Página Web de Francisco Sierra Caballero, Catedrático de Teoría de la Comunicación
Presentación del libro: «Economía Política de la Comunicación y Estudios Culturales en América Latina», de Francisco Sierra Caballero y Carlos del Valle Rojas (Eds.).
Editado por ACCI.
Presentan: Javier Moreno (Fundación de Investigaciones Marxistas) y Francisco Sierra.
Modera: David Moreno.
Seminario Permanente de Teoría Crítica
Viernes 31 de enero, 2025. 20:00.
La Fuga Librerías (C/ Conde de Torrejón, 4, Acc. Sevilla)
Las políticas de comunicación donde se definen normas, códigos de conducta y reglamentaciones sobre límites y riesgos de la Inteligencia Artificial (IA) constituyen en la actualidad un eje de reflexión estratégica, puesto que esta temática no es abordada de un modo directo en las regulaciones generales sobre IA en las que la Unión Europea define una vanguardia internacional a partir de la sanción de la AI Act de 2024. La nueva configuración en el ecosistema comunicacional que se abre a partir de la implementación de estas tecnologías en medios y redes comunicacionales así como su despliegue en la conversación social, demanda desde la teoría crítica y la economía política de la información, la comunicación y la cultura, un abordaje interdisciplinario considerando aspectos no sólo económicos y políticos sino también ámbitos éticos, geopolíticos y ecológicos de la comunicación en el marco general de relaciones entre ciudadanos, Estado, organismos internacionales y corporaciones globales. En este sentido, un análisis integral de la cuestión exige un ejercicio reflexivo que, sin desestimar la complejidad, defina la agenda de retos democráticos específicos que involucran para el ámbito de la comunicación y la ciudadanía los crecientes modos de interacción entre procesos humanos y no humanos en el ámbito de la comunicación mediatizada.
Por definición, todo medio de información tiende a ser etnocéntrico. Los propios criterios de valoración de la noticia, el principio de proximidad, imponen en la narrativa periodística una suerte de distinción de los unos y los otros que se ha naturalizado en forma de brecha cultural. Una lógica disyuntiva, reforzada por la geopolítica imperialista de la comunicación que la industria del entretenimiento, Disney por ejemplo, ha popularizado históricamente hasta el extremo en el imaginario audiovisual de consumo entre las clases populares. No es que la teoría informativa esté imbuida además de la tradición angloamericana, que también, sino que la propia experiencia de la cultura de masas es, en cierto modo, básicamente americana, y, como bien sentenciara Bolívar Echeverría, la propia lógica de la mediación está impregnada de esta mentalidad colonial por la que, como denunciara Chomsky, en la información internacional hay víctimas dignas o indignas o cuando se sufren catástrofes como la de Valencia se muestra como excepcional la solidaridad de los diferentes, sea un hindú o un subsahariano que acude en rescate de víctimas de la DANA. Como si los otros no tuvieran humanidad, ni sentimientos, como si la gente lejana careciera de alma, de capacidad de agencia para la cooperación y ayuda mutua, para estar con los otros de forma fraterna. Nuestro sistema cultural está, en fin, impregnado por los discursos exorcizantes de la otredad y en buena medida por el etnocentrismo de los medios, últimamente militando en la xenofobia y racismo sin recato, decoro ni disimulo alguno. Al tiempo, la narrativa del gran reemplazo, difundida en redes por VOX, ha sido amparada por el Pacto sobre Migración y Asilo aprobado en Bruselas por una Europa fortaleza presa del discurso del miedo y envuelta en el clima de opinión del darwinismo, el racismo biológico y el orientalismo que retorna como matriz discursiva o panegírico de la licuefacción necesaria del capitalismo financiero, el mismo que impone la selección natural del algoritmo comandado por los señores feudales de Silicon Valley mientras los servicios públicos de nuestros países celebran la modernización tecnológica y asumen acríticamente la impúdica política de deshumanizar, desmaterializar, robotizar el proceso de mediación y atención a la ciudadanía.
