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Efecto zoom

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No son estos los tiempos de Lazarov proclives a experimentar y tratar de contribuir a la innovación en el sistema televisivo. Paradoja sobre la paradoja, en la encrucijada de una sociedad que muta su ecosistema cultural por la cuarta revolución industrial, la pequeña pantalla televisual renuncia a su razón de ser disruptivo con el que la cultura de masas abrió ventanas al mundo.

Así que del efecto zoom de la tele de la era Lazarov hemos pasado en RTVE a ver desaparecer uno de los pocos programas sobre tecnología de la oferta audiovisual poco antes de que cumpliera veinte años de emisión, dejando huérfanos a miles de telespectadores.

Me refiero al programa ZOOM NET. En vez de potenciar y actualizar este tipo de programa en un mundo cada vez más tecnológico se ha apostado por cerrar un programa que cumplía un Servicio Público estratégico. La Producción Interna sigue menguando mientras las productoras externas crecen y perdemos contenidos claramente orientados a la inmensa minoría.

No renovar, por ejemplo, Culturas 2, un espacio que, en su día a día, tenía entrevistas en el plató, actuaciones en directo, ya sea de canto, baile o teatro musical, y que también contaba con críticos en forma de colaboradores, no es la vía virtuosa.

Y así se lo trasladamos en el Senado al presidente de la Corporación, cuyos datos de audiencia son inobjetables. Pero convendrá el lector que en la era Trump y Silicon Valley hemos de reforzar y mantener contenidos que marcan la diferencia en la oferta audiovisual de nuestro ecosistema informativo hiperconcentrado.

Frente a una deriva mercantil, RTVE tiene el deber de ser el referente de la excelencia audiovisual por su rigor, pluralismo y servicio a la ciudadanía. Y no solo porque lo obliga la Ley 17/2006 y el Manuel de Estilo del ente sino por política cultural.

Los principios básicos de interés general y servicio público presuponen en este sentido la apuesta por formatos y géneros que cultiven la creatividad y experimentación de los profesionales. Esta ha sido la historia de la tele de todos. Pero para ello, bien es cierto, es preciso cumplir una condición.

No hay cuentos sin cuentas, no es posible el audiovisual público sin economía política. La estabilidad financiera y el marco fundamental de desarrollo de la empresa con un nuevo mandato marco y un contrato-programa están por definir.

El próximo año, 2026, esperamos que la Comisión Mixta de Control de la RTVE apruebe un nuevo documento para su planificación estratégica y que siga la línea de la BBC con, al menos, el 60 por ciento de su programación de factura propia.

Algunos hace tiempo venimos apostando por un modelo alternativo de televisión pública con empleo estable, ahorro de costes, pluralismo, autonomía del Gobierno y claramente al margen del cerco mediático que el duopolio audiovisual marca como agenda.

Estos días, la Plataforma de Televisiones Públicas en Lucha vienen vindicando una hoja de ruta en esta dirección a partir de la denuncia de la injerencia política en las estructuras directivas y las redacciones de los medios que pagamos todos.

El caso más grave es el de Galicia, en protesta con los Viernes de negro, y Andalucía, donde los cribados de cáncer de mama y los casos de corrupción desaparecen de los informativos sin vergüenza alguna mientras se avanza en el diseño de redacciones paralelas y privatizaciones vía externalización injustificable salvo para aumentar la cuenta de resultados de productoras afines con el consiguiente aumento de gasto público.

Llegado a este límite y ante la indignación por lo visto y oído en los medios públicos, los profesionales demandan de los grupos parlamentarios en el Congreso una acción, podría ser un Pacto de Estado por los Medios Públicos consistente en:

