Autor: Albert

Transparencia y grupos de interés

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Este año que celebramos el centenario de Manuel Sacristán, uno de los mejores pensadores que hemos tenido en España y alguien que concebía la política como la ética de lo colectivo, en defensa de lo justo, lo verdadero y el bien, conviene repensar las formas dominantes de mediación política que operan en el Estado y el seno de la UE. Mientras sofistas y escribas a sueldo adulteran la verdad y ponen en cuarentena toda razón, recordar a Sacristán es volver a la ciencia y a pensar lo común con criterio y consistencia en estos tiempos atribulados que devoran toda forma pertinente de representación, empezando justamente por el dominio público. Por ejemplo, el derecho a la información.

La iniciativa del Gobierno progresista de regular un derecho universal como la debida transparencia, estableciendo los límites de actuación de los grupos de presión a partir del principio de control democrático, no solo es oportuna sino que resulta una demanda necesaria congruente con el llamado gobierno abierto que muchos venimos defendiendo hace tiempo. Se trata de implementar la Constitución para garantizar el acceso de los grupos sociales y políticos significativos, además de una mediación clara y abierta, transparente, entre el Estado y la sociedad civil.

España es el tercer país de la Unión Europea con menos transparencia. La lógica que ha prevalecido en nuestro sistema político, como la ley mordaza o la regulación de los secretos oficiales y de la propia actividad informativa, es la de la opacidad o la ausencia de norma. El Plan de Acción por la Democracia viene a reformar parcialmente esta situación abordando en firme déficits históricos, no solo en materia de transparencia, sino especialmente en lo que se refiere al necesario derecho de acceso y al desbloqueo de las cajas negras de las políticas públicas que hemos heredado entre siglos de absolutismo, dictaduras y las debilitadas formas de representación democrática. La iniciativa parte, sin embargo, una vez más, de Bruselas.

Desde 2020, la UE ha observado con preocupación cómo la revolución digital y el lobby del complejo industrial-militar del Pentágono –en particular los sectores ultraderechistas coordinados por Steve Bannon y otras potencias europeas– han venido socavando nuestras democracias, afectando sobremanera a la propia unidad comunitaria, como se pudo comprobar con el referéndum del Brexit. En congruencia, la UE se ha fijado como objetivos proteger las elecciones libres y justas, sin interferencias externas, combatir la manipulación informativa y la injerencia de intereses extranjeros, y avanzar en la información de calidad para cualificar la democracia deliberativa y garantizar la transparencia de todos los operadores políticos.

Los mandatos aprobados por el Consejo de Ministros se encaminan, punto por punto, en esta dirección de acuerdo con las exigencias comunitarias, tanto en materia de información gubernamental como de rendición de cuentas; una apuesta que ha dado lugar a una crítica desmedida, en tono y forma, de la oposición ultramontana que, desde el inicio, calificó toda medida en materia de información pública como censura. Los terminales mediáticos del IBEX35, PP y Vox parecen no entender que el derecho a la información y el principio de transparencia solo son posibles con la acción legislativa.

Por supuesto que las medidas de transparencia adoptadas son insuficientes si pensamos en la Ley de Secretos Oficiales o en la apuesta por un control de los abusos habidos con la publicidad institucional. Es evidente que, para cumplir con las exigencias de Bruselas, hace falta un Consejo Estatal de Medios y la regulación del derecho de acceso y participación de la sociedad civil contemplado en el artículo 20 de la Constitución.

La aprobación no obstante recientemente del diseño del gobierno abierto es un paso importante para garantizar la interlocución en cada proposición de ley, al hacer posible la capacidad de iniciativa e interpelación de las organizaciones no gubernamentales, los sindicatos, los movimientos sociales y cualquier colectivo ciudadano sobre asuntos de interés público o específico de la población. Esperamos pronto además una ley que, complementariamente a esta norma, regule la publicidad institucional, auténtico fondo de reptiles del siglo XXI, por el que se financian medios digitales de extrema derecha y golpistas que socavan la democracia sin control ni fiscalización pública.

Estamos hablando de iniciativas mínimas para garantizar la transparencia básica de las instituciones en democracia. Esta regulación, demandada por editores de prensa como el Grupo CLABE, es además un requisito necesario para vindicar un reparto justo y equilibrado que además garantice financiar medios sin ánimo de lucro, o comunitarios, con carácter cooperativo, que dan voz a sectores que no tienen medios de expresión ni acceso a las grandes compañías y/o canales de comunicación.

Recurriendo, si me lo permiten, a un símil futbolístico, cuando la polarización, cuando el polo autoritario, achica espacios, restringe o reduce la pluralidad, hay que hacer un cambio de orientación y sentido, abrir el campo de disputa y de juego. Una estrategia, no la única, es ampliar el dominio público hoy privatizado en la esfera de la información institucional y resolver, al tiempo, el déficit democrático cumpliendo con lo estipulado por el Parlamento y la Comisión Europea.

El derecho a la Información, la transparencia, es el primer objetivo de la guerra cultural desplegada por el nuevo despotismo. La forma distintiva de toda dictadura es el secreto y el silencio administrativo, la opacidad. Sin información ni conocimiento no hay posibilidad de tener voz ni agencia política, se pierde la autonomía y por tanto la capacidad de luchar por tener derechos. Sin información pública y accesible, sin conocimiento sobre la huella de la norma, sin poder conocer la trazabilidad de las decisiones se impone siempre, sistemáticamente, el poder del más fuerte. Esta XV Legislatura debiera servir cuando menos para que el Congreso asuma en la agenda –y el país reconozca– que regular la información como bien público es garantizar mediaciones democráticas, que la transparencia es una obligación de los poderes públicos; ojo, no del Ejecutivo solo, sino también del Legislativo y del Judicial. Y por lo mismo debe estar garantizada por ley, con políticas públicas activas.

Decía Pierre Bourdieu que el Estado es la base de la integración lógica y de la integración moral del mundo social y, por lo mismo, el consenso fundamental sobre el sentido que define la propia condición de los conflictos requiere la organización y la forma (sistemas de información) que hagan posible la convivencia democrática. O, como decía Gramsci, un cierto orden. Pero he aquí que los partidos del orden reinante no quieren oír ni hablar de forma alguna ni de la organización del Estado. Debatir en el Congreso con la extrema derecha y la derecha extrema sobre sistemas de registro, información pública, transparencia y orden lógico en la forma democrática del Estado es como tratar de explicar a un obispo la teoría de la evolución.

Como el fatuo Milei, están al parecer del lado de los lobbys, con los grupos de interés. Debe de ser porque son interesados o, simplemente porque, emulando a Trump, consideran toda fiscalización de entidades privadas como una norma abusiva que contraviene el principio de autonomía de los actores de la sociedad civil, por más que tales actores pueden incurrir, como en España sucede, en prácticas irregulares y corrupción de los funcionarios públicos. El discurso en esta materia de la derecha ultramontana persiste en su modelo plutocrático de dominio de la oligarquía financiera y el tecnofeudalismo, replicando insistentemente tres aporías sin sustento ni consistencia:

1.   Toda ley es control. La mejor ley es la que no existe. Ergo, las reglas deben ser producto de los usos y costumbres. Toda una enmienda al principio de la cultura jurídica que nos convoca (dura lex, sed lex) pues, en ausencia de norma, las reglas que imperan en las relaciones del Estado y la sociedad civil organizada dependen, sistemáticamente, de los grupos y clases dominantes.

