La Era de los Cipotones

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Uno no está para seguir a los trolls, las redes y las cadenas ultramontanas de la extrema derecha y sus variaciones cromáticas (verde flex, naranja o azul). Tengo prohibido, por prescripción médica –como también debiera hacerlo Noam Chomsky–, seguir los medios de referencia informativa a fin de evitar sufrir y rechinar los dientes con las lecturas de la actualidad que hace el periodismo empotrado cada jornada.

Ya bastante tiene uno en su vida con el ABC, el diario matutino de humor no deseado, que vitupera, embiste y censura a diestro y siniestro, nunca mejor dicho. Y eso que, hoy por hoy, es una cabecera que pierde fuelle y lectores y que, últimamente, ni miedo da, y menos aún respeto infunde.

Ha colocado incluso a su director, Álvaro Ybarra, en el cementerio de elefantes del Consejo Audiovisual de Andalucía, con un presidente de arte dramático y ex altos cargos de la Junta cuyo único mérito es ser obedientes a la disciplina de partido. De vergüenza, considerando las soflamas del interesado contra lo público y contra toda regulación del Derecho a la Comunicación.

Claro que, como en el mandato anterior, para qué vindicar la participación cualificada en este órgano del Parlamento andaluz, si el aporte de la academia da grima. De un presidente jubilado, Antonio Checa, cuyo aporte no es otro que medrar y no hacer, por verónicas, a lo Rajoy, hemos pasado a su sucesora en el cargo académico, que dice que ha sido decana de la Facultad de Comunicación, pero que de política audiovisual y de las competencias del Consejo anda como liebre sin papeles: indocumentada.

Mientras, Canal Sur y los medios de representación actúan como el ariete de la expropiación de lo común. La única esperanza que nos queda es saber que ni Telecinco, ni en general los medios del duopolio audiovisual son vistos por la nueva generación, inmersa en el universo Meta de otros medios más proyectivos, ni la propaganda de Telemoreno la sigue ya nadie.

Si se trata de engañar, mejor usar uno mismo los filtros de Instagram. El virus de la pandemia que nos sacude es el de la simulación y el engaño, la cultura del filibusterismo. El problema es que el discurso cínico termina mutando en autoritarismo. La historia así lo demuestra.

Por ello conviene afirmar la virtud republicana frente a la emergencia de los cipotones y tontopollas que proliferan a nuestro alrededor y en las instituciones, de las que no se salva, por cierto, la Universidad, menos aún los altos cargos del Estado y los líderes políticos.

El problema, como siempre, es qué hacer para emprender una misión regeneracionista. No es que esté uno apático, pero la deriva de la estulticia como normalidad social es desalentadora, y no cabe hablar de cambio generacional como mera explicación lógica.

La gravedad de lo que ocurre en nuestro país no es equiparable, en ningún rubro, a otros países de nuestro contexto europeo. Cierto es que la crisis sistémica es global. Como ilustra el informe World Protests, hablamos de más de 1.500 movilizaciones contra los desajustes del sistema político y su captura por la máquina ordoliberal. Si sumamos a ello las casi 2.000 protestas por justicia social, el panorama es claro y revelador de la tendencia en curso que da cuenta de la crisis de representación.

De todas estas luchas y frentes culturales, el paradigma ilustrativo de cuestionamiento de la estupidez neoliberal es Chile, inmerso en un proceso constituyente, lento, contradictorio, paradójico, expuesto a las dinámicas retardatarias de la clase media, tratando de reconstruir y tejer el dominio público, como el actual Gobierno de la nación en España, mientras lo común sigue en manos de los GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft), en particular de la plataforma Amazon, con cifras de más de 125.000 millones de dólares por trimestre.

En este contexto, toda política democrática pasa por impugnar las estructuras que hacen posible el reinado de cipotones como Elon Musk, una suerte de señores del aire que imponen la ficción neofeudalista de nuestro vasallaje.