  • El compromiso de los grupos con la defensa del servicio público de comunicación audiovisual, fundamental en democracia, de las amenazas que enfrenta, derivadas básicamente de la injerencia gubernamental, política y económica que impide a las y los profesionales de la información ejercer la misión de servicio público que tienen encomendada con plena autonomía e independencia.
  • Legislar, y aplicar el Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA), en todo lo que concierne a las medidas que esta norma contempla para garantizar la independencia de los medios públicos, la autonomía editorial plena, la transparencia de los sistemas de gobernanza y el blindaje de las profesionales frente a presiones e injerencias, así como la determinación clara de la autoridad competente para supervisar el cumplimiento de la EMFA.
  • Garantizar que el nombramiento de los equipos directivos se realice en todos los casos por procedimientos realmente abiertos, transparentes y no discriminatorios (mérito, igualdad y capacidad), con duración limitada (no coincidente con los gobiernos) y por mayorías cualificadas de los parlamentos para evitar perfiles alineados con quien ostente el poder.
  • Promover la conformación de consejos de administración de los medios públicos con profesionales solventes e independientes de contrastada trayectoria.
  • Contar con estatutos profesionales y/o consejos de redacción, determinantes en la actuación institucional como por ejemplo los Consejos Profesionales.
  • Garantizar que la financiación de los medios públicos sea plurianual, estable y adecuada, basada en mandatos de servicio público definidos y evaluables, con contratos-programa plurianuales.
  • Poner fin a la externalización de los servicios informativos, y los distintos tipos de producción externa no justificables a partir de un sistema de cómputo y verificación en defensa del interés público.
  • Establecer mecanismos garantistas de control y vigilancia del servicio público y los principios constitucionales de igualdad.

Se trata claro está de un modelo y lógica de servicio público que nunca ha estado en la agenda principal de los partidos políticos y que, por lo mismo, constituye un déficit democrático en nuestro país.

Confiamos que esta plataforma de protesta, aúne voluntades, articule procesos de deliberación y haga posible lo que, en verdad, en tiempos del trumpismo mediático es más necesario que nunca: democracia y pluralismo informativo. No es poca cosa, créame el lector.

Dura lex, sed lex

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Decía Pepe Mujica que la vida nos enseña que siempre se puede estar peor. “La realidad social puede ser injusta y llena de desigualdades, pero hay que luchar por la democracia. Vale la pena. A pesar de todos los pesares. No se puede ser neutral. Estamos en plena revolución tecnológica que hace posible entrar y controlar la conciencia de las grandes masas. Ninguna dictadura en la historia de la humanidad ha tenido esos recursos. Hoy sabemos que esto existe y todos nos debemos comprometer, pues la batalla por la democracia está lejos del fin. Tengo esperanza en el ser humano. Cuidemos la democracia”.  El consejo es del todo pertinente. Haríamos bien en tomar al pie de la letra la advertencia del viejo líder del Frente Amplio uruguayo hoy que la democracia vive amenazada por la ultraderecha y los magnates del capitalismo de plataformas.

El principio de la publicística “luz y taquígrafos” es contrario al ruido y las interferencias. Luego hay que procurar evitar la lógica del escuadrismo contrario a este principio. La ilustración oscura es un oxímoron. El exabrupto y la barbaridad es propio del género de la astracanada, una representación de opereta de mala calidad que oculta los intereses en juego, el muro de Wall Street al servicio del cual están los agitadores violentos de la ultraderecha, figuras del antiperiodismo que invaden el Congreso con el fin de violentar el decoro y la convivencia y hacer del espectáculo grabado una caja suculenta a golpe de clickbait. Todo ello en el marco de la impunidad y de la agenda oculta de la ultraderecha destituyente que ataca sistemáticamente nuestro sistema de representación. La reforma del Reglamento del Congreso responde a una necesidad sobrevenida ante la gravedad de las actuaciones del escuadrismo mediático en defensa de la profesión y colectivos como la Asociación de Periodistas Parlamentarios que sufren a diario la violencia de la vanguardia de la ilustración oscura.

Decía Jesús Ibáñez que la lógica de captura de las clases dominantes en este país siempre opera con opacidad. La caja negra es la lectura normalizada que comparten cuando hablan del principio democrático de luz y taquígrafos consustancial al parlamentarismo. Y, por ello, al igual que Ellon Musk, no quieren norma alguna que delimite su acción arbitraria. Las leyes las definen ellos. Pero sabemos que sin norma impera el abuso de quien tiene el poder de decir y hacer sin límite alguno, una anomalía por cierto en el contexto europeo, si se hace un análisis comparado. Urge por ello acometer esta asignatura pendiente de la democracia y abrir el debate en la esfera pública sobre el papel de los medios y las mediatizaciones que experimenta nuestro sistema político, con más falencias que potencialidades, desde el punto de vista de la calidad y del debido pluralismo interno. Tiempo pues de vindicar la ejemplaridad y cualificación de la democracia deliberativa. Por principio, todo representante público, y todo mediador, los profesionales de la prensa en particular, han de defender el interés público y cultivar la virtud y ejemplaridad propia de servidores públicos. Desde este punto de vista, la cortesía parlamentaria no es otra cosa que la traslación del imperativo categórico kantiano en el funcionamiento de la cámara.

