Sumar propone impulsar leyes que regulen los medios para «garantizar su independencia»

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Sumar va a presentar un proyecto no de ley en el Congreso que dibujará, por primera vez, la regulación de los medios de comunicación. El Gobierno anunció una ley de medios que presentará este mes, pero de la que no ha detallado nada. Las seis iniciativas que incluye el documento del socio de Ejecutivo, al que ha tenido acceso Confidencial Digital, aborda desde promover ayudas públicas a los medios para garantizar su independencia económica y la pluralidad informativa, hasta regular la inteligencia artificial para evitar la «robotización» de las redacciones.

Desde Sumar establecen dos objetivos claros: comenzar a alentar políticas que regulen los medios de comunicación y tengan por objetivo garantizar su independencia y fomentar el pluralismo informativo. Legislar para favorecer que la cuota informativa no quede en manos de pocos medios y proteger la diversidad en el sector. La formación admite que los grupos políticos llegan tarde y que debieron atajar antes unas reformas que consideran fundamentales para la «regeneración democrática» del país, aseveran desde Sumar.

El sentido de estas propuestas es instar al Gobierno a seguir estas políticas, de modo que aún falta por concretar cómo se atajarían estas reformas. Desde Moncloa siguen sin dar pistas ni concretar en qué se transformará la ley de medios que anunciaron a finales de abril, después de los cinco días de reflexión que se tomó el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tras la imputación de Begoña Gómez, mujer del presidente.

Una PNL con seis líneas de actuación

El documento que presentará Sumar esta semana en la Cámara Baja bajo el título «medidas urgentes para dignificar e impulsar el periodismo» ataja por primera vez la regulación de los medios, anunciada por el Gobierno como «gran causa nacional». El documento está elaborado íntegramente por Sumar, sin intervención de los socialistas, y recoge las propuestas de, —entre otras—, las asociaciones de prensa de Andalucía.

La formación política establece seis objetivos. No se concreta la manera exacta de alcanzarlos porque la naturaleza de una PNL es, simplemente, instar al Ejecutivo a adoptar una serie de medidas en este sentido. Un planteamiento que tiene lógica, pues se presenta a pocas semanas de que Moncloa o el grupo socialista en el Congreso presenten su ley de medios.

Dar ayudas a los medios para luchar contra la precariedad

Una de las líneas de actuación más llamativas es la número seis. Sumar sitúa en el centro de sus propuestas que las instituciones públicas actúen contra la precariedad económica que atraviesa el periodismo. La formación consideran que la salud financiera de los medios es directamente proporcional a su independencia e instan a aplicar «políticas contra la precariedad de los profesionales de la información» que «protejan la independencia de los periodistas tanto en los medios privados como en los medios públicos».

Aunque aún es pronto para afirmar qué medidas quieren ejecutar para conseguirlo, sí se plantean dar ayudas directas a los medios de comunicación para hacer frente a esta precarización que alcanza a los profesionales, según confirman a ECD fuentes de la formación. En Sumar miran como referencia modelos como los que rigen los países nórdicos, donde la aportación con dinero público es una fuente de ingresos más de los medios y afloja la independencia de los mismos de la publicidad institucional o comercial.

De momento, la PNL solo habla de implementar ayudas a los medios comunitarios. Se trata de publicaciones «sin ánimo de lucro, no son públicos ni comerciales, y surgen a partir de colectivos y asociaciones de vecinos, comunidades o barrios», explican desde Sumar. Pero no recoge como propuesta dar ayudas a los grandes medios comerciales. La concreción de este punto de la PNL se debatirá en las próximas semanas, cuando el equipo de Sumar se reúna con editores y asociaciones de prensa para aterrizar y plasmar al detalle cómo colaborar desde las instituciones a frenar la «precarización» del sector.

Igualdad de género en los altos cargos

También llaman a impulsar «medidas de igualdad de género en los puestos directivos» de los medios de comunicación. Un informe de la agencia internacional Reuters publicado a comienzos de este año resalta que en España, las mujeres ocupan solo el 20% de los puestos directivos del sector, mientras que representan el 40% de las redacciones.

Enseñar a identificar bulos

El documento aboga, en primer lugar, por «diseñar un plan de alfabetización» para que la ciudadanía esté mejor preparada en la lucha «contra la manipulación informativa y la desinformación». Fuentes de Sumar explican que una de las posibilidades sería que los profesionales impartan clases a los más jóvenes para ayudarles a identificar los canales oficiales de información, consultar informaciones contrastadas y esquivar todas las noticias falsas que abundan en las redes sociales: la principal fuente de consumo en estas edades.