Pero esto solo es posible, con ilustración e inteligencia colectiva; con voluntad de unión y emancipación social; con disciplina y autoorganización colectiva en un frente de todos, los nadie, contra los jeques que nos dan jaqueca y nos imponen una vida de jaque mate.

De otro modo es seguir jugando al Cluedo o al Estratego, en el salón de casa. Así que advertidos estamos. Mientras, a la espera de esta toma de conciencia y regeneración democrática, no perdamos la sonrisa de santos inocentes, aprovechando que se celebró ayer.

Ya ha dicho el Papa que no existe el infierno: que el infierno es ya el reino de los cipotones. Así que a gozar y reír, como hago yo cada semana con la lectura de El Jueves, el único medio impreso serio del país. Cosas del mundo al revés.

Una última cosa, y no les ocupo más tiempo, que es un bien escaso: no dejen de cultivar los mejores deseos para 2023. Va a ser necesario, porque serán posibles. Me lo ha confirmado mi tarotista de cabecera, la Fer. Así que no se achicopalen, que soñar es vivir.

Canal Sur, en cuarentena

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Mientras el candidato Risitas, que ni gracia hace, engaña hasta ayer al personal afirmando que «Andalucía Avanza» mientras no deja de recortar personal sanitario y docente, con franco deterioro de los servicios públicos, el Comité de Empresa de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) celebró una nueva huelga, coincidiendo con el último día de cierre de campaña, con un porcentaje de seguimiento superior al 80 por ciento.

Lo contamos aquí porque, casualmente, apenas ha tenido eco en los medios del régimen y porque ya quisieran los responsables del ente público radiotelevisivo una cuarta parte de esta cifra de seguimiento en los índices de audiencias. Pero con esta dirección no es que parezca improbable, sino más bien imposible.

El recorte del 10 por ciento del presupuesto, junto a la descarada y abierta manipulación informativa, han deteriorado la empresa a tal grado que “La Nuestra” es hoy solo un baluarte de la guerra cultural de la extrema derecha al servicio de los de siempre, los mismos que nunca creyeron en la autonomía andaluza. Resultado: se ha devaluado un medio público que era referencia en la región y uno de los mejores canales autonómicos del Estado.

De la misma manera que en la Guerra Civil, pasando a degüello a los parias de la tierra y a sus clases más avanzadas e ilustres, los Zancajo de turno –ahora Carmen Torres– se han dedicado a censurar y a eliminar toda voz no plegada a esta función vicaria de Telebendodo.

Ello ha agravado los conflictos en las redacciones con una plantilla insuficiente, desmoralizada por la falta de proyecto y liderazgo y la continua injerencia de los comisarios del Risitas. Al tiempo, la recaudación publicitaria ha descendido, el déficit ha aumentado, la audiencia sigue en descenso paulatino, la credibilidad se mantiene gravemente afectada y algunos, mientras, haciendo el negocio de las productoras o en la espiral del disimulo como Más Análisis, de Teodoro León Gross, que empezamos a dudar si alguna vez fue profesor de Periodismo o simple lector de Dovifat convertido –o, quizás, convencido de ser mero speaker de Bendodo–.

Todo ello sin comentar la proliferación de tertulianos de extrema derecha en este y otros espacios. Vamos, que lo del pluralismo no lo han entendido ni lo entenderán. Más aún si hay campaña de por medio. El tratamiento de Vox y el PP ha sido bochornoso y el ocultamiento de opciones políticas transformadoras, una vergüenza.

Canal Sur ha actuado con premeditación y alevosía, incluso haciendo invisible en las encuestas la opción Por Andalucía. Pero ¿qué podemos esperar de una mesa de análisis de derechistas travestidos de demócratas y otros lindos portavoces del orden instituido, otrora pregoneros del PSOE o, incluso, del PA? Nada nuevo bajo el sol.

Por ello, Canal Sur está en huelga y nos tememos que en cuarentena, si no en la UCI. Es previsible, además, en la actual coyuntura, que ni la promoción turística contribuya a una mejoría ante la ausencia de una prospectiva integral de comunicación para el desarrollo que haga sostenible la propuesta.

