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La guerra de la información

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El arranque del Telediario del martes 25 de marzo empezó informando del Kit de Supervivencia, la ocurrencia de la comisaria Von der Layen y sus tecnócratas a sueldo del lobby industrial-militar del Pentágono. Contraviniendo las normas deontológicas y el propio libro de estilo de RTVE, se hizo un improcedente ejercicio de alarmismo y de propaganda belicista que alimenta la espiral del miedo. Están en ello de acuerdo el duopolio televisivo y los medios públicos en manos del bipartito.

La dirección de informativos debiera saber que la guía elaborada por la Comisión Europea para instarnos como ciudadanía “a sobrevivir 72 horas” a una guerra, crisis climática o ciberataque “hasta la llegada de una ayuda externa” no tiene por objeto otra motivación que justificar lo injustificable: la escalada militar y la compra de armamento en beneficio de Estados Unidos e Israel.

Pero las órdenes de Moncloa parece que son más poderosas que el sentido común. Siempre hemos confiado en los profesionales de RTVE, pero conviene recordar a sus responsables que una corporación y servicio público audiovisual presupone rigor, servicio a la sociedad y valores fundamentales que son contrarios a seguir guiones escritos por gabinetes de prensa o lobbies económicos.

Ahora que los medios son altavoces de los miedos para armar la guerra por otros medios, conviene no olvidar que los principios de servicio público audiovisual contemplan la promoción de los valores de paz. Alinearse en el discurso con Trump, el genocidio criminal de Gaza o justificar el rearme con la propaganda de la OTAN es contrario a las normas de obligado cumplimiento de la RTVE.

Un telediario basado en periodismo de declaraciones o contenidos enlatados, así sea del equipo de Von der Layen, va en contra de reflejar en la programación un decidido compromiso con el europeísmo, con el civismo, con la redistribución de la riqueza, la cooperación internacional y la lucha para erradicar el hambre y la miseria.

Más aún, la cobertura hipostasiada de la escalada militar y el discurso bélico que realizan los servicios informativos no cumple los criterios de la UNESCO, ni las normas que se ha dotado el Consejo Profesional. Y lo más grave: apuntan a una función de colaborador necesario con la geoestrategia necropolítica del Imperio.

Recientemente, el profesor Wesam Amer, investigador de la Universidad de Cambridge, ha demostrado cómo los medios occidentales se han alineado con las narrativas sionistas, distorsionando el conflicto según los intereses del gobierno criminal de Netanyahu.

Falta contraste, fuentes plurales, compromiso con el Derecho Humanitario y seguir las directrices de la UNESCO con una apuesta firme y decidida por un periodismo para la paz, preventivo, y no lo contrario, por ejemplo, cuando se invisibiliza al pueblo palestino o hacen desaparecer de la agenda informativa al pueblo saharaui.

El Código Internacional de Ética Periodística de la UNESCO, aprobado en París por todas las organizaciones y gremios profesionales, marca en este sentido una línea de actuación a vindicar en tiempos de atronadores tambores de guerra. Primero, que la ciudadanía tiene derecho a una información verídica.

Toda persona tiene el derecho a recibir una imagen objetiva de la realidad por medio de una información precisa y completa, que le permita expresarse libremente a través de los diversos medios de difusión de la cultura y la comunicación. No sesgos como el de los titulares del kit de supervivencia.

En segundo lugar, es preciso una militancia por la verdad. La tarea primordial del periodista es la de servir el derecho a una información verídica y auténtica por la adhesión honesta a la realidad objetiva, situando conscientemente los hechos en su contexto adecuado.

La guía de Von der Layen es cualquier cosa menos información. Se trata de mera propaganda de la OTAN, sin criterio, descontextualizada y con sesgos notorios no tratados convenientemente por los servicios informativos de la RTVE. Y, por último, los medios han de trabajar por la paz y la eliminación de la guerra y otras grandes plagas a las que la humanidad está confrontada.

El compromiso ético por los valores universales del humanismo debe ser la guía de acción contra toda forma de apología o de incitación favorable a las guerras de agresión y la carrera armamentística, especialmente con armas nucleares, y a cualesquiera otras formas de violencia, de odio o de discriminación, especialmente el racismo hoy normalizado en los medios.

Hace unos pocos días se estrenaba en Sevilla el documental de Pilar Távora, La gran redada, sobre la estrategia de genocidio contra el pueblo gitano del Marqués de la Ensenada. El antigitanismo y la razzia racial cotiza al alza en la era del capitalismo financiero especulativo.

Como en la República de Weimar, es preciso apretar las filas y buscar un chivo expiatorio para mantener entretenido al personal mientras el muro de Wall Street liquida la vida de los más pobres y de la clase media acomodada. Dispone para ello no solo de bases militares, y terminales mediáticas, sino de un contingente de escuadristas, con portavoces en el Congreso, que ignoran que todo código deontológico periodístico pasa por la cultura de paz, la diversidad y combatir los discursos del odio.

