Soberanía digital y Europa social

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Que la administración Trump y los movimientos del oligopolio de las grandes plataformas tecnológicas son una amenaza a la democracia y al proyecto de integración de la Unión Europea es, prácticamente, compartido por el conjunto de la ciudadanía y las fuerzas políticas de progreso. No es tan extendido, sin embargo, la naturaleza o diagnóstico de las amenazas que vislumbramos en el horizonte a corto y medio plazo y menos aún se observa la definición de alternativas democráticas que contravengan el proceso en curso de restauración autoritaria de la hegemonía imperial de Estados Unidos.

Somos conscientes que en la vida, como en la política, siempre hay opciones y posibilidades por explorar. El arte de lo posible implica definir agendas para la acción distintas a las establecidas a priori.

Se da la circunstancia que en materia de transformación digital se ha instalado en la sociedad un discurso naturalizado de Silicon Valley que ha permeado la práctica política de dirigentes y fuerzas políticas imposibilitando una agenda propia de definición del futuro de la era de la Inteligencia Artificial. Y en este marco la UE no es que corra peligro de perder s razón de ser del modelo social de Estado de Bienestar que alentó el proyecto de integración comunitaria, es que, antes bien, está en juego su propio futuro y subsistencia.

Bien es cierto que desde la Comisión se han avanzado iniciativas como la primera regulación internacional de la IAAT, la Carta de Derechos Digitales de 2021 o la reciente creación del Observatorio de Derechos Digitales para hacer efectivo la Europa de los Ciudadanos en la galaxia Internet. Pero estas medidas llegan tarde y son insuficientes ante el dominio absoluto de las grandes plataformas tecnológicas como ‘X’ (ex Twitter), ‘Meta’ (Facebook, Instagram, WhatsApp…) Alphabet (que incluye a Google como su principal subsidiaria), nombradas en su día como GAFAM, que hoy han decidido convertir la norma de terra nullius, la ventaja tecnológica y su posición cuasi monopólica en la regla del Estado de excepción a nivel internacional, vulnerando todos los derechos y garantías constitucionales a escala global.

El alineamiento con el gobierno de Trump ya se ha traducido en medidas concretas como la remoción de mecanismos de moderación de contenidos que hasta ahora lograban filtrar -aunque de un modo acotado- diversos modos de desinformación (fake news, deep fakes), discursos de odio, instigación a la violencia, controles sobre contenidos relativos a infancias etc., y una agresiva política de injerencia que nos recuerda que estas compañías, las big tech, nacen, se incuban, y despliegan su poderío como un vector estratégico del imperialismo estadounidense definido en el programa originario de la Sociedad de la Información de Al Gore, bajo tutela de los dos bastiones que sostienen el dominio político y económico de la potencia en decadencia: nos referimos al Pentágono y al muro de Wall Street.

No es comprensible el proyecto tecnofeudalista que abandera Musk con el trumpismo sin este análisis de la estructura de comando de la telemática ya diagnosticado por la economía política de la comunicación y estudiosos como Herbert I. Schiller. Ni tampoco es posible diseñar alternativas de futuro si se renuncia a la autonomía estratégica y se trata de definir una política de ciberseguridad, como en el Congreso de los Diputados en España, de la mano de Google y las corporaciones del complejo industrial-militar estadounidense.

Asumir el designio de los amos de la información y el capitalismo de plataformas bajo tutela de EE.UU. o la OTAN es, en definitiva, renunciar a la Europa social y de derecho y, al tiempo, convertir la UE en una colonia dependiente tecnológica, económica y militarmente de una potencia que no demuestra ser aliado cuando despliega una guerra comercial con los aranceles, sino especialmente cuando desde el propio nacimiento de la comunidad económica europea ha mantenido el espionaje, control y tutela de las redes de información y conocimiento, tal y como quedara constancia en el informe del Parlamento Europeo sobre la red ECHELON. Ahora se constata con la abierta injerencia en las elecciones de Alemania como ya se hiciera con el Brexit y los resultados por todos conocidos.

La UE, colonia tecnológica

La modificación de los procesos de intermediación y el control del algoritmo abundan no solo en la falta de transparencia de estos operadores políticos, sino que reafirman la estrategia de desinformación de las fuerzas de control global del Capitolio con el fin de restaurar su posición hegemónica ante China y su superioridad comprobada en ciencia y tecnología.

Las declaraciones recientes del Vicepresidente Vance respecto a la gobernanza de la Inteligencia Artificial, y no olvidemos de Internet, bajo control de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) son lo suficientemente esclarecedoras como para definir en Bruselas otra hoja de ruta a la seguida hasta ahora, marcada, nunca mejor dicho, por el seguimiento de las directrices del lobby de los GAFAM.

