Congreso abierto y transparencia

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Si el bueno de Manuel Vázquez Montalbán aún nos acompañara, qué escribiría tras la convocatoria del PP MAFIA O DEMOCRACIA. Probablemente, hubiera hablado en su columna del franquismo sociológico. De la cultura del estraperlo y de la propensión de algunos, el de los de quien pueda que haga, de padecer en nuestro país una derechona que no hace lo que dice, dice lo que no hace y encubre, siempre oculta, enreda lo posible para entretener al personal y engañarnos a todos, cual trileros. Seguramente, quien sabe, es un decir, ante el bochorno del discurso cínico delirante, hubiera tenido la tentación de recuperar a CARVALHO para mostrarnos las cloacas del Estado. Y puede incluso, seguro lo haría, que hubiera expuesto una reflexión metaliteraria para clarificar el género literario de esta degeneración de la derecha extrema confusos como estamos si esto a lo que nos vienen obligando asistir como espectáculo es un esperpento, un simple astracán o un sainete de serie B.

Si es verdad que no nos dejan decir lo que hacen, tendremos que recurrir como antaño a la novela policial. Volver a ver deambular a Pepe Carvalho por el Raval de Barcelona o los bajos fondos del foro, incluido el palco del Santiago Bernabéu, para investigar, como lo hace hoy Juan Madrid, por ejemplo, el robo de niños de la dictadura de la casta. Esta es la paradoja de nuestro tiempo, tener que desvelar la trama y seguir el rastro del dinero para entender la lógica golpista del escuadrismo patrio en acción. Así que, dadas las circunstancias, instalados en la militancia de la hipérbole, algunas fuerzas en el congreso, partidarias de lo atado y bien atado, es normal que voten en contra de toda reforma. Abonados a las sonadas y al ripio calamitoso, no quieren reforzar el legislativo, ni transparencia, ni publicidad ni fiscalización de los poderes públicos. Menos aún de sus ejecutivos dedicados a eliminar, como en Baleares, oficinas contra la corrupción o al pitufeo y contratos  ocultos al escrutinio público como se ha descubierto en Andalucía con la Sanidad Pública. Eso sí, no dejan de derrochar recursos públicos en favor de medios afines para mayor gloria de su partido. Mafia o Democracia. Toda una tradicomedia. No sabemos quién diseña las campañas de este PP pero desde luego no saben que, en el lenguaje, el orden de factores sí altera el producto. La disposición sintáctica muda el sentido de la expresión. En la izquierda, vindicamos la alternativa Socialismo o Barbarie, pero en la derecha invierten el orden. Ponen en primer lugar la palabra Mafia. Debe ser que es lo primero en lo que piensan o que no saben escribir un eslogan. Uno está, francamente, tentado de mandarles, sancionados, al rincón de pensar, con capirote y orejas de burro incluidas, como les gusta, tan tradicionales ellos, a ver si se contagian un poco en la biblioteca del Congreso y se les quita tanta tontería.

En cualquier caso, sabemos que no es posible la democracia con procesos de regulación corrompidos, sesgados o bajo el imperio de las cajas negras. Precisamos huellas normativas, trazabilidad, rastros y pruebas sobre el decir y hacer de la actividad parlamentaria. La democracia es incompatible con los que atan. Es del orden de la apertura, de espacios abiertos, no de instituciones y lógicas políticas cerradas o cerriles.

La propuesta del PSOE para reformar el Reglamento de la cámara en materia de reglas de transparencia y regulación de los grupos de interés no solo cubre una laguna normativa que viene a responder a las recomendaciones del Grupo GRECO. Es una iniciativa parlamentaria que procura fortalecer los procesos y órganos de control, fomentar la cultura de la transparencia y garantizar un marco jurídico para la actuación de la Oficina de Conflicto de Intereses. Ya el Plan de Acción para la Democracia propuso reformar una situación de evidente déficit histórico en términos de derecho de acceso y escrutinio público con el desbloqueo de las opacidades de las políticas públicas que han imperado en este Estado por siglos de monarquías corruptas y dictaduras traficantes de los intereses de la oligarquía económica.