Lo más grave sin embargo es esta naturalización del odio al extraño, de la segregación social del migrante que a diario los medios difunden como dieta mediática y que tiene sus ideólogos y propagandistas al servicio del proceso de acumulación por desposesión. Textos como Eurabia o Revolución Europea de Christopher Caldwell (2009) extienden, por ejemplo, el mito de la invasión amarilla y subsahariana. La internacional ultra acude recurrentemente a este tipo de relatos para hablar de presión fiscal, de la privatización de la sanidad o de la liberalización de mercados con la elipsis, obviamente, de toda referencia al gran capital. Todo vale para civilizar a los bárbaros en una suerte de melancolía de lo que fue el Estado de Bienestar. Se empieza así por avivar la amenaza figurada de los nuevos bárbaros y se termina cosificando a diario en los informativos los cuerpos sin vida de jóvenes en el Estrecho en una suerte de lógica invertida de loa a la cultura de la muerte a lo Milán Astray. Un postureo humanitario que queda fielmente retratado cuando se replican noticias, cual gota malaya, sobre menores, asumiendo la nomenclatura MENA, o publicando las declaraciones sin contrastar sobre jaurías migrantes de portavoces neofranquistas como Rocío de Meer, nieta del Gobernador de Baleares, gente de Meer. . . da, como pintaba en las paredes la resistencia antifranquista, personajes infames con los que uno tiene que convivir a diario en la cámara de la soberanía popular, cuando no sufrirlos en tiempo de campaña en forma por ejemplo de interrupciones en el uso de la palabra. Durante el debate electoral del 23J en Canal Sur, los comentaristas, a sueldo del PP/VOX, en lugar de llamar la atención sobre las faltas de respeto y barbaridades de la representante de la extrema derecha terminaron por acusarnos de mala educación y criticar nuestra protesta pacífica contra el neofascismo al retirar la mirada y la palabra a quien hace apología del racismo, el machismo y la lucha contra la población más vulnerable. Hace tiempo que la mayoría de los periodistas dejaron de lado el cordón sanitario, y que renunciaron al principio de salud pública consustancial a la función social informativa, por no hablar de los códigos UNESCO de ética y deontología contra aquellos discursos del odio que proliferan como norma en las pantallas de nuestros medios o NODO nacional.
Queda el consuelo, insuficiente, si somos honestos, de un cambio cultural, una mutación, en palabras de Alessandro Baricco, sin precedentes y revolucionario. AMA ROSA mediante, la gente apaga las televisiones y enciende la imaginación. X o la pajarería, que dice Thiago Ferrer, está en declive, en medio de sesgos, derivas mercantilistas del algoritmo y la selección natural que Musk-Dios define hasta el hartazgo provocando la huida en masa de los usuarios hacia otras plataformas como Bluesky. Algo se mueve en las redes y no cesa, trasciende el tecnofeudalismo y los canales instituidos de información. Pareciera que estamos saliendo del túnel. Pero nos han impuesto ya el marco cognitivo, el framing, y desde la izquierda, en lugar de estar a la ofensiva, andamos razonando, justificadamente con argumentos, contra la sinrazón neofascista que se desborda cual tsunami antidemocrático, sin acometer la materialidad determinante de las condiciones de producción de la hemorragia mediática racista. Como consecuencia, el neofascismo informativo, o fascismo amable, si es posible sostener este oxímoron, actúa, como práctica social, de forma efectiva, extendiendo un velo cultural envolvente por medio del discurso de la victoria y la competencia, de retorno al confort de lo rancio y vacío de lo conocido, por medio de la polarización y los conectores ideológicos, de la fascinación tecnológica o incluso de la pulsión plebeya, sin solución de continuidad. Faltan políticas mediáticas, plataformas públicas y una estrategia contrahegemónica firme y consistente en la lucha ideológica de esta guerra cultural. Por ellos, que son el futuro que viene, y por los nuestros. Por todas y todos, necesitamos con urgencia más medios y no simples remedios. No podemos permitir que el futuro de la democracia vuelva a transmitirse en blanco y negro, aunque sea Ultra High Definition.
