Reseña del libro «Medianálisis», de Francisco Sierra Caballero

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Los textos recogidos en, tienen la particularidad de presentar un libro de reflexiones ensayísticas en forma de calas breves acerca de los problemas más acuciantes de la esfera pública contemporánea, especialmente los relacionados con las dinámicas de información/desinformación y manipulación/propaganda que deforman el panorama periodístico de nuestro tiempo. No obstante, el hecho de que cada uno de estos pequeños ensayos se concibieran en su día como artículo de prensa para ser publicado en distintos medios de comunicación escritos demuestra en el autor un afán de conectar de manera directa con la ciudadanía, más allá de los canales, discursos científicos y rituales de la Academia, algo sin duda, de agradecer. Es necesario y urgente que la investigación académica baje a la calle y se haga pública a la gente del común, especialmente en el ámbito de la Teoría Crítica de los mass media. A nuestro juicio ese es el gran valor de esta colección de intervenciones acerca de problemas reales que afectan a la galaxia mediática y a la manera como se nos cuentan los acontecimientos de interés social. Pero decir que en estas páginas se interpela constantemente la acción de los medios de comunicación en nuestro presente es decir también que se abre la brecha crítica por donde se le ven las costuras del sistema que construye la imagen que la ciudadanía tiene de la realidad social y del mal llamado “sentido común”. Por esta razón, quizá sea una afirmación que Francisco Sierra desliza de entrada, en el primero de los textos, “Black Mirror”, la que resume la intención y el alcance de Medianálisis: “Qué ocurre cuando no podemos ver, o cuando vemos lo que no es, en verdad, lo que acontece” (p.25). Ciertamente, los textos aquí recogidos intentan desvelar el acontecimiento de actualidad velado, enmascarado, por los medios. Desde el caso de Julian Assange y su impacto en las políticas que intentan frenar la nueva información democratizadora, hasta problemas de los enfoques institucionales sobre las televisiones públicas (Canal Sur, RTVE), pasando por la conversión de la información en mercancía y, por tanto, la perversión de su carácter formador (los medios de comunicación no son otra cosa que “medios de representación y de producción de la realidad -p. 88-) o las políticas de comunicación.

A pesar de que, por lo dicho hasta ahora, pudiera parecer que Medianálisis se nos presenta como un articulado tratado de pensamiento crítico excesivamente abstracto, no lo es en absoluto. Aquí hay brega política y el autor no se para ante casos más concretos, como el de Ana Rosa Quintana y su infoespectáculo, Juan Luis Cebrián y el descrédito de El País o las transformaciones que las redes del ciberespacio, youtubers y plataformas de streaming de por medio, han generado en la manera de hacer, distribuir y consumir información y entretenimiento masivo. De extraños programas exhibicionistas como Firstdates a las entrevistas en los medios con el siempre presente José María Aznar, pasan por aquí análisis críticos sobre la capacidad de la empresa comunicativa para contribuir o armar, según el caso, golpes de estado blandos, y su papel determinante en la fabricación de estados de opinión que posibilitan y/o justifican actuaciones políticas antidemocráticas.

Pero no solo hay crítica y denuncia pública en Medianálisis, también hay propuestas: regular la Economía Social de la Comunicación, crear organismos de participación democrática en los medios como el Consejo de Participación Ciudadana, reforzar el ethos humanista en las empresas informativas y en las industrias culturales (lo cierto es que sin un rearme ético el futuro del periodismo se ve más que oscuro), impulsar el debate entre profesionales, académicos, poderes públicos y ciudadanía… Y, en el caso de las radiotelevisiones públicas, plantear de qué manera deben articularse con un proyecto real de país democrático, plural y popular.

Los debates candentes sobre la postverdad y las fakes news no solo están presentas en Medianálisis, sino que puede entenderse que constituyen el impulso básico de la colección de textos que aquí se nos ofrece, puesto que es precisamente el estado de cosas al que han dado lugar en la galaxia mediática el que impone la necesidad de una mirada crítica sobre lo que acontece en el flujo informativo y espectacular. Quizá el desprecio a la realidad en beneficio de su imagen deformada por el espectáculo integrado (como diría el situacionista Guy Debord, autor ampliamente citado en las páginas de este libro) sea uno de los problemas culturales más acuciantes a los que nos enfrentamos en las sociedades contemporáneas. La frase con la que Francisco Sierra acaba el artículo titulado “Trumpantojos” es muy sintomática: “transformar la lucha de clases en lucha de frases” (p.135). Sintomática no solo de la actuación comunicativa del trumpismo, a propósito de lo cual se acuña, sino del efecto que esa espectacularización deformante tiene en la percepción social de lo real: a menudo no importan qué pueda haber de verdadero o de razonable en un debate social, sino quién tiene el relato más seductor. No paramos de oír en radio, televisión ni de leer en la prensa escrita cómo lo más importante para conseguir el poder o mantenerse en él es ganar “la lucha por el relato” o, en pocas y sofísticas palabras, no importa lo que es ni lo que no es, sino lo que seamos capaces de armar retóricamente para convencer a los demás de aquello que beneficia a nuestros intereses. Que el periodismo juegue a este peligroso póker solo puede dejarlo sin efectivo, sin crédito y sin reputación.