2.   La soberanía es única, indivisible y uniforme. Los representantes de la derecha ultramontana en España no entienden, ni asumen, en pleno siglo XXI, que la composición del Estado es, ha sido y seguirá siendo plurinacional. Ya hay, de hecho, registros autonómicos que abordan el reto de la transparencia y control de los grupos de interés, y es necesario, como corresponde a un modelo federal, una regulación estatal que garantice coordinación interterritorial y cooperación entre la Administración central y las comunidades.

3.   La eficiencia del Estado pasa por reducir su composición. Para los portavoces de Silicon Valley, todo problema o cuestión social se resuelve con la motosierra o siguiendo el patrón de conducta del presidente Bukele. El derecho, la ley, el desarrollo reglamentario, es una cuestión menor, al parecer, para la modernización de la Administración pública cuando se trata de acometer el objetivo de la debida democratización de la acción política del Estado. De hecho, donde gobiernan han suprimido organismos decisivos para la supervisión de la función pública contra la corrupción, valedores como son del principio de que el interés general es especial y sus intereses especiales, el bien común, confundiendo, por sistema, lo público y lo privado.

Pero la realidad demuestra que el sustento iletrado de tales aporías invalida el discurso de cuanto peor (o menos regulación), mejor para la sociedad civil. La mediación social en democracia exige en nuestro tiempo reforzar las libertades públicas profundizando el desarrollo normativo en línea con el Plan de Acción Democrática Europea. En otras palabras: mejorar la transparencia en la gobernanza, desarrollar mecanismos de rendición de cuentas y fomentar la participación de la ciudadanía. Esta es la esencia del estado social y de derecho. En estos delicados momentos, la disyuntiva en el seno de la UE es si avanzamos en esta dirección –protegiendo las libertades públicas, la igualdad y la justicia social– o si se impone el dominio de los falsos patriotas, impostores del orden que atacan la justicia social y al propio Estado, restringiendo por la puerta de atrás derechos fundamentales, so pretexto de la salvaguardia de la seguridad nacional.

Contra los señores de la guerra, contra la OTAN y el muro de Wall Street, contra el modelo de rearme autoritario y excluyente de las derechas ultramontanas, sabemos, la historia así lo demuestra, que el buen gobierno y la calidad democrática se fortalecen con una relación fluida y clara entre Estado y sociedad civil, entre políticas públicas abiertas al escrutinio ciudadano y el buen gobierno. Permitir o propiciar una mayor y mejor fiscalización de la actividad pública contribuye, en fin, a la necesaria regeneración democrática, promueve la eficacia del Estado y, además, trae consigo un aumento del índice de la calidad de sus democracias.

Los ciudadanos necesitan saber qué datos se utilizan para tomar cualquier decisión, qué personas contribuyen a la toma de decisiones, a qué se destina el dinero de sus impuestos, cuáles son y si se respetan los procedimientos de contratación. En definitiva, la sociedad reclama cada vez más transparencia a sus representantes y las instituciones del Estado. Tenemos la obligación de fomentar esa cultura de la información accesible y agilizar los cauces para ofrecerla frente a la opacidad y cierta tradición arbitraria en el manejo de la información de dominio público. Transformar la cultura de la información de los funcionarios y la Administración pública en la aplicación de las debidas normas de transparencia y acceso a la ciudadanía es una reforma de calado que modificará la dinámica de la democracia deliberativa evitando el juego interesado de las minorías y su capacidad de presión a espaldas de la opinión pública. Ello exige, claro está, dotar de recursos suficientes y medios adecuados a la oficina responsable de aplicar la nueva norma, tomando de paso en consideración las observaciones de la Quinta Ronda de Evaluación del Grupo GRECO.

Se trata, en suma, de mejorar las garantías y procedimientos en la Administración del Estado para romper con el capitalismo de amiguetes o el lobbismo que impera, tanto en Bruselas como en el Capitolio. Tenemos ejemplos recientes con el 5G y las agencias de calificación de riesgo. Es hora de no repetir la historia como farsa, no incurrir en errores como el de la televisión de alta definición que impidió que la UE y nuestras empresas estuvieran a la vanguardia de la nueva televisión digital por los grupos de interés de las corporaciones estadounidenses, y empezar a caminar en dirección contraria, siguiendo el modelo nórdico, el ejemplo pionero de Suecia.

Es tiempo de consolidar una forma de Estado igual y transparente para todos, contra el imperio de la impunidad por opacidad, confiados en el papel positivo que puede cumplir la Oficina de Conflictos de Intereses y en la adaptación legislativa que permitirá el análisis de redes, evitar testaferros y comisionistas de turno, dejando huella normativa y trazabilidad de debates legislativos y de programa de gobierno, mediante la coordinación de esfuerzos y la interoperatividad con las comunidades autónomas que ya han avanzado en la regulación y registro de los grupos de interés.

Quienes defendemos el derecho a la información y la transparencia que garantiza la libertad de prensa, entre otros derechos fundamentales, hace tiempo que venimos insistiendo en que hay que acabar con la influencia nociva y oculta de los intereses especulativos de los amigos de lo ajeno. La consulta pública y accesible es, como la democracia, contraria a la ilustración oscura. Por ello, es preciso desplegar herramientas normativas en defensa del control social democrático. Por conciencia, porque todo debate contrario al registro y los sistemas de información compartidos no tiene otro cometido que validar el dominio restringido de los intereses creados. Esta debería ser la primera lección de la guerra cultural, la batalla por la información y la verdad.

Er capital

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En estos tiempos locos de restauración neoliberal, de discursos de la guerra, tenemos un problema: el capital necesita reorganizarse en condiciones sociales autoritarias. Democracia casa mal con la acumulación por desposesión. El cambio de ciclo que vivimos no es otra cosa que la vuelta a un hedonismo conservador en forma de decadentismo del régimen imperial que subsiste arrastrándonos al colapso civilizatorio. Se impone, en otras palabras, la prospectiva de la aniquilación, el sinsentido de la política de la elección de lo peor. Las señales son ostensibles, en las calles, en los bares y, antes como correlato, en las pantallas. El ruido mediático de la caverna se complementa con la cacofonía de los tertulianos y el silencio de los nadies, que diría Galeano, en una suerte de ritornello que nos evoca otras épocas. Y mientras, quienes podían advertirnos de tal deriva, como otros arriesgaron antaño en serio, léase Sacristán, nada dicen, todo lo consienten. El modelo de intelectual TEFAL, antiadherente, es, como advierte Pierre Conesa, una realidad en Francia y la mayoría de países de la UE, y en España, dadas las circunstancias excepcionales, prima más bien el intelectual posit, que no sabe decir NO, y que se pega donde conviene plegarse. Pensadores de la hermandad del cazo, los expertos y reforzadores de opinión que trabajan para el Instituto Real el Cano, Open Society o Heritage Foundation en EE.UU. nos dicen en el canal progresista, vaya oxímoron, que es inevitable la escalada militar y que hay que seguir el camino trazado desde Washington. Todo por la pasta, la que reciben por ser coristas disciplinados que replican la letra y música del Pentágono y la que nos expropiarán para mayor gloria de Lokheed Martin y otras empresas estadounidenses que esperan mejorar su balance comercial a costa de nuestras vidas. Y lo hacen con una suerte de inversión de lo real, de mixtificación, ilustración oscura lo llaman, desplegando una caja negra sobre lo social inescrutable. En la era Big Data, como con “El desafío Starbucks”, la clave está en la explotación de datos, materia prima de la nueva economía política de la información personal. En palabras de El Roto, los que nos quieren tener localizados son ilocalizables. Ya lo advirtió Jesús Ibáñez, el sistema del capitalismo tardío exige el flujo de información de abajo hacia arriba, extractivismo de materia prima, para inyectar en la base social, a posteriori, toda suerte de productos, discursos y contenidos manufacturados con cargo a nuestros bolsillos, por supuesto.

