Osborne, el toro

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Dejó escrito Goethe que nadie es más esclavo que aquellos que falsamente creen ser libres. En nuestro país, esta sentencia debiera estar escrita a sangre y fuego en el espacio público. Más que nada porque, parafraseando a Pedro Lemebel, hay que tener miedo torero en una cultura política en la que las embestidas de personajes televisivos como del que nos ocupamos en esta columna son habituales en nuestros hogares. Y, de un tiempo a esta parte, constituye, diríase, la norma oficial y el sentido común en el espacio público.

Desde este punto de vista, Mi casa es la tuya es más que la república independiente de nuestra casa: es el caballo de Troya del neofascismo o el rayo que no cesa de la oligarquía bárbara, propietaria de un país donde, como la Casa de Alba, se reproduce la colonialidad del saber poder del espejo mediático, convirtiendo el país en un erial para el cultivo de la nulidad y la conversión del público en ilotas o esclavos de la nada.

Y es que actores políticos como el chistoso caballero representan, por antonomasia, el antiandalucismo, haciendo honor a su estirpe y origen británico y a su cultura colonizadora. Sí, las genealogías sirven para algo. Por ejemplo, para saber que su familia y abolengo tienen su origen en el proceso de colonización de familias inglesas que, atraídos por el comercio de ultramar con América, se instalaron en Andalucía para exportar los vinos andaluces. Vean la historia de Domecq, Terry o Byass.

Ya es paradójico que el icono del toro resulte ser una añagaza publicitaria de una familia bodeguera británica. Vamos, que nos tienen engañados, como el emérito, con el discurso de ser campechano, o la Duquesa de Alba, proyectada en los medios como cercana y popular mientras amplía su riqueza con la lógica de acumulación por desposesión y las subvenciones de la UE.

No sé ustedes, pero si de divertirse se trata, mejor Ozzy Osbourne, que más que transgresor es un arlequín digno de este tiempo. Nada que ver con el señorito bodeguero dado a voxiferar sentencias más propias de un señor feudal que de un personaje público digno de ser escuchado.

Los millones de audiencia no tienen por qué padecer el sentido común de un discurso destinado a hundir en la miseria a la mayoría y financiado con dinero público en medios como Canal Sur. Pero vivimos en el mundo al revés y en él no impera precisamente la razón.

En términos de Henry Giroux, se ha iniciado el macartismo propio de la cultura zombie, una cruzada que socava la democracia por exigencias del pogromo neoliberal singular del reino de España, el capitalismo de amiguetes, que ríase de Paquito el Chocolatero –perdón, del «Generalísssssimo»–.

El revisionismo histórico, la política del miedo, la normalización de la censura, la masculinización de la esfera pública, el supremacismo WASP (en clave nacionalcatólica para el caso de España) dan cuenta de un frente cultural por pensar, más allá del sistema educativo, considerando el grado de deterioro del espacio público.

Etnicismo, destrucción ecológica, aporofobia, racismo y concentración de la riqueza conforman las líneas de una distopía aterradora, a la par que desternillante, que enmascara la realidad y el precio de la luz (no solo de las eléctricas) en la toma de conciencia de una amenaza real que, esperamos, no alcancemos a confrontar demasiado tarde.

Conviene cuanto antes, como recomendara Gilroy, hacer lo político más pedagógico y lo pedagógico más político, empezando por el espacio catódico o mediático donde tendremos que coger el toro por los cuernos. Pues, como nos ilustrara Alfonso Sastre en una de sus piezas magistrales, más cornadas da el hambre y estos fulleros de moral distraída solo saben embestir.

Así son las cosas y así se las hemos contado, aunque no aparezca en el NODO diario del duopolio televisivo.

Ley Calviño y contrarreforma audiovisual

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Existe un tipo de funcionario público que invariablemente siempre trabaja, por acción u omisión, más bien lo primero, en favor del capital y de los intereses creados. Y no solo por la decidida voluntad de participar de las puertas giratorias y verse así reconocido por los valiosos servicios prestados, sino más bien como resultado de una pobre o inexistente imaginación política o voluntad de compromiso con la mayoría. Este es el caso de la nueva contrarreforma audiovisual que pronto inicia su trámite parlamentario en el Congreso. El proyecto de ley de transposición de la Directiva Comunitaria sobre Servicios de Comunicación Audiovisual (2018/1808) de la UE a nuestro país, que puede ser recordada como la Ley Calviño, plantea un reto preocupante en medio de la llamada guerra cultural: la construcción de una esfera pública mediatizada cerrada a la diversidad de voces y corrientes de opinión por los intereses hegemónicos claramente reforzados en la norma preparada por el Ejecutivo.

