Autor: Albert
Mediafare
Quienes somos militantes del principio esperanza nunca renunciamos a la pedagogía democrática, así que me van a permitir que les recomiende una lectura: el drama didáctico La excepción y la regla (1930) de Bertolt Brecht, una propuesta más que oportuna en nuestro tiempo para observar el mundo y la actualidad con otros ojos, y que desconfíen del acto más trivial y en apariencia sencillo, que examinen, sobre todo, lo que parezca habitual. Sugerimos, ante la coyuntura que nos carcome, que expresamente no acepten lo habitual como una cosa natural. Pues en tiempos de desorden sangriento (como en Gaza), de confusión organizada (como en la Argentina de Milei) de arbitrariedad consciente de muchos magistrados, de humanidad deshumanizada, NADA DEBE PARECER NATURAL, NADA DEBE PARECER IMPOSIBLE DE CAMBIAR. Más aún en el espacio mediatizado de nuestra democracia de baja intensidad, donde las sentencias se televisan y los jueces son protagonistas del papel cuché.
Lo que ocurre en la justicia y la cueva mediática de este país no es lo que debiera ocurrir, empezando por la propia composición de los actores. Un estudio realizado no hace muchos años indicaba que las dos profesiones más endogámicas en España son la de los jueces y profesores universitarios. Doy fe que es así. En la universidad, que un hijo de obreros, como es el caso, llegue a catedrático es cosa improbable (apenas un 0,000001 por ciento). Una excepción. La regla es la que es. Igual sucede con las mujeres, y por eso aprobamos en el Congreso una ley frente al techo de cristal que, en el poder judicial es más que notorio. En la moción de VOX sobre la independencia de la Justicia, fuimos taxativos, la carrera judicial está reservada a familias selectas con poder adquisitivo para financiar las oposiciones, heredando así de padres a hijos una función pública que resulta en el modus operandi privativa. Hablamos de una justicia de otro tiempo, clasista, machista y xenófoba, un poder del Estado injusto e ineficiente que solo opera con diligencia y velocidad en casos de lawfare, por lo general contra la izquierda, dirigentes sindicales y movimientos antagonistas. La vindicación de la independencia en la justicia, como en los medios, debería mover a risa si no fuera por la seria amenaza que dinámicas como el mediafare tiene para nuestra débil democracia, cuya institucionalidad se ve tensionada por la pendencia, esto es, en tiempos de Vox, por el eterno retorno de la contienda, la riña, el altercado, la bronca y la reyerta.
España no es diferente, como sueñan los herederos de Franco. El pueblo de esta tierra asolada por una casta castiza y rentista demanda justicia democrática y medios justos, no palanganeros de la internacional corporativa a lo Vicente Vallés. La gente exige un entorno mediático y judicial sin puertas traseras ni intromisiones que vulneran derechos. Un ecosistema informativo imparcial y de calidad. Leyes que protejan a la ciudadanía de extralimitaciones a lo Ama Rosa Quintana o Carlos Herrera en favor de quienes mandan en este país. La gente común quiere libertad de expresión y asociación, no leyes mordaza, y menos jueces mediatizados y cooptados en manifestación contra normas no tramitadas por el poder legislativo con clara voluntad destituyente. En suma, la sociedad española mira al futuro y aspira a la justicia de los Derechos Humanos, la justicia de la reparación y proporcionalidad, la que reconoce que sin libertad de expresión no es posible la convivencia pacífica, que sin Julian Assange o Pablo González en libertad no hay democracia. Por ello es tiempo de pedir la paz y la palabra, una justicia y medios de comunicación no de los pocos que hablan de reglas pero cultivan la excepción en forma de doctrina Botín, sino una justicia e información política que, respetando el debido secreto profesional, no practique el lawfare alterando los tiempos y procedimientos según coyuntura política mientras se confunde la garantía de inmunidad judicial con la impunidad del rey emirato.
En juego está la dignidad y justicia para todos, siempre y cuando periodistas y agentes sociales asumamos la lección que nos dejara Brecht:
Consideren extraño lo que no lo es.
Tomen por inexplicable lo habitual.