De las encuestas y sondeos al control y extracción intensiva de datos, somos continuamente monitorizados, inmersos en una experiencia mágica para los legos cuyo único legado posible es la servidumbre, permanecer ignorantes, faltos de conocimiento del sistema, impávidos, ilotas y domesticados. Así, los productores de “Strangers Things”, por señalar un ejemplo cercano, hacen numerosas pruebas pretest a los públicos, y comprueban que nos segregan en la justa medida serotonina suficiente para deglutir, fidelizar y reproducir el rol y consumo necesario que mantenga el bucle recursivo de la industria del entretenimiento. En este proceso, Netflix y Google nos expropian la vida extrayendo la materia prima del capitalismo de plataformas. El americanismo de esta era de la Inteligencia Artificial es la colonización de la información personal: de Nike y Coca Cola a Cambridge Analytica. Una hegemonía cultural que se refuerza, más allá de la pandemia, movilizando a las masas en forma de opinión pública aclamativa que grita al unísono: dame veneno que quiero morir, dame dame veneno. Cosas de la necropolítica. La canción de los Chichos es hoy la banda sonora sentimental de la era del consumo compulsivo, donde la sonrisa de Amazon se torna mueca satírica siempre dispuesta a satisfacernos para cuadrar la cuenta de resultados, con un incremento de un 22% solo en España. Y sigue la fiesta, contrariamente a lo que proclamaran los de la ardilla. El resultado: un medio ambiente tóxico y contaminado.

El ecosistema informativo patológico es especialmente dañino para los más jóvenes. Incluso la cultura pop ha mutado en una suerte de estética de la afirmación pansexual. Una operación cosmética de consumo rápido, por no decir marketing basura, que ha llegado al extremo de la ludopatía universal. La cuestión es que en la era del principio prohibido prohibir cómo procuramos una mediación rehabilitadora y sostenible visto el cuadro analítico que tenemos. No parece que en Bruselas este asunto esté en la agenda prioritaria de actuación, ni entre las fuerzas transformadoras de nuestro espacio político. Supongo que nunca leyeron los Escritos Corsarios de Pasolini o que no toman en serio los ejercicios filológicos de Gramsci, pese a todas las evidencias: Spotifyer, instragramer, influencer, satisfayer, youtubers, , . . . . . . eeerrrrrrrrrrrrrrrr. Demasiada expresión gutural y colonialismo naturalizado sin respuesta. No hay cuerpo que lo aguante ni inteligencia que lo acepte con resignación. Hora pues de confrontar a ER CAPITAL. Tiempo de poner en su sitio a los tontopollas que proliferan en esta modernidad cosmopaleta que nos domina, empezando por los conversos de Silicon Valley y continuando con los gacetilleros a sueldo que replican las proclamas de los GAFAM cual cipayos reconvertidos a vendedores de crecepelo digitales, que de todo hay en esta feria banal del mercado tecnofeudalista que nos quiere vender Trump. ¿Cambiamos de pantalla?

Información y cultura deliberativa

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El próximo mes de agosto concluye el plazo marcado por Bruselas para cumplir con las exigencias del Reglamento Europeo de Libertad de Medios y no parece que el despliegue del plan gubernamental anunciado avance significativamente en esta materia.

Bien es cierto que en la cámara de diputados se han tramitado algunas medidas relativas a transparencia, información gubernamental y grupos de interés. Un avance, sin duda, desde el punto de vista de la modernización y la reforma institucional adecuada a estos tiempos.

Pero sigue evitándose regular el derecho a la comunicación en la base de la cultura democrática deliberativa. El argumento interesado de las empresas dominantes en el mercado, contrarios a toda regulación, se ha impuesto como justificativa para impedir la necesaria voluntad de construcción en común del dominio público.

Aunque parece evidente que ha llegado la hora de abrir el espacio de interlocución a organizaciones sociales, sindicatos y academia, además de los gremios profesionales y las propias empresas periodísticas, si hay voluntad política de mejorar las condiciones de convivencia democrática, no se observa voluntad política de las fuerzas mayoritarias en esta dirección.

El problema es que de no avanzar la reforma del sector, superando la discusión sobre los medios hacia el horizonte de mediaciones productivas, tendremos un ámbito quebrado, históricamente suturado por brechas y ausencias de dispositivos conjuntivos en un tiempo, el trumpismo, proclive a la restauración autoritaria.

En la línea que ya propone el Reglamento Europeo sobre la Libertad de Medios, en la era de la información, no podemos seguir manteniendo debates estériles y decimonónicos, sobre la pertinencia de regular o no la actividad de los medios.

No se trata siquiera de consensuar una ley general, sino más bien cómo construimos una arquitectura jurídico-normativa que garantice el derecho ciudadano a la comunicación, que es un derecho universal, así reconocido por la UNESCO. En este sentido, un gobierno de progreso no puede ser timorato cuando lo que está en juego no es más ni menos que la propia democracia.

Un avance sustancial y profundamente reformista es urgente porque en nuestro país no se han acometido políticas estratégicas por parte del Ejecutivo y los legisladores. Y a día de hoy incluso una mera modificación del Reglamento del Congreso suscita, entre las terminales mediáticas del IBEX35, una diatriba sin contención ni mesura.

Por más que se insista en la panoplia de redichos sin consistencia ni razón en contra de toda norma, lo cierto es que hay un mandato de Bruselas que nos obliga a legislar en la materia. El Reglamento Europeo de Libertad de Medios exige, explícitamente, la autonomía e independencia de los medios públicos y tenemos un Real Decreto que abunda en el tradicional modelo de gubernamentalización del Ente Público.

La instrumentalización tanto del PP como del PSOE de los medios públicos reproduce una lógica y racionalidad que convierte por sistema la autonomía de los medios públicos en una promesa históricamente recurrente y siempre incumplida, a excepción del concurso público bloqueado desde el principio por el bipartidismo.

El resultado es que, a día de hoy, RTVE, y los canales autonómicos aún más si cabe, operan como altavoces del PP y del PSOE con un modelo caduco de organización, una producción, por lo general, externalizada y una programación que, lejos de contribuir a los valores democráticos, replica discursos y visiones más propias de otros tiempos, con un sesgo partidista manifiestamente marcado en sus contenidos informativos y de entretenimiento.

Por otra parte, la regulación y desarrollo de los llamados medios del Tercer Sector no ha sido atendida por los sucesivos gobiernos, pese a su reconocimiento en la Ley General Audiovisual. Los medios comunitarios continúan en una situación de interinidad sin apoyo económico ni un marco que canalice la voluntad ciudadana de decir y hacer en el campo de la comunicación. Y qué decir del pilar de los profesionales.

Las medidas parciales en defensa del trabajo periodístico como la supresión de artículos lesivos de la ley mordaza son a todas luces insuficientes cuando la precariedad amenaza el principio de autonomía del sujeto cualificado del derecho a la información y la IA tiende a vaciar las redacciones de profesionales responsables que se supone han de aplicar los códigos y valores de la profesión.

