Los retos de la Era Digital

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La era de las redes sociales plantea nuevos escenarios políticos y económicos que deben repensarse, no solo ante la emergencia de la ciberguerra y los procesos de desestabilización política que experimentan América Latina y Europa, sino porque introducen nuevos retos estratégicos al sistema informativo mundial. Un primer punto de partida es que el actual modelo de mediación social ha cambiado sustancialmente.

En efecto, estamos ante un sistema descentralizado desde el punto de vista de la infraestructura; pero habría que recordar que el comando, el control de esa red de Internet, sigue siendo absolutamente monopólico, con el papel protagónico de los Estados Unidos, que tiene la hegemonía desde la creación de la COMSAT no solo en materia de distribución y circulación de información, sino también de hardware y software, lo cual constituye una posición de superioridad informativa que debiera poner en alerta a los llamados países periféricos ante la histórica dependencia tecnológica de este país.

Apunto este dato porque, en un panel y encuentro martiano como este, es preciso vindicar la memoria histórica y politizar la representación que nos han construido de la cultura digital. Esto es, debemos comenzar recordando que la estructura real de la información tiene una historia y continuidades más que rupturas fruto de la revolución tecnológica. Hay que tomar en cuenta que, en la disrupción digital, hay procesos acumulativos y magmáticos que explican el actual estado de la cuestión desde el inicio de la integración de la red de telecomunicaciones y la informática en red. Hablamos de la génesis, en fin, de la carrera aeroespacial en la era de la Guerra Fría que llega hasta nuestros días y que el crítico norteamericano Herbert I. Schiller describe perfectamente en su libro Comunicación de masas e imperialismo yanqui. En ese período se impone una estructura de comando y poder imperial en el que la Unión Internacional de Telecomunicaciones (OIT) y el propio espacio geoestacionario quedarían en manos, pese a la competencia de la Unión Soviética, de Estados Unidos.

Hoy ese control del espacio orbital y de las redes de comunicaciones, lo que llamamos la hipótesis Echelon, continúa en manos del Pentágono, que ejerce el control de las comunicaciones desde el punto de vista tecnológico y militar, aunque los GAFAM sean corporaciones privadas. Persiste, sin embargo, el relato y la narrativa Silicon Valley, sostenidos en los mitos de progreso, de la libertad y autonomía, y del renacimiento democrático en la era de la nueva Alejandría electrónica; además del mito de la transparencia cuando, paradójicamente, el secreto, como decía Guy Debord, es la norma en la sociedad del espectáculo.

En otras palabras, en la llamada sociedad digital o capitalismo de plataformas, tenemos un sistema de mediación oculto al escrutinio público basado en una lógica de organización concentracionista y un sistema de video vigilancia global en manos de los Estados Unidos y unas pocas empresas corporativas, cuyo presupuesto ordinario supera a la mayoría de los Estados nación del primer y tercer mundo. Ello explicaría la facilidad para habilitar procesos de restauración conservadora, así como las experiencias de los golpes mediáticos o la llamada guerra híbrida. Si me permiten una hipótesis de esta breve intervención, la verdadera caja negra de la supuesta democracia digital es justamente las operaciones encubiertas dirigidas, por ejemplo, a desestabilizar gobiernos de progreso. Por ello las operaciones del algoritmo no son de escrutinio y control público. Paradójicamente, en la era de la economía inteligente los sistemas expertos quedan al margen del escrutinio y evaluación democrática, al margen del debate, de la deliberación, del control de los poderes democráticos, del poder judicial y, evidentemente, de la ciudadanía que solo es considerada, en esta matriz ordoliberal, como simple usuaria o consumidora de la red, nunca como sujeto de derechos. Conviene en este sentido, ya que hablamos de memoria y de las redes hoy, hacer un análisis histórico. Podemos situar la ciberguerra en varias etapas.

La primera, aunque sorprenda, viene de hace más de dos décadas e inicia, fundamentalmente, con China. El conflicto más interesante o potente se ha venido dando entre Washington y Pekín, y a partir de ahí se han desarrollado numerosas experiencias no conocidas públicamente, salvo algunos papeles que Wikileaks hizo públicos con los resultados para Assange que ustedes conocen.