En este sentido, y aun amparándose en el marco de la Estrategia Digital del Estado, el anteproyecto no solo reforma en un sentido regresivo la vigente Ley General del Audiovisual (7/2010) sino que refuerza además lo que algunos calificamos como modelo Monti (comisario y hombre de confianza de Berlusconi) que iniciara en Bruselas la primera andanada contra los medios públicos en beneficio de actores como FININVEST. Del marco general y el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales al plegamiento corporativo se constata un desplazamiento del Estado central y el ordenamiento del sistema nacional de comunicación a los operadores tanto foráneos como locales que incide sustancialmente en una pérdida de derechos a todos los niveles, tal y como observamos hoy en Andalucía desde la Plataforma en Defensa de la RTVA, mientras los reguladores vienen avanzando normas sin participación ni consenso del sector ni de la ciudadanía y sus organizaciones.

No es casual por lo mismo que el anteproyecto de ley no establezca estrategias o políticas de cooperación entre los sistemas audiovisuales autonómicos y del Estado en un ámbito de competencia descentralizada que exigiría mayor imaginación del legislador si tanto se insiste en la corregulación.

De la Ley UTECA a la Ley Audiovisual de Andalucía, pasando por las enmiendas y recortes presupuestarios de los medios públicos, asistimos en fin a una ceremonia de la confusión que no consiste en otra cosa que el cercamiento y desmontaje del servicio público radiotelevisivo como hoja de ruta del poderoso lobby que dicta la norma en el sector. Pues el nuevo marco normativo da luz verde a la privatización de los medios autonómicos con la explotación privada o externalización, refuerza el rol de la CNMC frente a instancias no desarrolladas reglamentariamente como el Consejo Audiovisual, en lugar de seguir el modelo francés, pese a que informes de la propia CNMC reconocen su incompetencia y falta de recursos para cumplir con su labor de tutela de derechos.

La centralización en el Ministerio de Economía de las tareas de inspección y sanción, so pretexto de preparar el camino a la economía digital, se va a traducir en la máxima neoliberal de dejar el pasado, con coste para el erario público en su sostenimiento, y facilitar el futuro de la producción de contenidos simbólicos y el negocio audiovisual al sector privado que, dicho sea de paso, está dominado no precisamente por empresas nacionales o europeas. Si pensamos en los GAFAM, en plataformas como YOUTUBE, FACEBOOK o HBO, cabe concluir que el legislador ni se plantea una alternativa propia que avance en la protección y producción propia de forma decidida acorde con lo que nos jugamos en este ámbito.

El mercado contra el cine europeo

Capítulo aparte merece el problema de la igualdad de obligaciones mejorada para la financiación del cine autóctono, en nuestro caso en todas las lenguas oficiales del Estado. La producción independiente y el audiovisual europeo se verán favorecidos por el establecimiento de cuotas a prestadores de servicios bajo demanda de plataformas como NETFLIX. El problema es que esta regulación llega tarde y no altera la estructura del mercado, claramente contraria a los intereses del cine europeo. El anteproyecto insiste por otra parte en la relajación de las exigencias en un proceso o deriva desreguladora que ilustra el resultado: la inversión y mejora de la posición dominante de la producción estadounidense en general. Desde este punto de vista, el porcentaje mínimo de obra europea es insuficiente y refuerza las posiciones de la industria cultural hegemónica, como llevamos una década observando en los informes anuales del Observatorio Audiovisual Europeo.

Se sigue, por otra parte, sin abordar la cuestión estratégica de la distribución, muy concentrada en favor de las grandes compañías gringas, lo que terminará por imponer los intereses dominantes precarizando las condiciones laborales de los productores y creadores locales. En otras palabras, hubiera sido preciso, es necesario, un mayor compromiso de los distribuidores en línea de plataformas como AMAZON en la financiación e inversión en el audiovisual europeo.

