El festival del disimulo

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En Eurovisión 2024, la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) solicitó excluir a Israel del Festival por el genocidio en Gaza. La respuesta tanto de RTVE como de la UER fue subrayar el carácter apolítico del evento. Un año antes Eurovisión había excluido a Biolorrusia porque “infringía las reglas que garantizan que el concurso no se instrumentalice ni se desacredite” e igualmente se hizo con Rusia en el contexto de la invasión de Ucrania. Este año Israel lleva a una superviviente del 7 de octubre. Hablando de instrumentalizar una candidatura no parece aceptable, aplicando los mismos criterios, que se autorice su concurso. Hay razones fundadas para impedir su participación, y no solo por la condena pública de un gobierno extremista y genocida como el de Israel. La cadena pública KAN 11 es el brazo armado de la propaganda del gobierno de Netanyahu, perseguido por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Hablamos de un escaparate de las acciones del ejército y el gobierno de Israel, cuyos contenidos aplauden y ensalzan a su ejército, la ocupación ilegal de Palestina, por mandato divino, y la limpieza étnica. Todo un ejemplo de mala praxis contrario a los valores de paz que, como recomienda la UNESCO, ha de definir el trabajo periodístico en defensa de la humanidad y los Derechos Humanos.

Un somero análisis de los contenidos de la cadena israelí constata que el canal incumple los propios estatutos de la UER que obligan a “desarrollar la diversidad cultural, el diálogo intercultural y los intercambios para promover la tolerancia, reforzar la identidad de los pueblos, la cohesión social y la integración de todos los individuos, grupos y comunidades”. Kan 11, en cambio, emite y publica constantemente contenidos racistas y de apoyo y apología de la limpieza étnica, la ocupación y el asesinato de civiles, sin mostrar ningún cuestionamiento o un ápice de crítica sobre la barbarie en Gaza y los territorios ocupados. Ello ha motivado movimientos de protesta en Islandia, Finlandia y otros estados europeos. El malestar ciudadano en España ya fue más que notorio el pasado año y hoy la sociedad civil mandata a RTVE que excluya a Israel solicitando en los órganos de la UER la supresión de la participación en Eurovisión, por los crímenes del gobierno que respalda con sus mensajes políticos, manifiestamente sionistas, y una apuesta de representación en el concurso dirigido a utilizar el evento como una estrategia de propaganda y blanqueamiento de la guerra de exterminio desplegada en Palestina. En esta línea, teníamos a bien, el pasado mes solicitar durante su comparecencia al Presidente de la Corporación, José Pablo López, un claro posicionamiento de RTVE en defensa de la paz solicitando la expulsión de la cadena KAN 11. El reciente Consejo de Administración ratificó por mayoría absoluta esta solicitud. Probablemente, la UER no atienda la petición de RTVE. Ahora, los conflictos y tensiones que se generaron el año pasado no pueden repetirse de nuevo. Compete a la UER evitarlos, y a RTVE cumplir con la voluntad mayoritaria de la ciudadanía española. La edición pasada fue calificada como la peor o una de las peores que se han vivido en la historia del Festival y no sólo afectó a la ciudad sede, sino a todos los participantes, y desde luego al público en general. Este año la situación está aún más caldeada porque la actuación de Israel viola de todas las formas posibles el derecho Internacional y humanitario, liberado, con la llegada de Trump a la Casa Blanca, de todo compromiso en su voluntad de exterminio del pueblo palestino.

El doble rasero de mantener a Israel cuando se expulsó a Rusia y Bielorrusia, no solo desacredita a la UER y a las cadenas que forman parte de ella., sino que socava los principios de la UNESCO y el sentido del servicio público y su función social. Las víctimas de esta ignominiosa proyección musical no perdonarían semejante despropósito, como la canción de Israel y su aparato de propaganda no podrá ocultar que el gobierno de Netanyahu está siendo investigado por genocidio contra más de dos millones de personas en Gaza, con dictámenes condenatorios de la Corte Internacional de Justicia y de Naciones Unidas, que le ordenan su retirada de los Territorios Ocupados. Su primer ministro Netanyahu y su exministro Yoav Gallant tienen una orden de arresto por la Corte Penal Internacional. Son muchas las resoluciones de la ONU que llevan décadas recordando los crímenes que comete Israel en Palestina y su intención declarada es completar la limpieza étnica de Gaza. Es hora pues, en tiempos de tinieblas, de acompañar los pasos de la sociedad civil española y elevar una voz de protesta por parte de RTVE. No sólo sería un gesto de dignidad sino la condición para contribuir desde la Teledetodos a un mundo justo y en paz. Si no somos congruentes con las normas que nos dotamos, si se celebra una gala como la de Eurovisión mientras se atenta a diario contra el derecho humanitario sin más, con presencia israelí, la televisión pública será cómplice de la barbarie. No nos esperen más al otro lado de la pantalla, la confianza se quiebra definitivamente con actitudes pusilánimes o indiferentes. Este es un tiempo de hechos y no de promesas, de canto y no de cante. Es hora, en fin, de defender la paz y la palabra, y dar aliento a un pueblo que resiste y sufre en soledad el pogromo terrorista.

La guerra de la información

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El arranque del Telediario del martes 25 de marzo empezó informando del Kit de Supervivencia, la ocurrencia de la comisaria Von der Layen y sus tecnócratas a sueldo del lobby industrial-militar del Pentágono. Contraviniendo las normas deontológicas y el propio libro de estilo de RTVE, se hizo un improcedente ejercicio de alarmismo y de propaganda belicista que alimenta la espiral del miedo. Están en ello de acuerdo el duopolio televisivo y los medios públicos en manos del bipartito.

La dirección de informativos debiera saber que la guía elaborada por la Comisión Europea para instarnos como ciudadanía “a sobrevivir 72 horas” a una guerra, crisis climática o ciberataque “hasta la llegada de una ayuda externa” no tiene por objeto otra motivación que justificar lo injustificable: la escalada militar y la compra de armamento en beneficio de Estados Unidos e Israel.