Después vino lo que algunos ven como ciclo de protestas o revoluciones 2.0, y que es exactamente su contrario. Hablo de la Primavera Árabe, del Brexit en la Unión Europea, de la actual guerra en Ucrania, de las estrategias de desinformación no solo de sectores de la extrema derecha, sino del poder fáctico del Pentágono, que ha dominado las telecomunicaciones y, aún hoy, domina a grandes compañías como Facebook, Google y Amazon, colaboradores necesarios de lo que hoy llamaríamos guerra irregular. En otras palabras, cuando hablamos de ciberguerra en la era de la información, en realidad estamos hablando de una doctrina política militar del Pentágono denominada, en los años 60, guerra irregular para enfrentar procesos revolucionarios como, por ejemplo, la experiencia de Cuba, las guerrillas en América Latina o los movimientos de liberación nacional en África y Asia. A partir de experiencias como las vividas con los movimientos insurgentes en Latinoamérica se desarrolló una doctrina en la Escuela de las Américas, donde se formaron los ejércitos golpistas para, de manera cruenta, reprimir a los movimientos populares de la región. Este marco conceptual o corpus militar doctrinario consiste básicamente en tres principios elementales definidos durante la era Reagan en el laboratorio centroamericano de Nicaragua en la llamada guerra de baja intensidad.

Primero, enfrentar los conflictos no en el ámbito militar, o estrictamente castrense, sino en el plano ideológico-cultural, por eso hablamos de guerras culturales (guerra ideológica, en la actualidad). En segundo lugar, un enfoque global del conflictoabordando incluso regionalmente las guerras sucias contra los procesos de transformación revolucionaria. Véase, por ejemplo, el caso de Nicaragua, la guerra sucia por la cual Estados Unidos, por primera vez en la historia, fue condenado por un tribunal penal internacional. Una guerra encubierta, elemento importante: frente a la transparencia, que orienta sus estrategias de operaciones psicológicas procurando el secreto como norma en conflictos calificados de no guerras, incluso “operaciones de paz”, para legitimar la intervención militar ante la opinión pública. La experiencia vivida llevó a Nixon a sentenciar una idea que retomó Reagan y que ha sido aplicada hasta nuestros días por sucesivos gobiernos de los Estados Unidos. La primera condición para ganar la guerra es contar con la unanimidad de la población y para ello es preciso tener un criterio u objetivo moral, es decir, ser inobjetable moralmente para la legitimar la intervención. Pero sabemos que las guerras imperialistas persiguen otros intereses, por ejemplo, si hablamos del intento de magnicidio de la vicepresidenta argentina, o si hablamos de Bolivia, otro tanto de lo mismo. Al final nos enfrentamos a la verdad de la paradójica situación por la que la propia transición digital necesita recursos minerales estratégicos que están en los llamados países periféricos, como sucedía antaño con la doctrina de Santa Fe, a partir de la cual se desarrolla una estrategia para América Latina en la que se establece el objetivo de conquistar, de manera activa, el frente ideológico, incluso con la cooptación de intelectuales, de pensadores de América Latina que militaban en el marxismo y sostenían posiciones progresistas y revolucionarias; además de controlar el parlamento, lo que suponía ocultar a la opinión de los representantes legales de la soberanía popular las operaciones encubiertas de contrainsurgencia que se desarrollaban en esos países y, evidentemente, ocultar a los medios de comunicación, la guerra cultural, la guerra híbrida de la que hablamos hoy y que arranca con la doctrina de Santa Fe como explicara en mi ensayo “La guerra de la información” (CIESPAL, Quito, 2016).

Es verdad que ha habido una modulación. Hoy hablamos de golpes blandos, de golpes mediáticos, pero algunos actores no han variado. La agencia de cooperación de los Estados Unidos sigue interviniendo en Bolivia, por ejemplo; la agencia de información sigue siendo activa en el fondo nacional por la democracia de los Estados Unidos, financiando procesos de golpe blando y, luego, nuevos actores como la Fundación Vargas Llosa, que colaboran con el expresidente Aznar, se han unido a clásicos agentes enemigos de la democracia como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) o el grupo de diarios de América que constituyen el oligopolio, la patronal mediante la cual refuerzan en los medios lo que circula en las redes sociales.

No olvidemos que, igual que en la radio y en la televisión se replica lo que publican los periódicos, ahora los periódicos publican lo que las redes y los bots establecen como estrategia, de manera falsa. De ahí el éxito del Brexit y el éxito y ascenso de la extrema derecha en Europa y en América Latina.

Ciertamente existe un ciberactivismo que podríamos calificar como nueva economía moral de la multitud, nuevas prácticas de resistencia, de organización, de movilización, pero no solo desde posiciones transformadoras. Las estamos viendo también como procesos involucionistas de extrema derecha, mediante discursos de odio, como los que se ven hoy en Argentina y España.

