Políticas mediáticas, derecho a la comunicación y democracia

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El vínculo entre comunicación y democracia es una construcción política, jurídica e intelectual que se ha consolidado a lo largo de los últimos 75 años en el marco del derecho público internacional y que se asienta fundamentalmente en la definición de los derechos humanos a la información y a la libertad de expresión a partir de los documentos suscritos en el período de posguerra como la Declaración Universal de los Derechos Humanos cuyo artículo 19 define por vez primera como un derecho universal el derecho a la información que cualquier persona puede ejercer, entendido en su triple dimensión de emitir, recibir e investigar sin censura alguna por parte de los poderes públicos o privados.

Desde entonces se han desplegado una batería de declaraciones, directivas y legislaciones diversas tanto a nivel internacional como en la Unión Europea y España que, fundadas en este espíritu, han recogido y mejorado con especificaciones varias, la complejidad creciente que el derecho a la información, y más ampliamente los derechos a la comunicación, demandan en las sociedades contemporáneas como garantía para el despliegue de sistemas democráticos de calidad. Uno de los aspectos considerados a inicios del siglo XXI, sobre la base de la revisión del Pacto de San José de Costa Rica, suscrito en 1969, fue la ampliación en el año 2000 de la Declaración de Principios de Libertad de Expresión elaborado por la Relatoría de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A partir del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se indica específicamente que «la libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática«. El mismo documento señala asimismo que «los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos», y se ofrece un despliegue de interpretaciones sobre lo que significa hablar de libertad de expresión, lo cual implica el derecho de las personas a buscar, recibir y difundir información y opiniones con igualdad de oportunidades por cualquier medio de comunicación sin discriminación, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social a acceder a la información sobre sí misma o sus bienes en forma expedita y no onerosa, ya esté contenida en bases de datos, registros públicos o privados y, en el caso de que fuere necesario, actualizarla, rectificarla y/o enmendarla, así como a acceder a la información sobre si misma en poder del Estado.

Estas definiciones, aun cuando resultan progresivas en materia de derechos, se han mostrado insuficientes a la luz de las transformaciones tecnológicas que se produjeron de modo acelerado a partir de la revolución digital. El despliegue de plataformas de contenidos que aconteció a partir de 2004 generó un desplazamiento estructural en el mercado, en los modos de producción y consumo de información que no tiene parangón en la historia: iniciando con la creación de Facebook en 2004, YouTube en 2005, Twitter 2006, IPhone en 2007, 2009 Whatsapp, 2010 Instagram, 2013 Telegram, 2015 Alphabet, por solo ofrecer algunos ejemplos de lo ocurrido en una década.

A partir de la plataformización de la sociedad, resulta imperioso conformar espacios de reflexión que contribuyan a la calidad democrática, a la construcción de marcos normativos éticos fundados en el cuidado y la reducción de riesgos a partir de una interacción virtuosa entre el Estado, la academia, el sector privado y la ciudadanía. La agenda de problemas en materia de comunicación ha sumado a los ya históricos temas referidos a infraestructura, derechos de los periodistas, democratización de las comunicaciones, radiodifusión, monopolios de la comunicación, acceso y participación ciudadana, otros retos vinculados a los procesos de digitalización, gestión de datos e información personal, control y manipulación de comportamientos o regulaciones varias sobre Inteligencia Artificial generativa aplicada en el campo de la comunicación y la cultura. Con la sanción del Reglamento de Inteligencia Artificial de la UE, recientemente aprobado, se inicia un nuevo ciclo global que pondrá en relación los diferentes acuerdos alcanzados para avanzar en la gobernanza de la InteligenciaArtificial, ya sea mediante directrices o a través de principios o códigos de conducta como los definidos en otras latitudes tales como la Orden Ejecutiva de Biden, la declaración de Bletchley o el proceso de Hiroshima. Toda una renovada batería de problemas inaugura un nuevo tiempo público para la gestión de políticas públicas orientadas a alcanzar la conectividad y la digitalización, la gestión del 5G y la renovación de las redes e infraestructuras de conectividad entre otros aspectos de relevancia hacia el futuro que deben ser objeto de discusión e intervención social desde una perspectiva democrática.

En los últimos años, sin embargo, las transformaciones aceleradas de la revolución digital y la ausencia de políticas activas del Estado ante el intensivo proceso de concentración de la prensa y la creciente precariedad de la profesión, han llevado a un notorio deterioro de la calidad informativa, con la consiguiente crisis de confianza de los públicos y la desafección de las nuevas generaciones respecto a los contenidos de actualidad periodística. Los informes anuales del Instituto Reuters son concluyentes a este respecto y sitúan a nuestro sistema informativo como uno de los peores del espacio de la UE.

