegemónico.

En otras palabras, Sumar convertido en su congreso de este mes no ya en frente amplio sino minipartido, no ha sido hasta ahora el movimiento progresista de referencia que, más allá del Gobierno y el grupo parlamentario, establezca una agenda propia en materia de libertades públicas, derechos fundamentales o política de Estado, al tiempo que organiza y participa de las luchas en materia de sanidad, empleo, vivienda, o educación. Tampoco lo ha hecho en otros ejes identitarios que han marcado su política de comunicación como el movimiento feminista, los derechos del colectivo LGTBI, el ecologismo o la protección animal.

Antes bien, su capital político y el de Yolanda Díaz se han ido perdiendo por el camino, pedregoso ciertamente, pero no solo debido al intensivo ciclo de elecciones, sino fundamentalmente por la acción parlamentaria y de gestión de gobierno sin vislumbrar las potencialidades de construir organización con la gente que apoyó el 23J a partir de una propuesta de cambio.

Y se ha proyectado mientras tanto una imagen de desunión, de falta de horizonte orgánico, de debilidad e inconsistencia y de confusión de siglas, no ya entre las fuerzas de la coalición, sino entre lo que se supone es Sumar, como movimiento político social, y lo que Movimiento Sumar ha sido en la práctica: una parte pretendiendo ser todo, operando como partido sin estructura, ni representación, pese a los documentos aprobados en su asamblea de Villaverde.

Lejos, pues, de ensanchar el espacio, este año de vida del grupo de Yolanda ha sido una continua sangría de votos, voluntarios, militantes, organizaciones políticas comprometidas en la coalición, y aliados tanto sindicales como de movimientos sociales necesarios para avanzar un proyecto para la mayoría social.

Sería complejo definir las causas y los factores más determinantes de esta inercia en apenas un artículo. Sin duda, hay elementos objetivos que han marcado tal dinámica, pero también otros, debidos fundamentalmente a decisiones erradas, en tiempo y forma, que han vaciado de contenido la propuesta y disgregado los esfuerzos de integración, unidad y transformación política.

Podríamos hablar de cierta tendencia a la fragmentación y división de la izquierda, al centralismo, a la cultura política del individualismo posesivo que ha permeado las fuerzas emancipadoras, la ley de hierro de Robert Michels o, incluso, la propia influencia de los medios en la conformación de un clima de opinión siempre desfavorable a las fuerzas de impugnación del status quo, sea Podemos y Unidas Podemos, antes, o actualmente Sumar.

Pero también cabe pensar en el propio proceso de desgaste de ser fuerza de gobierno en un contexto difícil para los sectores populares, que han sufrido una tendencial pérdida relativa de poder adquisitivo por la revolución pasiva de los poderes económicos sin que se haya logrado revertir este proceso en la acción de gobierno.

Y ya sabemos por experiencia, como dejara sentenciado en sus escritos el filósofo sardo, que cuando se da una suerte de disyunción entre el Estado (la legalidad institucional) y la sociedad civil (la realidad de la economía política dominante), “uno no puede esperar entusiasmo, espíritu de sacrificio a partir de un programa abstracto y una confianza genérica en un gobierno distante”.

El caso Errejón es prototípico de una política de la impostura en la que lo que se dice no se hace y lo que se hace no se dice. Parafraseando a Marx, en el espacio político de Movimiento Sumar muchas compañeras y compañeros parecen el funcionario chileno que se empeñaba en fijar, con ayuda de la medición catastral, los límites de la propiedad territorial en el preciso momento en que los ruidos subterráneos habían anunciado la erupción volcánica que había de hacer saltar el suelo bajo los mismos pies. Mientras avanza la lava de la historia, es hora, pues, de volver a la filosofía de la praxis. O, en palabras de Anguita, decir y hacer, vivir como se habla, y contar lo que se espera de nosotras. Por la gente. Por lo común.

