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El festival del disimulo
En Eurovisión 2024, la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) solicitó excluir a Israel del Festival por el genocidio en Gaza. La respuesta tanto de RTVE como de la UER fue subrayar el carácter apolítico del evento. Un año antes Eurovisión había excluido a Biolorrusia porque “infringía las reglas que garantizan que el concurso no se instrumentalice ni se desacredite” e igualmente se hizo con Rusia en el contexto de la invasión de Ucrania. Este año Israel lleva a una superviviente del 7 de octubre. Hablando de instrumentalizar una candidatura no parece aceptable, aplicando los mismos criterios, que se autorice su concurso. Hay razones fundadas para impedir su participación, y no solo por la condena pública de un gobierno extremista y genocida como el de Israel. La cadena pública KAN 11 es el brazo armado de la propaganda del gobierno de Netanyahu, perseguido por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Hablamos de un escaparate de las acciones del ejército y el gobierno de Israel, cuyos contenidos aplauden y ensalzan a su ejército, la ocupación ilegal de Palestina, por mandato divino, y la limpieza étnica. Todo un ejemplo de mala praxis contrario a los valores de paz que, como recomienda la UNESCO, ha de definir el trabajo periodístico en defensa de la humanidad y los Derechos Humanos.
Un somero análisis de los contenidos de la cadena israelí constata que el canal incumple los propios estatutos de la UER que obligan a “desarrollar la diversidad cultural, el diálogo intercultural y los intercambios para promover la tolerancia, reforzar la identidad de los pueblos, la cohesión social y la integración de todos los individuos, grupos y comunidades”. Kan 11, en cambio, emite y publica constantemente contenidos racistas y de apoyo y apología de la limpieza étnica, la ocupación y el asesinato de civiles, sin mostrar ningún cuestionamiento o un ápice de crítica sobre la barbarie en Gaza y los territorios ocupados. Ello ha motivado movimientos de protesta en Islandia, Finlandia y otros estados europeos. El malestar ciudadano en España ya fue más que notorio el pasado año y hoy la sociedad civil mandata a RTVE que excluya a Israel solicitando en los órganos de la UER la supresión de la participación en Eurovisión, por los crímenes del gobierno que respalda con sus mensajes políticos, manifiestamente sionistas, y una apuesta de representación en el concurso dirigido a utilizar el evento como una estrategia de propaganda y blanqueamiento de la guerra de exterminio desplegada en Palestina. En esta línea, teníamos a bien, el pasado mes solicitar durante su comparecencia al Presidente de la Corporación, José Pablo López, un claro posicionamiento de RTVE en defensa de la paz solicitando la expulsión de la cadena KAN 11. El reciente Consejo de Administración ratificó por mayoría absoluta esta solicitud. Probablemente, la UER no atienda la petición de RTVE. Ahora, los conflictos y tensiones que se generaron el año pasado no pueden repetirse de nuevo. Compete a la UER evitarlos, y a RTVE cumplir con la voluntad mayoritaria de la ciudadanía española. La edición pasada fue calificada como la peor o una de las peores que se han vivido en la historia del Festival y no sólo afectó a la ciudad sede, sino a todos los participantes, y desde luego al público en general. Este año la situación está aún más caldeada porque la actuación de Israel viola de todas las formas posibles el derecho Internacional y humanitario, liberado, con la llegada de Trump a la Casa Blanca, de todo compromiso en su voluntad de exterminio del pueblo palestino.