Frente a ello, creo que en este momento hay que pensar en la historia, en la memoria, en los valores del pensamiento de José Martí, en lo que representan el Caribe y la experiencia revolucionaria en Cuba, en el levantamiento del pueblo haitiano. Hay que recordar las alternativas democráticas y, en materia de redes, frente a la ciberguerra que prolifera en nuestro ciberespacio, implementar alternativas democráticas necesarias, políticas de comunicación que pongan coto a este discurso del odio, a la violencia simbólica, al desarrollo de estrategias antidemocráticas desestabilizadoras de los gobiernos de progreso en los países del sur.

Necesitamos también regulación. Es falso que Internet no se pueda regular. Se pueden limitar y aplicar normas a los contenidos, establecer medidas contundentes en esta materia, porque nos estamos jugando la democracia. Y, evidentemente, cuando no hay regulación sabemos que se impone la ley del más fuerte.

Necesitamos también recuperar un discurso que surgió en la Unión Europea con la pandemia, y que desapareció inmediatamente de la agenda pública pese a la centralidad que hoy por hoy desempeña esta política: la soberanía tecnológica. No podemos hablar de libertad y democracia, no podemos poner en práctica una cultura de paz en estos tiempos de ciberguerra, sin autonomía tecnológica. Por tanto, necesitamos nuestros hardware y software, herramientas y tecnologías apropiadas e intermedias necesarias para el desarrollo autónomo. Frente al aceleracionismo tecnológico de los actores dominantes que implementan lógicas de obsolescencia planificada y políticas de adopción de las últimas tecnologías que generan dependencia económica y tecnológica, así como una pérdida de soberanía de nuestros países, es tiempo de pensar otras matrices distintas contrarias al actual capitalismo de plataformas. Aquí hablo desde España, desde la Unión Europea, donde, en esta materia, tenemos una total dependencia de Estados Unidos.

Dejo para el auditorio esta reflexión y concluyo señalando que, evidentemente, necesitamos más educación para la ciudadanía digital, no solo educación para la paz sino programas de fomenten el desarrollo de competencias para saber qué son los fake news, qué es la desinformación, cómo circulan las estrategias mediáticas en esta esfera digital que da lugar a una contraesfera narrativa, a una esfera pública oposicional, a un antagonismo desde las multitudes que defienden su derecho como es necesario y ha sucedido en otros momentos de la historia. Estamos en un proceso tan acelerado, tan radical de cambios, que los programas e iniciativas en esta materia se antojan no solo insuficientes sino prácticamente irrelevantes. Necesitamos no solo en las facultades universitarias, sino en la primaria y en la educación obligatoria, formar a la ciudadanía en el uso inmersivo de la cultura meta o virtual que viven a diario los jóvenes de manera significativa. Nos jugamos en ello el futuro de nuestra sociedad y la posibilidad de la convivencia democrática. Pero estos debates no son nuevos si revisan los textos en torno al Nomic que tuvieron lugar en la década de los setenta. Como he dicho, hay continuidades y rupturas, así que podemos hacer un llamado a recordar la memoria en esta cultura de la inteligencia artificial y del algoritmo que se nos impone. En la ciberguerra solo tenemos dos miradas que nos pueden ayudar a comprender qué está sucediendo: una mirada histórica, por tanto, memoria de las luchas y los frentes culturales, y una mirada estructural: ¿Quiénes mandan en las redes? ¿Quiénes son los propietarios de la tecnología? ¿Desde dónde circula la información? ¿Cuáles son los nodos que quedan ocultos al escrutinio público? Es este el campo de disputa a la hegemonía, el ámbito privilegiado de la lucha por el sentido común, donde las redes, en el actual escenario histórico, son un espacio de poder virtual determinante. Confío pues que les demos la importancia que merecen desde el punto de vista de la teoría crítica y la práctica transformadora a estas nuevas dinámicas de mediación que nos interpelan.

Conferencia virtual presentada en el panel “José Martí en la lucha ideológica actual”, Sala Bolívar del Centro de Estudios Martianos, 18 de octubre de 2022.