En un contexto de crisis estructural del oficio y con la peligrosa deriva de la desinformación que las redes y algunos diarios digitales promueven en nuestro entorno mediático, parece llegada la hora de definir acciones institucionales que contribuyan a mejorar la calidad democrática de nuestro sistema de información. Con el dominio absoluto de las grandes corporaciones y la hegemonía foránea de Silicon Valley, los poderes públicos están emplazados a sentar las bases materiales necesarias para garantizar el diálogo público abierto y democrático, garantizando la apertura de espacios de interlocución para enriquecer la cultura deliberativa. Por ello mismo, el Parlamento y el Consejo Europeo han adoptado el Reglamento sobre la Libertad de los Medios de Comunicación que los países miembros deberán aplicar antes de agosto de 2025. En esta línea, desde la Plataforma Cívica Hermes, convocamos durante el pasado mes de mayo en el Congreso de Diputados la jornada LOS RETOS DE LA LIBERTAD DE PRENSA. HACIA EL DERECHO DEMOCRATICO A LA COMUNICACIÓN en el marco de la conmemoración del Dia Mundial de la Libertad de Prensa.

Hoy que debatimos en España sobre el plan de regeneración democrática de Moncloa, conviene tomar nota de las conclusiones del encuentro para una política de Estado en la materia que procure:

  1. Proponer una Comisión Parlamentaria específica en Políticas de Comunicación.
  2. Desarrollar una ley de transparencia sobre publicidad institucional y la estructura de poder de los medios de comunicación.
  3. Promover un proyecto de ley estatal de Educación para la Comunicación y Comunicación Educativa.
  4. Modificar el sistema de gobernanza de RTVE y los medios públicos con cambio normativo en la línea del concurso público, garantizando además un sistema mejorado de financiación y administración.
  5. Promover la regulación y medios ciudadanos comunitarios, así como la economía social de la comunicación.
  6. Impulsar medidas y una política pública para cumplir las obligaciones nacionales en materia del convenio internacional de la UNESCO de protección de la diversidad en los medios.
  7. Adoptar normas para garantizar el pluralismo interno en el sistema mediático frente al actual duopolio audiovisual y la alta concentración informativa.
  8. Regular la desinformación y los bulos con medidas preventivas, tanto de autorregulación como de sanciones en contra de la mala praxis periodística.
  9. Constituir el Consejo General de Colegios Profesionales de Periodistas e impulsar medidas en favor de la dignidad, y protección de los profesionales de la información.
  10. Crear el Consejo Estatal de Medios de Comunicación trasponiendo las indicaciones del nuevo reglamento comunitario para la mejora del sistema de comunicación.

No son todas las medidas necesarias para la calidad democrática de nuestro sistema, pero sí las más urgentes para avanzar en el derecho universal a la comunicación.

*Francisco Sierra Caballero es catedrático de Teoría de la Comunicación y portavoz de SUMAR en la Comisión de Calidad Democrática

*Daniela Inés Monje Medina es catedrática de Comunicación Política y coordinadora de la Plataforma HERMES.

El Grupo Plurinacional Sumar organiza en el Congreso una jornada para debatir sobre el derecho democrático a la comunicación y celebrar el Día Mundial de la Libertad de Prensa

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El Grupo Plurinacional Sumar organiza mañana viernes en el Congreso la jornada ‘Los retos de la libertad de prensa. Hacia el derecho democrático a la comunicación’ para celebrar el Día Mundial de la Libertad de Prensa. El encuentro, impulsado por Francisco Sierra, diputado y portavoz de Sumar en la Comisión de Calidad Democrática, reúne a especialistas del mundo de la comunicación, representantes de los gremios periodísticos y a parlamentarios.

Entre los diversos objetivos que persigue esta cita está inaugurar un foro permanente de debate -Grupo Hermes- para definir durante esta XV Legislatura una agenda común de acciones institucionales que contribuyan a mejorar la calidad democrática de nuestro sistema de información, todo ello en un contexto de crisis del periodismo y ante la peligrosa deriva de la desinformación que las redes y algunos diarios digitales promueven en el sistema mediático.

Francisco Sierra destaca que “es hora de acometer la asignatura pendiente de nuestra democracia, cumplir con el artículo 20 de la Constitución para garantizar el derecho de acceso y participación, y poder responder a los retos de la transición digital con mayores garantías jurídicas, con herramientas democráticas, además de una arquitectura normativa e institucional que haga posible el Derecho a la Comunicación”.

Para el diputado de Sumar, “cada vez resulta más evidente la necesidad de un sistema informativo equilibrado, plural y acorde a las demandas que plantea la ciudadanía en la era de la comunicación global”.

Casos recientes como los bulos y las sucesivas campañas de ‘lawfare’ contra el Gobierno de coalición progresista, en general, y destacados dirigentes de la izquierda en nuestro país y su entorno familiar, de forma directa, se identifican en la Unión Europea (UE) como “un peligro para la convivencia democrática, un problema de salud pública que requiere de acciones del Estado frente a las amenazas a la libertad de prensa que grupos de extrema derecha y oligopolios informativos hiperconcentrados plantean en el actual entorno digital”, analiza Sierra.