La excesiva concentración informativa amenaza nuestra democracia con el dominio duopólico en el audiovisual, complementariamente a la concentración intensiva de la prensa, y el dominio del capitalismo de plataformas que, como apunta el Reglamento Europeo, nos hacen dependientes informativamente, socavando el principio de soberanía, y la propia pervivencia de los medios autóctonos en favor de los nuevos intermediarios de la revolución digital, sin que el Congreso establezca límites claros para definir una estructura de la información plural y equilibrada.

La renuncia de los sucesivos gobiernos a regular el sistema informativo ha llevado, como consecuencia, a mantener un marco normativo claramente limitado con una ley de publicidad institucional ineficaz, una regulación de secretos oficiales que abunda en la falta de transparencia del Estado y la siempre postergada reglamentación del secreto profesional y la cláusula de conciencia.

En su comparecencia en la Comisión de Calidad Democrática, Ignacio Escolar puso el acento en esta contradicción que explica en parte la desafección y falta de confianza de la ciudadanía hacia los medios. Resulta paradójico que desde el ámbito profesional se defienda la autorregulación por sistema al tiempo que se mantienen marcos normativos de la dictadura.

Pareciera que no hay voluntad de transformar un ámbito necesitado de intervención desde los tiempos de Manuel Fraga como Ministro de Información y Turismo justo en un momento en que Trump despliega su potencia de fuego en las redes y en el marco del Estado se naturaliza la lógica del mediafare.

Mientras, la cultura de las pantallas móviles y difusas de la cuarta revolución industrial hace tiempo que desplazaron el debate sobre derechos de la ciudadanía de los contenidos de edición a la red tecnológica y los proveedores de servicios, sin que desde las políticas públicas se haya promovido la educomunicación al objeto de fomentar una cultura mediática y digital responsable, crítica y consciente de las lógicas de desinformación y control social que las grandes plataformas y redes sociales promueven diariamente.

La comunicación no es una mercancía, es antes que nada un derecho fundamental para la participación en democracia y exige en consecuencia un esfuerzo de pedagogía democrática si apostamos por una cultura deliberativa sana, plural y productiva.

La primera libertad de prensa, decía Marx, consiste en no ser una industria. Es hora pues de acometer el Derecho a la Comunicación como un derecho humano fundamental, como un derecho universal que ha de proteger la información en tanto que bien público esencial para nuestra democracia, procurando una ecología de la comunicación democráticamente saludable, consistente, sostenible y compleja, como el tiempo que nos toca vivir y transformar.

 

Sumar pide a RTVE que no venda «motos de la OTAN» y levante el veto a la información sobre el Sáhara

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Izquierda Unida, integrada en el grupo plurinacional de Sumar, pedirá el lunes al presidente de RTVE José Pablo López que la corporación deje de “vender motos de los kit de supervivencia” de la OTAN y levante el veto a la información sobre el conflicto del Sáhara Occidental en la programación del ente público. Trasladará el ruego aprovechando su comparecencia periódica en la comisión mixta de control parlamentario de RTVE.

“Hay que exigir que los medios públicos cumplan su labor de defensa de la paz, del derecho internacional humanitario y que no nos vendan relatos y motos de la OTAN sobre el kit de supervivencia”, señaló Francisco Sierra, diputado de Sumar, en la jornada “Cómo poner el conflicto saharaui en la agenda informativa” celebrada este viernes por la asociación Frontera Cero en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla.

Sierra, portavoz de Sumar en la citada comisión mixta, calificó a la OTAN de “organización criminal terrorista que vulnera sistemáticamente el derecho internacional y que debiera haber desaparecido hace tiempo” y que, a su juicio, “opera en guerras como la de Ucrania para destruir la Unión Europea como competidor”. “Nosotros como Izquierda Unida, como grupo parlamentario de la izquierda plurinacional, hemos sido claros y tajantes a este respecto”, deslizó Sierra, catedrático de teoría de la comunicación de la universidad hispalense.

“El lunes tenemos una sesión de control de RTVE y justamente voy a exigir al presidente de la corporación que se acaban los kit de supervivencia y que hable de lo esencial: del derecho humanitario del pueblo saharaui, del derecho humanitario del pueblo palestino, es decir, de la hoja de ruta que marca la Unesco y el propio libro estilo de RTVE”, avanzó. “Se debe fomentar el diálogo entre los pueblos, la cultura de paz y la defensa de los derechos humanos. Ahí tenemos un frente por desarrollar, porque aunque hay editores que toman decisiones contrarias y establecen cercos, los redactores tienen una grieta donde podemos intervenir en la creación de fuentes”, apuntó al abordar los diez ejes sobre los que considera que se puede actuar para situar en la agenda informativa conflictos invisibles como el del Sáhara Occidental.

La «segunda traición» del PSOE y el veto en RTVE

Durante su intervención, Sierra denunció lo que considera el veto existente en la televisión pública para informar sobre el Sáhara Occidental, en el marco de un histórico cambio de posición en el conflicto del Sáhara Occidental que calificó de “segunda traición” del PSOE a los saharauis tras la inicial de Felipe González. “El bloqueo informativo y la propaganda marroquí ha relegado prácticamente el conflicto del Sáhara Occidental. No está en la agenda de la prensa internacional y evidentemente la presión sobre Marruecos para cumplir las resoluciones de la ONU es inexistente porque un problema que no se enuncia ni aparece deja de ser un asunto público, por tanto, no hay acción política”.

“Se ha logrado la deslegitimación de la causa en los medios por razones incluso espurias. Si hablamos de la prensa española, por razones de realpolitik. Es tanto como decir que con la Realpolitik no debe haber derecho alguno, internacional, humanitario, ni derecho público por razones pragmáticas. Se trata de un disparate pero a esos extremos se ha llegado en las diferentes tertulias. Y la censura de la violación de derechos humanos y los territorios ocupados perpetúa la impunidad de Marruecos, silenciando la voces de activistas, especialmente de valientes mujeres y la lucha en general del pueblo saharaui y de las organizaciones sociales de solidaridad y de activismo que defienden una causa justa. Esto ha tenido coste también para el Estado español”, detalló.

El silencio de su socio de coalición, advirtió Sierra, está vinculado a una posición más general en asuntos internacionales y de apuesta por las alianzas tradicionales. “El PSOE históricamente ha mantenido una posición otanista y de apuesta por la guerra. Tenemos que avanzar en este escenario en el que por fin han descubierto y han visto la luz muchos europeos, incluso de derechas, de que no somos aliados de Estados Unidos y que no somos fiables para Estados Unidos”, arguyó.

El «sector derechista» del Gobierno de coalición

Sierra presumió del papel de Izquierda Unida en la rescisión del contrato del ministerio del Interior con una empresa militar israelí para la compra de munición.”En el caso de Gaza la acción de Izquierda Unida ha garantizado no solo lo que sucedió esta semana, sino que muchos de los atraques que hay de barcos con dirección a surtir de armamento la guerra contra el pueblo de Gaza día a día se denuncien en la Audiencia Nacional”, subrayó.

Una labor que -considera- ha puesto en aprietos al “sector derechista del Gobierno”, representado por los ministerios de Defensa e Interior. “Tienen serios problemas y también Exteriores respecto a la posición en el genocidio que se está desplegando contra el pueblo palestino”, indicó.