Políticas de comunicación y autonomía social

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Que el campo de batalla de la pospolítica es la información ya es sabido. La manipulación de la realidad es la fabricación, como dijera Chomsky, del consentimiento como dominio. El engaño voluntario de los indiferentes es la diferencia de la diferencia que define la dialéctica informativa. El lugar común de renuncia de la phronesis. La demagogia de la explotación en forma de eufemismos, la vida travestida de oropel, el buffet de sálvese quien pueda oculto a las víctimas de la verdad. Ahora bien, paradójicamente, aún hoy se constata una clara falta de conciencia crítica sobre esta particular lógica de enunciación que, en buena medida, explica la crisis de representación que vive la humanidad en su conjunto y, específicamente, la profesión periodística más en tiempo de mística voxiferante a lo Ayuso. La incapacidad de pensar relacionalmente el conjunto de factores y procesos sociales que median, en su irreductible complejidad, las condiciones de desarrollo material determinan hoy de hecho los niveles de vida de la población configurando precisamente uno de los principales obstáculos al proceso de reformas que vive el país en buena medida por la infodemia, por el establecimiento de una cesura radical entre el desarrollo del conocimiento y la producción material, pese a que hoy -y esta es una de las grandes contradicciones de nuestro tiempo- se define la sociedad en función de la “economía de la mente”, al tiempo que el papel de la comunicación y la cultura, la función estratégica de las industrias de la conciencia, adquieren una visibilidad y relevancia más que tóxica y nociva, sin parangón respecto a otras épocas históricas, al determinar poderosamente las formas y dinámicas del desarrollo social. Como consecuencia, las políticas públicas en la materia han comenzado a ser reconocidas como una pieza clave angular en la definición de las condiciones materiales de progreso y convivencia, más allá de los señalamientos que desde hace décadas viene apuntando el campo académico. Un claro indicador de esta importancia relativa asignada a las políticas públicas en comunicación, hasta hace poco y tradicionalmente excluidas de la agenda pública, es la proliferación de observatorios especializados en las industrias de la comunicación y cultura con apoyo gubernamental, así como los diversos programas, en nuestro entorno regional, orientados a apoyar económicamente la pervivencia de la pequeña y mediana empresa que opera tradicionalmente en el sector. No es sin embargo la tónica dominante en España, o pensemos en Andalucía donde periodistas y medios de proximidad, incluido CANAL SUR, malviven amenazados porque la extrema derecha prefiere que nos informen otros como Ciudadano Murdoch. No piense el lector que nos vamos por los cerros de Úbeda, pese a que uno tienda a tirar a la tierra, a los montes orientales de Granada. Hablamos de la necesidad de vindicar la autonomía, los medios locales como TINTO NOTICIAS, la comunicación pública autonómica como la RTVA en tiempos de oligopolio totalitario de los GAFAM. Deberíamos saber que sin periodistas no hay democracia, ni sin medios de proximidad tendremos autonomía, ni desarrollo, ni libertad. De aquí la necesidad de formular un diagnóstico y la discusión pública sobre las cuestiones estratégicas en el plano normativo, ética y políticamente, de la comunicación pública si hemos de asumir y aceptar, prácticamente, una vocación socializadora y pluralista, a partir de una concepción compleja de lo público que pasa por la voluntad de articulación de espacios orientados a la generación de procesos de deliberación y desarrollo local.

Ahora que la mercantilización, los procesos concentracionistas y la negación del valor de uso de la comunicación se imponen en el nuevo escenario de la revolución digital, vislumbrar los retos normativos para el irrenunciable desarrollo democrático del sistema informativo constituye de por sí una apuesta y compromiso intelectual que bien merece pensar al revés este reto tradicionalmente relegado por la izquierda y que en la derecha patria ultramontana no llega a ser más que un medio de control y disciplinamiento de las multitudes. Las condiciones sociopolíticas actuales del desarrollo específico de la Sociedad de la Información y la democracia mediática, exigiría un trabajo en esta dirección. En este empeño estamos en la Plataforma en Defensa de la RTVA, analizando las iniciativas y programas en la materia, así como las tendencias y potencialidades de nuestro capital simbólico en la construcción de la ciudadanía y la tecnopolítica contemporánea. Más aún cuando se constata la necesidad de abrir espacios de libertad con participación ciudadana como requisito indispensable de una democracia radical y pluralista. Esta, quede claro al lector, no es una cuestión menor. La transnacionalización de la cultura hoy es un proceso uniforme, como teorizara la teoría de la dependencia, porque el capital se apropia del espíritu creativo, el emprendedorismo lo llaman, de los actores locales. La homogeneidad de dispositivos, canales e imágenes requiere para ello una diversidad de manifestaciones, procesos de hibridación y formas heterogéneas de vida y comprensión humanas que hagan posible el proceso de valorización, la destrucción creativa, con la que se reorganiza el flujo de circulación del capital. Sin ella, nada es posible. Pero en esta dinámica perdemos el Norte, más aún cuando, como reza un conocido canal por satélite, nuestro norte es el Sur. Conviene por lo mismo empezar a pensar qué nos jugamos y empezar a exigir otras vías de actuación y organización del capital simbólico con medios propios que nos ayuden a mudar de verdad la cultura informativa, empezando por lo local que es donde se construye comunidad, que es tanto como decir COMUNICACIÓN. Un habitar en común. Ni más ni menos.

