Todo sistema democrático presupone un sistema de información plural, transparencia y diálogo público, a partir del principio de autonomía. En los últimos años, sin embargo, el trumpismo político –truco o susto– ha desplegado la estrategia de acoso y campañas de difamación contra periodistas de RTVE, sean prestigiosos profesionales como Silvia Intxaurrondo o reporteros que cubren sobre terreno la actualidad informativa.
El discurso del odio contra profesionales de programas como Mañaneros o Malas Lenguas de las derechas ultramontanas en España sigue el patrón de Milei y de la Casa Blanca que, por Decreto, ha suprimido la financiación de PBS y NPR: el periodismo libre, en fin.
En los últimos meses, PP y VOX no solo han acusado a la Corporación de ser un instrumento al servicio del Gobierno, sino que han señalado públicamente a sus rostros más reconocidos amenazando incluso con el despido si llegan al poder.
No ha sido un recurso retórico. Públicamente, han pedido a la cadena pública prescindir de Sara Santaolalla, y desde el comienzo han perseguido a presentadores como Silvia Intxaurrondo, Javier Ruiz, Jesús Cintora, Xabier Fortes o David Broncano. Otra presentadora, Marta Flich, lo ha dejado meridianamente claro: cuando el PP y Vox no controlan los medios públicos les parece mal.
Los discípulos del ministro de Información y Turismo franquista, Manuel Fraga prefieren —ya lo sabemos— una ley de prensa de la dictadura, un ecosistema informativo atado y bien atado. Este mes presentamos el libro inédito de artículos de Manuel Vázquez Montalbán, Militante y Clandestino, de Atrapasueños Editorial. Él supo diseccionar como nadie la anatomía del franquismo sociológico hoy galopante.
Las señorías de la derecha amparan la violencia verbal sistemática, el insulto, la descalificación, las campañas de difamación, la criminalización de periodistas y de la crítica, y el sexismo y minusvaloración injustificable. En definitiva, siguen instalados en la indigencia moral e intelectual para ocultar los juegos de tramoya y los intereses creados.
Son cipayos de la oligarquía económica y financiera. Pero tienen la suficiente indigencia moral como para hablar de manipulación en RTVE cuando en Telemadrid y Ayuso pasan no los límites del decoro sino la propia ley. En Canal Sur, Telemoreno programa toros mientras arde la Mezquita o dedican minutos a Morante de la Puebla para acallar las protestas de las mujeres de AMAMA.
Esta lógica se replica en Baleares, Galicia o Comunidad Valenciana. Por ello, los comités de empresa de los trabajadores de los medios públicos se han organizado para defender el servicio público y denunciar los abusos y el autoritarismo en la gestión de las cadenas públicas.
Negacionistas de la verdad y la deontología periodística, los portavoces del linchamiento mediático operan con todo tipo de técnicas de la doctrina del shock: la inversión semiótica, la retórica exaltada, la violencia simbólica, la apelación fática, la deshumanización, el oxímoron y el discurso cínico.
Recordemos, parafraseando a Kapucinski, que no hay mejor pasión que la compartida y compasiva. El ejercicio del periodismo exige un principio de entrega y radical dialogía. Ser bueno, en suma. Los periodistas objeto de sus campañas —Silvia Intxaurrondo, Jesús Cintora, Sarah Santaolalla, Esther Yáñez— han demostrado ser excelentes profesionales y, por lo mismo, han de contar con todo el apoyo moral, académico e institucional.
Pero no es suficiente: es preciso definir una estrategia en defensa del dominio público que nos quieren expropiar y de los medios de titularidad del Estado. Avanzar hacia un pacto de Estado en defensa del servicio público audiovisual.
Quienes militamos en la pedagogía de la esperanza sabemos que el diálogo es una condición existencial. No hay sujeto sin voluntad de atenta escucha. El ruido y la agresión verbal debe estar desterrada del debate político. Y por ello hay que trabajar para desplegar este frente cultural, con convicción y acción institucional.
La comunicación política ultramontana se combate con el Boletín Oficial del Estado (BOE), con medidas, con normas, con más democracia, acceso y participación. Y con economía política de lo común, la caja negra que nunca nombran los del pin parental y otras ocurrencias premodernas del tecnofeudalismo que tratan de encubrir con ataques ad hominem sus servicios a los intereses de la casta.
Es evidente que RTVE gana la batalla de audiencias y los del IBEX 35 no lo van a permitir. Deben tomar medidas para cuidar a los profesionales del despojo a lo Vicente Vallés. Esta es la clave de la disputa ideológica contra la teledetodos.
Correspondería ahora desde la ciudadanía actuar en consecuencia. La sanidad pública, los derechos sociales no están garantizados sin el derecho a la palabra. No hay democracia sin periodistas ni sin derecho a la comunicación. El Estado social depende de este pilar estratégico en la era de la infocracia. ¿A qué espera la izquierda y los movimientos sociales para intervenir?