El doble rasero de mantener a Israel cuando se expulsó a Rusia y Bielorrusia, no solo desacredita a la UER y a las cadenas que forman parte de ella., sino que socava los principios de la UNESCO y el sentido del servicio público y su función social. Las víctimas de esta ignominiosa proyección musical no perdonarían semejante despropósito, como la canción de Israel y su aparato de propaganda no podrá ocultar que el gobierno de Netanyahu está siendo investigado por genocidio contra más de dos millones de personas en Gaza, con dictámenes condenatorios de la Corte Internacional de Justicia y de Naciones Unidas, que le ordenan su retirada de los Territorios Ocupados. Su primer ministro Netanyahu y su exministro Yoav Gallant tienen una orden de arresto por la Corte Penal Internacional. Son muchas las resoluciones de la ONU que llevan décadas recordando los crímenes que comete Israel en Palestina y su intención declarada es completar la limpieza étnica de Gaza. Es hora pues, en tiempos de tinieblas, de acompañar los pasos de la sociedad civil española y elevar una voz de protesta por parte de RTVE. No sólo sería un gesto de dignidad sino la condición para contribuir desde la Teledetodos a un mundo justo y en paz. Si no somos congruentes con las normas que nos dotamos, si se celebra una gala como la de Eurovisión mientras se atenta a diario contra el derecho humanitario sin más, con presencia israelí, la televisión pública será cómplice de la barbarie. No nos esperen más al otro lado de la pantalla, la confianza se quiebra definitivamente con actitudes pusilánimes o indiferentes. Este es un tiempo de hechos y no de promesas, de canto y no de cante. Es hora, en fin, de defender la paz y la palabra, y dar aliento a un pueblo que resiste y sufre en soledad el pogromo terrorista.
Sumar pide a RTVE que no venda «motos de la OTAN» y levante el veto a la información sobre el Sáhara
Izquierda Unida, integrada en el grupo plurinacional de Sumar, pedirá el lunes al presidente de RTVE José Pablo López que la corporación deje de “vender motos de los kit de supervivencia” de la OTAN y levante el veto a la información sobre el conflicto del Sáhara Occidental en la programación del ente público. Trasladará el ruego aprovechando su comparecencia periódica en la comisión mixta de control parlamentario de RTVE.
“Hay que exigir que los medios públicos cumplan su labor de defensa de la paz, del derecho internacional humanitario y que no nos vendan relatos y motos de la OTAN sobre el kit de supervivencia”, señaló Francisco Sierra, diputado de Sumar, en la jornada “Cómo poner el conflicto saharaui en la agenda informativa” celebrada este viernes por la asociación Frontera Cero en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla.
Sierra, portavoz de Sumar en la citada comisión mixta, calificó a la OTAN de “organización criminal terrorista que vulnera sistemáticamente el derecho internacional y que debiera haber desaparecido hace tiempo” y que, a su juicio, “opera en guerras como la de Ucrania para destruir la Unión Europea como competidor”. “Nosotros como Izquierda Unida, como grupo parlamentario de la izquierda plurinacional, hemos sido claros y tajantes a este respecto”, deslizó Sierra, catedrático de teoría de la comunicación de la universidad hispalense.
“El lunes tenemos una sesión de control de RTVE y justamente voy a exigir al presidente de la corporación que se acaban los kit de supervivencia y que hable de lo esencial: del derecho humanitario del pueblo saharaui, del derecho humanitario del pueblo palestino, es decir, de la hoja de ruta que marca la Unesco y el propio libro estilo de RTVE”, avanzó. “Se debe fomentar el diálogo entre los pueblos, la cultura de paz y la defensa de los derechos humanos. Ahí tenemos un frente por desarrollar, porque aunque hay editores que toman decisiones contrarias y establecen cercos, los redactores tienen una grieta donde podemos intervenir en la creación de fuentes”, apuntó al abordar los diez ejes sobre los que considera que se puede actuar para situar en la agenda informativa conflictos invisibles como el del Sáhara Occidental.
La «segunda traición» del PSOE y el veto en RTVE
Durante su intervención, Sierra denunció lo que considera el veto existente en la televisión pública para informar sobre el Sáhara Occidental, en el marco de un histórico cambio de posición en el conflicto del Sáhara Occidental que calificó de “segunda traición” del PSOE a los saharauis tras la inicial de Felipe González. “El bloqueo informativo y la propaganda marroquí ha relegado prácticamente el conflicto del Sáhara Occidental. No está en la agenda de la prensa internacional y evidentemente la presión sobre Marruecos para cumplir las resoluciones de la ONU es inexistente porque un problema que no se enuncia ni aparece deja de ser un asunto público, por tanto, no hay acción política”.
“Se ha logrado la deslegitimación de la causa en los medios por razones incluso espurias. Si hablamos de la prensa española, por razones de realpolitik. Es tanto como decir que con la Realpolitik no debe haber derecho alguno, internacional, humanitario, ni derecho público por razones pragmáticas. Se trata de un disparate pero a esos extremos se ha llegado en las diferentes tertulias. Y la censura de la violación de derechos humanos y los territorios ocupados perpetúa la impunidad de Marruecos, silenciando la voces de activistas, especialmente de valientes mujeres y la lucha en general del pueblo saharaui y de las organizaciones sociales de solidaridad y de activismo que defienden una causa justa. Esto ha tenido coste también para el Estado español”, detalló.