Pero las órdenes de Moncloa parece que son más poderosas que el sentido común. Siempre hemos confiado en los profesionales de RTVE, pero conviene recordar a sus responsables que una corporación y servicio público audiovisual presupone rigor, servicio a la sociedad y valores fundamentales que son contrarios a seguir guiones escritos por gabinetes de prensa o lobbies económicos.

Ahora que los medios son altavoces de los miedos para armar la guerra por otros medios, conviene no olvidar que los principios de servicio público audiovisual contemplan la promoción de los valores de paz. Alinearse en el discurso con Trump, el genocidio criminal de Gaza o justificar el rearme con la propaganda de la OTAN es contrario a las normas de obligado cumplimiento de la RTVE.

Un telediario basado en periodismo de declaraciones o contenidos enlatados, así sea del equipo de Von der Layen, va en contra de reflejar en la programación un decidido compromiso con el europeísmo, con el civismo, con la redistribución de la riqueza, la cooperación internacional y la lucha para erradicar el hambre y la miseria.

Más aún, la cobertura hipostasiada de la escalada militar y el discurso bélico que realizan los servicios informativos no cumple los criterios de la UNESCO, ni las normas que se ha dotado el Consejo Profesional. Y lo más grave: apuntan a una función de colaborador necesario con la geoestrategia necropolítica del Imperio.

Recientemente, el profesor Wesam Amer, investigador de la Universidad de Cambridge, ha demostrado cómo los medios occidentales se han alineado con las narrativas sionistas, distorsionando el conflicto según los intereses del gobierno criminal de Netanyahu.

Falta contraste, fuentes plurales, compromiso con el Derecho Humanitario y seguir las directrices de la UNESCO con una apuesta firme y decidida por un periodismo para la paz, preventivo, y no lo contrario, por ejemplo, cuando se invisibiliza al pueblo palestino o hacen desaparecer de la agenda informativa al pueblo saharaui.

El Código Internacional de Ética Periodística de la UNESCO, aprobado en París por todas las organizaciones y gremios profesionales, marca en este sentido una línea de actuación a vindicar en tiempos de atronadores tambores de guerra. Primero, que la ciudadanía tiene derecho a una información verídica.

Toda persona tiene el derecho a recibir una imagen objetiva de la realidad por medio de una información precisa y completa, que le permita expresarse libremente a través de los diversos medios de difusión de la cultura y la comunicación. No sesgos como el de los titulares del kit de supervivencia.

En segundo lugar, es preciso una militancia por la verdad. La tarea primordial del periodista es la de servir el derecho a una información verídica y auténtica por la adhesión honesta a la realidad objetiva, situando conscientemente los hechos en su contexto adecuado.

La guía de Von der Layen es cualquier cosa menos información. Se trata de mera propaganda de la OTAN, sin criterio, descontextualizada y con sesgos notorios no tratados convenientemente por los servicios informativos de la RTVE. Y, por último, los medios han de trabajar por la paz y la eliminación de la guerra y otras grandes plagas a las que la humanidad está confrontada.

El compromiso ético por los valores universales del humanismo debe ser la guía de acción contra toda forma de apología o de incitación favorable a las guerras de agresión y la carrera armamentística, especialmente con armas nucleares, y a cualesquiera otras formas de violencia, de odio o de discriminación, especialmente el racismo hoy normalizado en los medios.

Hace unos pocos días se estrenaba en Sevilla el documental de Pilar Távora, La gran redada, sobre la estrategia de genocidio contra el pueblo gitano del Marqués de la Ensenada. El antigitanismo y la razzia racial cotiza al alza en la era del capitalismo financiero especulativo.

Como en la República de Weimar, es preciso apretar las filas y buscar un chivo expiatorio para mantener entretenido al personal mientras el muro de Wall Street liquida la vida de los más pobres y de la clase media acomodada. Dispone para ello no solo de bases militares, y terminales mediáticas, sino de un contingente de escuadristas, con portavoces en el Congreso, que ignoran que todo código deontológico periodístico pasa por la cultura de paz, la diversidad y combatir los discursos del odio.

Sorprende que este clima interesado de opinión permee también la cobertura de RTVE. Se echa en falta, sistemáticamente, atender estos valores y principios por parte de los directivos del ente público. Quizás están preocupados por La familia de la tele, dicho irónicamente, la de los productores de La Fábrica –ha de imaginar uno, pues todo se externaliza por sistema–.

Y así hemos llegado a confundir el servicio público con el modelo Berlusconi, aun cuando explícitamente, los principios de programación de la Corporación, señalan que la RTVE deben atender a la inmensa mayoría sin perder la calidad de los contenidos ni los vectores del mandato marco y la voluntad de servicio público que da sentido a la función social de los medios públicos.

“El fin debe ser el cumplimiento de los propios objetivos” y no vulnerar sus principios constitutivos por un programa que ganará audiencia pero que, a todas luces, socava, como MasterChef, principios constitucionales básicos, valores cívicos de convivencia en común, además del pluralismo interno, la diversidad lingüística y cultural y la cohesión territorial.

Los trabajadores y profesionales de TVE Extremadura ya han manifestado su rechazo frontal a esta deriva impulsada desde la presidencia de la Corporación. En los últimos días se han sumado USO y Comisiones Obreras. Adelantar el inicio del primer informativo a antes de las 14.00 de la tarde y, además, sumar la carga añadida de una ronda informativa diaria en directo por cuatro comunidades autónomas antes de su arranque no puede estar supeditado a una parrilla de programación pensada para el éxito comercial.

Son numerosas las alteraciones y vaivenes de una política que empieza incumpliendo las normas debidas de información a la audiencia, que tiene derecho a saber los horarios de la oferta programática con antelación, y termina por malversar el sentido de servicio público para impulsar el entretenimiento de la tarde con figuras como María Patiño y Belén Esteban.