La democracia es convivencia y el juego de mayorías y minorías, con respeto al pluralismo, siempre desde la educación y la atención al otro. Democracia casa mal con delación, señalamientos y formas de hacer y decir que violentan principios constitucionales elementales y el propio reglamento de la cámara sobre decoro y respeto a la palabra. En el caso de algunos medios y supuestos periodistas que operan en el Congreso lo menos grave que se puede decir es que han incumplido la debida cortesía como norma de comportamiento, abusando de su posición privilegiada para generar impactos rentables mediante la provocación, a lo Trump, en una manifiesta conducta de mala praxis deontológica, denunciada incluso por la FAPE. En el trasfondo de esta deriva, persiste una cultura de la impunidad que ha traspasado los límites de lo razonable. Todas las fuerzas parlamentarias hemos sido claros y unánimes en esta apreciación, salvo PP y VOX, la Santa Alianza ultramontana, que confunde libertad de expresión, con arbitrariedad, derecho de la libertad de prensa con la infoxicación y la mentira, y autonomía de los medios con concentración de las empresas periodísticas aliadas a sus intereses. En definitiva, defienden, dicho irónicamente, un solo mundo, y una única voz, la de ellos, aunque sea disonante y desafine. No son afectados, como es evidente, por estas actuaciones irregulares en el Congreso.

En las dos enmiendas a la totalidad presentadas por ambas formaciones coaligadas, se limitan a defender el artículo 20 con medidas austericidas, prohibiendo el uso de lenguas cooficiales, y confundiendo ejecutivo y legislativo para reducir el número de comisiones. Ninguna de ellas relativas a la Comunicación. Pues, a juicio del PP, la Presidencia puede actuar de oficio con el actual reglamento en la mano. Y lo hacen al tiempo que vienen afirmando en tribuna que la Presidenta tiene secuestrada la cámara. Suponemos pues que en la espiral del disimulo se trata de seguir con los efectos visuales, con los trampantojos, para mostrar lo que no es, para engañarnos diciendo defender la libertad de prensa cuando están alineados con Trump y su proyecto político de guerra cultural, censura y liberticidio. Ello explica no solo su aislamiento en la cámara en esta y otras cuestiones centrales y su nula capacidad de interlocución que niegan además al resto de fuerzas parlamentarias.

Sabemos que toda mediación y representación pública exige la escucha activa. La esencia del ser humano es el diálogo y por lo mismo la principal tarea de un periodista es la atenta escucha. Además del derecho a preguntar tiene el deber de escuchar al otro. Y respetar los turnos de palabra. El justo nivel de la comprensión humana y de toda crítica, el principio fundamental de todo demócrata, pasa por saber escuchar y hablar en un reparto justo, ordenado y proporcional de tiempos y turnos. La hinchazón, la provocación castiza, el arrebato sin seso, la provocación e impericia, el aldeanismo cerril y otra suerte de comportamientos contra la mayoría no son aceptables. Quienes militamos en la pedagogía de la esperanza no renunciamos a educar en la convivencia democrática pero parece tarea imposible con la deriva trumpista de la derecha ultramontana. El ensimismamiento de los partidos derechistas y sus terminales mediáticas parece abonado a la lógica de la embestida. La cámara de eco, la reverberación de un único discurso de odio y redundancia, la falsedad y mixtificación como norma, la epifanía de la verdad y la evidencia imponiendo a golpes una lógica tautista, de aislamiento, de negacionismo, que no tiene por objeto otra cosa que generar desconfianza y derruir las bases de representación y de la democracia es una amenaza para la dinámica parlamentaria y ha de ser atendida empezando por recordar que no hay democracia sin normas. Cuando la mala praxis deontológica impide la democracia deliberativa y el periodismo parlamentario se ve obstruido y amenazado por la violencia, es preciso tomar medidas. Es una cuestión de calidad democrática y de garantías constitucionales. DURA LEX, SED LEX.