Siéntanse perplejos ante lo cotidiano
Traten de hallar un remedio frente al abuso
Pero, sobre todo, no olviden que la regla es el abuso.
Las peticiones de IU para que Granada tenga un servicio «digno» de tren
El diputado en el Congreso de Sumar Francisco Sierra ha estado junto a la coordinadora provincial de IU y diputada, Mari Carmen Pérez, visitando la estación de ferrocarril de Granada para conocer de primera mano la situación. Juntos han denunciado la «nefasta gestión» que ha llevado a Granada a tener una más que precaria conexión por tren: viajes a Madrid siempre dando un rodeo por Antequera, sin el trayecto con tren convencional por el Levante hasta Barcelona o precios muy superiores al billete del mismo trayecto en avión (mucho más contaminante).
Para IU, si el compromiso del Gobierno en su lucha contra la contaminación es real, debe hacerse efectivo también en un apoyo al medio de transporte que menos contamina: el tren. «Y hasta ahora no está siendo así. Para la ciudadanía es económicamente muy difícil hacer frente a los precios de Renfe además de que los trayectos de los que disponen ahora los granadinos resultan poco o nada útiles».
Pérez ha trasladado la preocupación por el aislamiento ferroviario que sufre la provincia de Granada y le pide a Sierra que desde Sumar se inste al Gobierno de España a que garantice conexiones tan necesarias como la de la capital con el puerto de Motril o con el Levante.
Sierra ha manifestado el compromiso del grupo parlamentario con la transición ecológica y que parte de este compromiso pasa por el fomento del tren como medio de transporte. También a trabajar desde el grupo parlamentario para garantizar que las ciudades medianas y los pueblos tengan derecho a movilidad por todo el territorio. Además, recuerda que la despoblación que amenaza al campo español también se combate ofreciendo una red de transportes extensa y que la movilidad es un derecho fundamental.
Para la coordinadora provincial esta es una necesidad urgente «para la viabilidad de nuestro tejido productivo, que compite con otros territorios de España y Europa en condiciones de desventaja, al disponer de peores comunicaciones».
El Frente Popular de Judea
En Andalucía –y, en general, entre la izquierda patria– andamos de vueltas con los Monty Python y La vida de Brian, adorando la división cuando más necesitamos sumar y multiplicar los esfuerzos de confluencia para transformar la vida y cambiar la historia.
Debe ser que algunos no pasaron por la clase de aritmética o solo rieron los chistes de los muchachos británicos sin echar cuenta o comprender la crítica explícita contenida en la secuencia porque, si en verdad procuraran pensar, no estarían en las artificiosas diferencias sin criterio de distinción, salvo el «divide y vencerán». Un principio propio de pendejos o líderes extraviados incapaces de otra cosa que escuchar a los palmeros.
Por ello tiene lugar la desafección cívica. Y por lo mismo, también, Andalucía no cuenta. Estos días, la Plataforma Andalucía por la Mayoría Social atisbó una ventana de esperanza en forma de coalición de las ilusiones por la construcción de una alternativa para nuestra tierra y una política inteligente con la que sumar.
Sobra decir, porque es público y conocido, que tal convocatoria fue un éxito y ha abierto ventanas de oportunidad para construir alternativas de futuro y esperanza para el Sur y para los de abajo. Pero también es reconocido que lograr el objetivo de una lógica frente a la devastadora máquina de destrucción neoliberal de la derecha extrema no va a ser cuestión de días ni tampoco nada fácil.
Hay que mudar formas de articulación política, cambiar las posiciones de observación y permear sobre todo las organizaciones partidarias con cuerpo y pasiones alegres, con más ciudadanía y mayor capacidad de escucha activa, que no es solo oír demandas en audiencia sino, más bien, procurar por sistema transformar la vida y cambiar la historia a ras de suelo, al cabo de la calle, con sentido del común.
La vindicación útil de los derechos, la realización política efectiva, pasa por actuar en lo concreto, de forma recta en la izquierda, evitando sectarismos y salmos para la autopromoción publicitaria. Análisis, crítica, elaboración colectiva y unidad programática de acción. Ni más ni menos.