Quienes defendemos la democracia radical, sabemos que la mejor apuesta de los medios públicos es la comunicación enraizada, de proximidad, apostando por la producción local e independiente, impulsando los centros territoriales, no solo el de San Cugat, sino también de Valencia, Canarias y, desde luego, Andalucía.

El servicio público audiovisual exige cumplir principios de diversidad cultural, calidad de programación y, también, cada vez más, diversidad territorial. No queremos una RTVE hecha desde Madrid o Barcelona. Tiempo de realizar pues la norma que rige el ente público, tiempo de pensar más desde el sur y desde abajo, lo que no significa la apuesta por la chabacanería y la vulgaridad. El vulgo, la gente común, espera y desea otra cosa. Es cuestión de escuchar. Pido, pues, la paz y la palabra. Para todos, todo; nada para nosotros.

Sumar pide a RTVE que no venda «motos de la OTAN» y levante el veto a la información sobre el Sáhara

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Izquierda Unida, integrada en el grupo plurinacional de Sumar, pedirá el lunes al presidente de RTVE José Pablo López que la corporación deje de “vender motos de los kit de supervivencia” de la OTAN y levante el veto a la información sobre el conflicto del Sáhara Occidental en la programación del ente público. Trasladará el ruego aprovechando su comparecencia periódica en la comisión mixta de control parlamentario de RTVE.

“Hay que exigir que los medios públicos cumplan su labor de defensa de la paz, del derecho internacional humanitario y que no nos vendan relatos y motos de la OTAN sobre el kit de supervivencia”, señaló Francisco Sierra, diputado de Sumar, en la jornada “Cómo poner el conflicto saharaui en la agenda informativa” celebrada este viernes por la asociación Frontera Cero en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla.

Sierra, portavoz de Sumar en la citada comisión mixta, calificó a la OTAN de “organización criminal terrorista que vulnera sistemáticamente el derecho internacional y que debiera haber desaparecido hace tiempo” y que, a su juicio, “opera en guerras como la de Ucrania para destruir la Unión Europea como competidor”. “Nosotros como Izquierda Unida, como grupo parlamentario de la izquierda plurinacional, hemos sido claros y tajantes a este respecto”, deslizó Sierra, catedrático de teoría de la comunicación de la universidad hispalense.

“El lunes tenemos una sesión de control de RTVE y justamente voy a exigir al presidente de la corporación que se acaban los kit de supervivencia y que hable de lo esencial: del derecho humanitario del pueblo saharaui, del derecho humanitario del pueblo palestino, es decir, de la hoja de ruta que marca la Unesco y el propio libro estilo de RTVE”, avanzó. “Se debe fomentar el diálogo entre los pueblos, la cultura de paz y la defensa de los derechos humanos. Ahí tenemos un frente por desarrollar, porque aunque hay editores que toman decisiones contrarias y establecen cercos, los redactores tienen una grieta donde podemos intervenir en la creación de fuentes”, apuntó al abordar los diez ejes sobre los que considera que se puede actuar para situar en la agenda informativa conflictos invisibles como el del Sáhara Occidental.

La «segunda traición» del PSOE y el veto en RTVE

Durante su intervención, Sierra denunció lo que considera el veto existente en la televisión pública para informar sobre el Sáhara Occidental, en el marco de un histórico cambio de posición en el conflicto del Sáhara Occidental que calificó de “segunda traición” del PSOE a los saharauis tras la inicial de Felipe González. “El bloqueo informativo y la propaganda marroquí ha relegado prácticamente el conflicto del Sáhara Occidental. No está en la agenda de la prensa internacional y evidentemente la presión sobre Marruecos para cumplir las resoluciones de la ONU es inexistente porque un problema que no se enuncia ni aparece deja de ser un asunto público, por tanto, no hay acción política”.

“Se ha logrado la deslegitimación de la causa en los medios por razones incluso espurias. Si hablamos de la prensa española, por razones de realpolitik. Es tanto como decir que con la Realpolitik no debe haber derecho alguno, internacional, humanitario, ni derecho público por razones pragmáticas. Se trata de un disparate pero a esos extremos se ha llegado en las diferentes tertulias. Y la censura de la violación de derechos humanos y los territorios ocupados perpetúa la impunidad de Marruecos, silenciando la voces de activistas, especialmente de valientes mujeres y la lucha en general del pueblo saharaui y de las organizaciones sociales de solidaridad y de activismo que defienden una causa justa. Esto ha tenido coste también para el Estado español”, detalló.

El silencio de su socio de coalición, advirtió Sierra, está vinculado a una posición más general en asuntos internacionales y de apuesta por las alianzas tradicionales. “El PSOE históricamente ha mantenido una posición otanista y de apuesta por la guerra. Tenemos que avanzar en este escenario en el que por fin han descubierto y han visto la luz muchos europeos, incluso de derechas, de que no somos aliados de Estados Unidos y que no somos fiables para Estados Unidos”, arguyó.

El «sector derechista» del Gobierno de coalición

Sierra presumió del papel de Izquierda Unida en la rescisión del contrato del ministerio del Interior con una empresa militar israelí para la compra de munición.”En el caso de Gaza la acción de Izquierda Unida ha garantizado no solo lo que sucedió esta semana, sino que muchos de los atraques que hay de barcos con dirección a surtir de armamento la guerra contra el pueblo de Gaza día a día se denuncien en la Audiencia Nacional”, subrayó.

Una labor que -considera- ha puesto en aprietos al “sector derechista del Gobierno”, representado por los ministerios de Defensa e Interior. “Tienen serios problemas y también Exteriores respecto a la posición en el genocidio que se está desplegando contra el pueblo palestino”, indicó.