La mediación social de la ciencia

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En los últimos años, el escándalo como dispositivo espectacular de la cultura mediática, afecta no solo al ámbito de la política, sino también al buen curso de los trabajos propios de la academia, con una crisis reputacional de instituciones de referencia como el CSIC (Caso CNIO), centros de educación superior históricos (Universidad de Salamanca), o insignes revistas científicas (El Profesional de la Información, Comunicar), hoy cuestionadas por mala praxis y derivas nada ejemplares en la difusión de resultados de investigación.

En el trasfondo de esta situación, dos procesos han alterado la forma de organización del conocimiento. Nos referimos al proceso de mercantilización de la educación superior, y de la ciencia y la tecnología, y la mediación social de la ciencia, expuesta a la visibilidad del escaparate mediático y la exigencia de la debida y deseable transparencia, pero también al escrutinio público nunca antes apenas considerado.

La proyección pública del trabajo de científicos e investigadores es una exigencia incuestionable. El problema es cuando con la mediación social de la ciencia se confunde lo público con lo privado, sea a través de la proliferación de fundaciones privadas, la externalización de servicios o criterios de evaluación que privilegian el impacto y el llamado efecto Mateo o, habitualmente, desperdiciando la experiencia y alentando el epistemicidio de saberes necesarios para el cambio social.

El resultado como consecuencia de estas lógicas imperantes para un país como España es un daño, no diríamos que irreparable, del prestigio académico e intelectual del campo de la ciencia a nivel internacional. Las dinámicas rentistas y especulativas en el sistema de ciencia y tecnología, así como el reforzamiento de la ley de hierro de los hiperliderazgos en los centros de alto rendimiento, no solo son nocivas y perturbadoras del orden y autonomía propias del campo científico, sino que además es insostenible y cuestiona un modelo de gobernanza y transparencia de la gestión pública de la ciencia que favorece los intereses creados y las redes clientelares, que un día sí y otro también, da lugar a titulares como la del turbio entramado de compra de revistas científicas que marcan los indicadores de productividad y la carrera investigadora de los profesionales del sector en España.

La globalización y competitividad han cultivado el mercadeo e instrumentación de la función social del conocimiento conforme a los fines privados, del capital, y de los trabajadores intelectuales. Una lógica de lo peor que no abunda precisamente en la virtud del magisterio. La publicidad de los avances científicos termina así siendo una suerte de autopromoción de científicos en beneficio de intereses particulares cuando no en la promoción de empresarios simuladores de superhéroes como Elon Musk. De hecho, hoy la universidad se ha transformado, irónicamente, en una casa de citas, cada vez más autorreferencial y tautológica en la justificación y desempeño de sus actividades.

La Ley 17/2022 de 5 de septiembre, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, establece un marco de desarrollo inscrito en una contradicción de fondo entre la defensa de la autonomía e interés público de los agentes del conocimiento y la asunción de tesis neoliberales que favorecen una planificación y gestión de la ciencia al servicio de intereses comerciales. Falta desarrollar muchos de los compromisos contenidos en la norma, pero también abordar el papel estratégico de la difusión y mediación social de la ciencia.

El papel central de la divulgación y difusión de los resultados de la investigación, la función vertebradora de los parques científicos y tecnológicos, o los fines propios de las jornadas y política de transferencia pensadas para el bien común debieran ser repensadas en este contexto desde nuevos parámetros y desde luego empezar a problematizar indicadores, y criterios de pertinencia en la evaluación de los agentes del conocimiento.

No se puede programar un sistema equilibrado de ciencia y tecnología a golpe de titular, como tampoco se puede desplegar la actividad científica al margen de las necesidades radicales de la población y el desarrollo nacional. En ese difícil equilibro, es hora de abrir un debate sobre la función determinante de la difusión y publicidad en las agendas públicas de investigación y los modos y usos científico-técnicos de implementación del saber para la acción.