En el homenaje que hicimos hace un año en La Carbonería a Julio Anguita, con el buen oficio de mi amigo Sebastián Martín Recio, la lección compartida por los asistentes fue más que clara a este respecto, pero algunos no acaban de enterarse. Miran más hacia arriba de Despeñaperros que a los lados y hacia abajo, justo cuando más hemos de transitar por el frente amplio de una mayoría de progreso.
Toda política contraria a este mandato es renunciar a mandar obedeciendo a los sectores subalternos, que piden, emplazan y –hoy más que nunca– esperan construir otro modelo de país en Andalucía. Más aún, toda propuesta no comprometida con este principio está condenada al fracaso.
Es hora, pues, de una convocatoria por la gente; hora de multiplicar la disidencia, que no es dividir la izquierda sino articular el descontento contra el austericidio en su forma política y no lo contrario, que es lo que está sucediendo: dinamitar, en fin, las luchas sociales por falta de dirección y representación en formas organizativas que, por necesidad histórica, han de ser innovadoras, híbridas, político-sociales y movimientistas, como dicen en otras latitudes.
Y quienes se enroquen en su aislamiento, sepan que, como sucediera en otros momentos no tan lejanos en el tiempo, la historia los retratará, básicamente como lo que vienen siendo: aves de paso, tragicómicos personajes burlescos o, peor aún, traidores a la causa del pueblo andaluz por activa u omisión manifiesta.
Porque no todo el problema de nuestra tierra es culpa exclusiva del Gobierno ultra de Moreno Bonilla o por décadas del partido-Junta del PSOE, que ni está ni se le espera . Hay una responsabilidad histórica que hemos de asumir la izquierda andaluza trascendiendo modelos periclitados evitando la tentación de la llamada «nueva política», más propia de una feria de vanidades que como se propone de una cultura radical.
De hecho, este es el principal peligro de la comunicación política progresista. La nueva generación de dirigentes son de la cultura del like, no del pensamiento negativo, ni antagonista, sino del discurso de «fenomenal», esto es, viven anclados en la hapycracia de lo peor.
En una reciente exposición del Centro Cultural Conde Duque en Madrid, Superlikes, uno aprende a pensar que el clickactivismo es la política de lo imposible, la pospolítica o, si prefiere el lector, la antipolítica de la nadería, porque no hay mediación cognitiva, ni social ni política.
Una estética relacional que niega todo principio de compromiso, que surfea en el narcisismo primitivo, sin sustancia, ni verdad, basculando solo en el universo de la reacción. Es tanto como decir que habitan en la reproducción del orden reinante, de derecha a izquierda, de arriba abajo, contando con las bases replicantes que hoy proliferan por doquier.
Semiótica de la simulación poco o nada evocativa, salvo la de recitar el salmo del líder electrónico de turno. Y en este modo de producir el relato, la fuerza de la elipsis se ha eclipsado por el presente perpetuo del like, por el carrusel de la vanidad incandescente que todo lo abarca y que, a fuerza de tanta futilidad, vamos a acabar añorando el cuplé y el género chico, lo nacional popular, y la política cabaretera que es más de Brecht que de Echegaray.
Concluyo. La política, como la academia, se ha convertido en una casa de citas, una suerte de arte manierista de la nada por principio, salvo la emulación o el mero enunciado de la espiral del disimulo. Así las cosas, la lógica citacionista de la pura reproducción inocua que todo lo inunda nos deja sin voz ni horizonte histórico.
No sé si los smart boys o la generación de cristal adolecen de un malestar tanto fisiológico como cultural que determine esta forma de comunicación, pero lo que es una evidencia es que nos gobierna un ecosistema de mediación simbólica que puede ser considerado una pandemia y que, desde una ética emancipadora y socialista, debe por principio, y cuanto antes, ser combatida. Y no casualmente, por cierto, sino empezando por la Andalucía barroca. No obstante, son cosas que uno piensa en tiempos de confusión: no haga el lector mucho caso.