Imagen y política

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La nueva etapa y cultura política podría reducirse a una operación de imagen, con una creciente personalización en el plano del liderazgo frente al desarrollo colectivo.

Los tiempos de incertidumbre y bifurcación, como los que se viven con la pandemia, son siempre proclives a todo tipo de proyección imaginaria: desde la distopía al principio a la esperanza de la transformación del mundo que habitamos. La imaginería se alimenta para ello de una variada nómina de materiales, empezando por los fragmentos o ruinas de la propia historia. Reordenando por ejemplo mis papeles, durante el confinamiento, para escribir sobre la obra de Sánchez Vázquez -a quien dedicaremos un homenaje en la FIM-, uno descubre joyas documentales, en lo personal y en lo político, que dan que pensar y decir. Una de ellas es una reseña del libro de Achille OCHETTO sobre la caída del muro y la deriva consecuente del PCI. Tres lecciones para la izquierda de “Un año inolvidable” (Ediciones El País-Aguilar, 1991) se apuntaban en el texto que viene bien rememorar aquí a propósito de la imagen en la política naif en nuestro tiempo. A saber: la necesidad de repensar la izquierda y renovar la teoría y práctica de la política emancipadora; la prioritaria disputa de la hegemonía, la cultura y formas hibridadas de mediación; y, por ultimo, finalmente, la centralidad del pensamiento y la teoría feminista desde el punto de vista de la innovación y las formas de articulación política, que el tiempo ha demostrado insoslayables.

Ahora, revisando este fragmento o apunte perdido en los archivos personales, cual arqueólogo de nuestro pasado inmediato, una advertencia me llamó poderosamente la atención dado que, con la debida distancia, resultó entonces premonitoria y hoy, además, cobra plena vigencia. Ochetto señalaba que la nueva etapa y cultura política podría reducirse a una operación de imagen. Y entonces, dejó escrito, nos veremos impulsados casi inevitablemente, también, a causa de los actuales modelos informativos y de la relación entre información y política, hacia una creciente personalización en el plano del liderazgo, dando gran poder al líder frente al decisivo desarrollo colectivo. Más aún, la cultura de la apariencia debida va más allá de las lecciones de Maquiavelo. Hemos sido colonizados durante un siglo por la narrativa hollywoodense de la pantalla total que, hoy con Netflix, carece de consistencia y pareciera que de la propia materialidad de la vida real. En la sociedad de consumo tardocapitalista, advierte Zizek, se impone el fraude escenificado en el que nuestros vecinos se comportan en la vida real como actores y extras de una superproducción global, cuando no de una puesta en escena obscena, participando activamente del espectáculo grotesco. Inmersos como estamos en la cultura Instagram, convendría por lo mismo, si de construir otro horizonte de progreso se trata, alterar esta lógica de la pregnancia de la imagen por una política del acontecimiento más densa, diversa y tramada en común. En esta tarea nos jugamos el futuro, la propia posibilidad de pervivencia de la humanidad mientras la audiencia permanence atenta a las imágenes que se proyectan equívocamente, superando los records de consumo televisivo de los últimos veinte años. Es hora, en fin, de apagar la tele y prender la imaginación. Con eso lo he dicho todo y no he dicho nada. Cosas de la democracia agonista de Moufffe, debe ser.

El relato

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En tiempos de relatores fallidos, ensayar la primera columna, y comprometerse a pensar desde el sur y desde abajo para un espacio como Andalucía Digital, hoy que priman los quintacolumnistas de toda laya, es cuando menos una temeridad. Pero uno siempre ha estado abonado a tentar la suerte, por esquiva que resulte. Hecha la invitación de mi colega Juan Pablo Bellido, aquí estamos, encontrando nuestra voz.

Dudamos como expresara Ibáñez con la imagen del ciempiés qué pata mover antes, con qué estilo escribir, para qué lectores, con qué agenda de temas y problemas interpelar al lector, nómada itinerante de los dispositivos móviles. Si emular a maestros de la columna como Vázquez Montalbán o retomar el clasicismo de Corpus Barga, o, más bien, quizás, por qué no, pegarnos más a la viva actualidad como el bueno de Francisco Umbral.

La política del estilo, como es sabido, es la política por otros medios. Cambia la forma, ha de cambiar la escritura, no tanto el mensaje. Y pensar en nuestro tiempo cómo pensarnos es, en buena medida, un problema de formas. Pero no tema el lector que nos vayamos por una deriva o disquisición más propia del periodismo y la literatura, que poco conviene a la política, y no hablamos precisamente de la realpolitik, sino de distinguir relato y realidad, el viejo dilema maquiavélico entre ser y apariencia.