En el año del centenario de Manuel Sacristán, convendría aprender de la virtud socrática que nos legó en vida e informar para enseñar, conducir, en fin, hacia adelante, proteger e invitar a la memoria, tanto como cultivar el conocer con la voluntad de transformar en común la realidad. Y ello exige rigor intelectual y coherencia ética. Nada que ver con lo que hoy prevalece en la mediación social de la ciencia y la dialéctica de la cultura de impacto que empiezan por proyectarse públicamente y terminan por hacer estallar las bases colectivas del trabajo académico y científico en general. La ANECA ha dado pasos importantes en esta dirección en los últimos años, pero los indicadores y criterios generales dominantes abundan en una dinámica determinada por la cultura de la imagen que alimenta la espiral del disimulo. Hora pues de pensar nuestro ecosistema cognitivo desde nuevas matrices de mediación.

Laicismo y cultura pública

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La virulenta respuesta de la Federación de Sindicatos Independientes de la Enseñanza y, en general, de los representantes de la Iglesia y los centros concertados ante la propuesta de SUMAR de implantar progresivamente un modelo de enseñanza pública, laica y de acceso universal abre un debate, tradicionalmente postergado, cuando no marginal en la agenda política, sobre nuestra calidad democrática. Esta debe no solo definir con criterio un modelo educativo que garantice el derecho a la igualdad, sino también plantear la construcción misma del dominio público que distingue una forma de Estado democrática que constitucionalmente afirmó el reconocimiento efectivo de la aconfesionalidad y, en consecuencia, la necesaria promoción de una cultura pública laica y libre para todos. La cuestión es que la separación Iglesia-Estado es, a día de hoy, meramente formal. De facto, la Iglesia Católica ha mantenido prerrogativas de orden fiscal, educativas e incluso políticas contraviniendo el espíritu de la Constitución, que reconoce en su articulado la libertad de conciencia, la libertad ideológica y religiosa, y un principio implícito de neutralidad del Estado en cuestiones confesionales. Los portavoces de la derecha patria suelen, sin embargo, invocar el derecho a la libertad educativa como panoplia justificativa de lo que no es sino el reclamo de mantenimiento de privilegios contrarios a la Constitución, demostrando así cierta cultura constitucionalista fija pero discontinua o, como en tiempos de la contrarreforma laboral de Mariano Rajoy, a fuer de apropiarse de parte de la Constitución, terminan siendo constitucionalistas a tiempo parcial. Pero el artículo 16.3 es claro a este respecto. El Estado debe garantizar la libertad ideológica, religiosa y de culto, sin más limitación que el mantenimiento del orden público. Nada que ver con sufragar con dinero público centros privados mientras en la educación pública y universal el principio de igualdad se ve conculcado por privilegios concedidos a la Iglesia Católica y los centros privados.

Es un hecho que la relación política y cultural de España con la Iglesia Católica ha mantenido la herencia proteccionista del franquismo, regulando por medio de acuerdos con la Santa Sede los privilegios mantenidos desde siempre por el poder eclesiástico. La cultura pública ha estado, como resultado, dominada por el nacionalcatolicismo, limitando la práctica del laicismo y la libertad de conciencia en España como formas marginales cuando debiera ser política de Estado. Prevalece así una suerte de criptoconfesionalismo en nuestro ordenamiento jurídico y en las costumbres que persiste desde la transición de forma autoritaria y discrecional. No es solo una manifestación evidente del dominio del franquismo sociológico hoy emergente en el discurso y la esfera mediática, sino también, y en especial, una forma de mantenimiento de privilegios excluyentes que operan por medio de una financiación pública favorable a los intereses privados, con la presencia y ocupación de espacios institucionales de símbolos religiosos y acuerdos con el Vaticano que no han sido revisados adecuadamente conforme a la naturaleza de un Estado aconfesional. El origen de esta situación, que lleva a actores como los centros concertados a hablar de su derecho a la libertad educativa, está en el trasfondo del proceso de construcción del Estado. En palabras de Gonzalo Puente Ojea, España es un país mal hecho que permitió, en la transición, la influencia continuada de la Iglesia por evitar una ruptura democrática en línea de continuidad con la Constitución de la II República. El espíritu de la transición se tradujo en el mantenimiento de los lazos franquistas con la Iglesia, hoy representada por Vox y PP, en su empeño por transferir fondos públicos a negocios particulares. En un país que aprobó ser aconfesional en su Constitución, la autonomía y los principios de libertad de conciencia están cercados por los privilegios instituidos. Una praxis que se traduce en la proliferación de universidades privadas y centros concertados que incumplen las normas debidas, hospitales de órdenes religiosas contratados por el Estado que deja en manos de la Iglesia prestaciones esenciales para la ciudadanía al tiempo que naturaliza la ocupación y apropiación de ceremonias institucionales en la función pública por la vía de los hechos consumados.

