El futuro de los medios públicos

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Elproyecto de ley de transposición de la Directiva Comunitaria sobre Servicios de Comunicación Audiovisual (2018/1808) de la UE a nuestro país, que puede ser recordada como la Ley Calviño, plantea en nuestros días, liquidado el proceso de concurso público de la RTVE y tras décadas de franco deterioro del servicio público radiotelevisivo, un escenario nefasto para la democracia y la calidad cultural de nuestra sociedad. Concluida la fase de audiencia pública, el anteproyecto de Ley General del Audiovisual que presenta al Parlamento el Ejecutivo no sólo es revelador de la insistencia liberalizadora en una materia tan sensible, sino que además avanza en dirección a un claro retroceso democrático limitando el pluralismo y la calidad del sistema informativo en un país, el nuestro, históricamente renuente a políticas activas de acceso y diversificación del sistema mediático nacional. En este sentido, y aun amparándose en el marco de la Estrategia Digital del Estado, el anteproyecto no sólo reforma, en un sentido regresivo, la vigente Ley General del Audiovisual (7/2010), sino que refuerza lo que algunos calificamos como modelo Monti (comisario y hombre de confianza de Berlusconi) que iniciara en Bruselas la primera andanada contra los medios públicos europeos en beneficio de actores como Fininvest (hoy Mediaset).

Es probable que las numerosas alegaciones presentadas por plataformas como Teledetodos sean ignoradas en la tramitación parlamentaria, en buena medida porque impera una visión comunicacional dominada por ingenieros, sea del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, o ultraliberales de la Comisión del Mercado de la Competencia (CNMC). Ello explica la asunción de las tesis más conservadoras de adaptación de la normativa comunitaria, en especial en lo relativo a la publicidad, que de la Directiva Televisión sin Fronteras a nuestros días viene dando lugar a una colonización sin precedentes del espacio público.

Si la política emula el modelo Trump, en nuestro país los medios no iban a ser menos y es previsible con este nuevo marco normativo que terminemos asistiendo a un espectáculo deportivo o al visionado de un film como una verdadera carrera de obstáculos para sortear los anuncios invasivos y la saturación publicitaria que impulsa el duopolio televisivo. De la Ley Uteca a la Ley Audiovisual de Andalucía, pasando por las enmiendas y recortes presupuestarios de los medios públicos, asistimos en fin a una ceremonia de la confusión que no consiste en otra cosa que el cercamiento y desmontaje del servicio público radiotelevisivo como hoja de ruta del poderoso lobby que dicta la norma en el sector para el caso de España. El escenario que se dibuja en el horizonte, de no mudar significativamente el redactado de la ley, es el modelo de Murcia o Canarias y la progresiva externalización de servicios básicos como ya sucediera en Canal 9 y ahora en la RTVA. Por lo mismo, la norma no apuesta por una comunicación ciudadana. La adaptación al mercado que propone el borrador es la razón con la que justificar la liquidación definitiva del dominio público. Y la flexibilidad, la seguridad de los operadores que dominan el mercado. La autorregulación y corregulación que apunta la norma es, en fin, más de lo mismo, el reforzamiento de una estructura antidemocrática y concentrada de poder de difusión de las imágenes de unos pocos contra la voluntad de muchos. Como ya está sucediendo en la sanidad y la educación, la opción neoliberal empieza por privatizar todo servicio público para su explotación por operadores privados, y termina por negar el derecho de acceso, aunque, como en Andalucía, esté protegido por Estatuto. Sorprende, no obstante, que la visión dominante, incluso de un Gobierno supuestamente progresista, sea, en esta materia, la de los medios mercantilistas: una concepción que renuncia a la cultura para imponer el negocio, que recorta derechos para garantizar share, que restringe el pluralismo para favorecer el oligopolio. Llama la atención, por lo mismo, que, como con el concurso público, esta lógica se imponga sin debate alguno, ni siquiera en el ámbito académico y profesional, con absoluta falta de respuesta de la sociedad civil ante un discurso y práctica política que afecta a la calidad democrática y la formación de la ciudadanía. Esperamos que esta tribuna sirva a iniciativas como la Plataforma en Defensa de la RTVA, que ha iniciado un proceso de no retorno para garantizar lo que dice la ley: medios públicos públicos. En Andalucía, Canal Sur y medios locales de todos y para todos. Sencilla premisa que sólo requiere voluntad política.

