Notas de campaña

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Decía Bourdieu que cuanto mayor es la autonomía de un campo específico de la reproducción social, mayor es la proporción de lo que puede explicarse sobre la base de la propia lógica. En el caso de España, dudo que el campo periodístico se explique en términos de autonomía. Si así fuera convendría hacer, con carácter urgente, un llamamiento a la ciudadanía, una alerta democrática viendo cómo estamos en manos de malhechores, difusores de visiones escleróticas y paralizantes cuando no claramente tóxicas en contra de toda razón y los derechos fundamentales para convivencia pacífica. Pues domina el campo informativo en nuestro país gente que no sabe del buen vivir y se limita a ser meros divisores de la disyunción, expertos como son en la taxonomía de la banalidad, cuando no forzados esclavos de la espiral del disimulo y la malversación del derecho de libertad de prensa hoy al servicio del capital y la plutocracia. Privados como estamos la mayoría de la población del mínimo pluralismo interno y de toda capacidad de interpelación, no es de extrañar que el Barómetro del CIS de abril de 2020 arrojara datos que evidencian, conforme a la opinión mayoritaria, la necesidad de una intervención pública en el sector. A la pregunta sobre la regulación de bulos en las redes, el 66,7% era partidario de tomar medidas contra los excesos de los hijos de Musk, pero los medios mercantilistas, como La Razón, consideró en su momento este tipo de preguntas totalitaria, y no digamos ya la lógica democrática de exigencia de control social y responsabilidad pública. En la ideología de los enemigos de la libertad, el derecho a la comunicación es cosa exclusiva de ellos, de diarios como el ABC con una larga historia a sus espaldas de apoyo a la dictadura asesina de Franco, de propaganda afín a Hitler y Mussolini y de ocultación de la violación a los derechos humanos en contra de la constitución para dar cobertura a los poderes fácticos. Y se autodenomina diario conservador, prensa independiente, dicen, cuando en sus páginas un día sí y otro también mienten, manipulan y construyen una realidad o burbuja mediática inexistente, como la de la anunciada mayoría absoluta del PP. Convendrá el lector que tras los resultados del 23J un mínimo de autocrítica es exigible a los medios y profesionales del periodismo. Contrariamente a lo afirmado en su columna por el profesor Manuel Cruz, a la vista del desenlace de la convocatoria electoral es hora de ajustar cuentas y responsabilizar de los excesos a algunos actores que trabajaron contra la democracia y la voluntad popular, empezando por las encuestadoras que durante tanto tiempo han denostado el trabajo de una institución sólida como el CIS, léase Narciso Michavila de Gad3. En este examen de lo dicho y hecho no cabe esperar que la rectificación provenga de los periodistas y un sistema de medios de los que él mismo fue víctima propiciatoria.

Hace mucho tiempo, desde los años ochenta, con el auge del neoliberalismo, en España el derecho a la información se ha tornado en el deber de no pensar. Y cuando se piensa se corre el riesgo de morir, simbólicamente, o preso del cerco y silencio informativo. Por fortuna no vivimos situaciones críticas como las de México o Colombia. En el país azteca más de 140 profesionales han sido víctimas de los poderes económicos y el narco, pero los medios del duopolio en España atacan a López Obrador por su crítica a la prensa y las propuestas de regulación democrática de operadores externos y acreditados golpistas como Facebook o Twitter (analicen si no el caso de Brasil). Cabe preguntarse, en este sentido, quién tiene derecho a la crítica en un modelo de mediación concentrado, asimétrico y que tiende a socavar las bases de la convivencia democrática. ¿Sólo los periodistas? Si es así, como profesional de la información y Catedrático de Periodismo he de manifestar que la profesión está degradada en México y en España, subyugada la autonomía necesaria de los informadores y suprimida toda pluralidad en los medios públicos y privados. Y ello ha tenido graves consecuencias en la calidad democrática de la deliberación en el espacio público, incluso en el ámbito de la izquierda.