El pluralismo interno y la diversidad del ecosistema mediático bajo el dominio de operadores foráneos, como las grandes compañías de Silicon Valley, corren el peligro de ser socavados en nuestro país por la creciente concentración de poder económico. Al mismo tiempo, se suceden procesos de desinstitucionalización democrática que las grandes corporaciones digitales despliegan de manera recurrente, tal y como se ha podido ver ya en Estados Unidos durante la Administración Trump o en los golpes de Estado de Brasil y Bolivia, sin olvidar el referéndum del Brexit.

En este contexto, los informes anuales del Instituto Reuters constatan, por ejemplo, “una crisis de credibilidad y confianza en nuestro país respecto a los medios y profesionales de la información”. Francisco Sierra expone que se debe responder a todo ello “con diversas iniciativas concertadas por parte del sector de la comunicación, los poderes públicos y el Parlamento, para establecer un marco de desarrollo del sector que garantice los principios constitucionales con mayor transparencia, pluralismo y participación de la ciudadanía”.

De la misma forma, en la jornada ‘Los retos de la libertad de prensa. Hacia el derecho democrático a la comunicación’ se tendrán muy en cuenta las indicaciones de la UNESCO para dedicar también el Día Mundial de la Libertad de Prensa a la importancia del periodismo y la libertad de expresión en el contexto mundial de crisis medioambiental.

Tal y como señala este organismo internacional, la concienciación sobre los aspectos de las distintas crisis medioambientales y sus efectos es esencial para construir sociedades democráticas. La labor periodística juega un papel fundamental para responder a esta crisis, teniendo muy en cuenta que los/as periodistas se enfrentan a grandes desafíos a la hora de buscar y difundir información sobre temas de actualidad en esta materia.

Francisco Sierra y regulación de medios: “Si no hay política de Estado no hay garantías”

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El destacado académico de la Universidad de Sevilla y actual diputado por el Partido Sumar en España, participó hace pocos días en un congreso en Santiago y conversó con El Desconcierto sobre el panorama respecto a la regulación de medios en el continente. “Cuando hablamos de derecho a la comunicación hablamos de derechos sociales que deben ser regulados”, dice.

Hace 20 años atrás, más o menos en esta misma fecha, el académico de la Universidad de Sevilla Francisco Sierra se encontraba en Chile participando en un congreso latinoamericano de comunicación realizado en la Universidad Diego Portales.

Recuerda una época marcada por los tratados de libre comercio, la formación de la Unión Europea y el Mercosur. Pese a los abundantes acuerdos, los investigadores concluyeron que existían pocos estudios comparativos sobre industrias culturales.

“Ahí surgió la idea de aglutinar el pensamiento crítico en comunicación con una perspectiva iberoamericana”, dice Sierra dos décadas más tarde en el lobby de un hotel en Providencia.

Formó parte hace pocos días del congreso bianual que celebra la ULEPICC, la Unión Latina de Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura, donde abrió el evento con una clase sobre lo que lo ha apasionado todos estos años: políticas de comunicación, nuevas tecnologías y participación ciudadana.

-En los sesenta se acuñó el concepto de derecho a la comunicación desde Latinoamérica. ¿Cómo has visto su evolución todos estos años?

Yo diría que hay tres etapas importantes. Una primera etapa en la que América Latina lideró la Comisión MacBride, que se fraguó por teóricos como Fernando Reyes Matta y académicos como Luis Ramiro Beltrán, vinculados al pensamiento crítico latinoamericano. Sin ese empuje, no hubiera existido el Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación (NOMIC). Y, en ese sentido, el informe MacBride marcó un antes y un después.

-¿De qué manera?

Era primera vez que se teorizaba sobre las políticas de comunicación y la UNESCO era el organismo internacional para democratizar las comunicaciones en el mundo. La segunda es la proscripción del NOMIC en la UNESCO y otros organismos internacionales. Y la tercera se inicia con los llamados gobiernos posneoliberales o de progreso, o populistas, cuya agenda democrática para las reformas estructurales de sus economías y desarrollos será en el espacio público. Y ese espacio público es un espacio mediático. Un espacio llamado a ser democratizado.

 -Varios países de América Latina compartieron políticas regulatorias como en Uruguay, Argentina, Venezuela y Ecuador.

Por primera vez tenemos estados que regulan integralmente el derecho a la comunicación, que en algunos casos incluso reconocen constitucionalmente. Todos suelen mirar al norte, Europa, Estados Unidos, pero esta última etapa en América Latina ha sido la vanguardia de los procesos regulatorios y del derecho a la comunicación.

