La dialéctica de decir, oír y hacer se ha cortocircuitado en nuestro sistema político. Se dice, de forma altisonante y ofensiva, sin una coherencia práctica; no se oye, solo hay ruido, y no se hace lo que se promete o se dice lo que no se hace y, peor aún, se hace lo que no se dice. Todo ello sin escucha alguna, con guiones prescritos por aquiescencia de consultores de marketing y asesores de imagen a sueldo. Esto es la pura negación del parlamentarismo que, como todo proceso histórico, tiene sus antecedentes y su lógica operacional definida por un contexto propio del capitalismo rentista.
Cuando asistimos al cuestionamiento de la función social informativa, del papel del periodismo parlamentario y de la crisis de representación, hablamos de una estrategia de restauración contra la democracia, producto de una clara dialéctica de la colonización de nuestras instituciones y de nuestra comunicación política, en este caso por el trumpismo. Discurso del miedo para cercar e inmovilizar a los diputados en la lógica de la sonada y política de la desinformación de los trampantojos, haciendo parecer las derechas ultramontanas que defienden la libertad de prensa cuando, en realidad, actúan guiados por una estrategia liberticida. Tanto PP como Vox están separados apenas nominalmente por las siglas, pero de facto hermanados por una cultura política propia del franquismo sociológico, patrimonializando las instituciones, en especial el Poder Judicial, y ocupando el Congreso por medio de la violencia simbólica de sus terminales mediáticas parafascistas. A partir de una noción del derecho arbitraria, identifican diversidad con exclusión, y la Constitución con un martillo pilón, amparando el proceso de control de la información política del tecnofeudalismo dominante de los GAFAM contra todo fundamento o defensa de reforma del Reglamento ante los ataques a la integridad democrática de los profesionales de la prensa que trabajan en la sede de la soberanía popular. En el fondo, precisan la ausencia de norma y la impunidad para desplegar el mediafare y la agitación ultra de sus terminales mediáticas, siguiendo el patrón de Fox News. Un modelo de sistemática desinformación dirigido a:
- La guerra jurídica y el derecho al revés, por medio de imágenes distorsionadas de la realidad, prefabricadas para el linchamiento mediático y una suerte de picota medieval.
- La guerra híbrida y el acoso permanente de las fuerzas de progreso con elementos narrativos y discursos totalitarios que abundan en la crisis de legitimidad democrática para minar la confianza de la ciudadanía en nuestras instituciones y representantes.
- La americanización de la justicia mediática como violencia verbal y simbólica permanente al estilo Trump o Milei, con motosierras o micrófonos que acosan, insultan y agreden, dentro y fuera de las redes sociales.
- La polarización ultraderechista realimentada con discursos y pronunciamientos antidemocráticos.
- Y, claro está, la criminalización de la protesta y las propuestas de las fuerzas de izquierda de acuerdo a los intereses del capital financiero, para lo que necesitan extremar las medidas disuasorias, no a base de argumentos, sino por medio de ataques ad hominem, con insultos.
Abrazafarolas, corrupto, mentiroso, bobalicón, alcornoque, sorete, cenutrio, inútil, cantamañanas, tonto de capirote, bocachanclas, malaje, mastuerzo, pintamonas, gilipollas, tontohaba, zopenco, huevón, pusilánime, payaso forman parte de una lista, al estilo Umberto Eco, que podríamos enumerar de las habituales expresiones que a diario se escuchan desde la fila de escaños de Vox, y también del PP, durante toda la legislatura. Nada edificante en términos de cultura política y democracia deliberativa. La educación y moral pública pasa por el respeto, el decoro y las buenas formas, las propias de la cortesía parlamentaria, en la que insultar o señalar en público es inapropiado. Y por eso existe un código de conducta que garantiza el respeto en la Cámara de Representantes. Principio del imperativo categórico kantiano.
La violencia verbal, la agresión sin medida no caben en democracia. Pero la colonialidad de la comunicación política trumpista ha permeado las formas de actuación de la derecha, militando en la estulticia de la avaricia de sus patrocinadores y la teología política del cretinismo y la hipérbole como método de interlocución o, más bien, de agitación y acoso al conjunto de fuerzas democráticas. Ignorando que podrán engañar a todos algún tiempo y a algunos todo el tiempo, pero no pueden engañar a todos todo el tiempo, vienen accionando una política de acoso y derribo al Gobierno y la mayoría parlamentaria en beneficio de la oligarquía económica que, hoy como ayer, actúa contra la democracia para sostener la fortaleza del modelo rentista contra toda veleidad de reforma o derechos para la mayoría social. Llama en este sentido la atención que las derechas hablen de censura por garantizar el trabajo del periodismo parlamentario cuando allí donde gobiernan han desplegado una guerra irrestricta, como Trump, contra los medios y periodistas no empotrados. Empezando por los medios públicos, donde incluso han sido condenados en tribunales por mala praxis, y continuando en medios independientes no subvencionados como los medios ciudadanos o comunitarios. En el framing del mundo al revés que nos muestran las bases mediáticas de la Santa Alianza, los liberticidas se presentan, caso Milei, como defensores de la libertad de información, mientras amparan la violencia, los señalamientos, la agresión y el fascismo de su escuadrismo mediático. Y quienes defendemos el dominio público, la democracia deliberativa, somos declarados en sus múltiples canales enemigos de la libertad. La paradoja es que el debate de la reforma del Reglamento del Congreso se ha hecho a petición de la Asociación de Periodistas Parlamentarios, que llevan tres años denunciando mala praxis y agresiones de las fuerzas de choque del IBEX35.
La iniciativa de modificación de las normas internas de la cámara ha sido debatida con la Red de Colegios Profesionales de Periodistas, con asociaciones de la prensa, con la FESP y representantes de la academia. Se trata de una iniciativa en defensa del Derecho a la Información, una reforma con consenso de la práctica totalidad de las fuerzas parlamentarias, a excepción de la derecha ultramontana, que se ajusta a la filosofía de legislar ateniéndonos a las normas estrictamente morales, construyendo porvenir y convivencia, garantizando la mesura, la proporcionalidad, el respeto y la tolerancia. Este y no otro es el lenguaje y la forma expresiva de la DEMOCRACIA. Una exigencia básica por el BIEN COMÚN y la SALUD PÚBLICA. Todo lo demás solo es ruido y violencia. Trampantojos dialécticos y argumentativos que, como en otros tiempos de tinieblas en la historia, toca desmontar y aclarar con pedagogía democrática, pa/ciencia y el principio esperanza.