El nacional populismo o la enfermedad infantil del izquierdismo es hoy un discurso preponderante que anula toda práctica política efectiva, limitando los términos de discusión de lo deseable y decible de acuerdo a lo políticamente correcto. Esta dinámica es transversal y abunda en los sectores retardatarios de la derecha. Podría de hecho empezar a correlacionar miserabilismo y cultura de la sumisión que prolifera en la esfera mediática mientras se proyecta el linchamiento y la norma de la difamación como dos caras de la misma moneda que explica el ascenso del discurso de VOX. Ahora, no hay acción sin reacción, ni involución sin crisis y contradicciones. Toca pues pensar, en este escenario, qué tipo de acción política y alcance en clave marxista es preciso implementar. No es el objeto de estas primeras notas de campaña vividas en primera persona avanzar propuestas concretas de futuro. Menos aún en forma de columna de opinión. Somos gramscianos y seguiremos haciendo pedagogía democrática de la esperanza incluso con aquellos que no quieren aprender. Cierto que no se puede explicar la teoría de la evolución a un obispo, pero sí dejar en evidencia las falsedades del relato y la ideología de quienes han normalizado el neofascismo y se ponen de perfil en la falsa equidistancia del llamado periodismo independiente que ni es autónomo y menos aún respetuoso de la deontología profesional. Sí la mayoría de periodistas y medios de este país son colaboracionistas y demuestran a diario que siguen anclados en el franquismo sociológico, llama la atención cómo es que no se dan cuenta que producen vergüenza ajena, que nadie les cree, que son cada vez menos quienes les escucha, lee o sigue, justamente por la misma razón. En fin, ha quedado en evidencia esta campaña que habiendo asumido definitivamente el cinismo como norma, es tiempo de buscar otras mediaciones productivas y dialógicas. Veamos cómo.

Entrevista en Radio Universidad de Rosario. ABC de la Ciencia

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Daniela Monje (Universidad Nacional de Córdoba) y Francisco Sierra Caballero (Universidad de Sevilla).

Los derechos ciudadanos a la comunicación, las políticas públicas de regulación en el contexto de circuitos de comunicación dominados por las plataformas y sus lógicas, los enunciadores de los discursos que circulan. Un debate contemporáneo urgente, una asignatura pendiente.

Ley Calviño y contrarreforma audiovisual

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Existe un tipo de funcionario público que invariablemente siempre trabaja, por acción u omisión, más bien lo primero, en favor del capital y de los intereses creados. Y no solo por la decidida voluntad de participar de las puertas giratorias y verse así reconocido por los valiosos servicios prestados, sino más bien como resultado de una pobre o inexistente imaginación política o voluntad de compromiso con la mayoría. Este es el caso de la nueva contrarreforma audiovisual que pronto inicia su trámite parlamentario en el Congreso. El proyecto de ley de transposición de la Directiva Comunitaria sobre Servicios de Comunicación Audiovisual (2018/1808) de la UE a nuestro país, que puede ser recordada como la Ley Calviño, plantea un reto preocupante en medio de la llamada guerra cultural: la construcción de una esfera pública mediatizada cerrada a la diversidad de voces y corrientes de opinión por los intereses hegemónicos claramente reforzados en la norma preparada por el Ejecutivo.

En este sentido, y aun amparándose en el marco de la Estrategia Digital del Estado, el anteproyecto no solo reforma en un sentido regresivo la vigente Ley General del Audiovisual (7/2010) sino que refuerza además lo que algunos calificamos como modelo Monti (comisario y hombre de confianza de Berlusconi) que iniciara en Bruselas la primera andanada contra los medios públicos en beneficio de actores como FININVEST. Del marco general y el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales al plegamiento corporativo se constata un desplazamiento del Estado central y el ordenamiento del sistema nacional de comunicación a los operadores tanto foráneos como locales que incide sustancialmente en una pérdida de derechos a todos los niveles, tal y como observamos hoy en Andalucía desde la Plataforma en Defensa de la RTVA, mientras los reguladores vienen avanzando normas sin participación ni consenso del sector ni de la ciudadanía y sus organizaciones.

No es casual por lo mismo que el anteproyecto de ley no establezca estrategias o políticas de cooperación entre los sistemas audiovisuales autonómicos y del Estado en un ámbito de competencia descentralizada que exigiría mayor imaginación del legislador si tanto se insiste en la corregulación.

De la Ley UTECA a la Ley Audiovisual de Andalucía, pasando por las enmiendas y recortes presupuestarios de los medios públicos, asistimos en fin a una ceremonia de la confusión que no consiste en otra cosa que el cercamiento y desmontaje del servicio público radiotelevisivo como hoja de ruta del poderoso lobby que dicta la norma en el sector. Pues el nuevo marco normativo da luz verde a la privatización de los medios autonómicos con la explotación privada o externalización, refuerza el rol de la CNMC frente a instancias no desarrolladas reglamentariamente como el Consejo Audiovisual, en lugar de seguir el modelo francés, pese a que informes de la propia CNMC reconocen su incompetencia y falta de recursos para cumplir con su labor de tutela de derechos.