La necesidad de transparentar los procesos de información social, blindar el avance de plataformas globales que disputan el control al Estado y resguardar los derechos ciudadanos requiere de políticas activas por parte de la UE y nuestro gobierno. No solo declaraciones alertando de la tecnocasta. La reducción de los riesgos para la ciudadanía en términos de manipulación de la información, visibilizando, censurando u ocultando contenidos como el genocidio de Gaza del sionismo, forma parte de un nuevo orden informacional y una geopolítica imperialista que busca ser impuesto para controlar los comportamientos y direccionar de la voluntad política de la ciudadanía para hacer posible ya no la acumulación por desposesión, como analiza David Harvey, sino el régimen de excepción de la acumulación por despojo criminalizando la pobreza y extendiendo la guerra, cultural y efectiva, por todos los medios imaginables.

Ya en su célebre libro Mil Mesetas, Deleuze y Guattari, definían de modo precursor al accionar de las fuerzas exteriores al estado como Máquinas de Guerra. En el presente, la máquina informacional, con el despliegue de sistemas de machine learning e IA se ha sofisticado y vuelto inmanejable en algunos sentidos. Cabe preguntarse cuál es el espacio de acción que tienen los Estados Nacionales y la UE para desarrollar políticas de cuidado y acciones soberanas, qué medidas conviene adoptar en defensa del proyecto común de la Europa social y de derechos.

El dominio de las Big Tech sobre la información, la comunicación y la logística plantea serios problemas sobre el cumplimiento de las leyes de competencia y antimonopolio de la propia UE, pero no se han adoptado medidas, salvo algunas penalizaciones económicas irrelevantes a efectos de la estructura de control. A pesar de los intentos regulatorios, como las investigaciones antimonopolio en varios países, las estrategias de estas compañías para absorber a pequeñas startups, manipular algoritmos o generar redes de dependencia siguen siendo una práctica común sin que Bruselas haya acometido una estrategia consistente, aliándose por ejemplo con el proyecto de 5G chino.

Esto ha terminado limitando la economía europea, poniendo en riesgo la innovación y la diversidad empresarial, y sobre todo otorgando un control exclusivo sobre el mercado a compañías como Amazon, sin oposición ni estrategias de cooperación para hacer frente a los retos de futuro de la economía del conocimiento.

La confrontación geopolítica que hemos iniciado desde que Donald Trump irrumpiera en la escena política internacional es un paso más en esta escalada de subordinación y colonialismo tecnológico de Europa. La asunción del enfoque estadounidense sobre la ciberseguridad, la infraestructura 5G y la privacidad de los datos pliega el proyecto de la UE al fortalecimiento de la industria nacional estadounidense y la expansión de la OTAN, consolidando la tecnología ajena como un pilar esencial en la redefinición de las relaciones internacionales desde la subalternidad y la pérdida de total autonomía, y ello a pesar de las supuestas lecciones aprendidas durante la pandemia donde por vez primera escuchamos hablar de soberanía digital y un aggiornamiento keynesiano como salida a la crisis del colapso económico o de capítulos conocidos como el Brexit o en otras latitudes la campaña destituyente del gobierno de Dilma Rousseff o el golpe de Estado contra Evo Morales.

Infracciones de las plataformas digitales

Bien es cierto que la UE dispone de diversos dispositivos normativos diseñados con el fin de garantizar la implementación de mecanismos adecuados para supervisar posibles infracciones legales de las plataformas digitales dominantes en el mercado e intervenir en consecuencia. Aunque los recientes cambios y medidas adoptados por ‘Meta’ y ‘X’ puedan ser compatibles con la legislación estadounidense, su aplicación en la UE debería ser descartada, dado que las normativas existentes sobre la eliminación de contenido que infrinja la legislación, como los discursos de odio o el contenido destinado a alterar procesos electorales, lo prohíben explícitamente.

Pero, aunque desde Bruselas se reconoce la necesidad de regular el comportamiento de las grandes plataformas digitales, la Comisión enfrenta a día de hoy serias dificultades en la aplicación de la legislación vigente. En particular, la Ley de Servicios Digitales (DSA). La creciente complejidad de la regulación tecnológica, junto a la adopción del marco jurídico angloamericano del derecho de telecomunicaciones y las obligaciones suscritas desde la matriz neoliberal de la OMC, perfilan un escenario difícil de acometer en términos de voluntad y acción política democrática.

En otras palabras, las grandes empresas tecnológicas de Silicon Valley han pisado el acelerador asumiendo explícitamente el rol de actor global soberano en la reconfiguración del orden mundial de manera significativa, sin que desde Europa se responda en justa medida al reto que ello supone.