No acaban aquí los asuntos de interés: reflexiones sobre la diversidad y su representación mediática; sobre las dinámicas de glocalización (reforzamiento de los localismos como rechazo a una globalización que ha vuelto el mundo cotidiano extraño y ajeno para la mayoría de los ciudadanos); sobre la estética de lo hortera (tema mucho más relevante de lo que parece, por su efecto de resemantizacion de la cultura popular: que no se trata de cultura del pueblo nos lo demuestra el hortera mayor del Imperio, El Hombre Naranja); sobre los “opinadores a sueldo” o antiperiodistas que abarrotan las tertulias de la radio, de la televisión y las columnas de opinión de los periódicos; sobre la necesidad de repensar y actuar en la profundización de la autonomía andaluza y el papel que en ello deben desempeñar los medios de comunicación, en especial la radiotelevisión pública andaluza; sobre las dificultades de acceso de la clase obrera a puestos dirigentes en la economía y la sociedad que tiene más que ver con la imagen de la sociedad que proyectan los medios de lo que pueda parecer; sobre la cimentación de un proyecto de independencia comunicativa de la Unión Europea respecto del imperio mediático estadounidense…

Sin las instituciones que dibujan el imaginario social no hay posibilidad de avances democráticos, sociales, participativos, ni mejor calidad de vida para el común de la ciudadanía. Por esta razón, todos los temas que se abordan en Medianálisis acaban reclamando, de una u otra forma, la necesidad de ética social y responsabilidad política en las empresas mediáticas y la instauración de un periodismo plural y veraz, independiente de los intereses económicos de sus consejos de administración, pues no se puede diferenciar entre periodismo de organismos públicos y periodismo de empresas privadas; no hay dos periodismos, solo existe uno, el que busca la verdad y la cuenta,  su instrumentalización política o empresarial destruye el periodismo en sí mismo y lo convierte en propaganda disimulada, la peor posible, porque el ciudadano medio no la percibe como tal sino como información a la que da crédito de “verdadera” por venir de donde viene. Como dijeron Noam Chomsky y Edward S. Herman en su clásico de 1988 que en su edición castellana se tradujo como Los guardianes de la libertad: los medios fabrican el consenso o, mejor, el “consentimiento” social en torno a la imagen de “lo que debe ser”, que, a nadie se le escapa, no es otra cosa que lo que beneficia a las elites del poder económico capitalista. Ante esta situación, Francisco Sierra propone un debate entre profesionales, académicos, poderes públicos y ciudadanía y la defensa de leyes que regulen la comunicación, que conviene no confundir con censura ideológica, pues se trata de promover y garantizar la protección del servicio social y la especificidad de cada discurso mediático, garantizar, por ejemplo, que el periodismo no sea otra cosa que periodismo.

La herencias intelectuales que se desgranan en las páginas de Medianálisis son significativas (Guy Debord y los situacionistas franceses, los autores de la Escuela de Frankfurt, los postestructuralistas Michel Foucault y Gilles Deleuze, marxistas heterodoxos como Hannah Arendt, Cornelius Castoriadis, Fredric Jameson o Scott Lash, analistas críticos del presente cultural como Jacques Rancière o el reciente premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades Byung-Chul Han), porque la línea en la que se incardina esta colección de textos breves es la de la Teoría Crítica de la Cultura, una perspectiva que no se contenta con la descripción de un estado de cosas cultural, en nuestro caso el que produce la actividad de los medios de comunicación de masas, sino que enfrenta su análisis crítico con la finalidad de encontrar las líneas de fuga que permitan redibujar un panorama social progresista y construir una vida mejor, por más justa y más libre (no dejemos que la derecha se apropie de la palabra libertad con el único fin de destruirla).

Francisco Sierra practica lo que propone: con Medianálisis pretende, precisamente, provocar, impulsar y participar activamente en ese debate entre académicos, profesionales, poderes públicos y ciudadanía acerca de cómo debemos conseguir una galaxia mediática realmente democrática en tiempos en los que el poder se ha empeñado en su desguace, porque, en sus palabras: “el cambio de paradigma que vivimos plantea, sin duda, retos estructurales de la política de representación” (p. 35) y eso no puede hacerse, como todo lo que afecta a la vida social, sino  en común.

‘Medianálisis. Dialéctica de la actualidad informativa’: el nuevo libro de Francisco Sierra

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Francisco Sierra Caballero, catedrático de Teoría de la Comunicación de la Universidad de Sevilla y colaborador de Andalucía Digital, presentará mañana viernes su nuevo libro, titulado Medianálisis. Dialéctica de la actualidad informativa, una obra que invita a reflexionar sobre el papel de los medios en la configuración de la realidad contemporánea y los desafíos que plantea el actual ecosistema digital.

El acto tendrá lugar a las 19.30 de la tarde en la Casa de la Provincia de Sevilla, situada en la Plaza del Triunfo de la capital hispalense, y contará con la participación de reconocidos profesionales del ámbito académico y periodístico. De hecho, el autor estará acompañado por Rafael Rodríguez, presidente de la Asociación de la Prensa de Sevilla (APS); Rosario Pérez Cabaña, profesora del Centro Universitario San Isidoro; Francisco Correal, periodista y Premio Andalucía de Periodismo; y Juan Carlos Fernández Serrato, profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla.

Todos ellos compartirán un espacio de diálogo sobre el contenido del libro, editado por Límbica Ediciones y promovido con la colaboración de la Asociación de la Prensa de Sevilla, la Asociación Cultural y Científica Iberoamericana (ACCI) y la Diputación de Sevilla.

En esta nueva obra, Sierra Caballero propone una lectura crítica sobre la deriva de los medios de comunicación en la era digital y sus consecuencias para la democracia y la ciudadanía. Tal como afirma el propio autor, “la mutación cultural de los medios y las mediaciones saturadas en la era digital proyecta un horizonte sobrecogedor de incertidumbres y contradictorias dinámicas que amenazan la democracia y la propia pervivencia de la humanidad”.

En ese sentido, el autor de la columna Del sur y desde abajo señala que “desde la Inteligencia Artificial a la proliferación de nuevos dispositivos de dominio, de la infodemia al déficit democrático en los modelos de acceso y organización, los síntomas de la crisis de confianza en el dominio público dan cuenta de un malestar generalizado que afecta a las condiciones mismas de la reproducción social”.

