Elproyecto de ley de transposición de la Directiva Comunitaria sobre Servicios de Comunicación Audiovisual (2018/1808) de la UE a nuestro país, que puede ser recordada como la Ley Calviño, plantea en nuestros días, liquidado el proceso de concurso público de la RTVE y tras décadas de franco deterioro del servicio público radiotelevisivo, un escenario nefasto para la democracia y la calidad cultural de nuestra sociedad. Concluida la fase de audiencia pública, el anteproyecto de Ley General del Audiovisual que presenta al Parlamento el Ejecutivo no sólo es revelador de la insistencia liberalizadora en una materia tan sensible, sino que además avanza en dirección a un claro retroceso democrático limitando el pluralismo y la calidad del sistema informativo en un país, el nuestro, históricamente renuente a políticas activas de acceso y diversificación del sistema mediático nacional. En este sentido, y aun amparándose en el marco de la Estrategia Digital del Estado, el anteproyecto no sólo reforma, en un sentido regresivo, la vigente Ley General del Audiovisual (7/2010), sino que refuerza lo que algunos calificamos como modelo Monti (comisario y hombre de confianza de Berlusconi) que iniciara en Bruselas la primera andanada contra los medios públicos europeos en beneficio de actores como Fininvest (hoy Mediaset).
Es probable que las numerosas alegaciones presentadas por plataformas como Teledetodos sean ignoradas en la tramitación parlamentaria, en buena medida porque impera una visión comunicacional dominada por ingenieros, sea del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, o ultraliberales de la Comisión del Mercado de la Competencia (CNMC). Ello explica la asunción de las tesis más conservadoras de adaptación de la normativa comunitaria, en especial en lo relativo a la publicidad, que de la Directiva Televisión sin Fronteras a nuestros días viene dando lugar a una colonización sin precedentes del espacio público.
Si la política emula el modelo Trump, en nuestro país los medios no iban a ser menos y es previsible con este nuevo marco normativo que terminemos asistiendo a un espectáculo deportivo o al visionado de un film como una verdadera carrera de obstáculos para sortear los anuncios invasivos y la saturación publicitaria que impulsa el duopolio televisivo. De la Ley Uteca a la Ley Audiovisual de Andalucía, pasando por las enmiendas y recortes presupuestarios de los medios públicos, asistimos en fin a una ceremonia de la confusión que no consiste en otra cosa que el cercamiento y desmontaje del servicio público radiotelevisivo como hoja de ruta del poderoso lobby que dicta la norma en el sector para el caso de España. El escenario que se dibuja en el horizonte, de no mudar significativamente el redactado de la ley, es el modelo de Murcia o Canarias y la progresiva externalización de servicios básicos como ya sucediera en Canal 9 y ahora en la RTVA. Por lo mismo, la norma no apuesta por una comunicación ciudadana. La adaptación al mercado que propone el borrador es la razón con la que justificar la liquidación definitiva del dominio público. Y la flexibilidad, la seguridad de los operadores que dominan el mercado. La autorregulación y corregulación que apunta la norma es, en fin, más de lo mismo, el reforzamiento de una estructura antidemocrática y concentrada de poder de difusión de las imágenes de unos pocos contra la voluntad de muchos. Como ya está sucediendo en la sanidad y la educación, la opción neoliberal empieza por privatizar todo servicio público para su explotación por operadores privados, y termina por negar el derecho de acceso, aunque, como en Andalucía, esté protegido por Estatuto. Sorprende, no obstante, que la visión dominante, incluso de un Gobierno supuestamente progresista, sea, en esta materia, la de los medios mercantilistas: una concepción que renuncia a la cultura para imponer el negocio, que recorta derechos para garantizar share, que restringe el pluralismo para favorecer el oligopolio. Llama la atención, por lo mismo, que, como con el concurso público, esta lógica se imponga sin debate alguno, ni siquiera en el ámbito académico y profesional, con absoluta falta de respuesta de la sociedad civil ante un discurso y práctica política que afecta a la calidad democrática y la formación de la ciudadanía. Esperamos que esta tribuna sirva a iniciativas como la Plataforma en Defensa de la RTVA, que ha iniciado un proceso de no retorno para garantizar lo que dice la ley: medios públicos públicos. En Andalucía, Canal Sur y medios locales de todos y para todos. Sencilla premisa que sólo requiere voluntad política.