La ley no contempla además la regulación necesaria de los productores o usuarios que aportan contenidos, en términos de protección como actores centrales del ecosistema audiovisual, ni muchas otras lagunas observadas en las más de cien alegaciones presentadas por plataformas como TELEDETODOS. Pues la adaptación al mercado que propone el borrador es la razón con la que justificar la liquidación definitiva del dominio público. Y la flexibilidad, la seguridad de los operadores que dominan el mercado. La autorregulación y corregulación que apunta la norma es, en fin, más de lo mismo, el reforzamiento de una estructura antidemocrática y concentrada de poder de difusión de las imágenes de unos pocos contra la voluntad de muchos. El ejemplo más evidente es el de la desregulación publicitaria, un campo, como denuncia FACUA, ampliamente minado de incumplimientos y vulneraciones a los derechos de los consumidores. El caso más evidente de esta regresión es la desregulación publicitaria que afecta a la protección de los menores. Pero podríamos añadir la falta de transparencia en la publicidad institucional que hoy solo se conoce fruto de la labor del periodismo de investigación, como revela Público, sobre el sostenimiento de medios de extrema derecha como OK DIARIO con cargo al presupuesto de la CAM mientras los medios comunitarios pierden las garantías conseguidas por vez primera con la Ley Zapatero.

Ciudadanos solo como consumidores

Más aún, podríamos afirmar, en general, que la nueva ley se distingue por su falta de consistencia y viabilidad, pensando en sistema nacional de medios, pues no solo no contempla financiación de los medios ciudadanos sino que además deja al albur del duopolio el futuro de RTVE y de los medios públicos en general. Quizás por ello en la redacción del borrador la ciudadanía está ausente, convertida, en sus enunciados, en mero consumidor. Para el legislador pareciera que el ciudadano en España no tiene derecho a la comunicación, salvo como cliente y no como sujeto político, en un nuevo giro de tuerca que ya imaginamos como concluirá. Por lo mismo no se regulan los datos y perfiles de los usuarios ni se protege la invasión publicitaria que sufriremos con la desregulación que se promueve.

Hace tiempo que la noción de servicio público ha sido difuminada, sin sostén reglamentario, con déficits democráticos notorios en el caso de España, donde el derecho a la comunicación, por más que se reconozca en la Constitución, ni se desarrolla (derecho de acceso) ni se garantiza institucionalidad alguna para la participación y el control social.

En definitiva, se impone el ventajismo, la consolidación del duopolio y las compañías foráneas y los intereses dominantes de los operadores que han pasado de dictar la norma (Ley UTECA) a observar con regocijo cómo la doctrina del Tío Tom se impone gracias a serviciales funcionarios públicos. Visto lo visto, la norma puede llamarse Ley Calviño o Florentino Pérez que, para el caso, fútbol mediante como interés general, tanto da.

La Encrucijada de Canal Sur

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La convocatoria de huelga de los trabajadores de la RTVA de hoy y mañana y la tramitación de los nuevos presupuestos del Gobierno de la Junta, con un recorte radical de la partida destinada a la principal empresa cultural de la región, marcan un antes y un después en la historia de la autonomía y el futuro de Andalucía. El panorama institucional que se dibuja en la actual coyuntura política no sólo amenaza la viabilidad y desarrollo sostenible de Canal Sur sino, más allá aún, la propia pervivencia de un tejido o industria audiovisual históricamente dependiente del ente autonómico por la falta de políticas activas del Ejecutivo andaluz. Llama en este sentido la atención el errático razonamiento de algunos portavoces de la derecha mediática sobre lo que está en juego a este respecto. Una vez más, como con el concurso público de RTVE, se sigue sin entender la naturaleza de servicios públicos esenciales, el sentido, en fin, del dilema en liza con la radiotelevisión pública y que, en modo alguno, es una cuestión fundamentalmente de empleo, ya de por sí importante por su volumen, sino antes que nada nos enfrentamos a la pervivencia de un sector y polo de desarrollo necesario para la vertebración territorial. La intervención disonante de algunas firmas en pro del austericidio contra la RTVA sólo se explica por la supina ignorancia o la voluntad de expropiación de lo común, una lógica que reincide en la histórica anomalía de un servicio radiotelevisivo siempre cercado al amparo de un modelo de gestión y organización institucional que no es razonable ni puede ser normalizado, a poco que se compare con otros países de nuestro entorno. Sea como fuere, este tipo de discursos nos sitúa ante una encrucijada y una disputa sociocultural que, en forma de crisis, puede resultar una oportunidad para la transformación y modernización de la empresa. Ésta es, de hecho, la firme voluntad de la sociedad civil que se ha agrupado en la Plataforma para su defensa como servicio público.