El silencio de su socio de coalición, advirtió Sierra, está vinculado a una posición más general en asuntos internacionales y de apuesta por las alianzas tradicionales. “El PSOE históricamente ha mantenido una posición otanista y de apuesta por la guerra. Tenemos que avanzar en este escenario en el que por fin han descubierto y han visto la luz muchos europeos, incluso de derechas, de que no somos aliados de Estados Unidos y que no somos fiables para Estados Unidos”, arguyó.
El «sector derechista» del Gobierno de coalición
Sierra presumió del papel de Izquierda Unida en la rescisión del contrato del ministerio del Interior con una empresa militar israelí para la compra de munición.”En el caso de Gaza la acción de Izquierda Unida ha garantizado no solo lo que sucedió esta semana, sino que muchos de los atraques que hay de barcos con dirección a surtir de armamento la guerra contra el pueblo de Gaza día a día se denuncien en la Audiencia Nacional”, subrayó.
Una labor que -considera- ha puesto en aprietos al “sector derechista del Gobierno”, representado por los ministerios de Defensa e Interior. “Tienen serios problemas y también Exteriores respecto a la posición en el genocidio que se está desplegando contra el pueblo palestino”, indicó.
Firme defensor del activismo para sacar del ostracismo causas como la saharaui, Sierra apostó por introducir sanciones contra la desinformación en el plan de acción que elabora el Gobierno. “Sanciones a los periodistas, con modificación de Código Penal, para que cuando desinformen, manipulen, cosa muy habitual en España entre la prensa, tengan responsabilidades penales, civiles que son insuficientes a día de hoy con todo lo que encontramos en los medios. Esto podría permitir que se sancionen a determinados medios y periodistas que han actuado como agentes de Marruecos en defensa de intereses ilegítimos desde el punto de vista del derecho internacional”, concluyó.
Sumar lleva al Congreso medidas «urgentes» por los asentamientos de migrantes en Huelva
El diputado nacional de Sumar Francisco Sierra ha visitado este viernes los asentamientos de personas migrantes en Lucena del Puerto (Huelva) para ver «el estado de cumplimiento de los acuerdos de Doñana» que añaden «mejoras a las condiciones de vida de los temporeros que viven en asentamientos» y ha anunciado que llevará al Congreso «medidas urgentes» para que «se cumplan los derechos humanos».
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El derecho a tener derechos
Este 2023 se han cumplido 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un hito histórico que ha servido, desde su aprobación, para construir, a partir del sistema de Naciones Unidas, un marco de referencia básico para la vindicación de la vida, para proyectar horizontes de progreso y garantizar la dignidad de los pueblos.
Un documento, en fin, que interpela a gobiernos y poderes económicos, un texto que sigue vivo y que debe ayudarnos a perfilar una nueva agenda común acorde a los nuevos tiempos, a pesar del incumplimiento sistemático en la mayoría de los países de las más de quinientas lenguas a las que ha sido traducido.
Aún hoy, el ideal de la Declaración aviva de hecho los movimientos por las libertades civiles y las luchas por la igualdad y la justicia social en todo el mundo, a modo de guía o marco de actuación de los pueblos que resisten en demanda del buen vivir y la defensa de principios básicos de convivencia.
Cierto es que la celebración del aniversario tiene lugar en un momento de grave crisis global impugnatorio del valor efectivo de la Declaración, con guerras genocidas como la desplegada contra el pueblo palestino por Israel, o la ola neofascista que amenaza derechos fundamentales y extiende el discurso del odio por todos los medios imaginables sin apenas contención.
La falta de firme voluntad política de la mayoría de los gobiernos en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 y el crecimiento de la desigualdad y la pobreza en el mundo mientras se concentra la riqueza en las oligarquías cosmopolitas del gran capital transaccional hacen por ello urgente un compromiso histórico de la ciudadanía para disputar el sentido común dominante en la actual coyuntura histórica y avanzar propuestas y plataformas colectivas en pro de la justicia global y de la vindicación.