Firme defensor del activismo para sacar del ostracismo causas como la saharaui, Sierra apostó por introducir sanciones contra la desinformación en el plan de acción que elabora el Gobierno. “Sanciones a los periodistas, con modificación de Código Penal, para que cuando desinformen, manipulen, cosa muy habitual en España entre la prensa, tengan responsabilidades penales, civiles que son insuficientes a día de hoy con todo lo que encontramos en los medios. Esto podría permitir que se sancionen a determinados medios y periodistas que han actuado como agentes de Marruecos en defensa de intereses ilegítimos desde el punto de vista del derecho internacional”, concluyó.

El arte de la resistencia

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Decía Max Horkheimer que toda reificación es una forma de olvido, por ello conviene reconstruir siempre la historia de las experiencias y formas de lucha en los frentes culturales conocidos para vivir y transformar el mundo que habitamos. No es una tarea o empeño menor. La vida y el horizonte del principio esperanza depende de ello. Hoy que los valedores del franquismo sociológico se pasean por las Cortes y las tertulias de medio pelo como si nunca hubieran abandonado el atril, uno se pregunta cómo hemos olvidado tanto, cuánto nos han obligado a dejar en el rincón del olvido las mejores páginas de nuestra historia para salvar al rey, para vender una transición modélica, un relato de la reconciliación nacional que olía más bien a formol, ocultando a las nuevas generaciones la heroica historia de experiencias como Radio España Independiente, La Pirenaica, ese altavoz clandestino que fue mucho más que una emisora: fue un grito, un refugio, un dispositivo eficaz de resistencia comunista, organizador eficaz del exilio republicano. Hablamos de la primera iniciativa de contrainformación que logró avivar la esperanza y dar voz a quienes fueron sometidos a un largo tiempo de silencio.

Es frecuente, en los estudios en comunicación, documentar a partir de los años ochenta la historia de los medios libres y comunitarios obviando, queremos pensar que por ignorancia, no por sesgo ideológico, la aventura de una estación pionera no solo en la lucha antifascista, en línea con iniciativas como Radio Yugoslavia Libre o Milano Aperta, sino crucial históricamente como experiencia de contrainformación en un régimen totalitario sin apenas resquicios para dar cuenta de la vida sometida durante la dictadura. De ello tenemos testimonio en el libro del profesor Armand Balsebre y Rosario Fontova (Cátedra. Madrid, 2014), Las cartas de la Pirenaica, testimonio de la multitud represaliada por el genocidio franquista que ilustra no solo cómo operaba el principal altavoz de la lucha antifranquista, sino también, siguiendo las tesis de Lenin, a propósito de Iskra, de qué manera La Pirenaica lograba desplegar medios de organización del partido y, muchas décadas antes que el programa de Lobatón, cumplir con la misión de servicio público para el reencuentro de exilados y desaparecidos tras la devastadora Guerra Civil. Hablamos de un altavoz poblado de voces comprometidas que mantuvieron, en situaciones muy precarias, el difícil equilibrio del funambulista que atrae nuestra mirada hacia adelante y más arriba, porque quienes sostuvieron la emisora sabían muy bien y aprendieron en la práctica que, como advirtiera el gran Mario Kaplún, la comunicación es una calle ancha y abierta que hay que amar transitar, se cruza con compromiso y hace esquina con comunidad.

Desde julio de 1941, La Pirenaica hizo posible, en este sentido, mantener vivo el anhelo común de vuelta a la democracia siendo pionera en Europa en las emisiones clandestinas contra el avance del fascismo. Pasionaria, como años más tarde supo también ver el Comandante Chávez con la creación de TELESUR, tuvo la claridad meridiana para vindicar la paz y la palabra apostando por el uso de las ondas hertzianas como la mejor forma de desplegar el arte de la resistencia y defender la lucha por la legalidad democrática de la II República. Mientras el padre de José María Aznar daba los partes de guerra, terminada la contienda civil, desde RNE, La Pirenaica era la única fuente fiable de lo no contado en el régimen de terror franquista. Junto a la BBC y la Radio Pública Francesa, constituía el baluarte de la información veraz en medio de las cortinas de humo del NODO institucional con el que la población podía conocer la actualidad gracias al encomiable desempeño de numerosos militantes anónimos como Ramón Mendezona o Pilar Aragón, que creó en 1961, veinte años después de la primera emisión de La Pirenaica, Página de la mujer, un programa que reclamaba, en la tradición de Alexandra Kollontai, un feminismo de clase mientras Elena Francis difundía los preceptos de la sección femenina de la Falange. Está por reconstruir, explorando en los archivos del PCE, la historia íntegra, la trayectoria de una emisora con más de 100.000 emisiones, entre julio de 1941 y 1977, una memoria sentimental poblada de voces que alentaron la resistencia, en la que junto a la inconfundible audición de Pasionaria, se sucedían voces imprescindibles como las de Irene Falcón, Ángela Davis o Rafael Alberti, entre otros.

Hoy que en España se plantea la necesidad de un Plan de Acción Democrática, convendría empezar por hacer memoria y recordar quién estaba en el Ministerio de Información y Turismo, al frente de la censura, y quiénes lucharon por el retorno a la democracia en defensa de la República y la legalidad constitucional —fuera la propia Pirenaica o Radio Euskadi—, es hora en fin de honrar esa memoria, retomar el hilo rojo de la historia y haciendo un ejercicio virtuoso de la necesidad, en un tiempo en el que la información es una mercancía adulterada y la verdad un bien escaso excepcional, articular puentes de futuro extendiendo redes como Mundo Obrero Radio o, por qué no, aunque se nos acuse de habitar la utopía, poner en marcha de nuevo La Pirenaica, todo un símbolo de la cultura democrática y la lucha antifascista. ¿Sería posible una radio que, más allá de ampliar el pluralismo interno a nivel informativo o retransmitir sesiones de debate parlamentario, sea capaz de ofrecer un espacio para desmontar la narrativa escuadrista de los herederos de lo peor? Si el último programa de La Pirenaica fue emitido desde Madrid retransmitiendo la sesión de las Cortes constituyentes con el retorno de la democracia, hoy que los seguidores del franquismo sociológico alzan su voz altisonante, por qué no recuperar La Pirenaica para hablar con altura de miras, desde la robusta cordillera de un proyecto de libertad informativa para todos, una suerte de radio clandestina en tiempos de zozobra y desinformación. Los militantes de la comunicación alternativa somos conscientes que todo es posible con imaginación. Apaguen las pantallas y enciendan la luz de lo común. No hay otra forma no ya de soñar sino simplemente de vivir una vida digna de ser vivida, la misma que nos anima a cultivar los senderos abiertos y los surcos horadados durante años por infatigables luchadores sociales que sabían lo que hacían porque a su vez caminaron sobre los hombros de gigantes, o simplemente pensando contracorriente.