Sierra defiende que “la trama de relaciones de producción que favorece la apropiación corporativa de la expresión pública determina un proceso de control ideológico, propio del capitalismo de vigilancia, que restringe las libertades públicas y conculca derechos fundamentales como el Derecho a la Comunicación”.

Y, en esa línea, el autor de Medianálisis. Dialéctica de la actualidad informativa manifiesta que “la dialéctica de la información y el poder exigen, en congruencia, un análisis crítico de la coyuntura que esclarezca la infocracia tecnofeudalista a fin de vislumbrar alternativas de futuro y ensayar utopías digitales de progreso”.

Finalmente, el catedrático de Teoría de la Comunicación de la Universidad de Sevilla resume su propósito con esta obra al asegurar que “este libro es una aproximación exploratoria de los principales debates contemporáneos de la comunicación, escrito al cabo de la calle: entre el periodismo, la insumisa lectura radical de la historia y la política de los comunes”.

Con Medianálisis. Dialéctica de la actualidad informativa, Francisco Sierra retoma su compromiso intelectual con una mirada que combina el rigor académico y el compromiso ciudadano, abordando temas como la desinformación, el control tecnológico y las nuevas formas de poder mediático. Su trayectoria, marcada por la investigación y el pensamiento crítico, lo ha consolidado como una de las figuras más influyentes en el estudio de la comunicación en el ámbito iberoamericano.

Natural de Gobernador (Granada), Sierra Caballero ha sido decano y director del Departamento de Periodismo I de la Universidad de Sevilla. Además, es investigador del Instituto Andaluz de Investigación en Comunicación y Cultura, fundador de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación y presidente de la Asamblea de la Confederación Iberoamericana de Asociaciones Científicas en Comunicación.

Su labor académica ha sido reconocida por la Unión Latina de Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura (ULEPICC), que le rindió tributo durante su XIII Congreso Internacional celebrado en Santiago de Chile. Además, su nombre alcanzó notoriedad pública tras ser incluido en el comité de expertos encargado de evaluar a los aspirantes a dirigir Radio Televisión Española (RTVE). En la actualidad, ejerce como diputado por Sevilla en la XV Legislatura, tras encabezar la candidatura de Sumar en las últimas elecciones generales.

Mañana, su voz volverá a situarse en el centro del debate público. Y lo hará desde la reflexión y la palabra escrita, en un encuentro que aspira a ir más allá de la simple presentación literaria para convertirse en un espacio de pensamiento colectivo sobre el presente y el futuro de la comunicación.

Presentación del libro «Medianálisis», un análisis crítico de la mutación cultural de los medios

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Este viernes 24 de octubre tendrá lugar en Sevilla, la presentación del libro de Francisco Sierra Caballero, «Medianálisis. Dialéctica de la actualidad informativa», editado por la Asociación Cultural y Científica Iberoamericana (ACCI).

“Medianálisis”, es un libro de crítica mediática que compila artículos, intervenciones y escritos diversos publicados a lo largo de los últimos cinco años en medios nacionales, con aportes y elementos para el debate sobre la calidad democrática de nuestro ecosistema informativo.

En el libro, el autor analiza la mutación cultural de los medios en la era digital que proyecta un futuro de contradicciones e incertidumbres que suponen una amenaza para la democracia y la propia pervivencia de la humanidad. Inteligencia Artificial, déficit democrático en el acceso y la organización de las industrias culturales, sobreabundancia de información, nuevas formas de dominio, generan una crisis de confianza respecto a la mediación mediática.

El libro trata de la apropiación corporativa de la expresión pública, control ideológico propio de un capitalismo de vigilancia, que restringe las libertas públicas y conculca los derechos fundamentales como el derecho a la comunicación. Infocracia tecnofeudalista, lo denomina Sierra Caballero, su autor, quien partiendo de un análisis crítico de esta coyuntura, propone vislumbrar alternativas de futuro y ensayar utopías digitales de progreso.

«El libro —dicen sus editores— es una aproximación exploratoria de los principales debates contemporáneos de la comunicación, escrito al cabo de la calle, entre el periodismo, la insumisa lectura radical de la historia y la política de lo común».

Francisco Sierra (www.franciscosierracaballero.net) es Catedrático de Teoría de la Comunicación e Investigador del Instituto Andaluz de Investigación en Comunicación y Cultura (INACOM) en la Universidad de Sevilla. Fundador del Grupo Interdisciplinario de Estudios en Comunicación, Política y Cambio Social (www.compoliticas.org), ha trabajado como experto en políticas de comunicación, nuevas tecnologías y participación ciudadana en la Comisión Europea y otros organismos internacionales como la UNESCO y UNASUR. Ex Presidente de la Unión Latina de Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura (www.ulepicc.org), ha sido Director General de CIESPAL y Presidente de la Confederación Iberoamericana de Asociaciones Científicas y Académicas en Comunicación (CONFIBERCOM), en la actualidad es Director de la Sección de Comunicación y Cultura de la Fundación de Investigaciones Marxistas (FIM).

La presentación será este viernes 24 de octubre a las 19:30h en Sevilla, Casa de la Provincia, Plaza del Triunfo s/n y acompañarán al autor:

Rafael Rodríguez, presidente de la Asociación de la Prensa de Sevilla.

Rosario Pérez Cabaña, profesora del Centro Universitario San Isidoro.

Francisco Correal, periodista.

Juan Carlos Fernández Serrano, profesor de la Universidad de Sevilla.