El reto de la autonomía informativa

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Este viernes 8 de agosto concluye el plazo marcado por Bruselas para cumplir con las exigencias del Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA) sin que el plan gubernamental de acción democrática haya cumplido siquiera la mitad de los objetivos que motivaron la iniciativa. El reciente proyecto de ley para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y ordenación de los medios de comunicación, aprobado en el último Consejo de Ministros llega, a todos los efectos, tarde y resulta manifiestamente insuficiente. La presentación de esta iniciativa tiene lugar tras un año de discusión, sin que apenas se hayan desarrollado la mayoría de las medidas contempladas para la regeneración de un ecosistema claramente deteriorado, con notorios desequilibrios y alteraciones de modelo de negocio y una mala praxis o deriva tóxica que afecta gravemente a la convivencia democrática y desde luego no se resuelven con una simple armonización jurídica o actualización normativa, pues, dada la complejidad del proceso de mediación social hoy existente en nuestro contexto político, urge por sobre cualquier otra opción reguladora el diseño más bien de políticas integrales en materia de información y comunicación.

Sí, como se reconoce en la exposición de motivos de la citada ley, los medios de comunicación desempeñan un papel estratégico para el libre ejercicio de las libertades públicas, el pluralismo y la democracia; el Estado de derecho precisa de políticas activas que hagan efectivo el derecho a la comunicación, políticas de Estado que de verdad acometan las amenazas, ya no veladas, sino directas y explícitas de los GAFAM a nuestro sistema democrático, y contribuyan, como se infiere de otras iniciativas legislativas de la actual legislatura, a la necesaria transparencia, la verdadera autonomía informativa y el buen gobierno, tal y como específicamente demanda en esta materia el EMFA.

En el próximo periodo parlamentario, es previsible que nuevas medidas avancen en la mejora de la calidad democrática de nuestro sistema mediático que, cabe recordar, sigue regulado con normas del régimen franquista. Hablamos, por ejemplo, de la ley de secretos oficiales, la ley Fraga de prensa o el reconocimiento del secreto profesional demandado por los gremios profesionales desde la transición sin el debido desarrollo normativo, como con la cláusula de conciencia. Bien es cierto, justo es reconocerlo, que durante estos dos años se han iniciado reformas como el gobierno abierto, la regulación de los grupos de interés o iniciativas legislativas que avanzan en dirección a la definición de un marco y reglas del juego democrático equiparables con otros países de nuestro entorno. Pero sigue evitándose regular el derecho a la comunicación en la base de la cultura deliberativa y, lo que es aún más evidente, no existe voluntad de construcción colectiva del dominio público en forma de políticas de Estado de comunicación. La propuesta de ley en curso que habrá de debatir la Cámara de Diputados habilita, por ejemplo, a la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC) como ente responsable de cumplir las obligaciones establecidas en el Reglamento de la UE 2022/2065, junto con la Agencia Española de Protección de Datos; se elude así cumplir con la exigencia de la creación de un organismo autónomo del Ejecutivo que vele por las garantías necesarias para el libre ejercicio de la libertad de prensa. Desde la Ley General Audiovisual y la propuesta del gobierno Zapatero de crear un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, y aún antes, desde la academia y los gremios profesionales que venimos demandando desde la década de los noventa un organismo autónomo similar al Consejo Superior Audiovisual francés, sin que los sucesivos gobiernos del bipartido hayan atendido esta demanda justa y necesaria del ámbito de la comunicación, seguimos en España siendo una excepción en el seno de la UE al no disponer de una institucionalidad común en el resto de países. Más allá de la sanción prevista por el incumplimiento en tiempo y forma de la EMFA que aplique Bruselas, es evidente que la CNMC ni reúne las condiciones técnicas, ni competenciales para asumir las tareas que establece Bruselas, ni tiene personal cualificado y con experiencia en las labores de supervisión del sistema informativo y, lo que es peor, a diferencia de la Agencia Española de Protección de Datos, carece de autonomía del ejecutivo.

El Reglamento Europeo de Libertad de Medios exige, explícitamente, por otra parte, de manera clara y precisa, la autonomía e independencia de los medios públicos, y tenemos en vigor un Real Decreto sin aún ser tramitado por el Congreso como proyecto de ley para hacer efectiva la adecuación normativa comprometida por el PSOE y cumplir así con lo establecido en el Reglamento comunitario en términos de autonomía e independencia de corporaciones como RTVE. De ello nada trata la ley, que sí modifica la denominación de la Ley General de Comunicación Audiovisual para incluir la prensa, pero que, a su vez, esquiva cuestiones sustanciales como el papel de los llamados medios del Tercer Sector, o comunitarios, en situación de interinidad, sin apoyo económico ni un marco que canalice la voluntad ciudadana de decir y hacer en el campo de la comunicación, o elude abordar las medidas necesarias para proteger el pluralismo y el trabajo de los profesionales de la información cercados, además de por la ley mordaza, por la concentración empresarial, la descualificación y el reemplazo de la IA en muchas redacciones, con el resultado conocido de vaciar los medios de información de profesionales responsables de aplicar los códigos y valores deontológicos de la profesión periodística.