Sorprende que este clima interesado de opinión permee también la cobertura de RTVE. Se echa en falta, sistemáticamente, atender estos valores y principios por parte de los directivos del ente público. Quizás están preocupados por La familia de la tele, dicho irónicamente, la de los productores de La Fábrica –ha de imaginar uno, pues todo se externaliza por sistema–.

Y así hemos llegado a confundir el servicio público con el modelo Berlusconi, aun cuando explícitamente, los principios de programación de la Corporación, señalan que la RTVE deben atender a la inmensa mayoría sin perder la calidad de los contenidos ni los vectores del mandato marco y la voluntad de servicio público que da sentido a la función social de los medios públicos.

“El fin debe ser el cumplimiento de los propios objetivos” y no vulnerar sus principios constitutivos por un programa que ganará audiencia pero que, a todas luces, socava, como MasterChef, principios constitucionales básicos, valores cívicos de convivencia en común, además del pluralismo interno, la diversidad lingüística y cultural y la cohesión territorial.

Los trabajadores y profesionales de TVE Extremadura ya han manifestado su rechazo frontal a esta deriva impulsada desde la presidencia de la Corporación. En los últimos días se han sumado USO y Comisiones Obreras. Adelantar el inicio del primer informativo a antes de las 14.00 de la tarde y, además, sumar la carga añadida de una ronda informativa diaria en directo por cuatro comunidades autónomas antes de su arranque no puede estar supeditado a una parrilla de programación pensada para el éxito comercial.

Son numerosas las alteraciones y vaivenes de una política que empieza incumpliendo las normas debidas de información a la audiencia, que tiene derecho a saber los horarios de la oferta programática con antelación, y termina por malversar el sentido de servicio público para impulsar el entretenimiento de la tarde con figuras como María Patiño y Belén Esteban.

Quienes defendemos la democracia radical, sabemos que la mejor apuesta de los medios públicos es la comunicación enraizada, de proximidad, apostando por la producción local e independiente, impulsando los centros territoriales, no solo el de San Cugat, sino también de Valencia, Canarias y, desde luego, Andalucía.

El servicio público audiovisual exige cumplir principios de diversidad cultural, calidad de programación y, también, cada vez más, diversidad territorial. No queremos una RTVE hecha desde Madrid o Barcelona. Tiempo de realizar pues la norma que rige el ente público, tiempo de pensar más desde el sur y desde abajo, lo que no significa la apuesta por la chabacanería y la vulgaridad. El vulgo, la gente común, espera y desea otra cosa. Es cuestión de escuchar. Pido, pues, la paz y la palabra. Para todos, todo; nada para nosotros.

Transparencia y grupos de interés

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Este año que celebramos el centenario de Manuel Sacristán, uno de los mejores pensadores que hemos tenido en España y alguien que concebía la política como la ética de lo colectivo, en defensa de lo justo, lo verdadero y el bien, conviene repensar las formas dominantes de mediación política que operan en el Estado y el seno de la UE. Mientras sofistas y escribas a sueldo adulteran la verdad y ponen en cuarentena toda razón, recordar a Sacristán es volver a la ciencia y a pensar lo común con criterio y consistencia en estos tiempos atribulados que devoran toda forma pertinente de representación, empezando justamente por el dominio público. Por ejemplo, el derecho a la información.

La iniciativa del Gobierno progresista de regular un derecho universal como la debida transparencia, estableciendo los límites de actuación de los grupos de presión a partir del principio de control democrático, no solo es oportuna sino que resulta una demanda necesaria congruente con el llamado gobierno abierto que muchos venimos defendiendo hace tiempo. Se trata de implementar la Constitución para garantizar el acceso de los grupos sociales y políticos significativos, además de una mediación clara y abierta, transparente, entre el Estado y la sociedad civil.

España es el tercer país de la Unión Europea con menos transparencia. La lógica que ha prevalecido en nuestro sistema político, como la ley mordaza o la regulación de los secretos oficiales y de la propia actividad informativa, es la de la opacidad o la ausencia de norma. El Plan de Acción por la Democracia viene a reformar parcialmente esta situación abordando en firme déficits históricos, no solo en materia de transparencia, sino especialmente en lo que se refiere al necesario derecho de acceso y al desbloqueo de las cajas negras de las políticas públicas que hemos heredado entre siglos de absolutismo, dictaduras y las debilitadas formas de representación democrática. La iniciativa parte, sin embargo, una vez más, de Bruselas.