Firme defensor del activismo para sacar del ostracismo causas como la saharaui, Sierra apostó por introducir sanciones contra la desinformación en el plan de acción que elabora el Gobierno. “Sanciones a los periodistas, con modificación de Código Penal, para que cuando desinformen, manipulen, cosa muy habitual en España entre la prensa, tengan responsabilidades penales, civiles que son insuficientes a día de hoy con todo lo que encontramos en los medios. Esto podría permitir que se sancionen a determinados medios y periodistas que han actuado como agentes de Marruecos en defensa de intereses ilegítimos desde el punto de vista del derecho internacional”, concluyó.

La ‘Operación López’ y la urdimbre de la tutela informativa

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La apuesta por la autonomía y gobernanza democrática de Radiotelevisión Española (RTVE) y de los medios públicos en España es una tarea inaplazable, por más que el debate público en nuestro país parezca anclado en el siglo XX –hablando de ETA– o, a veces, en el XIX –cuando se trata de la monarquía y la relación con las antiguas colonias–.

El caso es que el Plan de Acción Democrática nos ha situado ante el reto de cambiar de pantalla. Y no parece que las fuerzas mayoritarias del bipartito se hayan dado cuenta del cambio de marco en el que estamos. Hace meses advertimos que el cese de la presidenta interina, Elena Sánchez, ponía en evidencia un modelo fallido de gobernanza, el del PP/PSOE, y que era hora de apostar por un esfuerzo de consenso, transparencia y buenas prácticas para garantizar una dirección independiente, profesional y con capacidad de adecuar la televisión pública a los retos del futuro de la economía digital, tal y como exige el Reglamento Europeo de Libertad de Medios. Hasta la fecha, PP y PSOE nada han hecho. Y el Real Decreto convalidado por el Congreso es una errática respuesta a la lógica de bloque institucional de la derecha.

Si el concurso público para la elección de la Presidencia y el Consejo de Administración fue una ocasión fallida para desgubernamentalizar el ente, hoy la falta de dominio del bipartidismo debiera ser la ocasión, si de una dirección independiente hablamos, para plantear retos urgentes que PP y PSOE no han cumplido como fuerzas mayoritarias en el Congreso, manteniendo la situación de excepcionalidad en el marco europeo que debe superarse resolviendo de inmediato:

  1. La aprobación de un mandato marco renovado y posterior aprobación del primer Contrato-Programa entre el Gobiernos y la Corporación RTVE.
  2. Un pacto de Estado para la democratización, financiación y estabilización de la RTVE con el fin de acometer los retos tecnológicos de la convergencia digital.
  3. Reforzar la producción propia y la activación de centros territoriales como el de Andalucía con la paralización urgente de la externalización de programas, formatos y medios.
  4. Cumplir el mandato constitucional del Artículo 20 de acceso y participación con la constitución de un Consejo Ciudadano conformado por representantes de la sociedad civil (sindicatos, asociación de consumidores, organizaciones de defensa de la audiencia, academia) que proponga y evalúe el desempeño del servicio público audiovisual de RTVE.
  5. Democratizar la gestión interna del ente retomando órganos como la Mesa de Producción Propia con el espíritu que se ideó.

Quienes siempre hemos defendido las políticas de comunicación, estamos convencidos de que, más pronto que tarde, esta dinámica cambiará, sea por acción comprometida de profesionales y sociedad civil o por obligación, al tener que cumplir el Reglamento Europeo de Medios.

La Operación López, que algunos irónicamente la tildan de simulada revuelta, en la que están empeñados tanto el PSOE como pareciera que el PP, y hasta los de Pablo Iglesias, no será sostenible en el tiempo, por más que el modelo patriarcal de dominio caciquil dentro y fuera de la Corporación trate de pervivir en el tiempo capturando el dominio público y lo común.

El viejo topo de la historia opera lentamente, pero de forma irremisible. Incluso allá donde parece que nada pasa y todo sigue igual, como en Andalucía. En Galicia, se ha movilizado el personal contra la manipulación del PP; otro tanto sucede en Telemadrid y, mientras tanto, en la RTVA, el informe del Consejo Profesional de Canal Sur ha denunciado la deriva privativa y decadente de los responsables de la tele de todos los andaluces.

Más de 400 ejemplos en el que Andalucía y los andaluces han dejado de ser el centro de la televisión pública y han sido desplazados por una agenda ideológica al servicio de intereses políticos. En suma, los Servicios Informativos de Canal Sur han abandonado su misión de servicio público, la información veraz, plural, rigurosa, imparcial e independiente a que obligan el Estatuto de Autonomía, la Ley de la RTVA, el Contrato Programa, la Carta de Servicio Público y el Estatuto Profesional, abonado como está históricamente la derecha ultramontana a la censura, la propaganda y el modelo Fox News que anticipara Urdaci.

En la RTVE es previsible que vuelvan los viernes de negro y, mientras tanto, unas pocas voces no conseguimos cambiar la lógica de la Cámara con debates de altura para mejorar nuestro sistema público audiovisual. Francamente, no nos lo merecemos, ni la UE lo admite. Tiempo de mudanza pues.

Compadecencia

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A día de hoy no sabemos sin en el Congreso de los Diputados priman las comparecencias o las compadecencias. Tiendo a pensar que esto último, y no por decencia en común, ya quisiéramos, sino por acompañar obligatoriamente el principio de rendición de cuentas, a veces sin cuentos, ni contar nada, pero padeciendo en primera persona del singular, al cargo que le toque en suerte.

Uno, que es militante del principio esperanza, tiende a pensar que el viejo topo de la historia hará su trabajo. Mientras, a corto plazo, toca disputar la guerra de posiciones, en la trinchera que nos ha tocado en suerte ejercer como diputados: toda una aventura, les aseguro.

Para el caso, estos días tuvimos la Comisión Mixta de Control de la Radio Televisión Española (RTVE) con la presidenta interina de la Corporación, la señora Concepción Cascajosa, a quien tenemos por desgracia al frente de la teledetodos fiel a su partido, el PSOE, pero que comparte con el PP –y no digamos VOX– el mal hispano de la patrimonialización, la cultura de considerar lo público propio y el Estado, un espacio de subsunción y expropiación de lo común.