El diputado de Sumar Francisco Sierra se casa en la caseta ‘La Pecera’ de la Feria de Abril de Sevilla
El diputado de Sumar por la circunscripción de Sevilla Francisco Sierra se ha casado este Sábado de Pescaíto en la caseta ‘La Pecera’ del Partido Comunista con su novia, la catedrática de Comunicación Política, Daniela Inés Monje Medina. La sorprendente boda, por su ubicación -en plena Feria de Abril de Sevilla-, por el momento -el día del Alumbrado- y por el ‘dress code’ -de inspiración feriante-, ha causado cierta expectación entre los que se encontraban en el recinto terminando de preparar las casetas..
Los novios han llegado al real en torno a las 12 del mediodía y han accedido por la calle Pascual Márquez, donde se encuentra ‘La Pecera’, cerrada en esta ocasión con motivo del particular enlace. La novia pisó el albero acompañada del también catedrático de Teoría de la Comunicación y ex decano de la facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla vestida de flamenca, con un traje de volantes de color rojo y un mantón de Manila. Sierra, por su parte, ha vestido un traje de chaqueta cruzada con corbata a juego con el traje de la novia.
La ceremonia comenzaba pasadas las 12 del mediodía y estaba previsto que se prolongara hasta las siete de la tarde, hora en la que debían de desalojar la caseta para prepararla para la cena del Pescaíto. En la invitación que se remitió semanas antes a los participantes en la boda se especificaba que debían asistir «con un atuendo elegante y feriante».
Al enlace han acudido políticos de Izquierda Unida y Sumar como Antonio Maíllo, Toni Valero o Amanda Meyer, así como José Antonio Jiménez, de Iniciativa del Pueblo Andaluz, entre otros.
Presentación del libro Marxismo y comunicación. Teoría crítica de la mediación social. CIDE – Centro de Investigación y Docencia Económicas
Sumar pregunta al Gobierno si se limitará la externalización en RTVE, tras aplazarse el fichaje de ‘La Resistencia’
Sumar ha preguntado al Gobierno las medidas que prevé para limitar la externalización de la producción audiovisual en la corporación RTVE, en medio del revuelo tras posponer otra vez su Consejo de Administración la decisión sobre la posible incorporación del programa ‘La Resistiencia’ que dirige David Broncano.
Así lo han trasladado los diputados del grupo plurinacional Francisco Sierra y Enrique Santiago (portavoz parlamentario de IU) mediante una batería de preguntas parlamentarias regiastradas este jueves en el Congreso.
Los dos parlamentarios aluden a que durante estos días ha transcedido el debate en el seno del Consejo de Administración de RTVE sobre los modelos adecuados en su seno para la contratación de programas, ante la práctica «generalizada» de externalización y subcontratación de servicios en la televisión pública con productoras privadas.
Así, tanto Sierra como Santiago exponen que ello se sucede a pesar de que RTVE cuanta con platós, equipos técnicos de última generación y una «extensa plantilla» de empleados con altas cualificaciones, que «perfectamente pueden realizar tareas» que en el modelo de externalización realizan trabajadores de «empresas privadas con peores condiciones laborales».
Aprovechando la reunión del Consejo de Administración de RTVE de este jueves, los dos diputados de Sumar aluden a que entre los puntos a tratar de encuentra un «nuevo modelo de contrato en coproducción de programas de TVE».
POTENCIAR LOS MEDIOS PROPIOS PARA REDUCIR EL GASTO PÚBLICO
En este sentido, explican que versa sobre un sistema que establezca la utilización de equipos técnicos y empleados del ente público, incluso en los casos en los que se contrate con una productora privada.
El objetivo radica, según relatan, en reducir así la actuación y facturación de empresas externas al «mínimo imprescindible incluso cuando sea exigencia de estrellas televisivas».
A su vez, señalan que este tipo de contratos con empresas externas no debe superar el año de duración como máximo, sujetos a posterior renovación en base a medición de audiencias para garantizar un gasto «justificado por la calidad del producto».