Desde 2020, la UE ha observado con preocupación cómo la revolución digital y el lobby del complejo industrial-militar del Pentágono –en particular los sectores ultraderechistas coordinados por Steve Bannon y otras potencias europeas– han venido socavando nuestras democracias, afectando sobremanera a la propia unidad comunitaria, como se pudo comprobar con el referéndum del Brexit. En congruencia, la UE se ha fijado como objetivos proteger las elecciones libres y justas, sin interferencias externas, combatir la manipulación informativa y la injerencia de intereses extranjeros, y avanzar en la información de calidad para cualificar la democracia deliberativa y garantizar la transparencia de todos los operadores políticos.

Los mandatos aprobados por el Consejo de Ministros se encaminan, punto por punto, en esta dirección de acuerdo con las exigencias comunitarias, tanto en materia de información gubernamental como de rendición de cuentas; una apuesta que ha dado lugar a una crítica desmedida, en tono y forma, de la oposición ultramontana que, desde el inicio, calificó toda medida en materia de información pública como censura. Los terminales mediáticos del IBEX35, PP y Vox parecen no entender que el derecho a la información y el principio de transparencia solo son posibles con la acción legislativa.

Por supuesto que las medidas de transparencia adoptadas son insuficientes si pensamos en la Ley de Secretos Oficiales o en la apuesta por un control de los abusos habidos con la publicidad institucional. Es evidente que, para cumplir con las exigencias de Bruselas, hace falta un Consejo Estatal de Medios y la regulación del derecho de acceso y participación de la sociedad civil contemplado en el artículo 20 de la Constitución.

La aprobación no obstante recientemente del diseño del gobierno abierto es un paso importante para garantizar la interlocución en cada proposición de ley, al hacer posible la capacidad de iniciativa e interpelación de las organizaciones no gubernamentales, los sindicatos, los movimientos sociales y cualquier colectivo ciudadano sobre asuntos de interés público o específico de la población. Esperamos pronto además una ley que, complementariamente a esta norma, regule la publicidad institucional, auténtico fondo de reptiles del siglo XXI, por el que se financian medios digitales de extrema derecha y golpistas que socavan la democracia sin control ni fiscalización pública.

Estamos hablando de iniciativas mínimas para garantizar la transparencia básica de las instituciones en democracia. Esta regulación, demandada por editores de prensa como el Grupo CLABE, es además un requisito necesario para vindicar un reparto justo y equilibrado que además garantice financiar medios sin ánimo de lucro, o comunitarios, con carácter cooperativo, que dan voz a sectores que no tienen medios de expresión ni acceso a las grandes compañías y/o canales de comunicación.

Recurriendo, si me lo permiten, a un símil futbolístico, cuando la polarización, cuando el polo autoritario, achica espacios, restringe o reduce la pluralidad, hay que hacer un cambio de orientación y sentido, abrir el campo de disputa y de juego. Una estrategia, no la única, es ampliar el dominio público hoy privatizado en la esfera de la información institucional y resolver, al tiempo, el déficit democrático cumpliendo con lo estipulado por el Parlamento y la Comisión Europea.

El derecho a la Información, la transparencia, es el primer objetivo de la guerra cultural desplegada por el nuevo despotismo. La forma distintiva de toda dictadura es el secreto y el silencio administrativo, la opacidad. Sin información ni conocimiento no hay posibilidad de tener voz ni agencia política, se pierde la autonomía y por tanto la capacidad de luchar por tener derechos. Sin información pública y accesible, sin conocimiento sobre la huella de la norma, sin poder conocer la trazabilidad de las decisiones se impone siempre, sistemáticamente, el poder del más fuerte. Esta XV Legislatura debiera servir cuando menos para que el Congreso asuma en la agenda –y el país reconozca– que regular la información como bien público es garantizar mediaciones democráticas, que la transparencia es una obligación de los poderes públicos; ojo, no del Ejecutivo solo, sino también del Legislativo y del Judicial. Y por lo mismo debe estar garantizada por ley, con políticas públicas activas.

Decía Pierre Bourdieu que el Estado es la base de la integración lógica y de la integración moral del mundo social y, por lo mismo, el consenso fundamental sobre el sentido que define la propia condición de los conflictos requiere la organización y la forma (sistemas de información) que hagan posible la convivencia democrática. O, como decía Gramsci, un cierto orden. Pero he aquí que los partidos del orden reinante no quieren oír ni hablar de forma alguna ni de la organización del Estado. Debatir en el Congreso con la extrema derecha y la derecha extrema sobre sistemas de registro, información pública, transparencia y orden lógico en la forma democrática del Estado es como tratar de explicar a un obispo la teoría de la evolución.