No se disguste el lector con esta afirmación categórica pues, siendo como somos de la tribu Anguita, sabemos que existe una diferencia significativa entre estos partidos. El PP es más del orden del NODO, de la televisión franquista, fieles a la tradición de su fundador, Manuel Fraga, a la sazón ministro de Información y Turismo.

Estos días, justamente, el Comité Intercentros de la Televisión de Galicia (TVG) denunciaba un nuevo caso de “represión contra los trabajadores díscolos que le plantan cara a la dirección o se ponen a las prácticas de manipulación informativa”.

El afectado es el redactor David Fernández Vázquez. Pese a ser declarado indefinido por un juzgado de lo social, en noviembre, al considerar su despido improcedente, la TVG optó por indemnizarlo en vez de readmitirlo, “algo que nunca había sucedido en esta categoría laboral”.

De Telemadrid o Valencia ni hablemos. Y en Telemoreno, el Consejo Profesional ha denunciado la censura y manipulación de la directora de Informativos, alumna aventajada de Urdaci, por esconder, por ejemplo, en los informativos la noticia del informe desfavorable de Intervención sobre la gestión del Gobierno del PP en la Junta de Andalucía con motivo de contrataciones no fiscalizadas, y arbitrarias, además de la devolución de los fondos destinados a guarderías. Sobre la ley de amnistía o Venezuela pueden imaginar que Canal Sur dio todo lujo de detalles.

Por descontado, VOX querría esta deriva goebbelsiana de Juan de Dios y Carmen Torres, con más toros, Bertín Osborne y, dos huevos duros, los del cantante José Manuel Soto que siempre repite Por ella, y no es España, sino, como la historia nos enseña de la ultraderecha patria, más bien canta todo lo que sea por la pasta. Ya saben, piden alzar el brazo para robarnos mejor la cartera.

Nada que ver con las sutilezas neoliberales del PSOE. Cien años de honradez y un paraíso fiscal en las Caimán. Para ello, Felipe hizo monárquico el partido, siempre en defensa del rey emirato, que dijo al comandante Chávez que se callara y eso logró durante su reinado con el silencio protector de los medios nacionales, los mismos que hoy defienden la democracia en Venezuela.

Como Isidoro, deben referirse a la Democracia de los Carlitos: la de Carlos Andrés Pérez, Carlos Salinas de Gortari o Carlos Menem que, para el caso, es lo mismo que Milei, o quizás esté pensando en el modelo Reagan, condenado por un tribunal penal internacional por la guerra sucia en Nicaragua contra el sandinismo, mientras empleados de la CIA, como Edmundo González, planificaban el asesinato selectivo de toda oposición en El Salvador.

¿Y qué tiene que ver esto con la teledetodos? Se preguntará el lector. Pues, políticamente, todo. Porque en el PSOE, lo de la regeneración democrática es puro postureo instagramer. Un reclamo para ocultar al personal los negocios silentes del IBEX 35 y sus terminales mediáticas.

Traducido en gestión de la televisión, el resultado es equivalente al del PP: un “viva la prensa libre” para garantizar que los de siempre cojan el dinero y corran. Y eso hizo el Borbón. Felipe, que es más listo, sigue en el negocio. Y va de estadista cuando es estadístico de las cuentas propias y de los negocios ajenos.

Y así nos va, con los Contreras de turno y la RTVE teledirigida desde Moncloa. Con opacidad, por supuesto, y una militante subalterna cumpliendo las instrucciones cabalmente, con incumplimiento sistemático de los requerimientos de los auditores del Estado y de la IGAE, por no hablar del propio Consejo de Administración y otros organismos como el Tribunal Supremo, que vienen demandando transparencia en lo referido a la publicación del sueldo de los directivos y presentadores como Broncano.

Para la señora Cascajosa, la ausencia de proyecto, la falta de liderazgo, la externalización creciente en beneficio de las productoras de siempre, la degradación de contenidos según el patrón MasterChef y la falta de iniciativa y de identidad del servicio público audiovisual son problemas menores en comparación con el éxito de La Revuelta.

Así que, como esa es la dinámica, confiamos en que de La Resistencia pasemos a la revolución, pues de seguir el sendero histórico marcado por el bipartido de la dictadura hasta nuestros días, el resultado va a ser la reducción del pluralismo, ya de por sí más que preocupante en España, y la jibarización o extinción del servicio público audiovisual. O, en otros términos, la vuelta al NODO y la tele del ordeno y mando. No nos lo merecemos, francamente.

Teledetodos

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Los medios de información en España no han mejorado la pesada herencia de la escuela Emilio Romero. Por lo general, con algunas excepciones puntuales, suelen actuar como medios de intoxicación que alimentan el escuadrismo y la reacción, una suerte de NODO posmoderno en el que se marcan los límites de lo pensable y de lo decible y ello sin distinción, desde luego en el duopolio televisivo, pero también en los medios públicos, mayoritariamente en manos de la derecha y VOX, véase el caso de Telemadrid o de Canal Sur donde personajes como Teodoro León Gross afinan la mirilla y disparan ejerciendo una suerte de postureo y violencia simbólica propias del fascismo amable que ya Nixon estableció como política de propaganda de la era Reagan: hablar suavemente y utilizar bien el garrote. Y así estamos, agarrotados, incluso en RTVE donde, paradójicamente, reina, nunca mejor dicho, la ley Calviño, la de quien fuera Director General del Ente, la misma del ala neoliberal del PSOE en el Banco Europeo de Inversiones que piensa que la mejor ley de comunicación es la que no existe. Pero los hechos demuestran a diario exactamente todo lo contrario.