Medianálisis. Dialéctica de la Actualidad Informativa

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MEDIANÁLISIS. La mutación cultural de los medios y las mediaciones saturadas en la era digital proyecta un horizonte sobrecogedor de incertidumbres y contradictorias dinámicas que amenazan la democracia y la propia pervivencia de la humanidad. Desde la Inteligencia Artificial a la proliferación de nuevos dispositivos de dominio, de la infodemia al déficit democrático en los modelos de acceso y organización, los síntomas de la crisis de confianza en el dominio público dan cuenta de un malestar generalizado que afecta a las condiciones mismas de la reproducción social. La trama de relaciones de producción que favorece la apropiación corporativa de la expresión pública determina un proceso de control ideológico, propio del capitalismo de vigilancia, que restringe las libertades públicas y conculca derechos fundamentales como el Derecho a la Comunicación. La dialéctica de la información y el poder exigen, en congruencia, un análisis crítico de la coyuntura que esclarezca la infocracia tecnofeudalista a fin de vislumbrar alternativas de futuro y ensayar utopías digitales de progreso. Este libro es una aproximación exploratoria de los principales debates contemporáneos de la comunicación, escrito al cabo de la calle: entre el periodismo, la insumisa lectura radical de la historia y la política de los comunes.

El reto de la autonomía informativa

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Este viernes 8 de agosto concluye el plazo marcado por Bruselas para cumplir con las exigencias del Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA) sin que el plan gubernamental de acción democrática haya cumplido siquiera la mitad de los objetivos que motivaron la iniciativa. El reciente proyecto de ley para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y ordenación de los medios de comunicación, aprobado en el último Consejo de Ministros llega, a todos los efectos, tarde y resulta manifiestamente insuficiente. La presentación de esta iniciativa tiene lugar tras un año de discusión, sin que apenas se hayan desarrollado la mayoría de las medidas contempladas para la regeneración de un ecosistema claramente deteriorado, con notorios desequilibrios y alteraciones de modelo de negocio y una mala praxis o deriva tóxica que afecta gravemente a la convivencia democrática y desde luego no se resuelven con una simple armonización jurídica o actualización normativa, pues, dada la complejidad del proceso de mediación social hoy existente en nuestro contexto político, urge por sobre cualquier otra opción reguladora el diseño más bien de políticas integrales en materia de información y comunicación.

Sí, como se reconoce en la exposición de motivos de la citada ley, los medios de comunicación desempeñan un papel estratégico para el libre ejercicio de las libertades públicas, el pluralismo y la democracia; el Estado de derecho precisa de políticas activas que hagan efectivo el derecho a la comunicación, políticas de Estado que de verdad acometan las amenazas, ya no veladas, sino directas y explícitas de los GAFAM a nuestro sistema democrático, y contribuyan, como se infiere de otras iniciativas legislativas de la actual legislatura, a la necesaria transparencia, la verdadera autonomía informativa y el buen gobierno, tal y como específicamente demanda en esta materia el EMFA.

En el próximo periodo parlamentario, es previsible que nuevas medidas avancen en la mejora de la calidad democrática de nuestro sistema mediático que, cabe recordar, sigue regulado con normas del régimen franquista. Hablamos, por ejemplo, de la ley de secretos oficiales, la ley Fraga de prensa o el reconocimiento del secreto profesional demandado por los gremios profesionales desde la transición sin el debido desarrollo normativo, como con la cláusula de conciencia. Bien es cierto, justo es reconocerlo, que durante estos dos años se han iniciado reformas como el gobierno abierto, la regulación de los grupos de interés o iniciativas legislativas que avanzan en dirección a la definición de un marco y reglas del juego democrático equiparables con otros países de nuestro entorno. Pero sigue evitándose regular el derecho a la comunicación en la base de la cultura deliberativa y, lo que es aún más evidente, no existe voluntad de construcción colectiva del dominio público en forma de políticas de Estado de comunicación. La propuesta de ley en curso que habrá de debatir la Cámara de Diputados habilita, por ejemplo, a la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC) como ente responsable de cumplir las obligaciones establecidas en el Reglamento de la UE 2022/2065, junto con la Agencia Española de Protección de Datos; se elude así cumplir con la exigencia de la creación de un organismo autónomo del Ejecutivo que vele por las garantías necesarias para el libre ejercicio de la libertad de prensa. Desde la Ley General Audiovisual y la propuesta del gobierno Zapatero de crear un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, y aún antes, desde la academia y los gremios profesionales que venimos demandando desde la década de los noventa un organismo autónomo similar al Consejo Superior Audiovisual francés, sin que los sucesivos gobiernos del bipartido hayan atendido esta demanda justa y necesaria del ámbito de la comunicación, seguimos en España siendo una excepción en el seno de la UE al no disponer de una institucionalidad común en el resto de países. Más allá de la sanción prevista por el incumplimiento en tiempo y forma de la EMFA que aplique Bruselas, es evidente que la CNMC ni reúne las condiciones técnicas, ni competenciales para asumir las tareas que establece Bruselas, ni tiene personal cualificado y con experiencia en las labores de supervisión del sistema informativo y, lo que es peor, a diferencia de la Agencia Española de Protección de Datos, carece de autonomía del ejecutivo.

El Reglamento Europeo de Libertad de Medios exige, explícitamente, por otra parte, de manera clara y precisa, la autonomía e independencia de los medios públicos, y tenemos en vigor un Real Decreto sin aún ser tramitado por el Congreso como proyecto de ley para hacer efectiva la adecuación normativa comprometida por el PSOE y cumplir así con lo establecido en el Reglamento comunitario en términos de autonomía e independencia de corporaciones como RTVE. De ello nada trata la ley, que sí modifica la denominación de la Ley General de Comunicación Audiovisual para incluir la prensa, pero que, a su vez, esquiva cuestiones sustanciales como el papel de los llamados medios del Tercer Sector, o comunitarios, en situación de interinidad, sin apoyo económico ni un marco que canalice la voluntad ciudadana de decir y hacer en el campo de la comunicación, o elude abordar las medidas necesarias para proteger el pluralismo y el trabajo de los profesionales de la información cercados, además de por la ley mordaza, por la concentración empresarial, la descualificación y el reemplazo de la IA en muchas redacciones, con el resultado conocido de vaciar los medios de información de profesionales responsables de aplicar los códigos y valores deontológicos de la profesión periodística.