-Cuando se habla de derecho a la comunicación, ¿qué es lo que se propone, en el fondo?

Pasar de una conceptualización sobre la libertad de expresión como una realidad individual, básicamente de carácter negativo, como la capacidad que tiene cualquier sujeto de expresarse públicamente -en la calle o a través de la prensa- a un concepto más integral, que implica una visión social,  comunitaria, colectiva, y que en términos positivos implica que el Estado y los  poderes públicos deben garantizar a través de políticas, programas o iniciativas, ese derecho a la comunicación que es universal.

-Es un concepto que se confunde -intencionalmente o no- con la libertad de prensa.

Se confunde con libertad de prensa o con esa dimensión de libertad de expresión individual. Cuando hablamos de derecho a la comunicación estamos hablando de derechos colectivos, de ciudadanía, de subjetividad política y, por tanto, de derechos sociales que deben ser regulados. Es un desplazamiento conceptual importante, reconociendo que el derecho a la comunicación universal es de todos los ciudadanos, y muchas veces se confunde que solo pertenece a los periodistas o a los editores de prensa. El derecho a la comunicación es un derecho universal reconocido por la UNESCO y las Naciones Unidas.

-¿Por eso el debate sobre el derecho a la comunicación y su contribución a la democratización de las sociedades?

Es un vínculo fundamental. Por ejemplo, en España tenemos un déficit democrático y es porque no hay una política de Estado en comunicación. Si no hay política de Estado en comunicación no hay garantías. ¿Dónde se dirime el interés general? ¿Dónde se definen las prioridades de agenda política? ¿Dónde se establecen los términos del debate sobre medidas económicas, financieras, ecológicas o medioambientales en el espacio público?, cuando sabemos  que ese espacio público está mediatizado y no hay políticas de Estado democráticas,  ni democracia informativa, ni pluralismo interno en la mayoría de los países.

-Es lo que denunciaba el informe Mac Bride a comienzo de los 80.

Sí, alertaba sobre los niveles de concentración que existen en los ecosistemas informativos. Hoy en día, por ejemplo, esos niveles son infinitamente superiores a lo que diagnosticó el informe debido al neoliberalismo, los procesos de crecimiento, la innovación tecnológica y la hiper concentración. Si en 1980 hablábamos de 40 grandes compañías que concentraban prácticamente el 80% del flujo de información a nivel mundial; hoy estamos hablando que menos de una decena de empresas controlan el 95% de los flujos de información en todo el mundo. Los GAFAM -las cinco gigantes tecnológicas estadounidenses: Google, Amazon, Facebook, Apple y Maicrosoft- son un ejemplo de esto. Y evidentemente aquello plantea un déficit democrático.

-¿En qué sentido?

Se han organizado golpes de Estado en Brasil, con la colaboración activa de Facebook, WhatsApp y empresas de Google que han actuado para intervenir en ese territorio. Y como lo anunciaron parte de los teóricos latinoamericanos en los años `70, estas grandes empresas han sido colaboracionistas de esos intereses ajenos que a veces terminan en golpes de Estado. Y forman parte del complejo industrial-militar del Pentágono. En ese sentido, no ha existido una variación de estructura de poder en el sistema internacional comunicativo.

-Y en esta actual lógica de mercado, el periodismo es un producto que debería ser regulado.

Por supuesto, porque no es cualquier mercancía, pero al igual que otros derechos fundamentales, si la calidad democrática depende de un bien como la información, que es un bien público, hay que introducir conceptos como  bienes públicos globales, como se está debatiendo en la UNESCO respecto a si consideramos internet como patrimonio común de la humanidad. Y esto  tiene que ser logrado con una gobernanza democrática, no por la racionalidad mercantil de los GAFAM. Por tanto, si hablamos de que eso se reduce a una mercancía, las lógicas que operan detrás son ajenas a los valores  democráticos.

-No es cualquier mercancía, además, como planteas.

Sí, no estamos hablando de un producto de uso cotidiano como alimentación perecedera o vestimenta, sino de la sabia con la que operan los agentes y actores políticos en terreno. Evidentemente, si eso se convierte en una mercancía, no hay una relación democrática que garantice que todos los actores puedan concurrir. La lógica de valor que ha impuesto la industria está generando problemas como la desinformación y las fake news. Gran parte de las patologías de la información, hoy en día, tienen que ver con una creciente mercantilización de este objeto de consumo y no por su valor social. Por tanto, es un elemento sujeto a regulación.

-¿Cómo se modifican los distintos marcos regulatorios en los países para incorporar este tipo de reformas?