Iniciativas enterradas en la agenda informativa de los medios tras el caso Pinochet, como la justicia universal frente a la impunidad de los poderes fácticos y criminales de guerra que, hoy por hoy, ponen en serio peligro incluso la supervivencia de la propia especie y del planeta.
Todos somos conscientes que los retos que ha de afrontar la humanidad en los próximos años son descomunales. Tanto que la percepción generalizada del común de la gente es la imposibilidad de cambiar el curso de la historia, presa de la sensación de impotencia y vulnerabilidad ante los abusos de los poderes económicos hegemónicos.
Si pensamos en Andalucía, la situación no puede resultar más acuciante. A la cabeza de los índices de pobreza infantil de la Unión Europea (UE), concentramos diez de los quince barrios más pobres del país, un déficit de infraestructuras y desequilibrios económicos notorios, más allá de la financiación insuficiente de la autonomía, y una dinámica de vulneración acentuada y continua de derechos fundamentales que se traduce en menor esperanza de vida y la pérdida del principio esperanza con el que afrontar el futuro como comunidad política
Ante el inicio de esta XV Legislatura, hemos asumido, en congruencia, el reto de movilizar a la sociedad civil andaluza y construir porvenir en común con ilusión y decidida voluntad de exigir lo que corresponde a los poderes públicos, empezando con una proposición no de ley dirigida a promover desde el Ministerio de Derechos Sociales un plan de choque contra los barrios y vecinos olvidados de nuestras ciudades.
Fieles al legado del padre Bartolomé de las Casas, nos negamos a aceptar, en pleno siglo XXI, pensando desde el sur y desde abajo, la indignidad del colonialismo interno y el mal endémico de un sistema económico excluyente que niega la igualdad y la justicia social en virtud de las supuestas imperfecciones de la democracia.
Un sistema de representación que no tiene la virtud de luchar denodadamente y corregir tales desmanes no puede apelar al demos ni tiene razón de ser. Del mal gobierno de la mano invisible de los poderes del IBEX 35 a la servidumbre de los profesionales del silencio, sirva pues la conmemoración de este 75.º aniversario para desplegar el principal derecho que animó y da sentido a la Declaración: el derecho a luchar por tener derechos, pues es sabido que todo derecho que no se defiende –así reza la memoria de los pueblos– es derecho que se pierde. Y en Andalucía, las clases populares aprendimos bien la lección.
«Las derechas son un peligro para las libertades fundamentales y los DDHH»
Assange, o liquidar al mensajero
La libertad de expresión está en peligro. En el Estado fallido estadounidense, mientras la administración de Joe Biden juega a la espiral del disimulo en forma de cumbre de la democracia para la región, se cuenta una vez más con el Caballo de Troya de la justicia británica y de su Estado, históricamente alineado hacia los intereses norteamericanos para ejemplificar así un «aviso a navegantes». Bien es sabido que la información es poder y que la captura del código es central en el nuevo régimen de mediación social, pero sólo desde que Wikileaks reveló con documentación oficial las formas de operación y control de la CIA, la mayoría de la población ha empezado a ser consciente de la era del “Gran Hermano”.
Una de las conclusiones más evidentes de los estudios sobre las formas de hegemonía en la comunicación mundial es, precisamente, la imperiosa necesidad de un sistema de comando, encargado de imponer y propiciar la devastadora lógica de dominio o seguridad total, colonizando así la esfera pública y extendiendo la política de información de las “bellas mentiras” como relato único y verdadero de los acontecimientos históricos. Y ello, incluso, a condición de planificar y producir masivamente programas de terror mediático y militar para cubrir los objetivos imperiales, anulando todo resquicio de crítica y pluralismo informativo en la comprensión de los problemas fundamentales de nuestra sociedad.