Francisco Sierra, parlamentario de Sumar por Sevilla, junto a sus compañeros de la oficina parlamentaria de IU en Andalucía, ha trabajado en un proyecto que hasta ahora no se había planteado en el Estado: la creación por ley de un fondo, vinculado a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que trate de resolver los problemas, innumerables, en los barrios más empobrecidos.
El grueso de ellos, según el INE, diez de quince, se ubican en Andalucía. Para Sierra, según expresa en esta entrevista, estos barrios existen por dos razones fundamentales. Por un lado, la lógica de producción del sistema que, a juicio del diputado, «lo que nunca denuncia o aborda, lo que siempre deja oculto, es que produce miseria, desigualdad y marginación».
Y, por otro, la falta de implicación efectiva de las administraciones. El diputado considera así que esta ley es «una necesidad objetiva, clara y evidente, de justicia social».
P. Llevan mucho tiempo trabajando en esta ley. ¿Cómo ha sido el proceso de elaboración?
R. Este proyecto forma parte de lo que podríamos denominar como constitucionalismo colaborativo. Decidimos diseñar una ley trabajando en el territorio, con participación del movimiento vecinal, de los propios ciudadanos, con la idea de hacer primero un diagnóstico, aunque se han hecho ya muchos en los barrios empobrecidos, olvidados, ignorados… Queríamos que la ley viniera del trabajo con la gente que durante décadas viene sufriendo la segregación urbana, la marginación territorial.
El diseño ha sido participado también con la plataforma de barrios vulnerables que se ha ido construyendo a partir de una red de barrios ignorados en Andalucía. A partir de ahí construimos en la oficina parlamentaria de IU en Andalucía las condiciones para que esa plataforma liderara el proceso. Ha habido un equipo técnico y ha habido una participación en el territorio. De los quince barrios más pobres del Estado, están concentrados diez en Andalucía.
Hemos ido recogiendo las experiencias de otros proyectos. Hay territorios a nivel estatal, como Catalunya, que han tenido experiencias de intervención en barrios que han sufrido situaciones de segregación territorial urbana. A nivel de ley, estatal, nunca ha habido un proyecto en esta línea. Luego, hemos tenido que construir jurídicamente las condiciones para que la norma cumpliera con las condiciones del Estado autonómico: las competencias son básicamente locales y autonómicas.
Han participado fundamentalmente representantes del movimiento vecinal y también educadores y trabajadores sociales que durante décadas han venido trabajando en el territorio.
No es una iniciativa legislativa popular, pero digamos que es algo similar en el sentido de que esa plataforma de barrios vulnerables han sido los protagonistas. En mi caso como diputado, y en el caso del grupo parlamentario, lo que hemos hecho es vehicular y coordinar que [ese trabajo] tenga ese registro en sede parlamentaria y la forma jurídica.
P. Ahora les toca trabajar el recorrido de la ley. ¿Cómo ha sido recibida? ¿Qué ‘feedback’ han recibido?
R. Registramos. Ahora viene ese proceso de calificación. En el proceso de debate, hemos tenido dos interlocuciones con los grupos. La receptividad ha sido buena. Una en el Congreso, en una sesión dentro de la Comisión de los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030. Ahí estuvieron representadas todas las fuerzas políticas excepto Vox, que no cree en la agenda 2030, está en contra, y no asiste regularmente. Tanto los representantes del PSOE como del PP fueron muy receptivos a la propuesta y esperamos que sean coherentes. La ley es una necesidad objetiva, clara y evidente, de justicia social.
Luego, en las últimas jornadas, hubo una representante del PSOE, la senadora Eva Bueno. Damos por hecho que [va en] la línea del Gobierno de coalición progresista, aunque el PSOE no lo lleva explícitamente en el programa, y que las fuerzas de la investidura lo apoyarán. Tengo dudas respecto a que harán Junts y el PNV. Los vecinos llevan esperando esta ley durante décadas y deseamos que los parlamentarios se ocupen de verdad de la gente.