La transición digital y el control de la información, en este contexto, no solo representan un desafío tecnológico, sino también un reto político, social y ambiental de gran magnitud que evidencia que la Europa social y la propia transición ecológica en el marco de la Carta Social Europea serán letra muerta si no se actúa de inmediato.

La respuesta a esta dinámica imperialista pasa por una mayor regulación, la defensa de la privacidad y la soberanía digital, y la promoción de un espacio digital que sea verdaderamente público y democrático. La vigilancia y la crítica de estas dinámicas son esenciales para salvaguardar la democracia en el siglo XXI y exigen de organismos internacionales como la UNESCO una apuesta decidida por recuperar el espíritu McBride para hacer posible un solo mundo y voces múltiples, para un nuevo orden de la información y la comunicación (NOMIC) donde la tecnología, la red y el conocimiento de la IA sean patrimonio común de la humanidad.

Un primer paso en esta dirección es que la UE asuma un rol de defensa de los derechos a la comunicación democrática y que gobiernos progresistas como el de España contribuyan decididamente a definir una agenda distinta en Bruselas para la propia pervivencia del proyecto comunitario. Es hora de liderar en el seno de la UE una política de soberanía digital frente a las injerencias y el intervencionismo de grandes compañías en la opinión pública de los estados miembros. Frente a la política de la guerra y la tierra de nadie (terra nullius) de los GAFAM debemos impulsar cambios normativos de calado, estructurales, para exigir las obligaciones tributarias, legales y de protección de la libertad de expresión y las libertades públicas de dichas plataformas, en particular civil y hacer transparentes sus criterios de moderación de contenidos, tanto en procesos electorales, como en el debate público, con las consiguientes medidas de suspensión y sanción civil y penal en el caso de reiterados incumplimientos, como viene siendo habitual.

Promover nuevas plataformas digitales

En esta línea, es necesario revisar los acuerdos comerciales y reguladores con las grandes tecnológicas para asegurar que los intereses nacionales, democráticos y ecológicos estén protegidos frente a la creciente concentración de poder económico y político en manos de estas corporaciones. Pero también lo que la imaginación comunicológica de los tecnócratas de la Comisión no imaginan, hay que promover desde ya en nuestro espacio plataformas digitales de dominio público, así como políticas de software libre en la Administración Pública del Estado, para evitar la dependencia tecnológica.

Liderar una política de ciencia y tecnología nacional y europea en materia de IA, cambio tecnológico y cultura digital a medio y largo plazo con un plan plurianual es algo más que replicar dispositivos foráneos e importar conocimiento ajeno. Esto que el ensayista francés Sadin denomina la siliconización de la economía europea ha sido la pauta constante de la Comisión hasta la fecha. Ahora que el Congreso tiene que debatir el proyecto de Ley de Autonomía Estratégica e Industria es el momento de empezar a construir un sendero distinto desde el Sur de Europa introduciendo un capítulo específico para la promoción de medios digitales propios y tecnología soberana, si queremos hacer posible el intercambio y comunicación de nuestro sistema político y económico sin la dependencia tecnológica actual de Silicon Valley.

UNIVERSIDAD S.A.

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Una lección básica de Economía Política es la creación de valor por la producción artificial del principio de escasez y necesidad. Se induce el colapso, por ejemplo, de la sanidad pública y se derivan a los pacientes a las aseguradoras, con el resultado conocido del pogromo neoliberal. En la educación superior de nuestro país, esta lógica de mercantilización sigue el mismo sendero de privatización de un pilar fundamental del Estado de Bienestar, conculcando un derecho constitucional con argumentos insostenibles como el mantra de la libertad educativa.

El problema es que el incremento exponencial de universidades privadas no cumple los mínimos establecidos en el marco normativo vulnerando las reglas del juego al punto de cuestionar el propio sistema universitario español, su calidad y confianza certificadora. El caso más reciente de Extremadura es ilustrativo, como Andalucía, de una deriva que en el fondo ataca el núcleo esencial de este derecho constitucional: la igualdad de acceso y de movilidad social. Y el resultado, conocido. El número de estudiantes matriculados en universidades públicas españolas desciende mientras aumenta el de las universidades privadas que ya han alcanzado en número a las públicas y de seguir esta progresión las superarán en breve. El boom de los campus privados perfila un paisaje de universidades monotemáticas, centros de educación superior corporativos e incluso medios de comunicación con sus masters propios y promesas de empleo en Universidades privadas, como la Europea de Madrid mientras prestigiosas universidades como la Complutense viven al límite de su operatividad institucional por las restricciones presupuestarias y el acoso de un gobierno autonómico que pretende promover una Ley de Universidades dirigida a precarizar y socavar la autonomía universitaria. Y, desde luego, como es tradición en los liberticidas, de Fernando VII a Moreno Bonilla, de Milei a Díaz Ayuso, evitar así todo conocimiento libre, atreverse a saber, siendo como es esta, desde la ilustración, la precondición necesaria para la libertad y el cambio social.