Desde 2020, la UE ha observado con preocupación cómo el lobbismo ha venido socavando nuestras democracias, afectando a la propia unidad comunitaria. En congruencia, Bruselas ha exigido a los Estados miembros, a España en particular, medidas para combatir la manipulación de la democracia parlamentaria.

La debida ejemplaridad y transparencia son principios básicos de todo representante de la soberanía popular y de ahí la necesidad de un marco de actuación para detallar la huella legislativa y establecer medidas disciplinarias en caso de incumplimiento de las obligaciones.

El articulado contemplado en el Titulo XIV que hemos aprobado en el Congreso el pasado 10 de junio se ajusta, punto por punto, con las exigencias comunitarias, tanto en materia de información gubernamental como de rendición de cuentas, una reforma que las señorías de la oposición ultramontana descalifican de antemano. Es su modus operandi. No entienden el derecho a la información ni el principio de transparencia. No son de la ilustración oscura, un oxímoron, son contrarios a la razón y al conocimiento. Por no leer no leen ni el MARCA, no vaya a ser que descubran que Lamine YAMAL es fruto de la migración. En fin, transparencia es para ellos una palabra del diccionario que en la práctica ejercen a martillazos o con maniobras orquestales en la oscuridad. Confunden medidas integrales con integrismo y la libertad de expresión con ausencia de norma. A fuerza de negar todo conocimiento y control democrático, terminan así argumentando hasta el absurdo. Pero la evidencia es indiscutible. No es posible democracia deliberativa sin dominio público, sin transparencia, sin derecho de acceso ni participación del común.

Si algún día abandonan la militancia de la hipérbole y se dedican a las políticas de Estado, tendrán la oportunidad de renunciar a la acción de trazo grueso de lo que Anguita denominó la Cloaca Máxima, ese corazón de redistribución de aguas fecales que vertebra la política desde la Transición con un solo cometido, evitar todo cambio o mudanza para la mayoría social.

Las cloacas policiales como las de la corrupción o las que subyacen en los escándalos regios son incompatibles con la democracia. Un Estado paralelo, una suerte de tangentopolis hispana, que promueven con sus servidores y beneficiarios, y que ciegan toda posibilidad de democracia y convivencia, es del orden de la mafia, de la trama de la casta. Deberían repensar en la derecha donde se sitúan, porque la posición, así tuerzan las leyes de la geometría y del sentido común, es clara a este respecto. Y algunos no estamos dispuestos a aceptar conseguidores y comisionistas que viven por encima de nuestras posibilidades, ni en Zarzuela ni menos aún en el Palacio del Congreso. Las únicas comisiones que queremos son las Comisiones Obreras de Marcelino Camacho, las de Unai Sordo, Nuria López o Carlos Aristu. Las comisiones de derechos y justicia social. Para todos, todo, en suma. Por ello vindicamos el principio de gobierno abierto un proyecto presentado en las Cortes para la mejora y modernización del funcionamiento del Congreso, centrado en la participación, la rendición de cuentas y la integridad. Se trata de mejorar la calidad de nuestra democracia con información accesible de los procesos legislativos, con la publicación de lo que sus señorías votan. Es exigencia de la UE y un compromiso asumido por la cámara en la legislatura. Pero eso a la derecha ultramontana tanto le da. Dicen defender la libertad, pero están abonados al silencio y el secretismo, a ocultar pruebas. Han pasado sin solución de continuidad de iliberales a liberticidas, acompañando a Milei, un manifiesto iletrado de chiringuito universitario. Frente a esta lógica de la razón cínica, es tiempo de un diálogo institucional serio y consistente, apostando por el gobierno abierto, para  garantizar la interlocución en cada proposición de ley, con capacidad de iniciativa e interpelación de las organizaciones no gubernamentales, los sindicatos, los movimientos sociales, cualquier colectivo ciudadano afectado por asuntos de interés público o específico de la población.  Se trata, en definitiva, de dar a la ciudadanía herramientas de búsqueda y control de la acción legislativa. Ampliar el dominio público hoy privatizado en la esfera de la información institucional y resolver el déficit democrático cumpliendo con lo estipulado por el Parlamento y la Comisión Europea, compromiso cuarto del Plan de Gobierno Abierto.