P. La ley plantea un fondo vinculado a los Presupuestos Generales del Estado (PGE). ¿Han hecho algún tipo de cálculo para saber qué cantidad haría la ley eficaz?
R. Puede desarrollarse un reglamento en cuanto a indicadores, criterios de pertinencia y cantidades. Quisiéramos que los proyectos de esta ley financien programas plurianuales, como sucede en el caso de los fondos europeos. Si seguimos la Agenda 2030, en torno al 1% del PIB debería dedicarse para eliminar un objetivo básico: la reducción de la pobreza.
Los PGE no cubrirían la totalidad, porque la ley contempla que haya también fondos europeos y fondos autonómicos. Hay un compromiso de llevar esta ley al Parlamento andaluz para que haya un compromiso de la Junta de Andalucía, que no existe hoy por hoy.
La pobreza tiene varias facetas: una faceta que tiene que ver con lo estrictamente económico, de empleo, de condiciones de vida. Luego, hay que hacer una inversión en infraestructuras, en servicios públicos, en rehabilitación de la vivienda, en planes de educación, en seguridad, en convivencia y todo eso sostenido en el tiempo. En todos los diagnósticos hemos visto que se ha invertido mucho dinero pero han sido programas sectoriales puntuales y episódicos, que se terminan cuando termina el presupuesto.
Por eso exigimos cooperación entre las distintas administraciones públicas y también que sean programas intersectoriales, que no se aborde solo el empleo o la seguridad, sino que se haga un abordaje integral.
P. ¿Por qué existen estos barrios? ¿Son una una consecuencia del sistema económico y de la falta de implicación de las administraciones?
R. Hay un primer punto de base: la lógica de producción del capitalismo lo que nunca denuncia o aborda, lo que siempre deja oculto, es que produce miseria, desigualdad y marginación. Por ejemplo, en los tiempos de la crisis financiera internacional se generó una concentración alta de riqueza y una ampliación del número de familias y de territorios pobres. Y en esos territorios pobres las políticas públicas siempre han tendido desde la modernidad a ocultar, segregar e invisibilizar la pobreza. Y en los tiempos neoliberales también se ha criminalizado la pobreza.
Siempre se ha afirmado que en España la crisis puso en grave peligro el Estado de Bienestar, pero algunos afirmamos que en España no ha habido un Estado pleno de Bienestar. Ha habido un Estado de Malestar. No se ha desarrollado plenamente el Estado del Bienestar. Por ejemplo, Ciencia y Universidad: la inversión en ciencia y universidad en este país está muy por debajo de la media europea, como en sanidad, como en los medios públicos, como en muchos sectores estratégicos. No hemos desarrollado plenamente el Estado Social de Derecho y el Estado de Bienestar en los pilares básicos.
El abandono del Estado y de las Administraciones Públicas ha [derivado] en una realimentación de la pobreza. Cuando este país ha dependido no solo del turismo, sino también del ladrillo, esos procesos de especulación urbana han generado una mayor segregación territorial. Esto nunca se estudia, por más que se ha tomado ese modelo de la innovación, de las Ciudades Creativas: la gentrificación genera también espacios urbanos desconectados, lo que el sociólogo Scott Lash denomina territorios muertos, territorios en los que no hay actividad, intercambio, movilidad… No hay nada. Son territorios desconectados de la vida.
Esto se ha dado históricamente desde la modernidad capitalista en todos los países, pero hay que señalar que especialmente en España los procesos de especulación inmobiliaria y la propia estructura económica española han generado también grandes bolsas y territorios marginales y esto [ha sucedido] en todas las comunidades, pero especialmente en Andalucía por el nivel de renta.
El encarecimiento de la vivienda es muy desproporcionado. Los procesos de especulación expulsan a la población y determinan un territorio. Los dos factores son determinantes: el olvido de la Administración Pública y una lógica económica que especula con la vivienda y provoca marginación.