En otras palabras, proyectos de contenidos como Canal Sur Más (OTT) van a ser pan para hoy y hambre para mañana, una huida hacia adelante que ni el propio director general cree. La pérdida de media de un 10 por ciento probablemente termine siendo mayor con el paso del tiempo, por demografía y mala gestión.

Sin recursos, la plataforma será un contenedor vacío carente de proyección real, mientras se apropian de La Nuestra para garantizar que los andaluces no se levanten. Para eso están al frente de la RTVA. Son, como decía el maestro Antonio López Hidalgo, «de la hermandad del cazo»: pusieron la mano cuando el PSOE era quien mandaba; lo hicieron cuando el PA tenía algo de poder en la Junta; lo han hecho ahora con PP y Ciudadanos; y estamos convencidos de que, incluso, lo harán con VOX.

Viven para ello y carecen de todo compromiso público. Tampoco es esperable que los órganos parlamentarios que fueron creados para vigilar el buen funcionamiento del sector –léase el Consejo Audiovisual de Andalucía– pongan coto a tales desmanes. Ya vimos el papel de su presidente, Antonio Checa, con la contrarreforma de la Ley Audiovisual andaluza. De pena.

Mientras siga cobrando elevados emolumentos en lugar de la paga como jubilado, todo bien, gracias. Lo suyo no es precisamente cumplir el mandato de representación, ni cambiar nada. Ya lo harán otros, que es mejor echarse la siesta en el despacho y pasar de puntillas que asumir el mandato ciudadano, no vaya a ser que quien manda se moleste.

Bien lo sabemos en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, cuando fue decano. Ser y estar, pero solo aparentando. No mudar, no hacer, no moverse, no trabajar: solo la espiral del disimulo, por verónicas, a lo Rajoy, que es el estilo que imprime sello en esta tierra.

Colaborador en su momento de El Mundo, debe estar feliz de que Rosell pudiera ser director general de la RTVA –ya están algunos correligionarios como Carmen Torres como avanzadilla, con los resultados conocidos–. Pero tenemos una mala noticia para los miembros de la hermandad del cazo: con Vox se quedarán sin voz y sin chiringuito (como lo califican los Toni Cantamañanas de turno).

Toca ahora, por lo mismo, por urgente necesidad, informar a la ciudadanía de que nos quieren robar lo nuestro, lo común, y hasta la esperanza. Sabemos que no podrán. Y, lo más divertido, ni siquiera lo saben. Es lo que tiene la miopía intelectual: no alcanzan a ver más allá de sus propias narices.

El futuro de los medios públicos

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Elproyecto de ley de transposición de la Directiva Comunitaria sobre Servicios de Comunicación Audiovisual (2018/1808) de la UE a nuestro país, que puede ser recordada como la Ley Calviño, plantea en nuestros días, liquidado el proceso de concurso público de la RTVE y tras décadas de franco deterioro del servicio público radiotelevisivo, un escenario nefasto para la democracia y la calidad cultural de nuestra sociedad. Concluida la fase de audiencia pública, el anteproyecto de Ley General del Audiovisual que presenta al Parlamento el Ejecutivo no sólo es revelador de la insistencia liberalizadora en una materia tan sensible, sino que además avanza en dirección a un claro retroceso democrático limitando el pluralismo y la calidad del sistema informativo en un país, el nuestro, históricamente renuente a políticas activas de acceso y diversificación del sistema mediático nacional. En este sentido, y aun amparándose en el marco de la Estrategia Digital del Estado, el anteproyecto no sólo reforma, en un sentido regresivo, la vigente Ley General del Audiovisual (7/2010), sino que refuerza lo que algunos calificamos como modelo Monti (comisario y hombre de confianza de Berlusconi) que iniciara en Bruselas la primera andanada contra los medios públicos europeos en beneficio de actores como Fininvest (hoy Mediaset).