Pues tenemos ahí dos dificultades objetivas. Una es que los profesionales de la información, los periodistas y sus gremios, suelen ser reaccionarios a una regulación. Siempre que se inicia un debate, como sucedió aquí en Chile, la reacción es identificar inmediatamente regulación con censura. No puede haber libertad si no hay una regulación que permanezca estable y que permita, por ejemplo, que si hablamos de prensa o de derecho a la comunicación, operen todos los sectores, incluidos los medios que otorgan servicios a minorías que no van a estar atendidas por la lógica de mercado. Por tanto, como cualquier otro sector de actividad, tiene que haber regulación.

-¿Cuál es la segunda dimensión?
La segunda dimensión es que el debate está mediatizado por los propios medios que son juez y parte. Los objetos que van a ser regulados informan sobre ese proceso de regulación. Es un sector híper concentrado y ha operando radicalmente en contra de los procesos de regulación cuando se han iniciado en todos los países. Lo ha vivido Chile y también España. Se vivió en Ecuador y en Argentina.

-¿Por qué los periodistas han sido tan reticentes a modificar el modelo?

Hay muchas razones. Una tiene que ver con la propia precariedad del oficio en la mayoría de países. La otra, fundamental, es por cuestiones ideológicas. En la formación de los periodistas y en las facultades se replica este mantra liberal: que la mejor ley de prensa es la que no existe. Y ese mantra se ha demostrado históricamente que es falso. Ahora mismo debatimos en España sobre la situación de los periodistas por la inteligencia artificial y las redacciones automatizadas. Esa ideología ha defendido el gremio profesional, porque en las facultades no se estudia economía política ni políticas de comunicación.

-¿Cómo observas hoy el debate sobre procesos de regulación en América Latina?

Bueno, con cierta preocupación en casos como Chile y, en otros, con una  evaluación muy negativa porque han existido retrocesos. Luego de una década donde se conquistaron sistemas de regulación muy avanzadas, hemos visto como se ha dado, en muy pocos años, un proceso de desinstitucionalización. En Argentina, cuanto llegó Macri, se deconstruyó lo que había costado décadas con dos o tres decretos.

-Acá en Chile, la comisión contra la desinformación encabezada por la ministra Vallejo, fue cuestionada ante el Tribunal Constitucional, el último vestigio del statu quo Pinochetista.

Hay que elogiar en primer lugar la acción de la responsable ministerial, Camila Vallejo, por tomar la iniciativa de regular este derecho humano fundamental. Porque seguimos teniendo a la Sociedad Interamericana de la Prensa, la Asociación Nacional de la Prensa y El Mercurio insistiendo en un discurso que confunde libertad de prensa con libertad de empresa informativa. Los que abogan porque no haya regulación están estableciendo que el derecho a la comunicación sea única y exclusivamente de las grandes corporaciones periodísticas.

-Intereses que suelen ser transnacionales…

Sus estructuras accionarias responden a intereses de grandes compañías de telecomunicaciones, ubicadas en Europa o Estados Unidos, que no defienden los derechos humanos de su propio país ni el progreso de la mayoría de la población. No se ha querido regular que exista pluralismo en un sistema mediático que sigue siendo muy concentrado y que no ofrece garantías para establecer nuevos derechos para la profesión y la existencia de medios comunitarios que puedan aportar otro relato de la realidad.

-En los proceso de modificación de los marcos regulatorios, ¿cómo ves las instancias de participación de los distintos actores?

Falta participación, lo digo desde una autocrítica de la academia y los sectores progresistas, porque no hemos sido capaces de sumar otros actores para una política de regulación. Creo que las experiencias más ricas, como la de Uruguay y Argentina, que lograron sumar gente desde la sociedad civil, la cultura, el arte, la industria del espectáculo y sectores anexos. Yo siempre insisto que el derecho a la comunicación es el primer derecho humano, porque si no tenemos capacidad de debatir sobre nuestros derechos producto de un cerco informativo, no vamos a poder reivindicar ni el derecho a la salud, ni el derecho al empleo, ni al trabajo digno, ni a la vivienda y muchos otros derechos fundamentales. Por eso siempre que hablamos de regulación, de democratización, estamos hablando de contenidos ideológicos.

-Es lo que también sucede con los medios digitales, que terminan reproduciendo la información de los medios hegemónicos, generando mesas de redacción que no reportean…

Elaborar información es el lema de Le Monde Diplomatique y cuesta dinero. Implica tiempo, gente que se dedique a elaborar noticias y formular una voz distinta. Cuando hablamos que es necesario democratizar el espectro y que haya medios comunitarios, se puede resolver a través de una política pública y otorgar un tercio para esos operadores. Lo difícil es que la gente participe y sostenga económicamente la producción de contenidos propios, para que de verdad tenga sentido un medio comunitario.

-Eso se podría paliar con una mejor distribución de la publicidad estatal, que es una discusión que siempre ha estado presente.