P. Elección tras elección aparecen en estos barrios unas cifras altísimas de abstención ¿Cómo analiza ese fenómeno?
R. Habría que hacer una autocrítica desde la izquierda. Defendemos la justicia social y la igualdad y estamos comprometidos con los sectores más vulnerables, con las capas populares. Habrá que formular por qué ese voto no se moviliza, porque a la derecha le viene bien que ese voto no se movilice. En los barrios acomodados de Sevilla van a votar disciplinadamente y el nivel de participación es muy elevado. En los barrios populares y más marginados, en los que se concentran las clases obreras y los sectores populares, la abstención es notable.
La izquierda debe empezar a trabajar en los barrios vulnerables, debe estar a pie de calle y debe trabajar con esos sectores, como siempre ha hecho desde el surgimiento de Comisiones Obreras, como ha hecho la izquierda clásica, [siempre] vinculada a los movimientos sociales, con la gente que más lo necesita: en las luchas contra los desahucios, en las luchas por la sanidad pública, por la educación, por la vivienda, contra la desigualdad y exclusión social. Ahí es dónde tiene que estar [la izquierda]. [En los últimos tiempos] es muy urbanita, muy concentrada en los espacios de gentrificación y no aborda, digamos, de frente, la realidad de los sectores populares, sea en los barrios vulnerables, sea en el ámbito rural.
Un replanteamiento de la política de la izquierda para movilizar ese voto exige mucha pedagogía democrática en el sentido gramsciano de estar trabajando la cultura, la cultura política y la educación democrática. [Hay] sectores que han desconectado también porque han perdido la esperanza y porque no han sido escuchados. Uno de los elementos de la escucha activa necesaria en la izquierda es dialogar, transformar el lenguaje y la práctica política en compañía de la gente, de la gente común. Ese el programa político que tenemos que llevar.
Si no se movilizan esos sectores, este país no se va a cambiar. Todos los derechos que se han logrado han sido fruto de las luchas de los sectores populares. Esto es un aprendizaje de la historia muy evidente. Esos barrios y estos sectores son una fuerza de transformación que está por trabajar y explorar en la izquierda.
P. ¿Está de acuerdo con las tesis de Antonio Maíllo, coordinador de IU? ¿Cree que la izquierda debe acudir unida a las próximas elecciones?
R. Sin ninguna duda. La alternativa de transformación de este país pasa por la unidad de la izquierda. Eso no debe ser objeto de discusión. Hay un espacio político en la izquierda plural, plurinacional, que debe ser articulado con método, con criterio y con voluntad política. Tengo serias dudas de que algunas fuerzas políticas de ese espacio tengan una vocación unitaria.
Se ha afirmado en otros debates la hipótesis italiana, un país en el que había una izquierda transformadora, la más numerosa, potente y organizada de toda Europa Occidental, el Partido Comunista Italiano: [ahora hay] un Gobierno de extrema derecha y una irrelevancia estatal de la izquierda por su desunión o por fragmentación territorial a nivel local.
Necesitamos una unidad y un proyecto articulado. Ahí, primero, hay que expresar esa voluntad. Segundo, es necesario abrir un debate en términos de construcción de frente amplio. Por tanto [un espacio] de participación popular de la gente: cómo construir esa alternativa unitaria de la izquierda. Unitario no significa uniforme, significa unidad de acción, como han hecho los sindicatos en la lucha para la defensa de los trabajadores.
Tenemos que tener primero la voluntad política de pasar de la fase de coalición a la constitución de espacios. [Esto] ha tenido éxito en Uruguay: el frente amplio en el que, con la autonomía de cada fuerza política, hay una convergencia político-electoral que garantiza un gobierno de progreso y políticas transformadoras.
[Hace falta un nuevo] método que abra el espacio a la participación de la gente, a un proceso constituyente y unitario de todos los actores, de todas las fuerzas políticas desde abajo, desde la participación y el diálogo con un programa mínimo común que se establezca y con garantías de que se haga sostenible en el tiempo en esa iniciativa unitaria.