Es probable que las numerosas alegaciones presentadas por plataformas como Teledetodos sean ignoradas en la tramitación parlamentaria, en buena medida porque impera una visión comunicacional dominada por ingenieros, sea del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, o ultraliberales de la Comisión del Mercado de la Competencia (CNMC). Ello explica la asunción de las tesis más conservadoras de adaptación de la normativa comunitaria, en especial en lo relativo a la publicidad, que de la Directiva Televisión sin Fronteras a nuestros días viene dando lugar a una colonización sin precedentes del espacio público.

Si la política emula el modelo Trump, en nuestro país los medios no iban a ser menos y es previsible con este nuevo marco normativo que terminemos asistiendo a un espectáculo deportivo o al visionado de un film como una verdadera carrera de obstáculos para sortear los anuncios invasivos y la saturación publicitaria que impulsa el duopolio televisivo. De la Ley Uteca a la Ley Audiovisual de Andalucía, pasando por las enmiendas y recortes presupuestarios de los medios públicos, asistimos en fin a una ceremonia de la confusión que no consiste en otra cosa que el cercamiento y desmontaje del servicio público radiotelevisivo como hoja de ruta del poderoso lobby que dicta la norma en el sector para el caso de España. El escenario que se dibuja en el horizonte, de no mudar significativamente el redactado de la ley, es el modelo de Murcia o Canarias y la progresiva externalización de servicios básicos como ya sucediera en Canal 9 y ahora en la RTVA. Por lo mismo, la norma no apuesta por una comunicación ciudadana. La adaptación al mercado que propone el borrador es la razón con la que justificar la liquidación definitiva del dominio público. Y la flexibilidad, la seguridad de los operadores que dominan el mercado. La autorregulación y corregulación que apunta la norma es, en fin, más de lo mismo, el reforzamiento de una estructura antidemocrática y concentrada de poder de difusión de las imágenes de unos pocos contra la voluntad de muchos. Como ya está sucediendo en la sanidad y la educación, la opción neoliberal empieza por privatizar todo servicio público para su explotación por operadores privados, y termina por negar el derecho de acceso, aunque, como en Andalucía, esté protegido por Estatuto. Sorprende, no obstante, que la visión dominante, incluso de un Gobierno supuestamente progresista, sea, en esta materia, la de los medios mercantilistas: una concepción que renuncia a la cultura para imponer el negocio, que recorta derechos para garantizar share, que restringe el pluralismo para favorecer el oligopolio. Llama la atención, por lo mismo, que, como con el concurso público, esta lógica se imponga sin debate alguno, ni siquiera en el ámbito académico y profesional, con absoluta falta de respuesta de la sociedad civil ante un discurso y práctica política que afecta a la calidad democrática y la formación de la ciudadanía. Esperamos que esta tribuna sirva a iniciativas como la Plataforma en Defensa de la RTVA, que ha iniciado un proceso de no retorno para garantizar lo que dice la ley: medios públicos públicos. En Andalucía, Canal Sur y medios locales de todos y para todos. Sencilla premisa que sólo requiere voluntad política.