Ese debate sobre la transparencia y financiamiento de los medios es central, porque tanto los públicos como privados dependen del presupuesto del Estado. Es más, diría que los medios privados impresos tradicionales, analógicos,  dependen en su 70% de la publicidad institucional proveniente del Estado. Y los medios digitales dependen en un 80%, no de sus suscriptores, salvo algunas excepciones. Los medios digitales de derecha y de extrema derecha, dependen absolutamente de la publicidad institucional. Y ahí hay una opacidad absoluta sobre ese reparto. Entonces, el pluralismo interno empieza cuando los recursos públicos sirvan para alimentar una estructura mediática plural, desde los medios comunitarios a los públicos, pasando también por los privados. Pero eso no está sucediendo en la mayoría de los países. Especialmente en nuestros países.

Notas de campaña

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Decía Bourdieu que cuanto mayor es la autonomía de un campo específico de la reproducción social, mayor es la proporción de lo que puede explicarse sobre la base de la propia lógica. En el caso de España, dudo que el campo periodístico se explique en términos de autonomía. Si así fuera convendría hacer, con carácter urgente, un llamamiento a la ciudadanía, una alerta democrática viendo cómo estamos en manos de malhechores, difusores de visiones escleróticas y paralizantes cuando no claramente tóxicas en contra de toda razón y los derechos fundamentales para convivencia pacífica. Pues domina el campo informativo en nuestro país gente que no sabe del buen vivir y se limita a ser meros divisores de la disyunción, expertos como son en la taxonomía de la banalidad, cuando no forzados esclavos de la espiral del disimulo y la malversación del derecho de libertad de prensa hoy al servicio del capital y la plutocracia. Privados como estamos la mayoría de la población del mínimo pluralismo interno y de toda capacidad de interpelación, no es de extrañar que el Barómetro del CIS de abril de 2020 arrojara datos que evidencian, conforme a la opinión mayoritaria, la necesidad de una intervención pública en el sector. A la pregunta sobre la regulación de bulos en las redes, el 66,7% era partidario de tomar medidas contra los excesos de los hijos de Musk, pero los medios mercantilistas, como La Razón, consideró en su momento este tipo de preguntas totalitaria, y no digamos ya la lógica democrática de exigencia de control social y responsabilidad pública. En la ideología de los enemigos de la libertad, el derecho a la comunicación es cosa exclusiva de ellos, de diarios como el ABC con una larga historia a sus espaldas de apoyo a la dictadura asesina de Franco, de propaganda afín a Hitler y Mussolini y de ocultación de la violación a los derechos humanos en contra de la constitución para dar cobertura a los poderes fácticos. Y se autodenomina diario conservador, prensa independiente, dicen, cuando en sus páginas un día sí y otro también mienten, manipulan y construyen una realidad o burbuja mediática inexistente, como la de la anunciada mayoría absoluta del PP. Convendrá el lector que tras los resultados del 23J un mínimo de autocrítica es exigible a los medios y profesionales del periodismo. Contrariamente a lo afirmado en su columna por el profesor Manuel Cruz, a la vista del desenlace de la convocatoria electoral es hora de ajustar cuentas y responsabilizar de los excesos a algunos actores que trabajaron contra la democracia y la voluntad popular, empezando por las encuestadoras que durante tanto tiempo han denostado el trabajo de una institución sólida como el CIS, léase Narciso Michavila de Gad3. En este examen de lo dicho y hecho no cabe esperar que la rectificación provenga de los periodistas y un sistema de medios de los que él mismo fue víctima propiciatoria.

Hace mucho tiempo, desde los años ochenta, con el auge del neoliberalismo, en España el derecho a la información se ha tornado en el deber de no pensar. Y cuando se piensa se corre el riesgo de morir, simbólicamente, o preso del cerco y silencio informativo. Por fortuna no vivimos situaciones críticas como las de México o Colombia. En el país azteca más de 140 profesionales han sido víctimas de los poderes económicos y el narco, pero los medios del duopolio en España atacan a López Obrador por su crítica a la prensa y las propuestas de regulación democrática de operadores externos y acreditados golpistas como Facebook o Twitter (analicen si no el caso de Brasil). Cabe preguntarse, en este sentido, quién tiene derecho a la crítica en un modelo de mediación concentrado, asimétrico y que tiende a socavar las bases de la convivencia democrática. ¿Sólo los periodistas? Si es así, como profesional de la información y Catedrático de Periodismo he de manifestar que la profesión está degradada en México y en España, subyugada la autonomía necesaria de los informadores y suprimida toda pluralidad en los medios públicos y privados. Y ello ha tenido graves consecuencias en la calidad democrática de la deliberación en el espacio público, incluso en el ámbito de la izquierda.