El propio Sánchez también ha puesto en el foco la lucha contra los «pseudomedios» —como los denomina el presidente— por difundir «bulos» sobre su esposa. El líder socialista ha incidido en la necesidad de revisar la publicidad institucional que reciben dichos digitales y profundizar en la transparencia de los mismos, para conocer quiénes son sus dueños y cómo se financian. En Moncloa consideran que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular riegan con dinero público a los medios afines «que después publican estos bulos contra el entorno del presidente», afirman altos cargos del Gobierno a ECD.

Una ley sobre transparencia en la publicidad institucional

En Sumar defienden que ambos partidos, tanto el PP como PSOE, hacen un uso discrecional de la publicidad institucional para favorecer a determinados medios en función de su línea editorial, y en consecuencia, llaman a abordar esta problemática en el segundo punto de la PNL. En concreto, el documento insta a «impulsar una ley de transparencia de la publicidad institucional que afecta al equilibrio y a la financiación de los medios de comunicación».

El equipo de Sumar en el Congreso, afirma que el objetivo último es poner fin a la discrecionalidad con la que los partidos favorecen a medios afines y establecer una serie de baremos objetivos que deban cumplir todos los Ejecutivos municipales, autonómicos y el poder central, para evitar cualquier trato de favor.

Recuperar la reforma de la ley mordaza

La tercera propuesta de Sumar pasa por una reforma que se quedó en el cajón en la pasada legislatura: la ley de protección de seguridad ciudadana o ‘ley mordaza’. Los grupos de investidura abordaron su derogación, que finalmente se transformó en cambiar la norma, no en eliminarla. Pero Esquerra Republicana y EH Bildu no quisieron aceptar las modificaciones que proponía el PSOE, o más bien, la negativa de los socialistas a reformar artículos de la ley que los independentistas consideraban claves para poner fin a los «aspectos más lesivos» de la misma.

La presión de los sindicatos policiales fue enorme: celebraron manifestaciones en Madrid en las que fletaron autobuses de toda España cuando la reforma aún era un borrador y no se había puesto en marcha. Incluso hubo una fuerte división entre las asociaciones de las fuerzas de seguridad del Estado. Por un lado, las que llamaban a concentrarse de nuevo, y por otro, las que abogaban por esperar a ver qué documento salía de la Comisión de Interior en el Congreso, como adelantó ECD. Finalmente, no salió ninguno.

En Sumar consideran fundamental reformar la norma porque «afecta a la libertad de prensa y el ejercicio autónomo de los profesionales de la información», como reza el texto que van a presentar.

Lucha contra la llegada de la IA y proteger el secreto profesional

La irrupción de la Inteligencia Artificial ha supuesto una revolución en muchos sectores de la sociedad. Desde la educación hasta la cultura; y el periodismo no queda exento de ello. Por eso, Sumar ha reservado uno de los seis puntos de su PNL a la lucha contra el «uso inapropiado» de la IA. Un apartado que en Sumar denominan la «robotización de las redacciones» y que relacionan también con la precarización del sector.

La iniciativa busca poner coto a esta tecnología para que no sustituya a los redactores. La formación asegura que se han detectado numerosos casos en los que la inteligencia artificial ya elabora artículos automáticamente que antaño correspondían a un periodista, con el riesgo de sustituir a los profesionales por esta nueva tecnología.

Además, también pretender elaborar una ley que proteja el secreto profesional, más allá de las breves referencias en el Código Penal que actualmente protegen al gremio de revelar sus fuentes. Pero desde Sumar afirman que no tiene un desarrollo normativo que consideran elemental para proteger a los profesionales. También añaden que ha habido quejas en los últimos años de distintas asociaciones de periodistas por situaciones en las que no se ha blindado lo suficiente este derecho.

Entrevista en Radio Universidad de Rosario. ABC de la Ciencia

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Daniela Monje (Universidad Nacional de Córdoba) y Francisco Sierra Caballero (Universidad de Sevilla).

Los derechos ciudadanos a la comunicación, las políticas públicas de regulación en el contexto de circuitos de comunicación dominados por las plataformas y sus lógicas, los enunciadores de los discursos que circulan. Un debate contemporáneo urgente, una asignatura pendiente.

Regular la Comunicación: El camino que garantiza derechos ciudadanos. La Oreja Libertaria, Radio Pichincha

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Nombre del programa: LA OREJA LIBERTARIA
Productor: Colectivo Espejo Libertario
Medio de difusión: Radio Pichincha
Tema: Regular la Comunicación: El camino que garantiza derechos ciudadanos
Invitados: Francisco Sierra, ex Director de CIESPAL
Hernán Reyes, catedrático
Conductores: Luis Onofa, periodista. Leonardo Parrini, periodista.