El debate en estos momentos en el seno de la UE es si avanzamos en proteger las libertades públicas, la igualdad y la justicia social o se impone el dominio de los falsos patriotas e impostores del orden que atacan la igualdad, la justicia social y el propio Estado de derecho, restringiendo por la puerta de atrás derechos fundamentales.

Es evidente que permitir o propiciar una mayor y mejor fiscalización de la actividad legislativa, y de sus representantes, contribuye a la necesaria regeneración democrática, promueve la eficacia del Estado y, además, trae consigo un aumento del índice de la calidad de nuestra democracia, que en los últimos años ha mejorado notablemente, pese al discurso del oligopolio informativo.

Los ciudadanos necesitan saber qué datos se utilizan para tomar cualquier decisión, qué personas contribuyen a la toma de decisiones, a qué se destina el dinero de sus impuestos, cuáles son y si se respetan los procedimientos de contratación. En definitiva, la sociedad cada vez reclama más transparencia a sus representantes y las instituciones del Estado, tenemos la obligación de fomentar esa cultura y agilizar los cauces para ofrecerla.

Todo lo contrario a la ilustración oscura y al imperio de la impunidad por opacidad que nos quiere imponer la derecha ultramontana.

En palabras de Julio Anguita, el imperativo categórico de toda ética política es transparencia administrativa y democracia consecuente. Tiempo de ponerse manos a la obra: limpiar purulencias y cicatrizar heridas. Es una cuestión de dignidad y democracia. Y una demanda, por cierto, de la ciudadanía. Volviendo al bueno de Manolo Vázquez Montalbán, si hoy escribiera su columna, dejaría claro en su artículo que Valle Inclán escribió el esperpento para superar las penalidades de nuestro pueblo, como crítica social. Nada que ver con el astracán y el sainete que planifican las derechas extremas con tramas y escenas poco edificantes y de baja calidad. Esperemos que cambien de coordenadas y relatos. Por el bien común. Por la salud pública.

Periodismo parlamentario y cultura deliberativa

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La dialéctica de decir, oír y hacer se ha cortocircuitado en nuestro sistema político. Se dice, de forma altisonante y ofensiva, sin una coherencia práctica; no se oye, solo hay ruido, y no se hace lo que se promete o se dice lo que no se hace y, peor aún, se hace lo que no se dice. Todo ello sin escucha alguna, con guiones prescritos por aquiescencia de consultores de marketing y asesores de imagen a sueldo. Esto es la pura negación del parlamentarismo que, como todo proceso histórico, tiene sus antecedentes y su lógica operacional definida por un contexto propio del capitalismo rentista.

Cuando asistimos al cuestionamiento de la función social informativa, del papel del periodismo parlamentario y de la crisis de representación, hablamos de una estrategia de restauración contra la democracia, producto de una clara dialéctica de la colonización de nuestras instituciones y de nuestra comunicación política, en este caso por el trumpismo. Discurso del miedo para cercar e inmovilizar a los diputados en la lógica de la sonada y política de la desinformación de los trampantojos, haciendo parecer las derechas ultramontanas que defienden la libertad de prensa cuando, en realidad, actúan guiados por una estrategia liberticida. Tanto PP como Vox están separados apenas nominalmente por las siglas, pero de facto hermanados por una cultura política propia del franquismo sociológico, patrimonializando las instituciones, en especial el Poder Judicial, y ocupando el Congreso por medio de la violencia simbólica de sus terminales mediáticas parafascistas. A partir de una noción del derecho arbitraria, identifican diversidad con exclusión, y la Constitución con un martillo pilón, amparando el proceso de control de la información política del tecnofeudalismo dominante de los GAFAM contra todo fundamento o defensa de reforma del Reglamento ante los ataques a la integridad democrática de los profesionales de la prensa que trabajan en la sede de la soberanía popular. En el fondo, precisan la ausencia de norma y la impunidad para desplegar el mediafare y la agitación ultra de sus terminales mediáticas, siguiendo el patrón de Fox News. Un modelo de sistemática desinformación dirigido a:

  1. La guerra jurídica y el derecho al revés, por medio de imágenes distorsionadas de la realidad, prefabricadas para el linchamiento mediático y una suerte de picota medieval.
  2. La guerra híbrida y el acoso permanente de las fuerzas de progreso con elementos narrativos y discursos totalitarios que abundan en la crisis de legitimidad democrática para minar la confianza de la ciudadanía en nuestras instituciones y representantes.
  3. La americanización de la justicia mediática como violencia verbal y simbólica permanente al estilo Trump o Milei, con motosierras o micrófonos que acosan, insultan y agreden, dentro y fuera de las redes sociales.
  4. La polarización ultraderechista realimentada con discursos y pronunciamientos antidemocráticos.
  5. Y, claro está, la criminalización de la protesta y las propuestas de las fuerzas de izquierda de acuerdo a los intereses del capital financiero, para lo que necesitan extremar las medidas disuasorias, no a base de argumentos, sino por medio de ataques ad hominem, con insultos.

Abrazafarolas, corrupto, mentiroso, bobalicón, alcornoque, sorete, cenutrio, inútil, cantamañanas, tonto de capirote, bocachanclas, malaje, mastuerzo, pintamonas, gilipollas, tontohaba, zopenco, huevón, pusilánime, payaso forman parte de una lista, al estilo Umberto Eco, que podríamos enumerar de las habituales expresiones que a diario se escuchan desde la fila de escaños de Vox, y también del PP, durante toda la legislatura. Nada edificante en términos de cultura política y democracia deliberativa. La educación y moral pública pasa por el respeto, el decoro y las buenas formas, las propias de la cortesía parlamentaria, en la que insultar o señalar en público es inapropiado. Y por eso existe un código de conducta que garantiza el respeto en la Cámara de Representantes. Principio del imperativo categórico kantiano.

La violencia verbal, la agresión sin medida no caben en democracia. Pero la colonialidad de la comunicación política trumpista ha permeado las formas de actuación de la derecha, militando en la estulticia de la avaricia de sus patrocinadores y la teología política del cretinismo y la hipérbole como método de interlocución o, más bien, de agitación y acoso al conjunto de fuerzas democráticas. Ignorando que podrán engañar a todos algún tiempo y a algunos todo el tiempo, pero no pueden engañar a todos todo el tiempo, vienen accionando una política de acoso y derribo al Gobierno y la mayoría parlamentaria en beneficio de la oligarquía económica que, hoy como ayer, actúa contra la democracia para sostener la fortaleza del modelo rentista contra toda veleidad de reforma o derechos para la mayoría social. Llama en este sentido la atención que las derechas hablen de censura por garantizar el trabajo del periodismo parlamentario cuando allí donde gobiernan han desplegado una guerra irrestricta, como Trump, contra los medios y periodistas no empotrados. Empezando por los medios públicos, donde incluso han sido condenados en tribunales por mala praxis, y continuando en medios independientes no subvencionados como los medios ciudadanos o comunitarios. En el framing del mundo al revés que nos muestran las bases mediáticas de la Santa Alianza, los liberticidas se presentan, caso Milei, como defensores de la libertad de información, mientras amparan la violencia, los señalamientos, la agresión y el fascismo de su escuadrismo mediático. Y quienes defendemos el dominio público, la democracia deliberativa, somos declarados en sus múltiples canales enemigos de la libertad. La paradoja es que el debate de la reforma del Reglamento del Congreso se ha hecho a petición de la Asociación de Periodistas Parlamentarios, que llevan tres años denunciando mala praxis y agresiones de las fuerzas de choque del IBEX35.