El reciente cese de la Presidenta Interina, Elena Sánchez, y el nombramiento de Concepción Cascajosa ponen en evidencia que el modelo de gobernanza de la Corporación RTVE es un sistema fallido, que es tiempo de mudanza de paradigma, que los poderes públicos han de procurar un verdadero esfuerzo de consenso, transparencia y buenas prácticas para garantizar una dirección independiente, profesional y con capacidad de adecuar la televisión pública a los retos del futuro de la economía digital, siguiendo en esta línea criterios equiparables a los de otros países  de nuestro contexto europeo. No es tan difícil. Ya de hecho lo ensayamos con el concurso público para la Presidencia y composición del Consejo de Administración, un proyecto auspiciado por Unidas Podemos que el bipartidismo terminó por trabar ante el empeño de la izquierda de desgubernamentalizar los medios públicos en España. Persiste así, desde entonces, un modelo PP/PSOE que incide en el error de una anomalía histórica claramente excepcional en el marco europeo, un notorio déficit democrático que debe superarse resolviendo de inmediato al menos la renovación del Consejo de Administración, conforme a la ley vigente, además de la creación de una subcomisión parlamentaria para definir el nuevo convenio marco de cara al nuevo contrato programa que la Corporación ha de suscribir con el gobierno previo pacto de Estado por la democratización, financiación y estabilización de la empresa si es que de verdad hay voluntad política de acometer los retos, nada fáciles, de la actual revolución digital que está trastocando las formas, narrativas, formatos y modelos de gestión del servicio público audiovisual.

Podríamos enumerar en esta columna numerosas asignaturas pendientes que deben ser acometidas ante el nuevo ecosistema informativo, más aún en un contexto marcado por la estrategia de jibarización de los medios públicos iniciado en la era Mario Monti desde Bruselas logrando orillar a las empresas estatales hasta extremos insostenibles desde el punto de vista económico e institucional. Pero no es el caso aburrir al lector con detalles menores. Lo sustancial es constatar la ausencia de alternativa en la bancada de la derecha extrema y el PSOE neoliberal. En otras palabras, el futuro de la RTVE depende a día de hoy, primero y antes que nada, de la voluntad política y en segundo lugar de la demanda ciudadana que lamentablemente apenas se manifiesta. Hasta ahora solo los propios profesionales de la casa vienen pidiendo, a través de sus organizaciones sindicales, un plan de producción propia y el fortalecimiento de los recursos tecnológicos y de personal frente a la actual lógica de externalización que debilita la corporación y su autonomía estratégica como empresa vital para vertebrar el Estado y la cultura popular.

A falta de un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales que vele por la buena dirección de la RTVE, a la espera de concretar una política de Estado que de verdad dé sentido a la Secretaría de Comunicación del Ministerio de la Presidencia, y que los dos partidos mayoritarios comprendan que el servicio público audiovisual es, como la sanidad, una cuestión de salud pública, quizás ha llegado la hora de empezar a definir una estrategia de campo abierto desde la sociedad civil organizada, promoviendo una Auditoría Ciudadana y una Coalición para la Teledetodos que impugne la lógica de la alternancia de los Contreras, MEDIAPRO y los intereses creados de siempre que han terminado por deteriorar hasta límites impensables la radiotelevisión pública.

Como rezaba el anuncio de La 2, somos la inmensa minoría, pero toda revolución empieza cuando y donde menos se la espera: en cada esquina y plaza pública, en los patios y encuentros de vecinos, en el corazón joven y rebelde de la generación Z que huyó de la pantalla chica y surfea de cuando en cuando por RTVE PLAY, en el arte de cineastas y amantes de la vida buena y la cultura con mayúsculas que confían en la ventana de oportunidad de la corporación para cultivar nuestros imaginarios o, como siempre, en los profesionales de la esperanza de la casa, no la de la escuela de Emilio Romero, que ya sabemos para lo que sirve, sino más bien la de Alicia Gómez Montano que, a la sazón, debiera ser hoy la Presidenta de la radiotelevisión pública por todos los méritos, conocimiento y potencia que acreditó en el concurso público, esa potencia que aún hoy pervive en Prado del Rey y que hay que mover para cambiar la historia, para cambiar el medio. En su momento, la muerte y los letrados del Congreso hicieron su trabajo. No dejemos que la RTVE termine por colapso e inacción. Es una cuestión elemental de democracia.

Portavoz de Sumar en comisión de RTVE reivindica el «concurso público» para «avanzar en la autonomía» del ente

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El diputado nacional de Sumar por Sevilla, Francisco Sierra, que va a ejercer como portavoz de su grupo en la comisión mixta del Congreso con el Senado para el control parlamentario de RTVE, ha reivindicado el «concurso público» para la elección del consejo de administración de la radio televisión pública para «avanzar en la autonomía» del ente.

Leer más: https://www.europapress.es/andalucia/noticia-portavoz-sumar-comision-rtve-reivindica-concurso-publico-avanzar-autonomia-ente-20231202114458.html

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Ley Calviño y contrarreforma audiovisual

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Existe un tipo de funcionario público que invariablemente siempre trabaja, por acción u omisión, más bien lo primero, en favor del capital y de los intereses creados. Y no solo por la decidida voluntad de participar de las puertas giratorias y verse así reconocido por los valiosos servicios prestados, sino más bien como resultado de una pobre o inexistente imaginación política o voluntad de compromiso con la mayoría. Este es el caso de la nueva contrarreforma audiovisual que pronto inicia su trámite parlamentario en el Congreso. El proyecto de ley de transposición de la Directiva Comunitaria sobre Servicios de Comunicación Audiovisual (2018/1808) de la UE a nuestro país, que puede ser recordada como la Ley Calviño, plantea un reto preocupante en medio de la llamada guerra cultural: la construcción de una esfera pública mediatizada cerrada a la diversidad de voces y corrientes de opinión por los intereses hegemónicos claramente reforzados en la norma preparada por el Ejecutivo.