La Encrucijada de Canal Sur

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La convocatoria de huelga de los trabajadores de la RTVA de hoy y mañana y la tramitación de los nuevos presupuestos del Gobierno de la Junta, con un recorte radical de la partida destinada a la principal empresa cultural de la región, marcan un antes y un después en la historia de la autonomía y el futuro de Andalucía. El panorama institucional que se dibuja en la actual coyuntura política no sólo amenaza la viabilidad y desarrollo sostenible de Canal Sur sino, más allá aún, la propia pervivencia de un tejido o industria audiovisual históricamente dependiente del ente autonómico por la falta de políticas activas del Ejecutivo andaluz. Llama en este sentido la atención el errático razonamiento de algunos portavoces de la derecha mediática sobre lo que está en juego a este respecto. Una vez más, como con el concurso público de RTVE, se sigue sin entender la naturaleza de servicios públicos esenciales, el sentido, en fin, del dilema en liza con la radiotelevisión pública y que, en modo alguno, es una cuestión fundamentalmente de empleo, ya de por sí importante por su volumen, sino antes que nada nos enfrentamos a la pervivencia de un sector y polo de desarrollo necesario para la vertebración territorial. La intervención disonante de algunas firmas en pro del austericidio contra la RTVA sólo se explica por la supina ignorancia o la voluntad de expropiación de lo común, una lógica que reincide en la histórica anomalía de un servicio radiotelevisivo siempre cercado al amparo de un modelo de gestión y organización institucional que no es razonable ni puede ser normalizado, a poco que se compare con otros países de nuestro entorno. Sea como fuere, este tipo de discursos nos sitúa ante una encrucijada y una disputa sociocultural que, en forma de crisis, puede resultar una oportunidad para la transformación y modernización de la empresa. Ésta es, de hecho, la firme voluntad de la sociedad civil que se ha agrupado en la Plataforma para su defensa como servicio público.

Ante el dilema de reforma o liquidación, la derecha en Andalucía ha optado por la vía fácil, como antes hizo en Valencia y Madrid, con el conocido fracaso económico a resultas de una deriva política, revertida en tribunales, más propia de formaciones premodernas que de una concepción liberal equiparable en el espacio de integración de la UE. Puede el lector revisar los estudios de ULEPICC que hemos venido presentando en sucesivos congresos sobre la baja financiación que tienen nuestros medios públicos en comparación con la media comunitaria o la ausencia de órganos fiscalizadores como el Consejo Superior del Audiovisual en Francia. Este déficit democrático explica por qué se impone el espíritu Urdaci y se traspasan todos los límites deontológicos en los modos y usos de un canal público para mayor gloria de quienes siempre se opusieron a la propia autonomía andaluza, negando por activa y por pasiva una Andalucía soberana e independiente, cultural e informativamente. En este escenario, no parece factible, si es coherente con los valores de la profesión y el desarrollo de la autonomía que marca el Estatuto, la continuidad de Juan de Dios Mellado como director general del ente público.

La apuesta por la alianza con Vox del PP y Ciudadanos supone una ruptura en toda regla del marco estatutario como espacio de convivencia democrática, lo que se manifiesta no solo en este capítulo, sino en temas sensibles como la educación, la desigualdad de género o la propia institucionalidad de nuestra autonomía. Del cierre solicitado de la RTVA, inviable estatutariamente, a la herida de muerte presupuestaria hay solamente un paso. De resultar exitosa esta apuesta política acabará no sólo con la principal empresa autóctona de comunicación, sino con las formas germinales del audiovisual andaluz, sea cine, producción serial o animación.

Por ello es el momento de vindicar un Canal Sur de todas y para todos, un canal público desgubernamentalizado, atento a la identidad andaluza, ejecutora de los planes de educación, cultura y desarrollo regional, dando voz a los actores locales en los ámbitos de proximidad, sosteniendo un polo industrial, un cine propio con proyección y voluntad de futuro, una radiotelevisión pública motor de la convergencia tecnológica, la innovación social y cultural, a partir de la renovación e incremento de su plantilla con la vista puesta en ampliar el marco de actuación hacia sectores estratégicos como la industria del videojuego y la televisión a la carta donde la RTVA puede y debe explorar sus potencialidades. De ello depende, sin duda, no sólo el futuro de la profesión, sino la calidad de la democracia y la propia autonomía. Pues sabemos que el primer derecho es el derecho a luchar por tener derechos y esto no es posible sin el Derecho a la Comunicación. Sin voz, ni medios públicos, que es la condición indispensable para ello, no hay democracia ni habrá autonomía. La ciudadanía andaluza agrupada en la Plataforma en Defensa de la RTVA es consciente de este hecho histórico y se ha constituido para, justamente, hacerlo efectivo: por España y por la Humanidad.