La única cuestión de fondo que trata, y solo de forma somera, es el análisis y evaluación de los procesos de concentración. El Reglamento obliga a los Estados miembros a establecer procedimientos y medidas de salvaguardia de las dinámicas oligopólicas en el sistema nacional de información. España es uno de los países de la UE con mayor nivel de concentración. Una verdadera amenaza a la democracia con el dominio, de facto, de un duopolio audiovisual, complementariamente a la concentración intensiva de la prensa y el dominio del capitalismo de plataformas que, como apunta el Reglamento Europeo, nos hacen dependientes informativamente, socavando el principio de soberanía y la propia pervivencia de los medios autóctonos en favor de los nuevos intermediarios de la revolución digital, sin que el Congreso establezca límites claros para definir una estructura de la información plural y equilibrada. Pero lejos de asumir consecuentemente el reto de intervenir en el sector, se emplaza al operador responsable, la CNMC, a vigilar futuros escenarios de concentración lesivos a efectos del necesario pluralismo interno de nuestro sistema mediático. En este marco, manifiestamente favorable a la desregulación, tampoco se aborda el cambio del sistema de medición de audiencias, confiado en la reforma de habilitación de la CNMC para supervisar o corregular con los actores el monitoreo de consumo en las redes y medios, cuando es público y notorio que el actual modelo debe ser reformado y democratizado. Llama en este sentido la atención que tales temas concentren buena parte del debate político y que, no obstante, no exista Comisión o subcomisión específica en la cámara de representantes que se ocupe monográficamente del estado de la cuestión, teniendo lugar toda discusión pública en los propios medios objeto de regulación, en el ágora periodística, o como arma arrojadiza del bipartito en tribuna parlamentaria, sin dirimir y analizar los retos estratégicos del sector como política de Estado en tiempos de la propia era digital.

La cultura de las pantallas móviles y difusas de la cuarta revolución industrial hace tiempo que desplazó el debate sobre derechos de la ciudadanía de los contenidos de edición a la red tecnológica y los proveedores de servicios, sin que desde las políticas públicas se hayan promovido las necesarias medidas de intervención al objeto de fomentar una cultura mediática y digital responsable, crítica y consciente de las lógicas de desinformación y control social que las grandes plataformas y redes sociales promueven sistemáticamente. La comunicación no es una mercancía, es antes que nada un derecho fundamental para la participación en democracia y exige, en lógica coherente, un esfuerzo de pedagogía democrática, empezando por regular no desde el Ministerio de Economía ni desde una concepción instrumental del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública; no estamos ante derechos del consumidor, que también, sino ante un problema democrático de producción del dominio y el espacio público. Urge, pues, pasar de una visión mercantil y administrativa a una concepción política de la regulación de la comunicación y de una lectura corporativa, mediática o economicista a una visión de la comunicación como política cultural. Es hora, en fin, de acometer el Derecho a la Comunicación como un derecho humano fundamental, como un derecho universal que ha de proteger la información en tanto que bien público esencial para nuestra democracia, procurando una ecología mediática democráticamente saludable, consistente, sostenible y compleja, como el tiempo que nos toca vivir y transformar. A día de hoy, el proyecto de ley en curso no alcanza siquiera a cumplir los requerimientos de Bruselas. Y si la sociedad civil y los gremios profesionales no articulan un frente común, nos tememos que los males que aquejan a la estructura real de la información terminen por colapsar el propio sistema democrático. Síntomas manifiestos de tal diagnóstico son más que visibles a día de hoy. Las fuerzas progresistas, la coalición de gobierno particularmente, deben dar un golpe de timón y situar en el centro de la agenda estratégica este cambio de futuro para ganar democráticamente la disputa de la batalla cultural.

Es común afirmar que sin periodistas no hay democracia, y del mismo modo podemos colegir que sin una reforma radical ni política integral de medios no hay futuro para el Estado social y de derecho. Este es el punto nodal para toda exposición de motivos que acometa el reto de garantizar la autonomía informativa en tiempos de tecnofeudalismo y de capitalismo de plataformas, acorde con el espíritu del artículo 20.3 de la Constitución. Hablamos del derecho de acceso y la participación de la ciudadanía.

Información y cultura deliberativa

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El próximo mes de agosto concluye el plazo marcado por Bruselas para cumplir con las exigencias del Reglamento Europeo de Libertad de Medios y no parece que el despliegue del plan gubernamental anunciado avance significativamente en esta materia.

Bien es cierto que en la cámara de diputados se han tramitado algunas medidas relativas a transparencia, información gubernamental y grupos de interés. Un avance, sin duda, desde el punto de vista de la modernización y la reforma institucional adecuada a estos tiempos.

Pero sigue evitándose regular el derecho a la comunicación en la base de la cultura democrática deliberativa. El argumento interesado de las empresas dominantes en el mercado, contrarios a toda regulación, se ha impuesto como justificativa para impedir la necesaria voluntad de construcción en común del dominio público.

Aunque parece evidente que ha llegado la hora de abrir el espacio de interlocución a organizaciones sociales, sindicatos y academia, además de los gremios profesionales y las propias empresas periodísticas, si hay voluntad política de mejorar las condiciones de convivencia democrática, no se observa voluntad política de las fuerzas mayoritarias en esta dirección.