En este sentido, y aun amparándose en el marco de la Estrategia Digital del Estado, el anteproyecto no solo reforma en un sentido regresivo la vigente Ley General del Audiovisual (7/2010) sino que refuerza además lo que algunos calificamos como modelo Monti (comisario y hombre de confianza de Berlusconi) que iniciara en Bruselas la primera andanada contra los medios públicos en beneficio de actores como FININVEST. Del marco general y el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales al plegamiento corporativo se constata un desplazamiento del Estado central y el ordenamiento del sistema nacional de comunicación a los operadores tanto foráneos como locales que incide sustancialmente en una pérdida de derechos a todos los niveles, tal y como observamos hoy en Andalucía desde la Plataforma en Defensa de la RTVA, mientras los reguladores vienen avanzando normas sin participación ni consenso del sector ni de la ciudadanía y sus organizaciones.

No es casual por lo mismo que el anteproyecto de ley no establezca estrategias o políticas de cooperación entre los sistemas audiovisuales autonómicos y del Estado en un ámbito de competencia descentralizada que exigiría mayor imaginación del legislador si tanto se insiste en la corregulación.

De la Ley UTECA a la Ley Audiovisual de Andalucía, pasando por las enmiendas y recortes presupuestarios de los medios públicos, asistimos en fin a una ceremonia de la confusión que no consiste en otra cosa que el cercamiento y desmontaje del servicio público radiotelevisivo como hoja de ruta del poderoso lobby que dicta la norma en el sector. Pues el nuevo marco normativo da luz verde a la privatización de los medios autonómicos con la explotación privada o externalización, refuerza el rol de la CNMC frente a instancias no desarrolladas reglamentariamente como el Consejo Audiovisual, en lugar de seguir el modelo francés, pese a que informes de la propia CNMC reconocen su incompetencia y falta de recursos para cumplir con su labor de tutela de derechos.

La centralización en el Ministerio de Economía de las tareas de inspección y sanción, so pretexto de preparar el camino a la economía digital, se va a traducir en la máxima neoliberal de dejar el pasado, con coste para el erario público en su sostenimiento, y facilitar el futuro de la producción de contenidos simbólicos y el negocio audiovisual al sector privado que, dicho sea de paso, está dominado no precisamente por empresas nacionales o europeas. Si pensamos en los GAFAM, en plataformas como YOUTUBE, FACEBOOK o HBO, cabe concluir que el legislador ni se plantea una alternativa propia que avance en la protección y producción propia de forma decidida acorde con lo que nos jugamos en este ámbito.

El mercado contra el cine europeo

Capítulo aparte merece el problema de la igualdad de obligaciones mejorada para la financiación del cine autóctono, en nuestro caso en todas las lenguas oficiales del Estado. La producción independiente y el audiovisual europeo se verán favorecidos por el establecimiento de cuotas a prestadores de servicios bajo demanda de plataformas como NETFLIX. El problema es que esta regulación llega tarde y no altera la estructura del mercado, claramente contraria a los intereses del cine europeo. El anteproyecto insiste por otra parte en la relajación de las exigencias en un proceso o deriva desreguladora que ilustra el resultado: la inversión y mejora de la posición dominante de la producción estadounidense en general. Desde este punto de vista, el porcentaje mínimo de obra europea es insuficiente y refuerza las posiciones de la industria cultural hegemónica, como llevamos una década observando en los informes anuales del Observatorio Audiovisual Europeo.

Se sigue, por otra parte, sin abordar la cuestión estratégica de la distribución, muy concentrada en favor de las grandes compañías gringas, lo que terminará por imponer los intereses dominantes precarizando las condiciones laborales de los productores y creadores locales. En otras palabras, hubiera sido preciso, es necesario, un mayor compromiso de los distribuidores en línea de plataformas como AMAZON en la financiación e inversión en el audiovisual europeo.

La ley no contempla además la regulación necesaria de los productores o usuarios que aportan contenidos, en términos de protección como actores centrales del ecosistema audiovisual, ni muchas otras lagunas observadas en las más de cien alegaciones presentadas por plataformas como TELEDETODOS. Pues la adaptación al mercado que propone el borrador es la razón con la que justificar la liquidación definitiva del dominio público. Y la flexibilidad, la seguridad de los operadores que dominan el mercado. La autorregulación y corregulación que apunta la norma es, en fin, más de lo mismo, el reforzamiento de una estructura antidemocrática y concentrada de poder de difusión de las imágenes de unos pocos contra la voluntad de muchos. El ejemplo más evidente es el de la desregulación publicitaria, un campo, como denuncia FACUA, ampliamente minado de incumplimientos y vulneraciones a los derechos de los consumidores. El caso más evidente de esta regresión es la desregulación publicitaria que afecta a la protección de los menores. Pero podríamos añadir la falta de transparencia en la publicidad institucional que hoy solo se conoce fruto de la labor del periodismo de investigación, como revela Público, sobre el sostenimiento de medios de extrema derecha como OK DIARIO con cargo al presupuesto de la CAM mientras los medios comunitarios pierden las garantías conseguidas por vez primera con la Ley Zapatero.

Ciudadanos solo como consumidores

Más aún, podríamos afirmar, en general, que la nueva ley se distingue por su falta de consistencia y viabilidad, pensando en sistema nacional de medios, pues no solo no contempla financiación de los medios ciudadanos sino que además deja al albur del duopolio el futuro de RTVE y de los medios públicos en general. Quizás por ello en la redacción del borrador la ciudadanía está ausente, convertida, en sus enunciados, en mero consumidor. Para el legislador pareciera que el ciudadano en España no tiene derecho a la comunicación, salvo como cliente y no como sujeto político, en un nuevo giro de tuerca que ya imaginamos como concluirá. Por lo mismo no se regulan los datos y perfiles de los usuarios ni se protege la invasión publicitaria que sufriremos con la desregulación que se promueve.

Hace tiempo que la noción de servicio público ha sido difuminada, sin sostén reglamentario, con déficits democráticos notorios en el caso de España, donde el derecho a la comunicación, por más que se reconozca en la Constitución, ni se desarrolla (derecho de acceso) ni se garantiza institucionalidad alguna para la participación y el control social.