La iniciativa de modificación de las normas internas de la cámara ha sido debatida con la Red de Colegios Profesionales de Periodistas, con asociaciones de la prensa, con la FESP y representantes de la academia. Se trata de una iniciativa en defensa del Derecho a la Información, una reforma con consenso de la práctica totalidad de las fuerzas parlamentarias, a excepción de la derecha ultramontana, que se ajusta a la filosofía de legislar ateniéndonos a las normas estrictamente morales, construyendo porvenir y convivencia, garantizando la mesura, la proporcionalidad, el respeto y la tolerancia. Este y no otro es el lenguaje y la forma expresiva de la DEMOCRACIA. Una exigencia básica por el BIEN COMÚN y la SALUD PÚBLICA. Todo lo demás solo es ruido y violencia. Trampantojos dialécticos y argumentativos que, como en otros tiempos de tinieblas en la historia, toca desmontar y aclarar con pedagogía democrática, pa/ciencia y el principio esperanza.

Cultura y política

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En tiempos de guerra cultural, la disputa de la hegemonía es un problema de mediación. De medios y sistemas de información. Luego la cuestión extensamente tratada por la tradición de la filosofía de la praxis entre cultura y política está hoy en el centro del debate social.

Esta dialéctica ha sido notoria en el último festival de Eurovisión. Si en una edición anterior fue expulsada la representación de Rusia por la invasión de Ucrania, las denuncias del movimiento por la paz en Europa contra el genocidio israelí del pueblo palestino y la polémica sobre el sistema de votación del festival han marcado un antes y un después en el principal evento de la Unión Europea de Radiodifusión (UER).

Incumpliendo la exigencia de neutralidad, contando con la cantante de Israel de un canal que actúa regularmente como un medio de propaganda y exaltación radical sionista en contra del derecho humanitario, Eurovisión ha sido objeto de numerosas críticas y cuestionamientos públicos por su nula transparencia e incluso el propio patrocinio del espectáculo por la marca Moroccanoil.

El sesgo notorio en las votaciones y la injerencia del Gobierno de Israel en el televoto ha exigido, como resultado, un debate sobre el sistema de votaciones telefónicas. De momento, la UER no solo no respondió a la solicitud en tiempo y forma de un debate sobre la presencia de Israel ante las violaciones de los derechos humanos, sino que tampoco ha dado información sobre el contrato suscrito con esta compañía vinculads al Gobierno hebreo ni ha aclarado por qué no se procedió de forma diligente, como ya se hiciera con Rusia, pese a todas las evidencias denunciadas por organismos humanitarios y por Naciones Unidas.

Como resultado de la dejación de funciones de las autoridades de la UER, el festival de Eurovisión en Basilea fue claramente instrumentalizado por el Gobierno de Israel, que reconoce un activo papel y la financiación necesaria para alcanzar el éxito propagandístico procurado sin que los responsables del festival y la Unión Europea de Radiodifusión hayan asumido las críticas y exigencias de dimisiones.

Mientras tanto la censura, selección y lavado de imagen del gobierno criminal de Netanyahu ha contado con la colaboración de los máximos responsables de la UER que, incluso, amenazaron con sancionar a la RTVE por informar de los crímenes de guerra contra el pueblo palestino.

Esta ley del silencio fue llevada al extremo con el personal de realización, artistas y equipo técnico, invisibilizando el malestar y protestas de los asistentes al festival. La censura afectó a los profesionales de RTVE que no pudieron realizar su trabajo en condiciones de normalidad por abrir la vía de una cuestión de sentido común, los criterios de aplicación del reglamento y normas de la propia UER.

Tampoco fueron atendidas las solicitudes de Eslovenia, Irlanda e Islandia. Pasada la tormenta y fuera de la agenda mediática en curso, es hora de hacer balance y reformular el funcionamiento de la organización del festival, ahora que en España se planifica el Benidorm Fest.