El problema es que de no avanzar la reforma del sector, superando la discusión sobre los medios hacia el horizonte de mediaciones productivas, tendremos un ámbito quebrado, históricamente suturado por brechas y ausencias de dispositivos conjuntivos en un tiempo, el trumpismo, proclive a la restauración autoritaria.

En la línea que ya propone el Reglamento Europeo sobre la Libertad de Medios, en la era de la información, no podemos seguir manteniendo debates estériles y decimonónicos, sobre la pertinencia de regular o no la actividad de los medios.

No se trata siquiera de consensuar una ley general, sino más bien cómo construimos una arquitectura jurídico-normativa que garantice el derecho ciudadano a la comunicación, que es un derecho universal, así reconocido por la UNESCO. En este sentido, un gobierno de progreso no puede ser timorato cuando lo que está en juego no es más ni menos que la propia democracia.

Un avance sustancial y profundamente reformista es urgente porque en nuestro país no se han acometido políticas estratégicas por parte del Ejecutivo y los legisladores. Y a día de hoy incluso una mera modificación del Reglamento del Congreso suscita, entre las terminales mediáticas del IBEX35, una diatriba sin contención ni mesura.

Por más que se insista en la panoplia de redichos sin consistencia ni razón en contra de toda norma, lo cierto es que hay un mandato de Bruselas que nos obliga a legislar en la materia. El Reglamento Europeo de Libertad de Medios exige, explícitamente, la autonomía e independencia de los medios públicos y tenemos un Real Decreto que abunda en el tradicional modelo de gubernamentalización del Ente Público.

La instrumentalización tanto del PP como del PSOE de los medios públicos reproduce una lógica y racionalidad que convierte por sistema la autonomía de los medios públicos en una promesa históricamente recurrente y siempre incumplida, a excepción del concurso público bloqueado desde el principio por el bipartidismo.

El resultado es que, a día de hoy, RTVE, y los canales autonómicos aún más si cabe, operan como altavoces del PP y del PSOE con un modelo caduco de organización, una producción, por lo general, externalizada y una programación que, lejos de contribuir a los valores democráticos, replica discursos y visiones más propias de otros tiempos, con un sesgo partidista manifiestamente marcado en sus contenidos informativos y de entretenimiento.

Por otra parte, la regulación y desarrollo de los llamados medios del Tercer Sector no ha sido atendida por los sucesivos gobiernos, pese a su reconocimiento en la Ley General Audiovisual. Los medios comunitarios continúan en una situación de interinidad sin apoyo económico ni un marco que canalice la voluntad ciudadana de decir y hacer en el campo de la comunicación. Y qué decir del pilar de los profesionales.

Las medidas parciales en defensa del trabajo periodístico como la supresión de artículos lesivos de la ley mordaza son a todas luces insuficientes cuando la precariedad amenaza el principio de autonomía del sujeto cualificado del derecho a la información y la IA tiende a vaciar las redacciones de profesionales responsables que se supone han de aplicar los códigos y valores de la profesión.

La excesiva concentración informativa amenaza nuestra democracia con el dominio duopólico en el audiovisual, complementariamente a la concentración intensiva de la prensa, y el dominio del capitalismo de plataformas que, como apunta el Reglamento Europeo, nos hacen dependientes informativamente, socavando el principio de soberanía, y la propia pervivencia de los medios autóctonos en favor de los nuevos intermediarios de la revolución digital, sin que el Congreso establezca límites claros para definir una estructura de la información plural y equilibrada.

La renuncia de los sucesivos gobiernos a regular el sistema informativo ha llevado, como consecuencia, a mantener un marco normativo claramente limitado con una ley de publicidad institucional ineficaz, una regulación de secretos oficiales que abunda en la falta de transparencia del Estado y la siempre postergada reglamentación del secreto profesional y la cláusula de conciencia.

En su comparecencia en la Comisión de Calidad Democrática, Ignacio Escolar puso el acento en esta contradicción que explica en parte la desafección y falta de confianza de la ciudadanía hacia los medios. Resulta paradójico que desde el ámbito profesional se defienda la autorregulación por sistema al tiempo que se mantienen marcos normativos de la dictadura.

Pareciera que no hay voluntad de transformar un ámbito necesitado de intervención desde los tiempos de Manuel Fraga como Ministro de Información y Turismo justo en un momento en que Trump despliega su potencia de fuego en las redes y en el marco del Estado se naturaliza la lógica del mediafare.

Mientras, la cultura de las pantallas móviles y difusas de la cuarta revolución industrial hace tiempo que desplazaron el debate sobre derechos de la ciudadanía de los contenidos de edición a la red tecnológica y los proveedores de servicios, sin que desde las políticas públicas se haya promovido la educomunicación al objeto de fomentar una cultura mediática y digital responsable, crítica y consciente de las lógicas de desinformación y control social que las grandes plataformas y redes sociales promueven diariamente.

La comunicación no es una mercancía, es antes que nada un derecho fundamental para la participación en democracia y exige en consecuencia un esfuerzo de pedagogía democrática si apostamos por una cultura deliberativa sana, plural y productiva.

La primera libertad de prensa, decía Marx, consiste en no ser una industria. Es hora pues de acometer el Derecho a la Comunicación como un derecho humano fundamental, como un derecho universal que ha de proteger la información en tanto que bien público esencial para nuestra democracia, procurando una ecología de la comunicación democráticamente saludable, consistente, sostenible y compleja, como el tiempo que nos toca vivir y transformar.