Hoy que nuestros responsables públicos basculan, a golpe de encuesta, en la espiral del disimulo discutir de la palabra del verano, y probablemente el año –el relato– es algo más que cuestionar la comunicación política. Se trata, realmente, de comprender un síntoma de nuestro tiempo.

Etimológicamente, relatar significa volver a, llevar unos hechos al conocimiento de alguien, narrar vívidamente un suceso histórico y/o social. Lo curioso del término es que procede del verbo latino refero (volver a llevar). Sobran aquí las palabras, a propósito del inicio de la legislatura y la negociación de un gobierno de progreso. Pues el prefijo fero en la palabra que da origen en latín a relato indica transferir y trasladar o diferir y dilatar.

Y en ello estamos, en procesos psicoanalíticos, narcisistas, de transferencia y de diferimiento, pese a que la raíz latina indica también, en lo correspondiente al verbo fero, las acciones de legislar o producer leyes. Doble paradoja del estado de la nación. Previsible por otra parte, más allá de los actores en escena.

Dice Jacques Rancière que la ficción es la condición para que lo real pueda ser pensado, el problema es cuando lo real deja inane la ficción. Experiencias como el desastre de Macri en Argentina ilustran hasta qué punto la apelación al relato del cambio amenazan con la ruina y producen un hartazgo de incalculables efectos electorales.

De Salvini a Lenín Moreno, de Trump a Bolsonaro, de Sánchez a Iván Duque, vemos cómo las mentiras tienen poco recorrido y alcance, pese a su efectividad en la política del regate corto. En tiempos de grandes turbulencias e incertidumbres, sobran pues los asesores de marketing y estrategias de la imagen electrónica que nos chorrean, como dirían en el país austral, con un discurso de la vacuidad, en el que domina, parafraseando a Marx, pasiones sin verdad; verdades sin pasión; relatos de una historia sin acontecimientos; un proceso cuya única fuerza propulsora parece ser el calendario, y la caducidad, fatigosa, como vemos en España con la ingobernabilidad y las reiteradas convocatorias electorales, por la sempiterna repetición de tensiones y relajamientos; antagonismos que sólo parecen exaltarse periódicamente a efectos de inventario y justificación proselitista y partidaria, lo que termina por embotar y decaer el compromiso cívico, tejiendo como están desde Moncloa y las altas instancias del IBEX 35 las más mezquinas intrigas y comedias de mala calidad sobre el sentido de la Constitución y la Democracia.

El imperio de la retórica sin oficio ni beneficio, salvo el siguiente episodio de más de lo mismo, un melodrama, en definitiva, o telefilm de serie B con destino a rellenar minutos en la parrilla de programación a mayor Gloria de la cotización en bolsa va a tener un mal final, vaticinamos.

Pues el mundo de los cuentos y de las cuentas, los universos paralelos, comunicados y complementarios del entre-tenimiento, solo se sostiene si la gente tiene. La pausa del entre presupone más cosas. Si lo que se dice va por un lado mientras lo que ocurre va por otro y la realidad termina por desbordarse en los contornos del relato con toda la crudeza de lo vivido por la gente, que no es precisamente un melodrama, la representación deja de tener valor.

Llegado a este punto, lo que denominan la batalla por el relato no deja de ser otra cosa, en fin, que el cutre sainete del reino del filibusterismo. La asunción de una política de bellas palabras, consistente como costumbre en no hacer lo que se dice ni decir lo que se hace, deja de ser funcional.

Y los sofistas perniciosos de la política de lo peor se convierten en todo un peligro: no tanto por lo que dicen si no porque escamotean el contenido en el fragor de la frase y la espuma de la gestualidad malinterpretada de una suerte de culebrón que entretiene mientras nos tienen atentos a la pantalla.

Muchos profesionales de la opinión gratuita han acusado a Pedro Sánchez de ser el Ken de la política, un sinsustancia, un político fatuo de ínfulas incontenibles Pero el problema, como decimos, no es el actor, o los actores, ni el juego narcisista propio de toda representación.

El problema es la política del escamoteo, la prevalencia de un sistema de comunicación política creado para errar, una administración comunicativa hiperinflacionista, absorta en una suerte de autismo, empeñada en que olvidemos la historia y la vida de perversos efectos, como probablemente veamos.

Como suele ser habitual en este tipo de situaciones, esperamos equivocarnos, queda la traca final de la desafección: los jefes se regodearán, empezando por Sánchez, en la satisfacción agridulce de poder acusar a su pueblo de deserción y falta de apoyo, de ser responsables de la restauración neofranquista, y el pueblo replicará que fueron engañados en su manifestación en las urnas.