Paradójicamente, el ministerio de Universidades aprobó una norma para evitar las «universidades chiringuito» y endurecer los requisitos para autorizar los campus de nueva creación. El Real Decreto 640/2021, de 27 de julio, de Creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios, fijó los criterios mínimos exigibles de calidad docente y de investigación, como también de equipamientos y de organización, y que todos los centros universitarios del país deben cumplir. Todos, indistintamente su naturaleza jurídica. Las universidades deberán adaptarse y demostrar su cumplimiento antes de 2026. Ello explicaría la aprobación precipitada, en apenas pocos meses, de numerosas universidades privadas, muchas de ellas con informes desfavorables del Consejo de Política Universitaria y de las agencias acreditadoras.

Las universidades privadas han logrado copar así más del 60% de las plazas ofertadas de posgrado. Y, salvo sorpresa, superarán a las públicas en alumnos matriculados de máster este curso. La falta de planificación democrática de la educación superior se ha traducido como resultado en una sobreoferta al tiempo que se abunda en la escasez de plazas en sectores estratégicos como las Facultades de Medicina, donde se viene conformando un pool sanitario privado. El lobby empresarial presiona incluso para que la formación del MIR se pueda acometer en sus propios centros, algunos de los cuales apenas tienen una Facultad de Medicina o titulaciones especializadas en tecnología y cultura digital.

Ante este escenario es hora de que el Congreso adopte medidas decididas en la disyuntiva de la bolsa o la vida, ante la contradicción de fomento y desarrollo del sistema público de educación superior como garante de la igualdad frente a la lógica especulativa del capital que impone la mercantilización de la Universidad, la expansión del capital financiero en la educación superior con total falta de transparencia y en algunos casos fraude de ley en los procesos de aprobación y puesta en marcha de nuevas universidades vinculadas a los intereses creados del IBEX35 en medio de campañas que vienen prodigándose regularmente contra la universidad pública al tiempo que se promocionan programas de grado y posgrado con publicidad engañosa sobre la supuesta excelencia académica no verificada, cuando los informes de las agencias acreditadoras son desfavorables, la investigación inexistente y la inversión especulativa una dominancia en ascenso.

Un dato revelador es que la facturación de universidades privadas y escuelas de negocio en España ha crecido un 44,7% en poco más de cinco años: de 2.255 millones de euros ingresados en 2017 a más de 3.300 millones en 2023. Se crean, compran y venden universidades, participadas por fondos de inversiones, especulando como con la vivienda.

Aunque desde el Gobierno y las Comunidades Autónomas se señale periódicamente que se «revisarán» y «endurecerán» los criterios para la creación de nuevas universidades, la realidad es que el Sistema Universitario Español sigue sin resolver esta situación con el incremento por ejemplo de universidades privadas no presenciales en torno al 10%. No se ha creado una universidad pública desde hace décadas y hay necesidades manifiestas por cubrir por el sistema de acceso universal.

Cuando lo especulativo, que debiera ser una noble tarea de pensar libremente y contribuir al progreso del conocimiento, deviene excepción por el dominio del capital financiero que interviene el mercado, los poderes públicos han de actuar en defensa de la mayoría social. Por ello, desde el GP plurinacional de Sumar hemos defendido iniciativas parlamentarias en línea con las vindicaciones de la Conferencia de Rectores y Unidigna, instando al Gobierno a actuar cuando menos en cinco líneas estratégicas:

  1. La planificación de un sistema financiero plurianual y estable de las universidades públicas que alcance al menos el 1% del PIB para converger con los países de nuestro entorno, evitando el principio de escasez inducida para beneficiar el mercado artificiosamente.
  2. Una moratoria en la creación de nuevas universidades privadas para evitar fraude de ley, como sucediera en la aprobación de centros en Andalucía.
  3. El cumplimiento estricto de los requisitos exigidos legalmente y establecer medidas sancionadoras en el caso de incumplimiento de los requerimientos debidos.
  4. La creación de una unidad fiscalizadora en la Conferencia General de Política Universitaria para la inspección o creación de cualquier universidad privada.
  5. La planificación del mapa de titulaciones y oferta de plazas en el sistema público acorde con las necesidades sociales y no solo en función de la demanda voluble del mercado a fin de configurar una oferta equilibrada, proporcional y universal, cumpliendo así con el precepto constitucional.

La deriva de sociedad anónima en la educación superior, la UNIVERSIDAD S.A., termina devorando la sociedad, anémica, por la destrucción creativa de la dialéctica de la escasez y la sobreoferta. Lo vimos en Estados Unidos, esta política dio lugar al estallido social en Chile y fracasó en el Brasil de Bolsonaro. No nos lo podemos permitir aquí, a estas alturas de la historia. Así que ni gente sin plazas universitarias, ni plazas universitarias sin gente. Actúese.