La Encrucijada de Canal Sur

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La convocatoria de huelga de los trabajadores de la RTVA de hoy y mañana y la tramitación de los nuevos presupuestos del Gobierno de la Junta, con un recorte radical de la partida destinada a la principal empresa cultural de la región, marcan un antes y un después en la historia de la autonomía y el futuro de Andalucía. El panorama institucional que se dibuja en la actual coyuntura política no sólo amenaza la viabilidad y desarrollo sostenible de Canal Sur sino, más allá aún, la propia pervivencia de un tejido o industria audiovisual históricamente dependiente del ente autonómico por la falta de políticas activas del Ejecutivo andaluz. Llama en este sentido la atención el errático razonamiento de algunos portavoces de la derecha mediática sobre lo que está en juego a este respecto. Una vez más, como con el concurso público de RTVE, se sigue sin entender la naturaleza de servicios públicos esenciales, el sentido, en fin, del dilema en liza con la radiotelevisión pública y que, en modo alguno, es una cuestión fundamentalmente de empleo, ya de por sí importante por su volumen, sino antes que nada nos enfrentamos a la pervivencia de un sector y polo de desarrollo necesario para la vertebración territorial. La intervención disonante de algunas firmas en pro del austericidio contra la RTVA sólo se explica por la supina ignorancia o la voluntad de expropiación de lo común, una lógica que reincide en la histórica anomalía de un servicio radiotelevisivo siempre cercado al amparo de un modelo de gestión y organización institucional que no es razonable ni puede ser normalizado, a poco que se compare con otros países de nuestro entorno. Sea como fuere, este tipo de discursos nos sitúa ante una encrucijada y una disputa sociocultural que, en forma de crisis, puede resultar una oportunidad para la transformación y modernización de la empresa. Ésta es, de hecho, la firme voluntad de la sociedad civil que se ha agrupado en la Plataforma para su defensa como servicio público.

Ante el dilema de reforma o liquidación, la derecha en Andalucía ha optado por la vía fácil, como antes hizo en Valencia y Madrid, con el conocido fracaso económico a resultas de una deriva política, revertida en tribunales, más propia de formaciones premodernas que de una concepción liberal equiparable en el espacio de integración de la UE. Puede el lector revisar los estudios de ULEPICC que hemos venido presentando en sucesivos congresos sobre la baja financiación que tienen nuestros medios públicos en comparación con la media comunitaria o la ausencia de órganos fiscalizadores como el Consejo Superior del Audiovisual en Francia. Este déficit democrático explica por qué se impone el espíritu Urdaci y se traspasan todos los límites deontológicos en los modos y usos de un canal público para mayor gloria de quienes siempre se opusieron a la propia autonomía andaluza, negando por activa y por pasiva una Andalucía soberana e independiente, cultural e informativamente. En este escenario, no parece factible, si es coherente con los valores de la profesión y el desarrollo de la autonomía que marca el Estatuto, la continuidad de Juan de Dios Mellado como director general del ente público.

La apuesta por la alianza con Vox del PP y Ciudadanos supone una ruptura en toda regla del marco estatutario como espacio de convivencia democrática, lo que se manifiesta no solo en este capítulo, sino en temas sensibles como la educación, la desigualdad de género o la propia institucionalidad de nuestra autonomía. Del cierre solicitado de la RTVA, inviable estatutariamente, a la herida de muerte presupuestaria hay solamente un paso. De resultar exitosa esta apuesta política acabará no sólo con la principal empresa autóctona de comunicación, sino con las formas germinales del audiovisual andaluz, sea cine, producción serial o animación.

Por ello es el momento de vindicar un Canal Sur de todas y para todos, un canal público desgubernamentalizado, atento a la identidad andaluza, ejecutora de los planes de educación, cultura y desarrollo regional, dando voz a los actores locales en los ámbitos de proximidad, sosteniendo un polo industrial, un cine propio con proyección y voluntad de futuro, una radiotelevisión pública motor de la convergencia tecnológica, la innovación social y cultural, a partir de la renovación e incremento de su plantilla con la vista puesta en ampliar el marco de actuación hacia sectores estratégicos como la industria del videojuego y la televisión a la carta donde la RTVA puede y debe explorar sus potencialidades. De ello depende, sin duda, no sólo el futuro de la profesión, sino la calidad de la democracia y la propia autonomía. Pues sabemos que el primer derecho es el derecho a luchar por tener derechos y esto no es posible sin el Derecho a la Comunicación. Sin voz, ni medios públicos, que es la condición indispensable para ello, no hay democracia ni habrá autonomía. La ciudadanía andaluza agrupada en la Plataforma en Defensa de la RTVA es consciente de este hecho histórico y se ha constituido para, justamente, hacerlo efectivo: por España y por la Humanidad.