P. ¿Y en el caso andaluz?
R. Hemos trabajado por esa unidad de la izquierda en Andalucía. Sebastián Martín Recio y yo hicimos, como mediadores, todos los esfuerzos posibles. No podemos sostener más tiempo un Gobierno como el de Moreno Bonilla, que se presenta como moderado, pero es tan ultra como Ayuso. [Ahí están] las políticas de financiación de la sanidad pública, de privatización de la salud y esa proliferación de universidades privadas que no tienen la mínima garantía. Ahí se ve, en los dos pilares básicos, la educación y la sanidad, la voluntad política.
No nos lo podemos permitir, entonces. Hay que hablar con todos los actores, hay que hablar con el andalucismo progresista, con los compañeros de Adelante Andalucía, con los compañeros de Podemos. Tendremos que sentarnos y hacerlo con tiempo. No podemos estar improvisando. A la gente no se le pueden dar coaliciones y alianzas electorales coyunturales, que son una suerte de oportunismo político para ser votados. La gente quiere firmeza, consistencia y claridad. Dentro de la diversidad se puede trabajar de manera unitaria en un programa mínimo común.
¿Si coincido con las tesis de Maíllo? Claramente. Si no hay un proceso unitario en la izquierda, esta política de fragmentación va a beneficiar, siempre ha sido así, a la derecha. Viendo las lecciones [de la historia] y siendo la excepción ibérica en el contexto europeo, lo que tenemos que ir es justamente a profundizar en las condiciones que hicieron posible el entusiasmo, la esperanza que generó el 23J: en este caso, en clave andaluza para garantizar una candidatura creíble y unitaria de todas las fuerzas desde la pluralidad.
El grupo parlamentario de Sumar ha registrado este miércoles en el Congreso de los Diputados la ley que persigue la creación de un fondo estatal que cada año destine cantidades suficientes en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para los barrios más empobrecidos del país. La iniciativa de esta norma parte de la oficina parlamentaria de IU en Andalucía, donde están las barriadas más desfavorecidas.
El diputado por Sevilla Francisco Sierra, junto con sus compañeros, lleva tiempo, como avanzó Público, manteniendo encuentros vecinales, de los que se han extraído las ideas fundamentales que ahora se plasman en la proposición de ley, que lleva por nombre Ley Integral de Barrios Vulnerables.
«Esta iniciativa cuenta con el apoyo de la Plataforma de Barrios Vulnerables, del movimiento vecinal, de sindicatos y organizaciones sociales que conocen de primera mano la situación extrema en los barrios pobres y que desde la izquierda plurinacional no vamos a dejar», afirma Sierra.
Para su aprobación la norma necesita de numerosos apoyos en el Congreso. Al respecto, Sierra manifestó: «Confiamos que en la tramitación de la ley las fuerzas de investidura de la mayoría del hemiciclo respalden esta iniciativa por justicia histórica y por necesidad social».
El texto registrado plantea la creación de lo que denomina «Fondo de Recuperación Urbana, Ambiental y Social de Barrios vulnerables». La finalidad es «llevar a cabo actuaciones de mejoramiento de las condiciones de vida de la población en los barrios y áreas urbanas que, por sus características sociales, económicas y ambientales, se identifican como áreas de atención especial».
Estos barrios son, analiza Sierra en conversación con Público, «territorios segregados y marginados por el Estado que requieren de una agenda social y de nuevas garantías legales». «Hablamos de una política integral y multinivel, participada e interseccional, una ley que exige un presupuesto mayor para estos barrios para acometer cambios en la cultura cívica, en el espacio urbano, en la seguidad y proyectos de vida de sus vecinos», agrega.
La proposición de ley no recoge una cantidad, tampoco un porcentaje respecto al PIB o a las cuentas. Sí expresa que «debe dotarse económicamente con el presupuesto anual del Estado» y añade que puede complementarse con «financiación autonómica y proveniente de la Unión Europea o de otras fuentes». Y establece además que «deberá siempre tener en cuenta el número de personas que viven en España en entornos urbanos vulnerables».
El Gobierno de España mantiene un Observatorio de la Vulnerabilidad Urbana, que, entre otras herramientas, contiene un atlas por secciones censales. Aún debe actualizarse con los últimos datos de 2021.