 

Políticas mediáticas, derecho a la comunicación y democracia

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El vínculo entre comunicación y democracia es una construcción política, jurídica e intelectual que se ha consolidado a lo largo de los últimos 75 años en el marco del derecho público internacional y que se asienta fundamentalmente en la definición de los derechos humanos a la información y a la libertad de expresión a partir de los documentos suscritos en el período de posguerra como la Declaración Universal de los Derechos Humanos cuyo artículo 19 define por vez primera como un derecho universal el derecho a la información que cualquier persona puede ejercer, entendido en su triple dimensión de emitir, recibir e investigar sin censura alguna por parte de los poderes públicos o privados.

Desde entonces se han desplegado una batería de declaraciones, directivas y legislaciones diversas tanto a nivel internacional como en la Unión Europea y España que, fundadas en este espíritu, han recogido y mejorado con especificaciones varias, la complejidad creciente que el derecho a la información, y más ampliamente los derechos a la comunicación, demandan en las sociedades contemporáneas como garantía para el despliegue de sistemas democráticos de calidad. Uno de los aspectos considerados a inicios del siglo XXI, sobre la base de la revisión del Pacto de San José de Costa Rica, suscrito en 1969, fue la ampliación en el año 2000 de la Declaración de Principios de Libertad de Expresión elaborado por la Relatoría de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A partir del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se indica específicamente que «la libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática«. El mismo documento señala asimismo que «los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos», y se ofrece un despliegue de interpretaciones sobre lo que significa hablar de libertad de expresión, lo cual implica el derecho de las personas a buscar, recibir y difundir información y opiniones con igualdad de oportunidades por cualquier medio de comunicación sin discriminación, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social a acceder a la información sobre sí misma o sus bienes en forma expedita y no onerosa, ya esté contenida en bases de datos, registros públicos o privados y, en el caso de que fuere necesario, actualizarla, rectificarla y/o enmendarla, así como a acceder a la información sobre si misma en poder del Estado.

Estas definiciones, aun cuando resultan progresivas en materia de derechos, se han mostrado insuficientes a la luz de las transformaciones tecnológicas que se produjeron de modo acelerado a partir de la revolución digital. El despliegue de plataformas de contenidos que aconteció a partir de 2004 generó un desplazamiento estructural en el mercado, en los modos de producción y consumo de información que no tiene parangón en la historia: iniciando con la creación de Facebook en 2004, YouTube en 2005, Twitter 2006, IPhone en 2007, 2009 Whatsapp, 2010 Instagram, 2013 Telegram, 2015 Alphabet, por solo ofrecer algunos ejemplos de lo ocurrido en una década.

A partir de la plataformización de la sociedad, resulta imperioso conformar espacios de reflexión que contribuyan a la calidad democrática, a la construcción de marcos normativos éticos fundados en el cuidado y la reducción de riesgos a partir de una interacción virtuosa entre el Estado, la academia, el sector privado y la ciudadanía. La agenda de problemas en materia de comunicación ha sumado a los ya históricos temas referidos a infraestructura, derechos de los periodistas, democratización de las comunicaciones, radiodifusión, monopolios de la comunicación, acceso y participación ciudadana, otros retos vinculados a los procesos de digitalización, gestión de datos e información personal, control y manipulación de comportamientos o regulaciones varias sobre Inteligencia Artificial generativa aplicada en el campo de la comunicación y la cultura. Con la sanción del Reglamento de Inteligencia Artificial de la UE, recientemente aprobado, se inicia un nuevo ciclo global que pondrá en relación los diferentes acuerdos alcanzados para avanzar en la gobernanza de la InteligenciaArtificial, ya sea mediante directrices o a través de principios o códigos de conducta como los definidos en otras latitudes tales como la Orden Ejecutiva de Biden, la declaración de Bletchley o el proceso de Hiroshima. Toda una renovada batería de problemas inaugura un nuevo tiempo público para la gestión de políticas públicas orientadas a alcanzar la conectividad y la digitalización, la gestión del 5G y la renovación de las redes e infraestructuras de conectividad entre otros aspectos de relevancia hacia el futuro que deben ser objeto de discusión e intervención social desde una perspectiva democrática.

En los últimos años, sin embargo, las transformaciones aceleradas de la revolución digital y la ausencia de políticas activas del Estado ante el intensivo proceso de concentración de la prensa y la creciente precariedad de la profesión, han llevado a un notorio deterioro de la calidad informativa, con la consiguiente crisis de confianza de los públicos y la desafección de las nuevas generaciones respecto a los contenidos de actualidad periodística. Los informes anuales del Instituto Reuters son concluyentes a este respecto y sitúan a nuestro sistema informativo como uno de los peores del espacio de la UE.

En un contexto de crisis estructural del oficio y con la peligrosa deriva de la desinformación que las redes y algunos diarios digitales promueven en nuestro entorno mediático, parece llegada la hora de definir acciones institucionales que contribuyan a mejorar la calidad democrática de nuestro sistema de información. Con el dominio absoluto de las grandes corporaciones y la hegemonía foránea de Silicon Valley, los poderes públicos están emplazados a sentar las bases materiales necesarias para garantizar el diálogo público abierto y democrático, garantizando la apertura de espacios de interlocución para enriquecer la cultura deliberativa. Por ello mismo, el Parlamento y el Consejo Europeo han adoptado el Reglamento sobre la Libertad de los Medios de Comunicación que los países miembros deberán aplicar antes de agosto de 2025. En esta línea, desde la Plataforma Cívica Hermes, convocamos durante el pasado mes de mayo en el Congreso de Diputados la jornada LOS RETOS DE LA LIBERTAD DE PRENSA. HACIA EL DERECHO DEMOCRATICO A LA COMUNICACIÓN en el marco de la conmemoración del Dia Mundial de la Libertad de Prensa.