El nacional populismo o la enfermedad infantil del izquierdismo es hoy un discurso preponderante que anula toda práctica política efectiva, limitando los términos de discusión de lo deseable y decible de acuerdo a lo políticamente correcto. Esta dinámica es transversal y abunda en los sectores retardatarios de la derecha. Podría de hecho empezar a correlacionar miserabilismo y cultura de la sumisión que prolifera en la esfera mediática mientras se proyecta el linchamiento y la norma de la difamación como dos caras de la misma moneda que explica el ascenso del discurso de VOX. Ahora, no hay acción sin reacción, ni involución sin crisis y contradicciones. Toca pues pensar, en este escenario, qué tipo de acción política y alcance en clave marxista es preciso implementar. No es el objeto de estas primeras notas de campaña vividas en primera persona avanzar propuestas concretas de futuro. Menos aún en forma de columna de opinión. Somos gramscianos y seguiremos haciendo pedagogía democrática de la esperanza incluso con aquellos que no quieren aprender. Cierto que no se puede explicar la teoría de la evolución a un obispo, pero sí dejar en evidencia las falsedades del relato y la ideología de quienes han normalizado el neofascismo y se ponen de perfil en la falsa equidistancia del llamado periodismo independiente que ni es autónomo y menos aún respetuoso de la deontología profesional. Sí la mayoría de periodistas y medios de este país son colaboracionistas y demuestran a diario que siguen anclados en el franquismo sociológico, llama la atención cómo es que no se dan cuenta que producen vergüenza ajena, que nadie les cree, que son cada vez menos quienes les escucha, lee o sigue, justamente por la misma razón. En fin, ha quedado en evidencia esta campaña que habiendo asumido definitivamente el cinismo como norma, es tiempo de buscar otras mediaciones productivas y dialógicas. Veamos cómo.

Entrevista en Radio Universidad de Rosario. ABC de la Ciencia

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Daniela Monje (Universidad Nacional de Córdoba) y Francisco Sierra Caballero (Universidad de Sevilla).

Los derechos ciudadanos a la comunicación, las políticas públicas de regulación en el contexto de circuitos de comunicación dominados por las plataformas y sus lógicas, los enunciadores de los discursos que circulan. Un debate contemporáneo urgente, una asignatura pendiente.

Ley Calviño y contrarreforma audiovisual

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Existe un tipo de funcionario público que invariablemente siempre trabaja, por acción u omisión, más bien lo primero, en favor del capital y de los intereses creados. Y no solo por la decidida voluntad de participar de las puertas giratorias y verse así reconocido por los valiosos servicios prestados, sino más bien como resultado de una pobre o inexistente imaginación política o voluntad de compromiso con la mayoría. Este es el caso de la nueva contrarreforma audiovisual que pronto inicia su trámite parlamentario en el Congreso. El proyecto de ley de transposición de la Directiva Comunitaria sobre Servicios de Comunicación Audiovisual (2018/1808) de la UE a nuestro país, que puede ser recordada como la Ley Calviño, plantea un reto preocupante en medio de la llamada guerra cultural: la construcción de una esfera pública mediatizada cerrada a la diversidad de voces y corrientes de opinión por los intereses hegemónicos claramente reforzados en la norma preparada por el Ejecutivo.

En este sentido, y aun amparándose en el marco de la Estrategia Digital del Estado, el anteproyecto no solo reforma en un sentido regresivo la vigente Ley General del Audiovisual (7/2010) sino que refuerza además lo que algunos calificamos como modelo Monti (comisario y hombre de confianza de Berlusconi) que iniciara en Bruselas la primera andanada contra los medios públicos en beneficio de actores como FININVEST. Del marco general y el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales al plegamiento corporativo se constata un desplazamiento del Estado central y el ordenamiento del sistema nacional de comunicación a los operadores tanto foráneos como locales que incide sustancialmente en una pérdida de derechos a todos los niveles, tal y como observamos hoy en Andalucía desde la Plataforma en Defensa de la RTVA, mientras los reguladores vienen avanzando normas sin participación ni consenso del sector ni de la ciudadanía y sus organizaciones.

No es casual por lo mismo que el anteproyecto de ley no establezca estrategias o políticas de cooperación entre los sistemas audiovisuales autonómicos y del Estado en un ámbito de competencia descentralizada que exigiría mayor imaginación del legislador si tanto se insiste en la corregulación.

De la Ley UTECA a la Ley Audiovisual de Andalucía, pasando por las enmiendas y recortes presupuestarios de los medios públicos, asistimos en fin a una ceremonia de la confusión que no consiste en otra cosa que el cercamiento y desmontaje del servicio público radiotelevisivo como hoja de ruta del poderoso lobby que dicta la norma en el sector. Pues el nuevo marco normativo da luz verde a la privatización de los medios autonómicos con la explotación privada o externalización, refuerza el rol de la CNMC frente a instancias no desarrolladas reglamentariamente como el Consejo Audiovisual, en lugar de seguir el modelo francés, pese a que informes de la propia CNMC reconocen su incompetencia y falta de recursos para cumplir con su labor de tutela de derechos.