Primero, es hora de cumplir con los principios de servicio público de la Corporación cuyo Punto 3.2.g. establece la «Promoción de los valores de paz, un decidido compromiso con el europeísmo, con el civismo y la paz, con la redistribución de la riqueza la cooperación internacional y la lucha para erradicar el hambre y la miseria».

Toda transmisión, empezando por los servicios informativos, deben atender estos criterios y evitar lo que Wesam Amer, investigador de la Universidad de Cambridge, denuncia como prevalencia de una narrativa o propaganda bélica marcadamente sionista.

Previa evaluación de Eurovisión 2025, es preciso reformular los protocolos de participación, votaciones y representación de los miembros que incumplen las reglas de neutralidad tan pregonadas por el organismo en otras ocasiones. La irresponsabilidad del presidente del Grupo de Referencia, Bakel Walden y del supervisor ejecutivo, Martin Osterdahl, debieran haber dado lugar a sendas dimisiones o ceses.

Pero la UER no solo no ha atendido la demanda de RTVE, sino que han pasado pantalla como si nada de lo ocurrido haya tenido lugar, sin dar testimonio de las resoluciones de Naciones Unidas y el procedimiento abierto en la Corte Internacional de Justicia a instancias de Sudáfrica.

Impulsar la organización del festival para evitar situaciones de grave incumplimiento de sus normas estatutarias como las habidas en 2024 y 2025 con Israel, así como el patrocinio de empresas y anunciantes que violan derechos fundamentales de acuerdo con la Carta de Naciones Unidas pasa por otro marco de organización y democratización de este organismo de las televisiones públicas europeas.

La refundación del organismo de la UER es imprescindible, como establecer estándares universales de defensa de los valores democráticos, las libertades públicas y los derechos humanos de sus socios, a la par que la reorganización del sistema de toma de decisiones y representación conforme a los valores que la ciudadanía europea comparte mayoritariamente.

Si los supuestos anteriores no se cumplen, haría bien la RTVE en retirarse del certamen de Eurovisión, movilizando recursos y haciendo las campañas necesarias internacionalmente para que, si fuera posible, otros países acompañen la decisión de España y explorar una opción mediterránea, ibérica o del Sur de Europa. Para esta cultura política antidemocrática, sobra Eurovisión. No se puede cantar y contar cualquier cosa, incluso o más aún cuando se trata de un festival de música, de entretenimiento.

Libertades públicas e información parlamentaria

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El plan de gobierno en materia de regeneración del sistema mediático o la reciente medida de transparencia y regulación de los grupos de interés propone una agenda reformista urgente y necesaria para la democracia. Pero hay quien insiste, contra toda razón, sobre la necesidad de no regular. No entienden que, además de la libertad negativa, es preciso positivar medidas para hacer realizable el derecho a la libertad de prensa. En otras palabras, no podemos ser libres simplemente por la ausencia de interfencias externas.

Además de la ausencia de restricciones, se tienen que dar las condiciones necesarias —recursos, educación, medio ambiente— para mediaciones productivas. Es decir, además de no censurar como ha hecho Eurovisión con los periodistas de RTVE por la presencia indigna de Israel en el festival, precisamos garantías para el derecho de acceso y el trabajo informativo.

En este mundo digital, donde la información abunda pero no siempre es clara, podemos decir que la libertad de información es un derecho vivo, no solo una promesa en papel. Y requiere proporcionalidad, equilibrio y responsabilidad. «Ser libre para algo», con madurez, conocimiento y respeto a las costumbres y reglas convenidas de actuación.

La reforma del Reglamento del Congreso es un primer paso en esta dirección, fruto del diálogo y participación de los profesionales y grupos de la Cámara legislativa. Es una garantía para el buen ejercicio de los profesionales que cubren la actualidad parlamentaria. Esta es una demanda ampliamente consensuada por el gremio profesional.

La propia Asociación de la Prensa de Sevilla (APS) denunció en el encuentro de Talavera –y más recientemente en Cádiz– la deriva de los medios escuadristas. Lamentablemente, la ausencia del Estado y los poderes públicos en la regulación del Derecho a la Comunicación ha impedido materializar principios constitucionales básicos, recogidos en el artículo 20. Bien es cierto que cuanto más complejo es un sistema más difícil es percibir y proyectar sus interacciones e intervenir en él desde los poderes públicos a la hora de configurar ecosistemas saludables democráticamente.