En definitiva, si bien no hay campo de acción sin discurso, la práctica política como storytelling, ni genera escucha ni tiene eficacia a largo plazo. Antes bien, contribuye al pensamiento cínico, y todos sabemos que tras la razón cínica anida el fascismo: en Estados Unidos, con las fake news, y en España con VOX. Todo consiste en lo mismo: la negación de la realidad para anular la voz de los de abajo, simple y llanamente.

En estas estamos, y en esta disputa el sentido común que es el común del derecho de gentes pasa por pensar las palabras y la comunicación de acuerdo al principio del clinamen. Lo demás es pura tontería. La cuestión es, hasta cuándo soportará la población esta secuela o mala película de una democracia de baja intensidad. ¿Renunciaremos a dejar en manos de asesores de imagen el presente y futuro de nuestra vida en común ? Espero que no, aunque dejen de leernos.

La política andaluza de comunicación

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La evolución de Andalucía en materia de comunicación ni es imparable, como rezaba la campaña de la Junta, ni progresa adecuadamente, como la educación. La imagen apropiada para describir el estado de la nación es la del tiovivo. Y no es este un juicio apresurado, sino la constatación de una lógica política, obcecada en liquidar toda forma de autonomía cultural. De hecho, hay profesionales de Canal Sur que viven el supuesto cambio regenerador como el pálido reflejo de lo ya vivido. Y no tanto por la competencia de quienes han de pilotar la nueva legislatura como la constatación que la promesa de mejoras es hoy más de lo mismo. Apenas variaciones superficiales en la programación, decisiones cosméticas de gestión del personal y nulas transformaciones estructurales en la política pública, como ya anticipara en estas mismas páginas Francisco Andrés Gallardo. De hecho, pareciera prevalecer la idea de que la mejor política de comunicación es la que no existe. El problema es que ello se traduce en una mayor dependencia cultural. Por ello cabe reconocer en esta posición inmovilista una quiebra de nuestra autonomía. Al margen de los principios fijados por el nuevo Estatuto, el Gobierno de la Junta ha renunciado a toda voluntad real de cambio. No se han acometido los retos fundamentales de la RTVA, la financiación no garantiza el cumplimiento de los fines que le son propios, la modificación de la composición de órganos vitales como el Consejo Audiovisual o el Consejo de Administración de la RTVA no han significado más que la reducción de gasto público sin proyectar una nueva visión estratégica ni definir programas de colaboración de instituciones como la Fundación Audiovisual o la Cineteca, mientras el tejido productivo continúa a expensas de los vaivenes del mercado. La designación por otra parte de algunos representantes, claramente sin la idoneidad necesaria, ha impedido el necesario debate sobre las funciones de ambos órganos y el papel de las políticas autonómicas en medio de una creciente debilidad de los medios tradicionales, enfrentados a una bajada de ingresos y cierta desafección de las audiencias, por no mencionar las diatribas de responsables del nuevo gobierno contra sindicatos y trabajadores de Canal Sur que poco o nada pueden contribuir a la motivación de una plantilla que viene padeciendo una larga parálisis institucional desde el gobierno de Susana Díaz. Mientras tanto, asistimos perplejos a la insistencia en los índices de audiencia, como si todo el problema de comunicación pase por mejorar resultados, cuando es conocido que el verdadero reto de las televisiones autonómicas es definir un nuevo modelo de servicio público renovando equipos y procesos de organización en un ecosistema cultural que requiere nuevas respuestas y, desde luego, otras preguntas y objetivos institucionales. En otras palabras, hoy más que nunca, es preciso salir del círculo vicioso de la política realista a corto plazo para contribuir a un nuevo escenario acorde con las necesidades de la ciudadanía. Definir una política industrial activa, mejorar la articulación con las políticas de educación y cultura, generar semilleros y cuencas de cooperación, avanzar estrategias integrales en materia de modernización de la economía digital y, sobre todo, liderar desde el sector público tecnopolos que promuevan el empleo y formación en sectores estratégicos como el videojuego, la animación o el desarrollo de aplicaciones avanzadas en los dispositivos móviles.

En este empeño, no todo está perdido. En tiempos de involución, y ante un escenario francamente adverso, hemos logrado sumar voluntades y crear, tres universidades públicas, el Instituto Andaluz de Investigación en Comunicación y Cultura, una herramienta para generar conocimiento de vanguardia para las industrias culturales con la que confiamos poder contribuir a cambiar el curso de una comunidad que no puede apostar todo a la dependencia de la construcción y el turismo. Tenemos conocimiento, cultura y talento. Pero faltan políticas activas. Sabemos que el campo de la comunicación es central en la nueva era digital: y no solo para reconocernos y proyectar otra imagen de Andalucía, sino para desarrollar la llamada economía creativa, la industria de la comunicación y la cultura locales. Sin ella, no es posible la autonomía, ni el desarrollo social de la región.