Hoy que debatimos en España sobre el plan de regeneración democrática de Moncloa, conviene tomar nota de las conclusiones del encuentro para una política de Estado en la materia que procure:

  1. Proponer una Comisión Parlamentaria específica en Políticas de Comunicación.
  2. Desarrollar una ley de transparencia sobre publicidad institucional y la estructura de poder de los medios de comunicación.
  3. Promover un proyecto de ley estatal de Educación para la Comunicación y Comunicación Educativa.
  4. Modificar el sistema de gobernanza de RTVE y los medios públicos con cambio normativo en la línea del concurso público, garantizando además un sistema mejorado de financiación y administración.
  5. Promover la regulación y medios ciudadanos comunitarios, así como la economía social de la comunicación.
  6. Impulsar medidas y una política pública para cumplir las obligaciones nacionales en materia del convenio internacional de la UNESCO de protección de la diversidad en los medios.
  7. Adoptar normas para garantizar el pluralismo interno en el sistema mediático frente al actual duopolio audiovisual y la alta concentración informativa.
  8. Regular la desinformación y los bulos con medidas preventivas, tanto de autorregulación como de sanciones en contra de la mala praxis periodística.
  9. Constituir el Consejo General de Colegios Profesionales de Periodistas e impulsar medidas en favor de la dignidad, y protección de los profesionales de la información.
  10. Crear el Consejo Estatal de Medios de Comunicación trasponiendo las indicaciones del nuevo reglamento comunitario para la mejora del sistema de comunicación.

No son todas las medidas necesarias para la calidad democrática de nuestro sistema, pero sí las más urgentes para avanzar en el derecho universal a la comunicación.

*Francisco Sierra Caballero es catedrático de Teoría de la Comunicación y portavoz de SUMAR en la Comisión de Calidad Democrática

*Daniela Inés Monje Medina es catedrática de Comunicación Política y coordinadora de la Plataforma HERMES.

El Grupo Plurinacional Sumar organiza en el Congreso una jornada para debatir sobre el derecho democrático a la comunicación y celebrar el Día Mundial de la Libertad de Prensa

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El Grupo Plurinacional Sumar organiza mañana viernes en el Congreso la jornada ‘Los retos de la libertad de prensa. Hacia el derecho democrático a la comunicación’ para celebrar el Día Mundial de la Libertad de Prensa. El encuentro, impulsado por Francisco Sierra, diputado y portavoz de Sumar en la Comisión de Calidad Democrática, reúne a especialistas del mundo de la comunicación, representantes de los gremios periodísticos y a parlamentarios.

Entre los diversos objetivos que persigue esta cita está inaugurar un foro permanente de debate -Grupo Hermes- para definir durante esta XV Legislatura una agenda común de acciones institucionales que contribuyan a mejorar la calidad democrática de nuestro sistema de información, todo ello en un contexto de crisis del periodismo y ante la peligrosa deriva de la desinformación que las redes y algunos diarios digitales promueven en el sistema mediático.

Francisco Sierra destaca que “es hora de acometer la asignatura pendiente de nuestra democracia, cumplir con el artículo 20 de la Constitución para garantizar el derecho de acceso y participación, y poder responder a los retos de la transición digital con mayores garantías jurídicas, con herramientas democráticas, además de una arquitectura normativa e institucional que haga posible el Derecho a la Comunicación”.

Para el diputado de Sumar, “cada vez resulta más evidente la necesidad de un sistema informativo equilibrado, plural y acorde a las demandas que plantea la ciudadanía en la era de la comunicación global”.

Casos recientes como los bulos y las sucesivas campañas de ‘lawfare’ contra el Gobierno de coalición progresista, en general, y destacados dirigentes de la izquierda en nuestro país y su entorno familiar, de forma directa, se identifican en la Unión Europea (UE) como “un peligro para la convivencia democrática, un problema de salud pública que requiere de acciones del Estado frente a las amenazas a la libertad de prensa que grupos de extrema derecha y oligopolios informativos hiperconcentrados plantean en el actual entorno digital”, analiza Sierra.

El pluralismo interno y la diversidad del ecosistema mediático bajo el dominio de operadores foráneos, como las grandes compañías de Silicon Valley, corren el peligro de ser socavados en nuestro país por la creciente concentración de poder económico. Al mismo tiempo, se suceden procesos de desinstitucionalización democrática que las grandes corporaciones digitales despliegan de manera recurrente, tal y como se ha podido ver ya en Estados Unidos durante la Administración Trump o en los golpes de Estado de Brasil y Bolivia, sin olvidar el referéndum del Brexit.

En este contexto, los informes anuales del Instituto Reuters constatan, por ejemplo, “una crisis de credibilidad y confianza en nuestro país respecto a los medios y profesionales de la información”. Francisco Sierra expone que se debe responder a todo ello “con diversas iniciativas concertadas por parte del sector de la comunicación, los poderes públicos y el Parlamento, para establecer un marco de desarrollo del sector que garantice los principios constitucionales con mayor transparencia, pluralismo y participación de la ciudadanía”.

De la misma forma, en la jornada ‘Los retos de la libertad de prensa. Hacia el derecho democrático a la comunicación’ se tendrán muy en cuenta las indicaciones de la UNESCO para dedicar también el Día Mundial de la Libertad de Prensa a la importancia del periodismo y la libertad de expresión en el contexto mundial de crisis medioambiental.

Tal y como señala este organismo internacional, la concienciación sobre los aspectos de las distintas crisis medioambientales y sus efectos es esencial para construir sociedades democráticas. La labor periodística juega un papel fundamental para responder a esta crisis, teniendo muy en cuenta que los/as periodistas se enfrentan a grandes desafíos a la hora de buscar y difundir información sobre temas de actualidad en esta materia.