Seminario «La Televisión y sus Desafíos»: presidente del CNTV propone avanzar hacia una regulación más robusta en lo digital para la protección de las audiencias e infancia

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El Consejo Nacional de Televisión, en colaboración con universidades públicas y privadas, y con el apoyo de la oficina regional de la UNESCO, inauguró esta mañana un seminario para analizar los retos y transformaciones de la televisión en la era digital.
“La televisión no va a desaparecer y en Europa ya se están planteando marcos regulatorios en este nuevo orden de múltiples plataformas”, señaló Francisco Sierra, académico y diputado español.
La directora ejecutiva de TVN, Susana García, hizo hincapié en la importancia de la televisión en el tiempo porque representa la identidad local y porque sus contenidos ya se pueden ver en todas las plataformas.

Miércoles 28 de agosto de 2024 – Esta mañana, el presidente del Consejo Nacional de Televisión, Mauricio Muñoz, inauguró el seminario “La Televisión y sus Desafíos”, junto a la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés y el jefe de educación de la Oficina Regional de Unesco para América Latina y el Caribe, Valtencir M.Méndez. Las tres autoridades resaltaron la importancia de la televisión como medio de información confiable.

La Rectora Devés destacó el ánimo de cooperación interinstitucional en la organización del seminario, “en un contexto educativo donde muchas veces parecen primar las diferencias en un marco de competencia”. En sus palabras, señaló que “la responsabilidad social de la televisión debe seguir siendo un tema de debate relevante, pues sus contenidos tienen efectos individuales y también efectos sociales”. En ese sentido, la Rectora indicó que “para la Universidad de Chile, representada en este encuentro por académicos y académicas de la Facultad de Comunicación e Imagen, la televisión es un medio fundamental de vinculación con la sociedad. Por eso nos hemos esforzado para poner en marcha nuestra señal abierta digital, Uchile TV, que abarca todo el territorio nacional y, por tanto, representa una gran responsabilidad”.

“La televisión no va a desaparecer solo sufre un proceso de transformación debido a la disminución de audiencias y de avisaje por la irrupción de las plataformas. El desafío es la sinergía con las OTT para la emisión de sus contenidos”, recalcó el presidente del CNTV.

La primera charla del seminario estuvo a cargo del destacado catedrático y diputado español, Francisco Sierra, quien se refirió a los dilemas y alternativas del audiovisual en la cuarta revolución industrial. “La alternativa de la tele de pago y en abierto más que ser proveedores de ficción y programas de entretenimiento han de apostar por la innovación como proveedores de servicios integrados. De soluciones tecnológicas, de aplicaciones, de recursos. Un desplazamiento que avance de la smartv a la dialigtv, del HD al internet de las cosas, de la distribución de oferta audiovisual a la generación de procesos creativos”.

Una regulación más fortalecida

Durante la jornada, una de las principales reflexiones se dio en torno a la regulación en este nuevo escenario digital y a los avances de la Unión Europea, donde los países miembros tienen una normativa regulatoria en todos los frentes del internet.

Referente a este tema expuso el consultor del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia, Gabriel Levy. “Hoy si un hijo coge el celular, entra a la red de X de Elon Musk, puede ver cualquier tipo de pornografía simplemente con usar la palabra de la pornografía que quiere ver a las 10 de la mañana, a las 5 de la tarde, a las 6 de la mañana, a cualquier hora del día sin que existan los mínimos controles de protección parental. Y lo mismo puede ocurrir con contenido sensible, xenofóbico, racista en TikTok. Eso no ocurre con la televisión chilena. La televisión chilena protege a las audiencias de eso. La televisión chilena garantiza la inclusión de las personas”

Los asistentes tuvieron la oportunidad de participar en cinco mesas de discusión y cuatro charlas magistrales impartidas por académicos y académicas y representantes de la industria.

En las mesas destacó la participación de representantes de la industria como la presidenta del Directorio de Canal 13, Carolina Altschwager; la directora ejecutiva de TVN, Susana García; el VP, GM Paramount Chile y el CEO Chilevisión, Iñaki Vicente; y la Presidenta de la Asociación Regional de Canales de Televisión (ARCATEL), Natalia Araya. Además de académicos y académicas provenientes de las universidades organizadoras.

Y en las charlas magistrales, además del catedrático y diputado español, Francisco Sierra Caballero, con la charla internacional, “El futuro de la televisión: Derivas, dilemas y alternativas del audiovisual en la cuarta revolución industrial”; del periodista Juan Carlos Valdivia, y su charla “35 Años de TV: Pasado y Futuro”; de la cineasta Alicia Scherson con “La universidad como motor creativo de la televisión: del Canal 9 a UCHILE TV”; y del influencer y generador de contenidos, Marcelo Von Gierke, más conocido cómo Barón Von Vonstar.