En este contexto hay que situar la persecución de Julian Assange. Parafraseando a Slavoj Žižek, Assange representa una nueva práctica de comunismo que democratiza la información. Lo público sólo se salvará mediante la épica lucha de héroes de la civilización tecnológica. Assange, Manning, Snowden son, como sentencia Žižek: “…casos ejemplares de la nueva ética que corresponde a nuestra época digital”. Como espía del pueblo, la autonegación de Assange escenifica la épica del héroe que socava la lógica del secreto para afirmar lo público por razones geopolíticas y de derechos. Sobre todo, hablamos del derecho a tener derechos frente al discurso cínico de la Casa Blanca que Wikileaks reveló deconstruyendo, punto a punto, documento a documento, la vergüenza de un orden social arbitrario. Quienes hemos participado en la campaña internacional por la libertad del fundador de Wikileaks sabemos, en este sentido, que en esta lucha nos jugamos el futuro de la democracia y de los derechos humanos. En la era de la videovigilancia global, la defensa de Assange es la protección de todos contra la NSA y la clase estabilizadora del aparato político de terror que trabaja al servicio del Wall Street.
Si es que, de acuerdo con Mike Davis, la globalización acelera la dispersión high-tech de grandes instituciones de la sociedad industrial como la banca, dando lugar a procesos de desanclaje e incertidumbre, en esta dinámica, no es posible el control social sin recurrir al discurso del miedo. El temor siempre ha sido un eficaz recurso de propaganda y hoy de nuevo la principal función de dominación ideológica. Así, por ejemplo, como recuerda Eagleton, los soviets y el enemigo rojo han desaparecido, pero quedan para simular esta función los musulmanes, con los que Occidente conjura sus contradicciones en forma de «Acta Patriótica».
La percepción aguda de inseguridad en nuestro tiempo es, en este sentido, la condición de la eficacia de la política de aporafobia y la principal lección que hemos de asimilar del caso Assange. Esta lógica es propia de lo que la sociología, desde Stanley Cohen, denomina pánico moral, una reacción irracional de construcción y rechazo de amenazas veladas o abiertamente contrarias a la norma dominante a partir, fundamentalmente, de la capacidad de estereotipia de los medios. El análisis de cultivo de la Escuela de Annenberg hace tiempo que ha demostrado cómo la violencia simbólica es alimentada por la pequeña pantalla en una suerte de revival de la dominación original.
De ello ya hemos dado cuenta más que detalladamente en el libro “La Guerra de la Información” (CIESPAL, Quito 2017). Y de ello hablamos con Assange en el Congreso Internacional de Movimientos Sociales y Tecnologías de la Información celebrado en Sevilla. La conferencia de apertura del encuentro fue sin duda reveladora. Y la constatamos con la peligrosa resolución de la justicia británica, que valida el principio de superioridad informativa y la costumbre, habitual desde los años noventa, de eliminar al mensajero. Sólo poner en contraste el caso Pinochet y el fallo en favor de la extradición a Estados Unidos da cuenta de la lógica de dominio que impera con el lawfare. La cuestión es qué dicen los medios que publicaron los cables de Wikileaks, cómo se posicionan Reporteros sin Fronteras, la SIP y otras organizaciones gremiales ante tales ataques, acostumbrados a denunciar problemas de libertad de expresión en Venezuela al tiempo que mutan su posición en Colombia. ¿Van a denunciar las actuaciones de la CIA y el Pentágono en su empeño por eliminar a Assange?, ¿Respaldarán la posición de la Federación Internacional de Periodistas o ULEPICC? Nos tememos que no.
Hace pocos años, el CIESPAL lideró la campaña internacional en defensa de la libertad de Assange; creamos la cátedra Julian Assange de Tecnopolítica y Cibercultura; contribuimos en Nuestramérica a pensar el reto de la mediación social desde valores democráticos; y no cesamos en medios públicos y privados de defender los derechos comunes a la comunicación. Hoy el gobierno ultraderechista de Ecuador calla, y ya otorgó a su antecesor la debida rendición y pleitesía a Washington, vulnerando los derechos constitucionales del líder de Wikileaks. Sin embargo, los pueblos tienen memoria, lo común se impondrá contra los enemigos de la libertad, la democracia y los Derechos Humanos. Es cuestión de tiempo, pero Julian Assange no dispone más. Toca desplegar un cerco contra el Pentágono y la Casa Blanca. Sin duda, ¡es la gran batalla de 2022!
Direitos Humanos e Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação. CESUSC 20 anos
«Un pensamiento desde el sur» para Cubaperiodistas
Cubaperiodistas. Francisco Sierra Caballero, Director General del Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (CIESPAL) fue entrevistado por Cubaperiodistas. En su intervención explica el concepto de la comunicación como base o principio de los demás derechos humanos.