La única cuestión de fondo que trata, y solo de forma somera, es el análisis y evaluación de los procesos de concentración. El Reglamento obliga a los Estados miembros a establecer procedimientos y medidas de salvaguardia de las dinámicas oligopólicas en el sistema nacional de información. España es uno de los países de la UE con mayor nivel de concentración. Una verdadera amenaza a la democracia con el dominio, de facto, de un duopolio audiovisual, complementariamente a la concentración intensiva de la prensa y el dominio del capitalismo de plataformas que, como apunta el Reglamento Europeo, nos hacen dependientes informativamente, socavando el principio de soberanía y la propia pervivencia de los medios autóctonos en favor de los nuevos intermediarios de la revolución digital, sin que el Congreso establezca límites claros para definir una estructura de la información plural y equilibrada. Pero lejos de asumir consecuentemente el reto de intervenir en el sector, se emplaza al operador responsable, la CNMC, a vigilar futuros escenarios de concentración lesivos a efectos del necesario pluralismo interno de nuestro sistema mediático. En este marco, manifiestamente favorable a la desregulación, tampoco se aborda el cambio del sistema de medición de audiencias, confiado en la reforma de habilitación de la CNMC para supervisar o corregular con los actores el monitoreo de consumo en las redes y medios, cuando es público y notorio que el actual modelo debe ser reformado y democratizado. Llama en este sentido la atención que tales temas concentren buena parte del debate político y que, no obstante, no exista Comisión o subcomisión específica en la cámara de representantes que se ocupe monográficamente del estado de la cuestión, teniendo lugar toda discusión pública en los propios medios objeto de regulación, en el ágora periodística, o como arma arrojadiza del bipartito en tribuna parlamentaria, sin dirimir y analizar los retos estratégicos del sector como política de Estado en tiempos de la propia era digital.

La cultura de las pantallas móviles y difusas de la cuarta revolución industrial hace tiempo que desplazó el debate sobre derechos de la ciudadanía de los contenidos de edición a la red tecnológica y los proveedores de servicios, sin que desde las políticas públicas se hayan promovido las necesarias medidas de intervención al objeto de fomentar una cultura mediática y digital responsable, crítica y consciente de las lógicas de desinformación y control social que las grandes plataformas y redes sociales promueven sistemáticamente. La comunicación no es una mercancía, es antes que nada un derecho fundamental para la participación en democracia y exige, en lógica coherente, un esfuerzo de pedagogía democrática, empezando por regular no desde el Ministerio de Economía ni desde una concepción instrumental del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública; no estamos ante derechos del consumidor, que también, sino ante un problema democrático de producción del dominio y el espacio público. Urge, pues, pasar de una visión mercantil y administrativa a una concepción política de la regulación de la comunicación y de una lectura corporativa, mediática o economicista a una visión de la comunicación como política cultural. Es hora, en fin, de acometer el Derecho a la Comunicación como un derecho humano fundamental, como un derecho universal que ha de proteger la información en tanto que bien público esencial para nuestra democracia, procurando una ecología mediática democráticamente saludable, consistente, sostenible y compleja, como el tiempo que nos toca vivir y transformar. A día de hoy, el proyecto de ley en curso no alcanza siquiera a cumplir los requerimientos de Bruselas. Y si la sociedad civil y los gremios profesionales no articulan un frente común, nos tememos que los males que aquejan a la estructura real de la información terminen por colapsar el propio sistema democrático. Síntomas manifiestos de tal diagnóstico son más que visibles a día de hoy. Las fuerzas progresistas, la coalición de gobierno particularmente, deben dar un golpe de timón y situar en el centro de la agenda estratégica este cambio de futuro para ganar democráticamente la disputa de la batalla cultural.

Es común afirmar que sin periodistas no hay democracia, y del mismo modo podemos colegir que sin una reforma radical ni política integral de medios no hay futuro para el Estado social y de derecho. Este es el punto nodal para toda exposición de motivos que acometa el reto de garantizar la autonomía informativa en tiempos de tecnofeudalismo y de capitalismo de plataformas, acorde con el espíritu del artículo 20.3 de la Constitución. Hablamos del derecho de acceso y la participación de la ciudadanía.