Ante el dilema de reforma o liquidación, la derecha en Andalucía ha optado por la vía fácil, como antes hizo en Valencia y Madrid, con el conocido fracaso económico a resultas de una deriva política, revertida en tribunales, más propia de formaciones premodernas que de una concepción liberal equiparable en el espacio de integración de la UE. Puede el lector revisar los estudios de ULEPICC que hemos venido presentando en sucesivos congresos sobre la baja financiación que tienen nuestros medios públicos en comparación con la media comunitaria o la ausencia de órganos fiscalizadores como el Consejo Superior del Audiovisual en Francia. Este déficit democrático explica por qué se impone el espíritu Urdaci y se traspasan todos los límites deontológicos en los modos y usos de un canal público para mayor gloria de quienes siempre se opusieron a la propia autonomía andaluza, negando por activa y por pasiva una Andalucía soberana e independiente, cultural e informativamente. En este escenario, no parece factible, si es coherente con los valores de la profesión y el desarrollo de la autonomía que marca el Estatuto, la continuidad de Juan de Dios Mellado como director general del ente público.

La apuesta por la alianza con Vox del PP y Ciudadanos supone una ruptura en toda regla del marco estatutario como espacio de convivencia democrática, lo que se manifiesta no solo en este capítulo, sino en temas sensibles como la educación, la desigualdad de género o la propia institucionalidad de nuestra autonomía. Del cierre solicitado de la RTVA, inviable estatutariamente, a la herida de muerte presupuestaria hay solamente un paso. De resultar exitosa esta apuesta política acabará no sólo con la principal empresa autóctona de comunicación, sino con las formas germinales del audiovisual andaluz, sea cine, producción serial o animación.

Por ello es el momento de vindicar un Canal Sur de todas y para todos, un canal público desgubernamentalizado, atento a la identidad andaluza, ejecutora de los planes de educación, cultura y desarrollo regional, dando voz a los actores locales en los ámbitos de proximidad, sosteniendo un polo industrial, un cine propio con proyección y voluntad de futuro, una radiotelevisión pública motor de la convergencia tecnológica, la innovación social y cultural, a partir de la renovación e incremento de su plantilla con la vista puesta en ampliar el marco de actuación hacia sectores estratégicos como la industria del videojuego y la televisión a la carta donde la RTVA puede y debe explorar sus potencialidades. De ello depende, sin duda, no sólo el futuro de la profesión, sino la calidad de la democracia y la propia autonomía. Pues sabemos que el primer derecho es el derecho a luchar por tener derechos y esto no es posible sin el Derecho a la Comunicación. Sin voz, ni medios públicos, que es la condición indispensable para ello, no hay democracia ni habrá autonomía. La ciudadanía andaluza agrupada en la Plataforma en Defensa de la RTVA es consciente de este hecho histórico y se ha constituido para, justamente, hacerlo efectivo: por España y por la Humanidad.

Clamor contra el Parlamento por el «vergonzoso estancamiento» del concurso público de RTVE

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Tres años, un mes y 18 días. Ese es el tiempo que lleva en vigor la reforma de la Ley de RTVE que establecía un sistema de elección del presidente y del Consejo de Administración por concurso público. La falta de consenso y los retrasos en el proceso obligaron a colocar en la dirección de la cadena pública (mediante decreto ley) a una administradora provisional que lleva ya más de dos años en el poder: Rosa María Mateo.

Mientras, a duras penas, el concurso público ha seguido adelante: un comité de expertos eligió a veinte candidatos idóneos (19 tras el fallecimiento de Alicia Gómez Montano), pero de nuevo los recursos amenazan con frustrar el proceso. El «vergonzoso estancamiento» que denuncian prácticamente todos los implicados podría convertirse en la práctica en un paso atrás si la mesa de portavoces y la Comisión Mixta optan por optan por obviar el criterio de los expertos y volver a los casi cien candidatos que se presentaron inicialmente.

Una opción que, según denunció la diputada Inés Sabanés en una charla organizada por Teledetodos, «parecía la opción mayoritaria» en la mesa que se reunió ayer. Si prospera esta opción, se abriría la mano a que cualquiera de los 95 candidatos que se presentaron puedan formar parte del consejo de RTVE, aunque sus evaluaciones por el consejo de expertos fueran negativas. Sin embargo, subraya esta miembro de la comisión, de momento no hay ninguna decisión firme al respecto.