El sombrero de Melania

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Toda crítica de la razón cínica pasa por dar la vuelta al relato empaquetado que adulteran los medios de infoxicación a lo Fox News. Tal empeño empieza a resultar urgente, cuando no una tarea de mortal necesidad. Nunca mejor dicho. Los cuentos que nos cuentan ocultan como accidente la acumulación de cadáveres en el paso de la desposesión al despojo, de la modernidad imperial al tecnofeudalismo bárbaro y depredador. Y no nos referimos al polémico saludo del discípulo de Ford, por nombre Elon Musk. Hablamos más bien de la restauración conservadora que se proyecta y naturaliza en el espacio público con el torrente de imágenes, titulares y representaciones simbólicas que a diario permean nuestro imaginario con el fin de hacer deseable la dominación autoritaria. Un ejemplo de la eficacia neofascista en la escenificación del relato de terror que nos inoculan es el caso del sombrero de Melania. Toda la prensa internacional interpretó la vestimenta de la primera dama estadounidense como un ejemplo de elegancia, sofisticación y formalidad, o en los medios más frívolos como una forma de distanciamiento del presidente Trump. Hubo incluso memes y una proliferación de numerosos comentarios en las redes sociales vindicando, desde el feminismo, una narrativa sobre los afectos no deseados y las relaciones íntimas del presidente ultra y su esposa en contra de la norma conyugal y el patriarcado, en una suerte de interpretación del mundo al revés. En medio de una declarada guerra ideológica, la lectura de la estética del sombrero de Javits que portó Melania Trump en clave marital, y no política, eludiendo el contexto histórico de la restauración conservadora cuando la imagen evocaba claramente la vuelta al tradicionalismo y el repliegue en los valores del fundamentalismo religioso en torno a la familia, la tradición y la propiedad, es una prueba más del despiste de la izquierda en la disputa del sentido común. Más aún cuando un simple análisis crítico del discurso mostraría, con todas las evidencias del contexto y la coyuntura en curso, que, en concreto, el polémico sombrero no es otra cosa que la vindicación de la cultura cuáquera. La«Sociedad Religiosa de los Amigos» que dio origen a las comunidades puritanas de colonos en Estados Unidos, los llamados «Amigos de la Luz» y «Amigos de la Verdad», representan no solo el quietismo y el temor a Dios, sino la ortodoxia ultra y la adoración de la riqueza cuya cultura tradicionalista ya fue decisiva en la estrategia de roll-back de Reagan con el boom de los telepredicadores y hoy vuelve de nuevo a primera plana con esta política de gestos y simbolismo que se despliegan por doquier a fin de incidir en la narrativa del Far-west versión 2.0. De hecho, las sectas evangélicas, el frente cultural religioso, desempeñan una función crucial en los planes de la Casa Blanca y en toda América Latina, e incluso empiezan a asomar la cabeza en nuestro país entre formaciones como el PP. Aunque el discurso de Donald Trump y su proyecto político dejan meridianamente claro que su administración se va a centrar en la “restauración completa de la hegemonía imperial de Estados Unidos” y una “revolución del sentido común”, resulta por lo mismo cuando menos paradójico que a este lado del Atlántico sigamos haciéndonos los suizos mientras se ha dado aviso de derruir el proyecto de la UE, empezando por Alemania, y antes con el Brexit de la mano de Steve Bannon. Llama igualmente la atención que nadie en la prensa de referencia haya hablado de la fundación parafascista Heritage Foundation y el “Proyecto 2025”, la propuesta programática de Trump para desmontar el Estado-corporación, en la misma línea de Milei. Quizás no quiera el periodismo nacional-catolicista imperante por estos lares poner en evidencia las concomitancias entre el proyecto de la derecha ultramontana patria y el régimen tecnofeudal que se ensaya en el imperio en decadencia en forma de cruzada para recristianizar la sociedad impulsando el robustecido protagonismo político y cultural de las elites económicas con el fin último de pasar de la acumulación por desposesión a la acumulación por despojo: sea en Gaza, en forma de genocidio, o en Europa vía incremento de compra de armamento a Estados Unidos por exigencias de la OTAN o, lo que es peor, con la actuación de los fondos buitres del muro de Wall Street que especulan por encima de nuestras posibilidades, imponiendo las clases rentistas su interés sobre el derecho a techo constitucional.

Quizás cuando algunos periodistas y medios vean perder su libertad, ya lo empiezan a percibir, convertidos en meros siervos de los lugartenientes de turno del gran capital financiero, logren al fin comprender que de Reagan a Trump, de los cuáqueros a Silicon Valley, de Pat Robertson a Elon Musk, la comunicación o la llamada ideopolítica es la guerra de clases por otros medios. Y cuando la cultura que nos rodea con la americanización se impone en forma de barbarie programada, sea con la celebración de Halloween y el desayuno con cereales de estética cuáquera, sea por la emulación de los medios ultravoxiferantes a lo Murdoch con la pródiga estupidez supina del comentario tertuliano sin sentido, salvo repetir lo consentido por la familia Botín y el bunker de Zarzuela, parece llegada la hora de volver a definir con inteligencia la disyuntiva de Rosa Luxemburgo. En otras palabras, si no avanzamos una estrategia contrahegemónica frente a esta batalla de las ideas terminaremos como en El cuento de la criada. Así que conviene ir tomando nota y pensar e ir en serio, tal y como vindicaba Sacristán. O con esperanza, como recomienda Lakoff, que en sus reflexiones sobre cómo combatir el neofascismo plantea unos criterios mínimos de actuación para revertir el régimen autoritario en defensa de la democracia. Nos referimos a la empatía, la cooperación social, el optimismo, el lenguaje de los vínculos frente a la separación, el aislamiento y disyunción de los discursos del odio. Una poética y política de lo común que ante la incertidumbre y desorientación del negacionismo milite por la afirmación de la verdad revolucionaria, la ciencia en común, la conexión y organización social, la comunidad a lo comunista del film El 47, la vuelta a la calle y la barricada, a los barrios y los bares, a las conexiones sinápticas no mediatizadas por Silicon Valley, a la pedagogía democrática del diálogo y el consenso, a la política de la articulación y la educación republicana, a la resistencia del persistir y luchar con alegría de vivir, al no callarse y romper el cerco del silencio que los del sombrero de Melania nos quieren imponer, simplemente por ser los y las sin sombrero. Los nadie de Galeano que hace tiempo sabemos que no nos vale milonga alguna y, que como dice en estas páginas Felipe Alcaraz, o caminamos juntos o nos van a ahorcar por separado.

Aprendamos las lecciones de la historia, y leamos las cenizas de Gramsci. Por muy ancho de ala que sea el sombrero de Melania, nunca podrá ocupar toda la pantalla, ni el espacio público. Siempre hay margen suficiente para construir el materialismo del encuentro.

Por una marea blanca y verde: Por Andalucía, una confluencia andalucista y de izquierdas

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El horizonte político de la geopolítica internacional y la guerra económica y comercial de Estados Unidos afecta sobremanera los intereses de nuestro sector primario y la actividad sostenida con esfuerzo por los pequeños y medianos agricultores andaluces. El nuevo escenario de recomposición de las relaciones políticas y económicas sitúa a nuestra tierra en una posición de mayor dependencia y vulnerabilidad, al tiempo que la agenda conservadora de restauración neoliberal de la derecha extrema y los partidos ultras despliegan una política de privatización de sectores básicos para la ciudadanía como la sanidad, la educación o el resto de los servicios públicos. La movilización masiva del pueblo andaluz recuerda la lucha del pueblo andaluz por la autonomía. Las manifestaciones multitudinarias muestran una composición transversal, unitaria y antagonista que deben ser articuladas políticamente. La unidad popular no es solo una de las proclamas expresadas por el pueblo andaluz. En el trasfondo y en el espacio político de la izquierda andaluza que supone Por Andalucía, está la exigencia de mayor autonomía estratégica, de recuperación de derechos fundamentales articulando un frente político unitario que cambie la matriz productiva y reformule la tradicional dependencia y subalternidad de Andalucía en la división internacional del trabajo que ha marcado históricamente el proceso intensivo de globalización.