 

La era Netflix

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La era Netflix es la postelevisión a la carta, un tiempo marcado por la voluntad de autonomía del espectador. Los datos de demanda apuntan a que el 30 por ciento de los hogares de todo el mundo tendrán Netflix en pocos años. De nada servirá el boicot de Hollywood a este gigante del audiovisual. Ni la exigencia de las cadenas de televisión en España de que dediquen el 5 por ciento de sus ingresos a producir cine en español.

Los nuevos procesos de integración y concentración de operadores como HBO o las estrategias de Apple y Facebook dan cuenta de una realidad, la de las plataformas digitales, que ha venido para quedarse y que requiere soluciones imaginativas de los poderes públicos para regular y evitar la uniformidad del negocio que ya se está observando como con los autos UBER en la ciudad de San Francisco.

En los últimos meses, el debate sobre la tributación en España de plataformas como HBO y la citada Netflix dan que pensar en este sentido. La propuesta de una tasa Google o financiar el servicio público de la RTVE a través de impuestos directos a estas plataformas es posible y necesario.

Debido a un sistema impositivo precisamente nada o poco progresista, estas grandes compañías, merced al sistema público aplicado a las sociedades, aportan a la Hacienda Pública menos de 50.000 euros, en proporción cien veces menos de lo que tributa un trabajador precario.

Mientras plataformas nacionales como Filmin declararon más de dos millones y medio de facturación, las empresas de origen estadounidense eluden sus obligaciones por la existencia de paraísos en la propia Unión Europea (UE), como Irlanda o Luxemburgo.

De Apple y el vendedor de chatarra, Steve Jobs, al imperio Amazon, el acoso y derribo a la Hacienda Pública corre pareja a la imposición de monopolios y a la explotación de mano de obra barata sin que la Comisión Europea tome seriamente cartas en el asunto. Llevan de hecho anunciando medidas contundentes una década mientras los gigantes globales de la comunicación amenazaban de muerte la diversidad audiovisual.

Si hasta 2022 no habrá armonización en el IVA en el espacio euro, imaginen una regulación sobre la tributación de sociedades y los paraísos fiscales en el espacio de la UE. Es probable que, ya para esa fecha, Netflix domine el mercado de consumo y producción audiovisual y que España, su industria fílmica, sea una mera maquila del gran emporio que se está fraguando.

Eso sí, podemos seguir pensando en la trama de Juego de Tronos cuando la verdadera compleja narrativa que nos afecta y se cobra víctimas es la de los nuevos oligopolios culturales.

Mientras el cine está siendo revolucionado, la cultura streaming se impone como norma en el consumo de ficción audiovisual; se mezclan formatos, la televisión es serie de ficción, las series cine de folletín, los actores no sabemos si hacen cine, series televisivas o son como Keanu Reeves: personajes de videojuegos como Cyberpunk 2077.

Todo es confuso e hibridado. La cuestión es qué política cultural hemos de diseñar a nivel del Estado, las regiones y la propia UE cuando nos hemos convertido de satélites en un espacio colonizado por el americanismo, que impregna incluso los criterios de asignación de ayudas del antiguo Plan Media.

En definitiva, en la era del capitalismo de plataformas hay que centrar la mirada, más allá de la tributación, en la estructura de la información, siendo conscientes de que el problema de la propiedad intelectual no puede ser restringido al derecho, al medio contractual de legislaciones, tratados y monopolios cognitivos, que favorecen la jurisprudencia angloamericana y su biopiratería.

En otras palabras, tenemos el reto de pasar del derecho positivo a la política. En juego están los bienes públicos comunes (cultura, información, saber, educación). El bien patrimonial a este nivel es un bien de lo procomún que se caracteriza por la indivisibilidad de su oferta por la que cada miembro de la colectividad consume en su totalidad este bien o este servicio, o se beneficia de la existencia de determinado stock de este tipo de bien.

En la era Netflix, tal lógica se amplía geométricamente y hace necesaria una política de comunicación activa que nunca puede estar disociada de una política de enseñanza y de investigación científica, recíprocamente. En palabras de Mattelart, no habrá sociedad de saberes sin interrogarnos sobre los procesos de concentración capitalista de las industrias culturales que, si nosotros no las resguardamos, corren el riesgo de prefigurar las lógicas estructurales en los modos de implantación de los dispositivos del saber.

Las grandes instituciones internacionales se resisten a esa visión integradora y me temo que, además de Bruselas, nuestro Gobierno y hasta nuestras universidades, entregadas a Microsoft y al Imperio Google, han renunciado a sus responsabilidades institucionales. Es hora, pues, de organizar la resistencia.