Los beneficiarios de esta financiación serían los municipios, «individualmente o de manera conjunta con otros municipios, así como las Diputaciones, cabildos u otros entes públicos de ámbito local». «La participación en el Fondo de Recuperación debe ser solicitada por dichos entes locales«, recoge el borrador presentado este miércoles.
La norma, de ser aprobada, establecería plazos de ejecución. Así, «cada una de las actuaciones financiadas debe ejecutarse en un […] máximo de cinco años desde la fecha de otorgamiento de la financiación, sin perjuicio de las prórrogas que puedan haber. Dicho plazo puede ampliarse a ocho años, siempre que al cabo de cuatro años se haya ejecutado o comprometido, salvo causas de fuerza mayor, el 50% del gasto».
Derechos humanos
«Desde el Grupo Parlamentario tenemos claro que lo prometido es deuda, decimos y hacemos y por ello desde la Oficina Parlamentaria de IU en Andalucía nos dimos a la tarea de diagnosticar la situación en los barrios, identificar retos de política pública y apostar por una ley que ayude a transformar el entorno urbano y social de barrios como Los Pajaritos o el Polígono Sur», afirma Sierra.
Justo este martes, la APDHA presentó su informe Pobreza Sur 2024: Barrios Olvidados. En él, se expone con toda crudeza, que «los barrios vulnerables son, cuantitativa y cualitativamente, el principal espacio de vulneración de los derechos humanos en Andalucía».
Las cifras indican que un tercio de la población en Andalucía vive en riesgo de exclusión, más de la mitad de la ciudadanía —el 57%— no llega a fin de mes y hasta un 43% de las pensiones que se cobraron en 2023 no superaron el umbral de la pobreza.
«En Andalucía se ha consagrado durante los últimos años un modelo productivo que condena a millones de andaluces y andaluzas a la pobreza y a la precariedad. Diez de los quince barrios más pobres de todo el Estado español se encuentran en Andalucía, así como son andaluces once de los 16 municipios con menos ingresos per cápita», se lee en el trabajo.
«Y la pobreza, tal y como se puede comprobar estadísticamente, repercute directamente en las condiciones de vida: nueve de los quince municipios con menor esperanza de vida se ubican también en Andalucía», agrega la ONG. «Es significativo y tremendamente alarmante que la esperanza de vida pueda variar en una misma ciudad, de un barrio rico a uno pobre, en casi nueve años», se añade.
Una lección básica de Economía Política es la creación de valor por la producción artificial del principio de escasez y necesidad. Se induce el colapso, por ejemplo, de la sanidad pública y se derivan a los pacientes a las aseguradoras, con el resultado conocido del pogromo neoliberal. En la educación superior de nuestro país, esta lógica de mercantilización sigue el mismo sendero de privatización de un pilar fundamental del Estado de Bienestar, conculcando un derecho constitucional con argumentos insostenibles como el mantra de la libertad educativa.
El problema es que el incremento exponencial de universidades privadas no cumple los mínimos establecidos en el marco normativo vulnerando las reglas del juego al punto de cuestionar el propio sistema universitario español, su calidad y confianza certificadora. El caso más reciente de Extremadura es ilustrativo, como Andalucía, de una deriva que en el fondo ataca el núcleo esencial de este derecho constitucional: la igualdad de acceso y de movilidad social. Y el resultado, conocido. El número de estudiantes matriculados en universidades públicas españolas desciende mientras aumenta el de las universidades privadas que ya han alcanzado en número a las públicas y de seguir esta progresión las superarán en breve. El boom de los campus privados perfila un paisaje de universidades monotemáticas, centros de educación superior corporativos e incluso medios de comunicación con sus masters propios y promesas de empleo en Universidades privadas, como la Europea de Madrid mientras prestigiosas universidades como la Complutense viven al límite de su operatividad institucional por las restricciones presupuestarias y el acoso de un gobierno autonómico que pretende promover una Ley de Universidades dirigida a precarizar y socavar la autonomía universitaria. Y, desde luego, como es tradición en los liberticidas, de Fernando VII a Moreno Bonilla, de Milei a Díaz Ayuso, evitar así todo conocimiento libre, atreverse a saber, siendo como es esta, desde la ilustración, la precondición necesaria para la libertad y el cambio social.