La construcción de plataformas unitarias y transversales responde a una concepción social, muy difundida, del conjunto de los sectores sociales progresistas y populares, sobre la necesidad de articular espacios amplios de defensa de lo colectivo, en un contexto de fuerte ofensiva reaccionaria neoliberal. A nadie se le escapa que Pedro Sánchez y especialmente el PSOE, a pesar de los avances conseguidos por el gobierno de coalición, está evitando profundizar en las transformaciones económicas y sociales requeridas para avanzar en la conquista de derechos y consolidar los ya conquistados que están siendo cuestionados. La vivienda se encuentra en proceso de mercantilización en una economía cada vez más rentista y turistificada.

El avance de las universidades privadas, la desaparición de aulas en las escuelas públicas, el deterioro de los centros públicos de FP y la degradación de la sanidad pública andaluza profundiza la desigualdad histórica sufrida por las clases populares andaluzas. Sin una buena educación será difícil para mucha gente conseguir un empleo digno. Además, la carencia de una vivienda propia o de un alquiler asequible hace que se degraden las condiciones de vida de las andaluzas y los andaluces. Así mismo, la destrucción de nuestra sanidad hace más vulnerables nuestras vidas, tanto o más que nuestro sector primario y la estructura económica extractivista, intensiva y dependiente.

En este escenario político, es hora de retomar el espíritu del 4D, una marea blanca y verde de convocatoria por Andalucía que confronte en el plano internacional los retos estratégicos de la economía desde nuestra tradicional posición periférica en el Sur de Europa y, en clave nacional, confrontar el programa de restauración conservadora de PP y Vox y los poderes económicos que no solo repiten la historia como un mantra, sino que replican en nuestra tierra un sistema político clientelar en favor de la oligarquía y el caciquismo, ahora al servicio del tecnofeudalismo y el capital financiero especulativo. Nos encontramos, por todo lo expuesto, ante un contexto peligroso donde un nuevo gobierno reaccionario puede llevar a cabo derivas autoritarias desde los aparatos policiales, judiciales y mediáticos contra las izquierdas, los sindicatos, el feminismo y las personas migrantes.

Además de todo esto, estamos en un contexto belicista, donde una parte del establishment europeo (el Partido Popular europeo y los partidos de la internacional socialista) está escalando en un proyecto de rearme militar de Europa que profundiza nuestra subalternidad respecto a los intereses imperialistas norteamericanos, que implicará un recorte de derechos y libertades hacia las posiciones críticas con la guerra imperialista, que llevará a cabo la reducción del gasto en servicios públicos para derivarlo a la industria militar norteamericana y que encarecerá los precios de los alimentos y los servicios básicos, como consecuencia de la inestabilidad económica y de la inflación derivadas de todo contexto bélico. Pero además nuestra Andalucía está situada en un terreno geográfico estratégico como es el estrecho de Gibraltar, minada además por bases militares como son Rota, Morón, por colonias de enclave como es Gibraltar y con más de veinte instalaciones militares del ejército español. Esto hace de Andalucía un territorio especialmente vulnerable a la política imperialista americana socavando nuestra cultura de paz, nuestro ethos barroco, la forma tradicional de hibridación y hermanamiento con las culturas del Mediterráneo.

La sociedad andaluza, por historia y cultura, por identidad, ha mantenido estrechos vínculos económicos y culturales con los países del sur global, en especial del Norte de África y de América Latina. Pero ello no se ha traducido en un proyecto político de proyección y solidaridad internacional. En los nuevos tiempos de transformación de la geopolítica mundial, del sistema-mundo es hora de repensar Andalucía como vanguardia de una nueva política y proyecto de progreso. Es hora de que el conjunto de las organizaciones políticas de la izquierda andaluza establezca una agenda y un proyecto político común para cambiar nuestras vidas, para construir una alternativa de futuro basado en la cultura de paz, en las señas de identidad andalucistas, en la memoria de las luchas y frentes culturales que ha liderado el pueblo andaluz. Ha llegado el momento de “andalucizar” la izquierda y conformar un polo unitario de construcción colectiva de un nuevo tiempo y representación política de Andalucía a nivel autonómico y estatal. El andalucismo, en otras palabras, debe ser un eje articulador central que dé contenido a la marea verde de la educación, la blanca de paz y defensa de la sanidad, y morada con la vindicación de la lucha del movimiento feminista, junto a la histórica composición del movimiento obrero que ha marcado las señas de identidad de las principales fuerzas de la izquierda real andaluza.

La lucha por la democracia, los derechos y la soberanía no puede librarlo solo un partido, ni solo una organización social o sindical. La situación requiere de la construcción de una gran confluencia de izquierdas, que en el marco de un estado federal, tenga una clara orientación andaluza, territorial, democrática y desde abajo, que se enfrente a los grandes retos que ahora mismo están enfrentando las clases populares y trabajadoras en Andalucía: el acceso a la vivienda, la sanidad y la educación pública, así como poner freno a la escalada bélica. No se trata únicamente de un proceso de tacticismo electoral, sino de la formación de una marea de mareas, una confluencia de movimientos, partidos y organizaciones hacia un bloque andaluz y popular.

Hacemos un llamamiento a las fuerzas políticas progresistas, a militantes, activistas, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil para conformar este proyecto común de alternativa política para nuestra tierra priorizando no solo la coalición política, sino la conformación de un proyecto unitario de largo aliento que trabaje por emancipar nuestra tierra y definir un horizonte de futuro según el principio de esperanza.

Es hora de constituir un frente amplio andaluz: POR ANDALUCÍA, POR LOS PUEBLOS EUROPEOS, POR LA HUMANIDAD.

Javier GARCIA FERNÁNDEZ. Historiador. Espacio República Andalucía

José Antonio JIMÉNEZ. Portavoz de Iniciativa del Pueblo Andaluz.

Francisco SIERRA CABALLERO. Diputado por Sevilla. Congreso de los Diputados.

Universidad y autonomía

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El conocimiento ni se compra ni se vende. Toda forma de aprendizaje exige una mediación abierta, y el dominio público de socialización de los saberes, de la ciencia y la tecnología. Por ello, el derecho constitucional a la educación presupone tanto la garantía de acceso universal como la calidad del servicio público, condición esencial para la formación de la ciudadanía y, menos común cabe observar en el actual debate sobre la privatización de la universidad, necesario también para el desarrollo económico y social.

En congruencia con tales principios, son imprescindibles políticas públicas activas que contribuyan a reforzar la red de universidades públicas en todo el territorio desde el punto de vista de su organización y financiación sostenible. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de países de la UE, en España, a lo largo de las dos últimas décadas, se ha experimentado un crecimiento desmesurado de las universidades privadas sin un crecimiento de población o la demanda real efectiva, dando lugar a un desequilibrio y dinámicas de desarrollo que socavan el principio constitucional de acceso universal a una educación de calidad. La acción de gobiernos autonómicos del PP/Vox y la inacción del Ministerio han derivado en una proliferación de centros comerciales, de institutos técnicos habilitados para la expedición de títulos sin homologar de facto los requerimientos legales que exige la norma.

Como resultado, se observa un alarmante proceso de deterioro del sistema de educación superior que cuestiona el derecho de acceso a la educación de calidad, así como el propio marco normativo vigente. Tal deriva no es una casualidad. Forma parte de un proyecto neoliberal largo tiempo anhelado por el capital desde la gloriosa década de los ochenta.