No viene al caso explicar aquí la teoría de la forma en democracia, pero las formas expresan la voluntad política de transformar o no la realidad. Quien afirma que la verdad no existe, pretende que eso sea la verdad, incurriendo en palmaria contradicción.

La palabra «representación» envuelve muchos equívocos. Las cosas están presentes en la conciencia o ausentes de ella. Y así venimos observando en ciertas prácticas periodísticas. Conviene pues, a modo de exordio, advertir sobre el peligro de los reozancajos. El reino cosmopaleto a lo Fox News es el dominio perfecto de quienes no se asombran de nada, ni de su propia estulticia.

En la antigua China, todo poeta y consejero del emperador debía cumplir el precepto de gobierno justo y, por tanto, las palabras debían significar su sentido. En el periodismo y la política contemporánea parece esta exigencia una condición fútil.

Pero es evidente que no cabe ya más ruido y violencia en nuestro medio ambiente social. Sobra la charlatanería insulsa, la beatería de consumo y los discursos de saldo de ocasión. No es tiempo de contemplación, ni la figura dominante del registro de audiencias debe prevalecer como mérito y reparto de prebendas.

Tampoco se trata de definir premios y castigos, sino reglas de convivencia. La única manera de fraternidad posible y deseable en democracia es la práctica de la tolerancia y, cuando esta se quebranta con violencia, hay que tomar medidas.

Decía Manuel Azaña que un principio básico de la civilización liberal es el respeto. Y la reforma del reglamento no es otra cosa que tratar de dar sentido moral y mejorar la calidad democrática de los trabajos de la democracia deliberativa, alterados en los últimos tiempos por los abusos y el ataque deliberado contra la convivencia por la continua dislocación semántica de la realidad, la algarabía y la reyerta, con imágenes antitéticas, de catacresis, oxímoron, hipalages, tropos y trampantojos de diverso tipo que no tienen otro cometido que socavar el marco de representación y la confianza en la democracia.

En un tiempo de bulos y desinformación, en un mundo donde a todos los niveles de lo público y en la vida privada se generalizan la hipocresía y el cinismo, la recomendación de atender a las prácticas que se acompañan a los discursos se torna urgente, más aún cuando se observa una premeditada política de opio entontecedor contrario a la fronesis, a la contemplación del bien como fuente inmediata de conducta, conocimiento y acción moral.

Vindicamos por ello, con Gramsci, un orden, una coherencia con el sistema político que rige el dominio público en democracia, a partir de la urbanidad y cuidado de las res publica. El concepto de ley sostiene al de la libertad política.

Sabemos que la libertad política resulta sin duda de la situación y contexto histórico. Si se adultera, fuerza, violenta, agrede e intoxica el medio ambiente del debate, la libertad es socavada. Por ello, frente a la barbarie y el neofascismo necesitamos más democracia, frente a los abusos, la norma, frente a las agresiones y amenazas: libertad, sin ira, pero libertad. No más chabacanería y ruido tóxico; no más violencia gratuita y estrategias de mercachifles que no saben pronunciar la palabra «deontología».

En palabras de Blas Infante, queremos un parlamentarismo en el que «los gobernantes sean Maestros, el Estado escuela, y la política el arte de la educación”. Máxima conciencia, máxima difusión de esta lección de fraternidad en la que la Cámara ha de ser una escuela de buen compañerismo y fraternidad; la presidenta y Mesa, directores y autoridades para poner orden y concierto; y los diputados o legisladores, maestros a la par que estudiantes y espectadores mientras los profesionales de la información operan como auténticos mediadores y no lo contrario.

Se trata, en fin, de decir lo que se hace, hacer lo que se dice y cultivar el principio de diálogo público. Es la única forma de caminar juntos hacia un futuro mejor.