En definitiva, se impone el ventajismo, la consolidación del duopolio y las compañías foráneas y los intereses dominantes de los operadores que han pasado de dictar la norma (Ley UTECA) a observar con regocijo cómo la doctrina del Tío Tom se impone gracias a serviciales funcionarios públicos. Visto lo visto, la norma puede llamarse Ley Calviño o Florentino Pérez que, para el caso, fútbol mediante como interés general, tanto da.

Nueva RTVE

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Toda coyuntura política se define por el azar y por la necesaria determinación de lo posible, incluso cuando uno piensa que todo está perdido. Es el caso de RTVE. Para quienes confiamos en el concurso público y sufrimos el boicot de la comisión mixta, en manos del PP, la falta de criterio de los letrados y la campaña mediática en contra de parte de la prensa mercantilista, que solo imagina los medios públicos en extinción, ver iniciar una nueva etapa con la renovación del Consejo de Administración y la designación de su Presidente es motivo de cierta ilusión y esperanza. Más que nada, quizás por la presión moral existente tras el trabajo que hicimos el Comité de Expertos, este consejo, creo que no me equivoco al afirmarlo, es el más cualificado de su historia. Tanto su Presidente, acreditado académico de la UAB, como consejeros de larga trayectoria profesional, como Roberto Lakidain o el propio director de Mundo Obrero, no solo conocen los entresijos de RTVE desde dentro sino que además han pensado, escrito y luchado por una televisión de todos y para todos. Aún no siendo el ideal esperado cuando nos involucramos en la defensa del concurso público, podemos afirmar que se inicia una nueva etapa de lo público en RTVE.

La principal tarea que tienen por delante los consejeros será precisamente hacer pedagogía de la comunicación sobre la naturaleza del servicio audiovisual, un tema que pocas veces ocupa a las autoridades locales y autonómicas. Si bien no hace mucho el gobierno canario, por ejemplo, apostaba por introducir en la escuela la libre actividad complementaria de videojuegos para ampliar la experiencia cultural, con clara voluntad didáctica al pensar nuestro universo de las pantallas. En el trasfondo, late y perdura el debate de los años sesenta sobre la llamada escuela paralela. El poder corrosivo de los medios audiovisuales y la industria cultural en su competencia con el monopolio histórico de la información y del conocimiento que siempre tuvo la escuela moderna es hoy una tarea insoslayable. Y es esperanzador que sea precisamente Pérez Tornero quien lidere este reto, tanto como ha escrito y pensado sobre Comunicación Educativa y competencias digitales, más allá de La aventura del saber.

Somos de la idea de que la hipótesis de partida de cierta visión apocalíptica sobre los medios y la desestructuración de la función del aparato de la educación pública moderna solo se trasciende con más educación dentro y fuera del aula. Una pedagogía democrática sobre la mediación social no puede partir de una visión fatalista propia de cierto funcionalismo de izquierdas. Más bien al contrario, de acuerdo con Mattelart, la comunicación alternativa, que en verdad se pretenda o aspire a ser alterative, pasa por una estrategia constructivista de interacción con la actual base tecnológica y el modelo dominante de comunicación.

El falso dilema planteado por el sistema educativo sobre la llamada escuela paralela procede, de acuerdo con Aníbal Ford, de un análisis errado basado en el paradigma logocéntrico de la lógica escritural. Los Estados modernos, señala el ensayista argentino, han organizado su estructura en torno a las jerarquìas de la escritura como única fuente y forma de representación, desplazando otros modos como la cultura oral o el lenguaje de las imágenes. De alguna manera nuestro patrón cultural ha ocluido otros modos de hacer e intercambiar información. La kinésica, la proxémica, el cuerpo y las emociones han estado largo tiempo relegados en la escuela moderna. Y este ámbito es donde se construye la experiencia significativa del mundo de los educandos.

Democratización de la comunicación

Una vía factible de educomunicación pasa en este sentido por articular proyectos de remediación pedagógica basada en las alianzas entre los educadores y los movimientos sociales y profesionales de la comunicación. Existen historias notables en esta línea. Por poner un ejemplo, CENECA en Chile o Calandria en Perú. En España han sido menos pero, bajo la influencia de la teología de la liberación y de la pedagogía latinoamericana de los medios, propuestas de los noventa como ECOE en el barrio de Vallecas vienen demostrando que los puentes entre medios y educación son posibles. Aunque las experiencias de comunicación educativa al servicio del desarrollo han sido episódicas en nuestro país, hay capital cultural acumulado que, hoy que se insiste de nuevo en los males de los móviles, las tabletas y los dispositivos en red, convendría actualizar frente a la metafísica de la autenticidad, característica de una filosofía elitista, sea del culturalismo o de la tradición ilustrada, supuestamente crítica, de la industria cultural. En juego está la democracia y las posibilidades de un cambio de calado en nuestro ecosistema cultural. Y no olvidemos que no es posible cambio social alguno sin asumir a la vez la voluntad de construir, haciendo democracia, en el proceso de formalización de nuevas institucionalidades y procesos de mediación. He aquí la cuestión de nuestros días y pesares. La pedagogía de la comunicación vinculada a los movimientos sociales, a los frentes y luchas culturales de la ciudadanía. en la medida que posibilita diálogos y aprendizajes más fluidos y permanentes construyendo relaciones que enriquezcan a la opinión publica, podrá garantizar, a futuro, en este sentido, una democratización de los medios y mediaciones sociales hoy dominantes. La defensa de medios de educación no es otra cosa, en fin, que vindicar la democratización de la comunicación, asumir el compromiso activo con un nuevo modelo de articulación social sostenido en el diálogo, el intercambio, la autonomía y el poder popular. Y para que ello sea posible precisamos el liderazgo de RTVE y, en general, de los medios públicos. Muchos citan la referencia de la BBC pero pocos hablan de esa voluntad gramsciana de educar y transformar. Esperamos que la nueva dirección de RTVE no olvide esto. Más que nada para evitar lo escrito por Vázquez Montalbán en Cambiar la vida, cambiar la historia.