La centralización en el Ministerio de Economía de las tareas de inspección y sanción, so pretexto de preparar el camino a la economía digital, se va a traducir en la máxima neoliberal de dejar el pasado, con coste para el erario público en su sostenimiento, y facilitar el futuro de la producción de contenidos simbólicos y el negocio audiovisual al sector privado que, dicho sea de paso, está dominado no precisamente por empresas nacionales o europeas. Si pensamos en los GAFAM, en plataformas como YOUTUBE, FACEBOOK o HBO, cabe concluir que el legislador ni se plantea una alternativa propia que avance en la protección y producción propia de forma decidida acorde con lo que nos jugamos en este ámbito.

El mercado contra el cine europeo

Capítulo aparte merece el problema de la igualdad de obligaciones mejorada para la financiación del cine autóctono, en nuestro caso en todas las lenguas oficiales del Estado. La producción independiente y el audiovisual europeo se verán favorecidos por el establecimiento de cuotas a prestadores de servicios bajo demanda de plataformas como NETFLIX. El problema es que esta regulación llega tarde y no altera la estructura del mercado, claramente contraria a los intereses del cine europeo. El anteproyecto insiste por otra parte en la relajación de las exigencias en un proceso o deriva desreguladora que ilustra el resultado: la inversión y mejora de la posición dominante de la producción estadounidense en general. Desde este punto de vista, el porcentaje mínimo de obra europea es insuficiente y refuerza las posiciones de la industria cultural hegemónica, como llevamos una década observando en los informes anuales del Observatorio Audiovisual Europeo.

Se sigue, por otra parte, sin abordar la cuestión estratégica de la distribución, muy concentrada en favor de las grandes compañías gringas, lo que terminará por imponer los intereses dominantes precarizando las condiciones laborales de los productores y creadores locales. En otras palabras, hubiera sido preciso, es necesario, un mayor compromiso de los distribuidores en línea de plataformas como AMAZON en la financiación e inversión en el audiovisual europeo.

La ley no contempla además la regulación necesaria de los productores o usuarios que aportan contenidos, en términos de protección como actores centrales del ecosistema audiovisual, ni muchas otras lagunas observadas en las más de cien alegaciones presentadas por plataformas como TELEDETODOS. Pues la adaptación al mercado que propone el borrador es la razón con la que justificar la liquidación definitiva del dominio público. Y la flexibilidad, la seguridad de los operadores que dominan el mercado. La autorregulación y corregulación que apunta la norma es, en fin, más de lo mismo, el reforzamiento de una estructura antidemocrática y concentrada de poder de difusión de las imágenes de unos pocos contra la voluntad de muchos. El ejemplo más evidente es el de la desregulación publicitaria, un campo, como denuncia FACUA, ampliamente minado de incumplimientos y vulneraciones a los derechos de los consumidores. El caso más evidente de esta regresión es la desregulación publicitaria que afecta a la protección de los menores. Pero podríamos añadir la falta de transparencia en la publicidad institucional que hoy solo se conoce fruto de la labor del periodismo de investigación, como revela Público, sobre el sostenimiento de medios de extrema derecha como OK DIARIO con cargo al presupuesto de la CAM mientras los medios comunitarios pierden las garantías conseguidas por vez primera con la Ley Zapatero.

Ciudadanos solo como consumidores

Más aún, podríamos afirmar, en general, que la nueva ley se distingue por su falta de consistencia y viabilidad, pensando en sistema nacional de medios, pues no solo no contempla financiación de los medios ciudadanos sino que además deja al albur del duopolio el futuro de RTVE y de los medios públicos en general. Quizás por ello en la redacción del borrador la ciudadanía está ausente, convertida, en sus enunciados, en mero consumidor. Para el legislador pareciera que el ciudadano en España no tiene derecho a la comunicación, salvo como cliente y no como sujeto político, en un nuevo giro de tuerca que ya imaginamos como concluirá. Por lo mismo no se regulan los datos y perfiles de los usuarios ni se protege la invasión publicitaria que sufriremos con la desregulación que se promueve.

Hace tiempo que la noción de servicio público ha sido difuminada, sin sostén reglamentario, con déficits democráticos notorios en el caso de España, donde el derecho a la comunicación, por más que se reconozca en la Constitución, ni se desarrolla (derecho de acceso) ni se garantiza institucionalidad alguna para la participación y el control social.

En definitiva, se impone el ventajismo, la consolidación del duopolio y las compañías foráneas y los intereses dominantes de los operadores que han pasado de dictar la norma (Ley UTECA) a observar con regocijo cómo la doctrina del Tío Tom se impone gracias a serviciales funcionarios públicos. Visto lo visto, la norma puede llamarse Ley Calviño o Florentino Pérez que, para el caso, fútbol mediante como interés general, tanto da.