«Creemos que este tipo de medidas tendentes a incrementar la producción propia de RTVE, o en todo caso la corproducción para reducir el alcance de la externalización o subcontratación de servicios audiovisuales, así como la propia limitación de contratos con productoras externas y el condicionamiento de su renovación a resultados de audiencia redunda en la reducción de los precios adquiridos y contratos por RTVE, lo que reduce el gasto público y garantiza el empleo de los profesionales de RTVE», argumentan ambos diputados.
Por tanto, requieren al Ejecutivo que esclarezca qué tipo de medidas prevé tomar para reducir la extrernacionalización en RTVE, así como las actuaciones de apoyo para que el ente público profundice en priorizar sus recursos técnicos y humanos para reducir el gasto de contratos con productoras externas.
Soberanía digital
Decía Neil Postman que los medios son metáforas de la cultura, y el bueno de Mark Zuckerberg lo confirma: su META, la fantasía virtual de la era robótica, es una propuesta de episteme para determinar el espíritu de nuestro tiempo, un tiempo pensado sin narrativa ni horizonte político posible salvo el del consumo compulsivo de la pantalla total. El metaverso es la negación de la poesía, es la narrativa 3D del capital, un espacio tóxico contra la democracia y la autonomía que debiera ser objeto de disputa, pero la soberanía digital no está en la agenda estratégica de Bruselas. Hay quien afirma, y no le falta razón, que el encuentro o cumbre de Versalles no solo es un avance, tardío e improbable, hacia la unidad e integración política del espacio común, sino quizás el canto del cisne de la propia existencia de la UE, que hace pocos años, tras el colapso de la pandemia, renunció a la ventana de oportunidad de acometer radicalmente lo evidenciado por el covid: la dependencia tecnológica. Como en la crisis financiera de 2008, la voluntad de refundar el modelo de desarrollo científico-técnico de la UE fue apenas un tímido escorzo difundido para unos cuantos titulares de la prensa y poco más. Y ello a pesar de la evidencia de lo inapropiado de la política de no intervención en el sector constatada con la crisis sociosanitaria. La falta de voluntad política y la posición subalterna de la Comisión Europea respecto al lobby Silicon Valley abonaron la nula imaginación creativa de los responsables de Bruselas en la materia, aun contando con ejemplos de buenas prácticas próximos y conocidos. Analizar y aprender no son divisas comunes en el espacio de libre comercio.
Occidente sigue con la asignatura pendiente de aprender de los cambios del gigante asiático a la vanguardia tecnológica en la larga transición de chinatown a chinatech, más allá del cambio del eje Atlántico al Pacífico El objetivo chino de liderar en 2030 la innovación en IA es ya un hecho, por planificación política y la eficiencia del gobierno de Pekín. Xi Jiping invertirá además casi un billón y medio en sectores estratégicos de la revolución digital. La cultura tecnológica desplegada en el país está siendo ampliada a velocidad de crucero con más de 800 millones de usuarios de smartphones y empresas líderes de referencia como Tencent, Alibaba o Huawei a la cabeza del cambio tecnológico. Y qué hablar de la ciberseguridad. Con Bairang, Dahua, Transinfo y Hikvision, China demuestra no ya ser la potencia emergente que ha de marcar el curso de la historia este siglo, sino además con ello se constata que es capaz de proyectar un modelo alternativo de gobernanza tecnológica. Tiene ciertamente el problema de la amenaza de guerra comercial de EE. UU. y la fuga de cerebros, además de la escasez de semiconductores en manos de los aliados de Washington, empezando por el gobierno de Milei en Argentina. Este poder y el de la arquitectura de la infraestructura son todavía determinantes para el proceso de transición digital y exige de nuestra parte una crítica actualizada del imperialismo cultural ahora que sabemos o más bien que hemos observado que existe una geopolítica de los cables submarinos que nos conectan. Conviene por lo mismo empezar a explorar las infraestructuras y procesos de organización subterráneas que nos limitan y condicionan los accesos para empezar a entender que ni somos tan libres ni Internet es autónomo y que el futuro de nuestra vida depende del modelo de implantación de la economía de silicio. Un proceso que está acelerando la modernización y automatización de la producción, reestructurando los modelos de mediación social y alterando radicalmente la experiencia vicaria de todos, en una suerte de cóctel explosivo que puede hacer implosionar toda forma de reproducción mientras asistimos impasible a la imposición de la ciencia de las redes pensando como mucho en la estética de las pantallas y las máquinas de sincronización cuando es vital disputar el sentido de la autonomía y más allá aún las ecologías de vida. Los desechos tecnológicos, de lo que nos acordamos no como ruina sino cuando en situaciones críticas como la ausencia de chips electrónicos apunta la necesidad de cuestionar la obsolescencia planificada y las dificultades de acoplamiento y de ensamblaje que la empresa-red y la política META/FISICA de los dueños de la psicoesfera nos abocan a definir, son un síntoma de la encrucijada histórica en la que nos encontramos, cuya lógica de innovación ni tiene fin, al menos social, o meta pertinente, ni permite la supervivencia de la propia especie, físicamente. Esta es la disputa y la cuestión a debatir: de la escuela a la vida, del trabajo a la cultura, y de la sociedad al gobierno de la polis, si aspiramos a que la telépolis tenga encaje futuro, ensamblando la sociedad real con la formal o figurada.