Cuotas de partidos

«Es un intento de fraude legal, sea quien sea el que lo realice, que traiciona le lay que ellos mismos aprobaron por unanimidad para limitar la autonomía del Parlamento en esa materia. Hablamos de intentos reiterados de deteriorar los resultados de esa selección. Si se elige entre los 95 supone volver a que los partidos elijan el consejo y el presidente por cuotas de partidos», denuncia Enrique Bustamante, catedrático y miembro del comité de expertos que eligió a los candidatos «idóneos».

El profesor, que ya formó parte del llamado consejo de sabios de Zapatero, critica también que RTVE compite «con las manos atadas a la espalda», ya que es necesario reformar su modelo financiero para dar respuesta a los nuevos retos tecnológicos. Todos los expertos defienden que hicieron su trabajo lo mejor que pudieron y que jugaron «muy limpio» conlos criterios que les dieron, aunque estos no fueran «los mejores», según recuerda Carmen Caffarell. También hace autocrítica Diego Carcedo, presidente del comité de expertos, aunque como sus compañeros defiende la importancia de seguir adelante con el proceso.

Aunque no esconden sus fallas. El tema de la paridad que no se ha alcanzado en la selección de los veinte finalistas, por ejemplo, es uno de ellos, y está muy presente en varios recursos pendientes aún de ser resueltos. «A mí me toca especialmente, pero nosotros juzgamos a los candidatos de forma anónima, por lo que no sabíamos si íbamos a elegir más mujeres u hombres», denuncia Carmen Caffarell. Ángel García Castillejo, abogado, subraya que este relato intenta «revestir de problemática jurídica lo que en realidad es una cuestión política». En su opinión, en esa evaluación ciega no hay una lesión de los principios de igualdad de género, sino que la solución sería elegir a un candidato más para cubrir la vacante que dejó la fallecida Alicia Gómez Montano.

El problema de fondo, critican miembros de este comité de sabios como Francisco Sierra Caballero, es que «no hay voluntad política para que el concurso, que era una esperanza para todos, siga adelante». A todos les queda, esperan, seguir reivindicando el espíritu de la ley: dotar de verdadera autonomía a RTVE

Falta de consenso

En esta misma línea se pronuncia, en nombre de los candidatos seleccionados como idóneos, Juan Buhigas: «Es difícil compaginar un concurso con uan posterior eleccion parlamentaria cuando se quiere hacer con un reparto. No me creo que se vaya a desnaturalizar el concurso, es una aberración política. Pero los candidatos no somos lo más importante, se trata de respetar nuestros derechos, la labor del comité pero lo más importante es que si se desnaturaliza el concurso eso sería dejar a un lado la posiblidad de lograr una RTVE mejor y más independiente. A mí se me hace duro que todo este horizonte sea tabla rasa, y jurídicamente es una aberración recurrible hasta al Constitucional». Ignorar la designación de los expertos es «una bofetada a la democracia», critica.

«Los candidatos estamos atónitos porque tras dos años en boca de todos, pendientes de un BOE, sin recibir ni un mero acuse de recibo, hemos incrementado la falla democrática. Las cosas están peor y esto deberíamos evaluarlo», resume Manuel Ventero, quien hace unos días se sumó también a la carta pública en la que los 19 candidatos pedían la reactivación del consejo. «No existe un programa, por culpa de nadie y de todos, y como no hay objetivo al que perseguir, sin programa, definición y financiación esta empresa está abocada a lo peor. Y ninguno queremos que así sea», lamenta.

Posibles soluciones

Para prácticamente todos los implicados en el proceso, la solución para seguir adelante con el concurso es «apelar a la sociedad civil y organismos sociales nacionales internacionales». «Hasta ahora hemos sido muy educados, teniendo en cuenta que era un gobierno de coalición progresista, pero no podemos permitir esta situación», denunció Bustamante.

Sabanés, la única política presente en la charla pese a que todos fueron invitados, pide «reiniciar contactos con todos los políticos» para proteger un concurso que, en su opinión, «preserva el futuro de TVE». También asociaciones como AUC, Fesp y Acicom se sumaron al apetición por una RTVE independiente. A todos les queda seguir reivindicando el espíritu de la ley: dotar de verdadera independencia a la cadena pública.