Sumar propone impulsar leyes que regulen los medios para «garantizar su independencia»

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Sumar va a presentar un proyecto no de ley en el Congreso que dibujará, por primera vez, la regulación de los medios de comunicación. El Gobierno anunció una ley de medios que presentará este mes, pero de la que no ha detallado nada. Las seis iniciativas que incluye el documento del socio de Ejecutivo, al que ha tenido acceso Confidencial Digital, aborda desde promover ayudas públicas a los medios para garantizar su independencia económica y la pluralidad informativa, hasta regular la inteligencia artificial para evitar la «robotización» de las redacciones.

Desde Sumar establecen dos objetivos claros: comenzar a alentar políticas que regulen los medios de comunicación y tengan por objetivo garantizar su independencia y fomentar el pluralismo informativo. Legislar para favorecer que la cuota informativa no quede en manos de pocos medios y proteger la diversidad en el sector. La formación admite que los grupos políticos llegan tarde y que debieron atajar antes unas reformas que consideran fundamentales para la «regeneración democrática» del país, aseveran desde Sumar.

El sentido de estas propuestas es instar al Gobierno a seguir estas políticas, de modo que aún falta por concretar cómo se atajarían estas reformas. Desde Moncloa siguen sin dar pistas ni concretar en qué se transformará la ley de medios que anunciaron a finales de abril, después de los cinco días de reflexión que se tomó el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tras la imputación de Begoña Gómez, mujer del presidente.

Una PNL con seis líneas de actuación

El documento que presentará Sumar esta semana en la Cámara Baja bajo el título «medidas urgentes para dignificar e impulsar el periodismo» ataja por primera vez la regulación de los medios, anunciada por el Gobierno como «gran causa nacional». El documento está elaborado íntegramente por Sumar, sin intervención de los socialistas, y recoge las propuestas de, —entre otras—, las asociaciones de prensa de Andalucía.

La formación política establece seis objetivos. No se concreta la manera exacta de alcanzarlos porque la naturaleza de una PNL es, simplemente, instar al Ejecutivo a adoptar una serie de medidas en este sentido. Un planteamiento que tiene lógica, pues se presenta a pocas semanas de que Moncloa o el grupo socialista en el Congreso presenten su ley de medios.

Dar ayudas a los medios para luchar contra la precariedad

Una de las líneas de actuación más llamativas es la número seis. Sumar sitúa en el centro de sus propuestas que las instituciones públicas actúen contra la precariedad económica que atraviesa el periodismo. La formación consideran que la salud financiera de los medios es directamente proporcional a su independencia e instan a aplicar «políticas contra la precariedad de los profesionales de la información» que «protejan la independencia de los periodistas tanto en los medios privados como en los medios públicos».

Aunque aún es pronto para afirmar qué medidas quieren ejecutar para conseguirlo, sí se plantean dar ayudas directas a los medios de comunicación para hacer frente a esta precarización que alcanza a los profesionales, según confirman a ECD fuentes de la formación. En Sumar miran como referencia modelos como los que rigen los países nórdicos, donde la aportación con dinero público es una fuente de ingresos más de los medios y afloja la independencia de los mismos de la publicidad institucional o comercial.

De momento, la PNL solo habla de implementar ayudas a los medios comunitarios. Se trata de publicaciones «sin ánimo de lucro, no son públicos ni comerciales, y surgen a partir de colectivos y asociaciones de vecinos, comunidades o barrios», explican desde Sumar. Pero no recoge como propuesta dar ayudas a los grandes medios comerciales. La concreción de este punto de la PNL se debatirá en las próximas semanas, cuando el equipo de Sumar se reúna con editores y asociaciones de prensa para aterrizar y plasmar al detalle cómo colaborar desde las instituciones a frenar la «precarización» del sector.

Igualdad de género en los altos cargos

También llaman a impulsar «medidas de igualdad de género en los puestos directivos» de los medios de comunicación. Un informe de la agencia internacional Reuters publicado a comienzos de este año resalta que en España, las mujeres ocupan solo el 20% de los puestos directivos del sector, mientras que representan el 40% de las redacciones.

Enseñar a identificar bulos

El documento aboga, en primer lugar, por «diseñar un plan de alfabetización» para que la ciudadanía esté mejor preparada en la lucha «contra la manipulación informativa y la desinformación». Fuentes de Sumar explican que una de las posibilidades sería que los profesionales impartan clases a los más jóvenes para ayudarles a identificar los canales oficiales de información, consultar informaciones contrastadas y esquivar todas las noticias falsas que abundan en las redes sociales: la principal fuente de consumo en estas edades.