De la OCDE al Informe Bricall, la banca y las grandes corporaciones han venido desplegando diversas estrategias de presión para minar las dos bases del Estado de bienestar: la sanidad pública y el sistema educativo. La conversión en negocio de la educación formal, primero de la enseñanza obligatoria, y ahora, de forma intensiva, en el ciclo superior, tanto por lo que se refiere a la formación profesional como a los estudios universitarios, viene haciendo realidad, como consecuencia, la imposición de un modelo de acceso selectivo a la educación que socava el principio de igualdad.

Llama la atención que, en el debate mediático, algunos actores defensores de los intereses del Banco Santander o de la propia universidad corporativa expongan a través de sus portavoces y terminales mediáticas la legitimidad de las universidades privadas, la decadencia y desactualización de los centros públicos e, incluso, la prueba del algodón que justifica todo tipo de tropelías, que gran parte del Gobierno se ha formado en universidades privadas, eludiendo, en una artimaña retórica poco digna, abordar por qué proliferan las universidades privadas y por qué han abierto sin informe favorable centros de dudosa cualificación institucional. Igualmente, se ignora en la actual polémica mediática que por décadas las universidades públicas han sufrido una asfixia y falta de transferencia de fondos suficientes para su operatividad en beneficio de las privadas, por una suerte de competencia desleal según la cual la universidad pública debe ser evaluada, atender múltiples exigencias de productividad, cumplir con los controles internos y externos establecidos, y devolver a la sociedad conocimiento, cultura y transferencia de saber social acumulado, sin que los operadores del mercado, los centros de educación superior comerciales, cumplan, por lo general, los requerimientos mínimos que dan rango de universidad a la actividad de formación superior.

Así, con informes desfavorables y saltándose la ley, gracias a la colaboración del PP, en la última década hemos llegado a ver en comunidades como la de Madrid superar a la oferta de plazas públicas, o en Andalucía aprobar campus como UTAMED, autorizados pese a informes en contra de la agencia de calidad que vela por los estándares del sistema. La reciente investigación hecha pública por CCOO detalla que la matrícula de estudiantes en grados y másteres en universidades públicas ha disminuido un 18% desde 1999, lo que se traduce en una pérdida de uno de cada cinco estudiantes en los últimos 25 años, con la consiguiente transferencia a las universidades privadas, especialmente en el ámbito de la educación a distancia, donde la universidad pública solo cuenta con la UNED, en contraste con las seis universidades privadas que tienen esta modalidad.

Así, las matrículas en universidades privadas han crecido un 368% desde 1999, especialmente en programas de máster no presenciales. El número de matrículas en másteres privados creció un 69% desde el curso 2015-2016, con un aumento considerable en los programas a distancia. El Real Decreto 640/2021 que el gobierno presentó como escudo contra las universidades chiringuito se ha mostrado, a todas luces, insuficiente ante tal deslealtad institucional, y la prevalencia del capitalismo de amiguetes que cultiva la derecha en nuestro país sigue abonando una deriva que impugna la propia esencia, la razón de ser, de la Universidad.

El artículo 27 de la Constitución, que exige un sistema público de calidad accesible al servicio del desarrollo del Estado y de las comunidades autónomas, ha quedado en papel mojado por el imperio del ánimo de lucro que discrimina quién aprende y quién no tiene acceso a la formación superior en función de la renta o el distrito postal en el que vive. Mientras, los tertulianos y gacetilleros de ocasión niegan lo fundamental en el actual debate: el proyecto restaurador y clasista del pogromo neoliberal que tiene por objeto, como con las pensiones y la sanidad pública, la captura por el capital financiero de un derecho fundamental para la democracia con el fin de garantizar el proceso de acumulación por desposesión. Siguen para ello el guión trazado por Wall Street, y llegan incluso a poner como ejemplo las universidades estadounidenses como referencia, ignorando que este sistema es un fallido caso contrafáctico, que hay un endeudamiento desmesurado de las familias en su esfuerzo por ir a las mejores universidades, que la precariedad y el desempleo del profesorado es elevado, y que hay territorios e incluso estados sin universidades públicas en condiciones para una buena formación por la prevalencia de la mercantilización del derecho a la educación.

Tampoco nos cuentan que aquellos países que adoptaron ese modelo, Chile, por ejemplo, terminaron en un estadillo social por la ruina heredada de padres a hijos en el acceso a la universidad, sin garantía alguna de un empleo suficientemente remunerado para cubrir la deuda familiar. Así que habría que advertir a la ciudadanía de que el reto que tiene España por delante no es el de los rankings y otros indicadores importados de países donde prima el negocio vulnerando derechos. La disyuntiva, hoy por hoy, es asumir el modelo Trump/Pinochet de segregación clasista y disfuncional o persistir en el modelo continental de la formación humboltiana o francesa, reforzando nuestro sistema público con recursos y políticas consistentes. En juego está la democracia y el desarrollo del Estado, el principio de autonomía ahora que tanto se habla en la UE de independencia y soberanía estratégica.

De no actuar los poderes públicos, asistiremos al lamentable espectáculo de la compra y venta de universidades por fondos de inversiones como BlackRock especulando con el futuro de las nuevas generaciones, cuando lo especulativo debiera ceñirse a la noble tarea de pensar libremente, de contribuir al progreso general del conocimiento, de instruir, formar y divulgar el saber social acumulado para todos. Ya no vale la promesa de que se revisarán y endurecerán los criterios de creación de nuevas universidades. No queremos una educación superior en venta. Pues sabemos que el conocimiento es un bien común, no un privilegio, y como tal han de velar por ello tanto el Gobierno central como las autoridades autonómicas. No como hasta ahora, que el gasto en educación superior en España está un 20,7% por debajo de la media de la OCDE. La Conferencia de Rectores viene advirtiendo de esta anomalía hace décadas sin respuesta alguna.

Es tiempo, pues, de tomar la iniciativa y adoptar medidas que atajen radicalmente un problema estructural, tal y como hemos formulado como grupo parlamentario en la Comisión de Ciencia y Universidades en favor de una moratoria en la creación de universidades privadas, con la correspondiente modificación legislativa para exigir el carácter vinculante del informe preceptivo de la Conferencia General de Política Universitaria y un mayor control de la ANECA sobre las instituciones privadas de educación superior, tratando al mismo tiempo de avanzar en la planificación democrática de la enseñanza universitaria con un mapa estatal de titulaciones, necesidades y desequilibrios de la oferta formativa a fin de acometer aquellas carencias que el sistema público tiene hoy por hoy, dado que hemos de garantizar el derecho universal a la educación pública y gratuita. En otras palabras, ni gente sin plazas ni plazas sin gente.

La universidad en España requiere políticas congruentes que avancen en la internacionalización y la democratización del conocimiento. Y la opinión pública un mayor esfuerzo de reflexividad y de documentación sobre las falencias y límites de la actual política universitaria. En suma, menos ruido y algarabía y mayor criterio. Cuando derechos fundamentales se vulneran injustificadamente por hacer caja, no hablemos de democracia ni de la Constitución. La anatomía política de este trampantojo es evidente. Y el común de la ciudadanía empieza a constatarlo. Universidad rima con Autonomía, la del sujeto universal de la educación y la de la propia institucionalidad del sistema público. Lo contrario a ello, la legitimación del reino de la mercancía, es pura farfolla.