En este marco, nuestro país ha de acometer tres retos estratégicos para normalizar la vida pública, equiparando los principios constitucionales con la política diaria, como es lo común en otros países avanzados de nuestro entorno. Primero, es hora de revertir procesos establecidos de financiación de la Iglesia sin justificación alguna, salvo la tradición y el privilegio mantenido por siglos en España. Si bien es cierto que desde 2007 la Iglesia Católica no recibe financiación directa a través de los Presupuestos Generales del Estado, no es justificable mantener la recaudación vía la declaración de la renta. Hablamos de más de 320 millones de euros que sostienen medios como la COPE, no precisamente respetuosos con el principio de autonomía y la libertad de conciencia por su continua injerencia en los asuntos públicos. Las inmatriculaciones y el mantenimiento del patrimonio cultural terminan por hacer efectiva la lógica con la que operan estos defensores de lo concertado: la patrimonialización, un mal extendido, como criticara Azaña, en nuestro país. La práctica de apropiación privada del dominio público financiado por todos los contribuyentes es la cuestión social que está en el centro de este debate.

Sabemos que la educación pública, universal y laica es la garantía de formación en libertad de las futuras generaciones, el dominio público donde deben aprender no solo a respetar la diversidad religiosa y ejercer la libertad de conciencia, sino también aprender a vivir en democracia. En este sentido, el debate de la financiación de la concertada y el papel de la Iglesia no es un problema de libertad de elección, como afirman los portavoces de la derecha, sino exactamente todo lo contrario, un liberticidio. Pues la libertad de conciencia exige una escuela laica accesible para todos. Sin libertad de conciencia y educación pública, sin separación clara entre lo público y lo privado nuestra libertad está amenazada por los privilegios de quienes se apropian del dinero público para intereses particulares.

La propuesta de SUMAR no es otra cosa que equiparar nuestro sistema de educación con los mejores estándares de países nórdicos como Finlandia. Urge una reforma moderna de la educación donde la libertad de conciencia no sea una promesa constitucional sino un derecho efectivo y el laicismo la garantía de una sociedad justa e inclusiva, garantizando la gestión pública de la educación y la separación efectiva de la Iglesia y los negocios privados, que desde luego tienen derecho a subsistir pero no a costa del erario público. Es tiempo, en fin, de actualizar nuestro presente y ajustar las cuentas con el pasado. Los acuerdos entre Estado e Iglesia, los Concordatos, no son otra cosa que la sanción del privilegio en favor de un sector exclusivo y excluyente de la población. De ahí la airada respuesta de la prensa y portavoces de los intereses privados ante la iniciativa de sentido común de que el dinero público se destine solo a la educación pública. No se confunda libertad de enseñanza, religiosa o no, con liberticidio de los derechos comunes de la mayoría social. Nosotros apostamos por construir sólidamente la casa común de la educación y el dominio público para todos, sin privilegios, con derechos, respetando la Constitución, haciendo efectiva la libertad educativa, la libertad de conciencia, sin beaterías ni subterfugios canovistas de la oligarquía y el caciquismo. Si asumen la idea del Estado social y de derecho, estamos convencidos de que terminarán respaldando estas tesis, como ya lo hicieron, tarde y mal, con otras libertades públicas fundamentales.

Inteligencia Artificial y Democracia

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Seminario Permanente de Teoría Crítica: Inteligencia Artificial y Democracia

Francisco Sierra (Fundación de Investigaciones Marxistas)

Daniela Monje (Universidad de Sevilla)

Jesús Sabariego (Universidad de Sevilla)

Viernes 7 de marzo 2025. 20:00.

La Fuga Librerías.
c/ Conde de Torrejón, 4, Acc. Sevilla.