La política andaluza de comunicación

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La evolución de Andalucía en materia de comunicación ni es imparable, como rezaba la campaña de la Junta, ni progresa adecuadamente, como la educación. La imagen apropiada para describir el estado de la nación es la del tiovivo. Y no es este un juicio apresurado, sino la constatación del sentido de las medidas del nuevo gobierno, obcecado en liquidar toda forma de autonomía cultural. De hecho, hay profesionales de Canal Sur que viven el supuesto cambio regenerador como el pálido reflejo de lo ya vivido. Y no tanto por la competencia de quienes han de pilotar la nueva legislatura como por la constatación que la promesa de mejoras es hoy la reedición de lo mismo, una suerte de déjà vu, actualizada en forma de farsa. Apenas variaciones superficiales en la programación, decisiones cosméticas de gestión del personal y nulas transformaciones estructurales en la definición de la política pública, como ya anticipara en estas mismas páginas Francisco Andrés Gallardo. De hecho, pareciera prevalecer la idea de que la mejor política de comunicación es la que no existe. El problema es que ello se traduce en una mayor dependencia cultural. La ausencia de voluntad política, en fin, afecta sobremanera a nuestra región. Por ello cabe reconocer en esta posición inmovilista una quiebra de nuestra autonomía. Al margen de los principios fijados por el nuevo Estatuto, el Gobierno de la Junta ha renunciado a toda voluntad real de cambio. No se han acometido los retos fundamentales de la RTVA en la era Netflix, la financiación no garantiza el cumplimiento de los fines que le son propios, la modificación de la composición de órganos vitales de la política pública no han significado más que la reducción de gasto público sin proyectar una nueva visión estratégica ni definir programas de colaboración de instituciones como la Fundación Audiovisual o la Cineteca con iniciativas como la Comisión Fílmica y otros agentes del sector, mientras el tejido productivo continúa a expensas de los vaivenes aleatorios del mercado. La designación por otra parte de algunos representantes, claramente sin la idoneidad necesaria, tanto en el Consejo Audiovisual como en RTVA han impedido el necesario debate sobre las funciones de ambos órganos y el papel de las políticas autonómicas en medio de una creciente debilidad por la crisis tanto de las productoras de contenidos como de los medios tradicionales, enfrentados a una bajada de ingresos y cierta desafección de las audiencias, por no mencionar las diatribas de responsables del nuevo gobierno contra sindicatos y trabajadores de Canal Sur que poco o nada pueden contribuir a la motivación de una plantilla que viene padeciendo una larga parálisis institucional fruto de la dilación impuesta por el gobierno de Susana Díaz. Mientras tanto, asistimos perplejos a la insistencia en los índices de audiencia, como si todo el problema de comunicación en Andalucía pase por mejorar resultados, cuando es conocido que el verdadero reto de las televisiones autonómicas es definir un nuevo modelo de servicio público renovando, para afrontar la cuarta revolución industrial, equipos y procesos de organización en un ecosistema cultural que requiere nuevas respuestas y, desde luego, otras preguntas y objetivos institucionales. En otras palabras, es preciso salir del círculo vicioso de la política realista a corto plazo para contribuir a un nuevo escenario acorde con las necesidades tanto del sector como de la ciudadanía. Definir una política industrial activa, mejorar la articulación con las políticas de educación y cultura, generar semilleros y cuencas de cooperación, avanzar estrategias integrales en materia de modernización de la economía digital y, sobre todo, liderar desde el sector público tecnopolos que promuevan el empleo y formación en sectores estratégicos como el videojuego, la animación y el desarrollo de servicios y aplicaciones avanzadas de los dispositivos móviles.

En este empeño, no todo está perdido. En tiempos de involución, y ante un escenario francamente adverso, hemos logrado sumar voluntades y crear, entre tres universidades públicas, el Instituto Andaluz de Investigación en Comunicación y Cultura, una herramienta para generar conocimiento de vanguardia, saber aplicado para las industrias culturales con la que confiamos poder contribuir a cambiar el curso de una comunidad que no puede apostar todo a la dependencia de la construcción y el turismo. Tenemos conocimiento, cultura y talento. Pero faltan políticas públicas activas. Sabemos que el campo de la comunicación es central en la nueva era digital: y no solo para reconocernos y proyectar otra imagen de Andalucía, sino para desarrollar la llamada economía creativa, la industria de la comunicación y la cultura locales. Sin ella, no es posible la autonomía, ni el desarrollo social de la región.