La centralización en el Ministerio de Economía de las tareas de inspección y sanción, so pretexto de preparar el camino a la economía digital, se va a traducir en la máxima neoliberal de dejar el pasado, con coste para el erario público en su sostenimiento, y facilitar el futuro de la producción de contenidos simbólicos y el negocio audiovisual al sector privado que, dicho sea de paso, está dominado no precisamente por empresas nacionales o europeas. Si pensamos en los GAFAM, en plataformas como YOUTUBE, FACEBOOK o HBO, cabe concluir que el legislador ni se plantea una alternativa propia que avance en la protección y producción propia de forma decidida acorde con lo que nos jugamos en este ámbito.

El mercado contra el cine europeo

Capítulo aparte merece el problema de la igualdad de obligaciones mejorada para la financiación del cine autóctono, en nuestro caso en todas las lenguas oficiales del Estado. La producción independiente y el audiovisual europeo se verán favorecidos por el establecimiento de cuotas a prestadores de servicios bajo demanda de plataformas como NETFLIX. El problema es que esta regulación llega tarde y no altera la estructura del mercado, claramente contraria a los intereses del cine europeo. El anteproyecto insiste por otra parte en la relajación de las exigencias en un proceso o deriva desreguladora que ilustra el resultado: la inversión y mejora de la posición dominante de la producción estadounidense en general. Desde este punto de vista, el porcentaje mínimo de obra europea es insuficiente y refuerza las posiciones de la industria cultural hegemónica, como llevamos una década observando en los informes anuales del Observatorio Audiovisual Europeo.

Se sigue, por otra parte, sin abordar la cuestión estratégica de la distribución, muy concentrada en favor de las grandes compañías gringas, lo que terminará por imponer los intereses dominantes precarizando las condiciones laborales de los productores y creadores locales. En otras palabras, hubiera sido preciso, es necesario, un mayor compromiso de los distribuidores en línea de plataformas como AMAZON en la financiación e inversión en el audiovisual europeo.

La ley no contempla además la regulación necesaria de los productores o usuarios que aportan contenidos, en términos de protección como actores centrales del ecosistema audiovisual, ni muchas otras lagunas observadas en las más de cien alegaciones presentadas por plataformas como TELEDETODOS. Pues la adaptación al mercado que propone el borrador es la razón con la que justificar la liquidación definitiva del dominio público. Y la flexibilidad, la seguridad de los operadores que dominan el mercado. La autorregulación y corregulación que apunta la norma es, en fin, más de lo mismo, el reforzamiento de una estructura antidemocrática y concentrada de poder de difusión de las imágenes de unos pocos contra la voluntad de muchos. El ejemplo más evidente es el de la desregulación publicitaria, un campo, como denuncia FACUA, ampliamente minado de incumplimientos y vulneraciones a los derechos de los consumidores. El caso más evidente de esta regresión es la desregulación publicitaria que afecta a la protección de los menores. Pero podríamos añadir la falta de transparencia en la publicidad institucional que hoy solo se conoce fruto de la labor del periodismo de investigación, como revela Público, sobre el sostenimiento de medios de extrema derecha como OK DIARIO con cargo al presupuesto de la CAM mientras los medios comunitarios pierden las garantías conseguidas por vez primera con la Ley Zapatero.

Ciudadanos solo como consumidores

Más aún, podríamos afirmar, en general, que la nueva ley se distingue por su falta de consistencia y viabilidad, pensando en sistema nacional de medios, pues no solo no contempla financiación de los medios ciudadanos sino que además deja al albur del duopolio el futuro de RTVE y de los medios públicos en general. Quizás por ello en la redacción del borrador la ciudadanía está ausente, convertida, en sus enunciados, en mero consumidor. Para el legislador pareciera que el ciudadano en España no tiene derecho a la comunicación, salvo como cliente y no como sujeto político, en un nuevo giro de tuerca que ya imaginamos como concluirá. Por lo mismo no se regulan los datos y perfiles de los usuarios ni se protege la invasión publicitaria que sufriremos con la desregulación que se promueve.

Hace tiempo que la noción de servicio público ha sido difuminada, sin sostén reglamentario, con déficits democráticos notorios en el caso de España, donde el derecho a la comunicación, por más que se reconozca en la Constitución, ni se desarrolla (derecho de acceso) ni se garantiza institucionalidad alguna para la participación y el control social.

En definitiva, se impone el ventajismo, la consolidación del duopolio y las compañías foráneas y los intereses dominantes de los operadores que han pasado de dictar la norma (Ley UTECA) a observar con regocijo cómo la doctrina del Tío Tom se impone gracias a serviciales funcionarios públicos. Visto lo visto, la norma puede llamarse Ley Calviño o Florentino Pérez que, para el caso, fútbol mediante como interés general, tanto da.