El propio Sánchez también ha puesto en el foco la lucha contra los «pseudomedios» —como los denomina el presidente— por difundir «bulos» sobre su esposa. El líder socialista ha incidido en la necesidad de revisar la publicidad institucional que reciben dichos digitales y profundizar en la transparencia de los mismos, para conocer quiénes son sus dueños y cómo se financian. En Moncloa consideran que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular riegan con dinero público a los medios afines «que después publican estos bulos contra el entorno del presidente», afirman altos cargos del Gobierno a ECD.

Una ley sobre transparencia en la publicidad institucional

En Sumar defienden que ambos partidos, tanto el PP como PSOE, hacen un uso discrecional de la publicidad institucional para favorecer a determinados medios en función de su línea editorial, y en consecuencia, llaman a abordar esta problemática en el segundo punto de la PNL. En concreto, el documento insta a «impulsar una ley de transparencia de la publicidad institucional que afecta al equilibrio y a la financiación de los medios de comunicación».

El equipo de Sumar en el Congreso, afirma que el objetivo último es poner fin a la discrecionalidad con la que los partidos favorecen a medios afines y establecer una serie de baremos objetivos que deban cumplir todos los Ejecutivos municipales, autonómicos y el poder central, para evitar cualquier trato de favor.

Recuperar la reforma de la ley mordaza

La tercera propuesta de Sumar pasa por una reforma que se quedó en el cajón en la pasada legislatura: la ley de protección de seguridad ciudadana o ‘ley mordaza’. Los grupos de investidura abordaron su derogación, que finalmente se transformó en cambiar la norma, no en eliminarla. Pero Esquerra Republicana y EH Bildu no quisieron aceptar las modificaciones que proponía el PSOE, o más bien, la negativa de los socialistas a reformar artículos de la ley que los independentistas consideraban claves para poner fin a los «aspectos más lesivos» de la misma.

La presión de los sindicatos policiales fue enorme: celebraron manifestaciones en Madrid en las que fletaron autobuses de toda España cuando la reforma aún era un borrador y no se había puesto en marcha. Incluso hubo una fuerte división entre las asociaciones de las fuerzas de seguridad del Estado. Por un lado, las que llamaban a concentrarse de nuevo, y por otro, las que abogaban por esperar a ver qué documento salía de la Comisión de Interior en el Congreso, como adelantó ECD. Finalmente, no salió ninguno.

En Sumar consideran fundamental reformar la norma porque «afecta a la libertad de prensa y el ejercicio autónomo de los profesionales de la información», como reza el texto que van a presentar.

Lucha contra la llegada de la IA y proteger el secreto profesional

La irrupción de la Inteligencia Artificial ha supuesto una revolución en muchos sectores de la sociedad. Desde la educación hasta la cultura; y el periodismo no queda exento de ello. Por eso, Sumar ha reservado uno de los seis puntos de su PNL a la lucha contra el «uso inapropiado» de la IA. Un apartado que en Sumar denominan la «robotización de las redacciones» y que relacionan también con la precarización del sector.

La iniciativa busca poner coto a esta tecnología para que no sustituya a los redactores. La formación asegura que se han detectado numerosos casos en los que la inteligencia artificial ya elabora artículos automáticamente que antaño correspondían a un periodista, con el riesgo de sustituir a los profesionales por esta nueva tecnología.

Además, también pretender elaborar una ley que proteja el secreto profesional, más allá de las breves referencias en el Código Penal que actualmente protegen al gremio de revelar sus fuentes. Pero desde Sumar afirman que no tiene un desarrollo normativo que consideran elemental para proteger a los profesionales. También añaden que ha habido quejas en los últimos años de distintas asociaciones de periodistas por situaciones en las que no se ha blindado lo suficiente este derecho.

Entrevista en Radio Universidad de Rosario. ABC de la Ciencia

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Daniela Monje (Universidad Nacional de Córdoba) y Francisco Sierra Caballero (Universidad de Sevilla).

Los derechos ciudadanos a la comunicación, las políticas públicas de regulación en el contexto de circuitos de comunicación dominados por las plataformas y sus lógicas, los enunciadores de los discursos que circulan. Un debate contemporáneo urgente, una asignatura pendiente.

Regular la Comunicación: El camino que garantiza derechos ciudadanos. La Oreja Libertaria, Radio Pichincha

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Nombre del programa: LA OREJA LIBERTARIA
Productor: Colectivo Espejo Libertario
Medio de difusión: Radio Pichincha
Tema: Regular la Comunicación: El camino que garantiza derechos ciudadanos
Invitados: Francisco Sierra, ex Director de CIESPAL
Hernán Reyes, catedrático
Conductores: Luis Onofa, periodista. Leonardo Parrini, periodista.