Sumar prepara una ley de atención interministerial a barrios vulnerables
El grupo parlamentario de Sumar está preparando una proposición de ley de atención integral a barrios vulnerables, que exigiría, de ser aprobada, una cooperación entre distintos ministerios para abordar la problemática desde sus diferentes variantes y perspectivas.
Fuentes de Sumar explicaron a Servimedia que el eje de la pobreza ha sido uno de los que la reunión del grupo parlamentario esta semana debatió incluir como prioritarios de su actividad legislativa, en su intento declarado de lanzar propuestas para no dejarse envolver en el cruce constante de acusaciones entre el PP y el PSOE.
En este tema concreto, quienes están llevando la iniciativa son los diputados andaluces de Sumar, dado que 10 de los 15 barrios catalogados como vulnerables en España pertenecen a dicha comunidad autónoma. Uno de ellos, el electo por Sevilla, Francisco Sierra, explicó a esta agencia que, durante la campaña de las elecciones generales, se comprometió ante sus convecinos a que su primera iniciativa parlamentaria sería ésta.
En noviembre ya se presentó y la Mesa del Congreso calificó una proposición no de ley, que el grupo parlamentario hará debatir cuando disponga de cupo para ello. Pero Sumar ya está diseñando una iniciativa con valor legislativo y sus diputados andaluces iniciaron en enero y febrero en Sevilla y Córdoba sus visitas a estos barrios para recabar sus demandas. Granada y Almería serán sus próximos destinos.
«CONSTITUCIONALISMO COLABORATIVO»
Sierra justificó que se trata de aplicar lo que dio en llamar “constitucionalismo colaborativo”, elaborando las normas “de abajo arriba” y subrayó que confía en haber terminado las visitas a barrios en junio, registrar la proposición de ley antes del verano y tenerla elevada al Pleno del Congreso para su debate y votación antes de fin de año.
Se trataría de que en un solo texto se incluyan medidas de educación, sanidad, rehabilitación de viviendas, garantía del suministro energético, infraestructura urbana, empleo, ayuda sociales y seguridad, para acometer la problemática de los barrios pobres como una “política de Estado” con la cooperación de varios ministerios, en lugar de abordar cada parcela sectorialmente y por separado.
El diputado por Sevilla puntualizó que “se habla mucho de la España vaciada pero poco de los barrios” y así quiso abanderar un “barrionalismo”, como paráfrasis de nacionalismo y enfoque novedoso e integral de esta problemática. Admitió, eso sí, que luego habrá que dar a este objetivo un encaje jurídico, respetando las competencias de las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
Para Sierra, Sumar debe distinguirse de otros grupos parlamentarios por iniciativas como ésta, que abordaría uno de los objetivos incluidos en la Agenda 2030, cuya implementación recae en las competencias del Ministerio de Derechos Sociales y Consumo, uno de los cinco que correspondieron a la formación de Yolanda Díaz en el reparto de áreas de gobierno y que lidera Pablo Bustinduy.