Paradójicamente, el ministerio de Universidades aprobó una norma para evitar las «universidades chiringuito» y endurecer los requisitos para autorizar los campus de nueva creación. El Real Decreto 640/2021, de 27 de julio, de Creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios, fijó los criterios mínimos exigibles de calidad docente y de investigación, como también de equipamientos y de organización, y que todos los centros universitarios del país deben cumplir. Todos, indistintamente su naturaleza jurídica. Las universidades deberán adaptarse y demostrar su cumplimiento antes de 2026. Ello explicaría la aprobación precipitada, en apenas pocos meses, de numerosas universidades privadas, muchas de ellas con informes desfavorables del Consejo de Política Universitaria y de las agencias acreditadoras.
Las universidades privadas han logrado copar así más del 60% de las plazas ofertadas de posgrado. Y, salvo sorpresa, superarán a las públicas en alumnos matriculados de máster este curso. La falta de planificación democrática de la educación superior se ha traducido como resultado en una sobreoferta al tiempo que se abunda en la escasez de plazas en sectores estratégicos como las Facultades de Medicina, donde se viene conformando un pool sanitario privado. El lobby empresarial presiona incluso para que la formación del MIR se pueda acometer en sus propios centros, algunos de los cuales apenas tienen una Facultad de Medicina o titulaciones especializadas en tecnología y cultura digital.
Ante este escenario es hora de que el Congreso adopte medidas decididas en la disyuntiva de la bolsa o la vida, ante la contradicción de fomento y desarrollo del sistema público de educación superior como garante de la igualdad frente a la lógica especulativa del capital que impone la mercantilización de la Universidad, la expansión del capital financiero en la educación superior con total falta de transparencia y en algunos casos fraude de ley en los procesos de aprobación y puesta en marcha de nuevas universidades vinculadas a los intereses creados del IBEX35 en medio de campañas que vienen prodigándose regularmente contra la universidad pública al tiempo que se promocionan programas de grado y posgrado con publicidad engañosa sobre la supuesta excelencia académica no verificada, cuando los informes de las agencias acreditadoras son desfavorables, la investigación inexistente y la inversión especulativa una dominancia en ascenso.
Un dato revelador es que la facturación de universidades privadas y escuelas de negocio en España ha crecido un 44,7% en poco más de cinco años: de 2.255 millones de euros ingresados en 2017 a más de 3.300 millones en 2023. Se crean, compran y venden universidades, participadas por fondos de inversiones, especulando como con la vivienda.
Aunque desde el Gobierno y las Comunidades Autónomas se señale periódicamente que se «revisarán» y «endurecerán» los criterios para la creación de nuevas universidades, la realidad es que el Sistema Universitario Español sigue sin resolver esta situación con el incremento por ejemplo de universidades privadas no presenciales en torno al 10%. No se ha creado una universidad pública desde hace décadas y hay necesidades manifiestas por cubrir por el sistema de acceso universal.
Cuando lo especulativo, que debiera ser una noble tarea de pensar libremente y contribuir al progreso del conocimiento, deviene excepción por el dominio del capital financiero que interviene el mercado, los poderes públicos han de actuar en defensa de la mayoría social. Por ello, desde el GP plurinacional de Sumar hemos defendido iniciativas parlamentarias en línea con las vindicaciones de la Conferencia de Rectores y Unidigna, instando al Gobierno a actuar cuando menos en cinco líneas estratégicas:
La deriva de sociedad anónima en la educación superior, la UNIVERSIDAD S.A., termina devorando la sociedad, anémica, por la destrucción creativa de la dialéctica de la escasez y la sobreoferta. Lo vimos en Estados Unidos, esta política dio lugar al estallido social en Chile y fracasó en el Brasil de Bolsonaro. No nos lo podemos permitir aquí, a estas alturas de la historia. Así que ni gente sin plazas universitarias, ni plazas universitarias sin gente. Actúese.