 

La era Netflix

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La era Netflix es la postelevisión a la carta, un tiempo marcado por la voluntad de autonomía del espectador. Los datos de demanda apuntan a que el 30 por ciento de los hogares de todo el mundo tendrán Netflix en pocos años. De nada servirá el boicot de Hollywood a este gigante del audiovisual. Ni la exigencia de las cadenas de televisión en España de que dediquen el 5 por ciento de sus ingresos a producir cine en español.

Los nuevos procesos de integración y concentración de operadores como HBO o las estrategias de Apple y Facebook dan cuenta de una realidad, la de las plataformas digitales, que ha venido para quedarse y que requiere soluciones imaginativas de los poderes públicos para regular y evitar la uniformidad del negocio que ya se está observando como con los autos UBER en la ciudad de San Francisco.

En los últimos meses, el debate sobre la tributación en España de plataformas como HBO y la citada Netflix dan que pensar en este sentido. La propuesta de una tasa Google o financiar el servicio público de la RTVE a través de impuestos directos a estas plataformas es posible y necesario.

Debido a un sistema impositivo precisamente nada o poco progresista, estas grandes compañías, merced al sistema público aplicado a las sociedades, aportan a la Hacienda Pública menos de 50.000 euros, en proporción cien veces menos de lo que tributa un trabajador precario.

Mientras plataformas nacionales como Filmin declararon más de dos millones y medio de facturación, las empresas de origen estadounidense eluden sus obligaciones por la existencia de paraísos en la propia Unión Europea (UE), como Irlanda o Luxemburgo.

De Apple y el vendedor de chatarra, Steve Jobs, al imperio Amazon, el acoso y derribo a la Hacienda Pública corre pareja a la imposición de monopolios y a la explotación de mano de obra barata sin que la Comisión Europea tome seriamente cartas en el asunto. Llevan de hecho anunciando medidas contundentes una década mientras los gigantes globales de la comunicación amenazaban de muerte la diversidad audiovisual.

Si hasta 2022 no habrá armonización en el IVA en el espacio euro, imaginen una regulación sobre la tributación de sociedades y los paraísos fiscales en el espacio de la UE. Es probable que, ya para esa fecha, Netflix domine el mercado de consumo y producción audiovisual y que España, su industria fílmica, sea una mera maquila del gran emporio que se está fraguando.

Eso sí, podemos seguir pensando en la trama de Juego de Tronos cuando la verdadera compleja narrativa que nos afecta y se cobra víctimas es la de los nuevos oligopolios culturales.

Mientras el cine está siendo revolucionado, la cultura streaming se impone como norma en el consumo de ficción audiovisual; se mezclan formatos, la televisión es serie de ficción, las series cine de folletín, los actores no sabemos si hacen cine, series televisivas o son como Keanu Reeves: personajes de videojuegos como Cyberpunk 2077.

Todo es confuso e hibridado. La cuestión es qué política cultural hemos de diseñar a nivel del Estado, las regiones y la propia UE cuando nos hemos convertido de satélites en un espacio colonizado por el americanismo, que impregna incluso los criterios de asignación de ayudas del antiguo Plan Media.

En definitiva, en la era del capitalismo de plataformas hay que centrar la mirada, más allá de la tributación, en la estructura de la información, siendo conscientes de que el problema de la propiedad intelectual no puede ser restringido al derecho, al medio contractual de legislaciones, tratados y monopolios cognitivos, que favorecen la jurisprudencia angloamericana y su biopiratería.

En otras palabras, tenemos el reto de pasar del derecho positivo a la política. En juego están los bienes públicos comunes (cultura, información, saber, educación). El bien patrimonial a este nivel es un bien de lo procomún que se caracteriza por la indivisibilidad de su oferta por la que cada miembro de la colectividad consume en su totalidad este bien o este servicio, o se beneficia de la existencia de determinado stock de este tipo de bien.

En la era Netflix, tal lógica se amplía geométricamente y hace necesaria una política de comunicación activa que nunca puede estar disociada de una política de enseñanza y de investigación científica, recíprocamente. En palabras de Mattelart, no habrá sociedad de saberes sin interrogarnos sobre los procesos de concentración capitalista de las industrias culturales que, si nosotros no las resguardamos, corren el riesgo de prefigurar las lógicas estructurales en los modos de implantación de los dispositivos del saber.

Las grandes instituciones internacionales se resisten a esa visión integradora y me temo que, además de Bruselas, nuestro Gobierno y hasta nuestras universidades, entregadas a Microsoft y al Imperio Google, han renunciado a sus responsabilidades institucionales. Es hora, pues, de organizar la resistencia.