Como el fatuo Milei, están al parecer del lado de los lobbys, con los grupos de interés. Debe de ser porque son interesados o, simplemente porque, emulando a Trump, consideran toda fiscalización de entidades privadas como una norma abusiva que contraviene el principio de autonomía de los actores de la sociedad civil, por más que tales actores pueden incurrir, como en España sucede, en prácticas irregulares y corrupción de los funcionarios públicos. El discurso en esta materia de la derecha ultramontana persiste en su modelo plutocrático de dominio de la oligarquía financiera y el tecnofeudalismo, replicando insistentemente tres aporías sin sustento ni consistencia:

1.   Toda ley es control. La mejor ley es la que no existe. Ergo, las reglas deben ser producto de los usos y costumbres. Toda una enmienda al principio de la cultura jurídica que nos convoca (dura lex, sed lex) pues, en ausencia de norma, las reglas que imperan en las relaciones del Estado y la sociedad civil organizada dependen, sistemáticamente, de los grupos y clases dominantes.

2.   La soberanía es única, indivisible y uniforme. Los representantes de la derecha ultramontana en España no entienden, ni asumen, en pleno siglo XXI, que la composición del Estado es, ha sido y seguirá siendo plurinacional. Ya hay, de hecho, registros autonómicos que abordan el reto de la transparencia y control de los grupos de interés, y es necesario, como corresponde a un modelo federal, una regulación estatal que garantice coordinación interterritorial y cooperación entre la Administración central y las comunidades.

3.   La eficiencia del Estado pasa por reducir su composición. Para los portavoces de Silicon Valley, todo problema o cuestión social se resuelve con la motosierra o siguiendo el patrón de conducta del presidente Bukele. El derecho, la ley, el desarrollo reglamentario, es una cuestión menor, al parecer, para la modernización de la Administración pública cuando se trata de acometer el objetivo de la debida democratización de la acción política del Estado. De hecho, donde gobiernan han suprimido organismos decisivos para la supervisión de la función pública contra la corrupción, valedores como son del principio de que el interés general es especial y sus intereses especiales, el bien común, confundiendo, por sistema, lo público y lo privado.

Pero la realidad demuestra que el sustento iletrado de tales aporías invalida el discurso de cuanto peor (o menos regulación), mejor para la sociedad civil. La mediación social en democracia exige en nuestro tiempo reforzar las libertades públicas profundizando el desarrollo normativo en línea con el Plan de Acción Democrática Europea. En otras palabras: mejorar la transparencia en la gobernanza, desarrollar mecanismos de rendición de cuentas y fomentar la participación de la ciudadanía. Esta es la esencia del estado social y de derecho. En estos delicados momentos, la disyuntiva en el seno de la UE es si avanzamos en esta dirección –protegiendo las libertades públicas, la igualdad y la justicia social– o si se impone el dominio de los falsos patriotas, impostores del orden que atacan la justicia social y al propio Estado, restringiendo por la puerta de atrás derechos fundamentales, so pretexto de la salvaguardia de la seguridad nacional.

Contra los señores de la guerra, contra la OTAN y el muro de Wall Street, contra el modelo de rearme autoritario y excluyente de las derechas ultramontanas, sabemos, la historia así lo demuestra, que el buen gobierno y la calidad democrática se fortalecen con una relación fluida y clara entre Estado y sociedad civil, entre políticas públicas abiertas al escrutinio ciudadano y el buen gobierno. Permitir o propiciar una mayor y mejor fiscalización de la actividad pública contribuye, en fin, a la necesaria regeneración democrática, promueve la eficacia del Estado y, además, trae consigo un aumento del índice de la calidad de sus democracias.

Los ciudadanos necesitan saber qué datos se utilizan para tomar cualquier decisión, qué personas contribuyen a la toma de decisiones, a qué se destina el dinero de sus impuestos, cuáles son y si se respetan los procedimientos de contratación. En definitiva, la sociedad reclama cada vez más transparencia a sus representantes y las instituciones del Estado. Tenemos la obligación de fomentar esa cultura de la información accesible y agilizar los cauces para ofrecerla frente a la opacidad y cierta tradición arbitraria en el manejo de la información de dominio público. Transformar la cultura de la información de los funcionarios y la Administración pública en la aplicación de las debidas normas de transparencia y acceso a la ciudadanía es una reforma de calado que modificará la dinámica de la democracia deliberativa evitando el juego interesado de las minorías y su capacidad de presión a espaldas de la opinión pública. Ello exige, claro está, dotar de recursos suficientes y medios adecuados a la oficina responsable de aplicar la nueva norma, tomando de paso en consideración las observaciones de la Quinta Ronda de Evaluación del Grupo GRECO.

Se trata, en suma, de mejorar las garantías y procedimientos en la Administración del Estado para romper con el capitalismo de amiguetes o el lobbismo que impera, tanto en Bruselas como en el Capitolio. Tenemos ejemplos recientes con el 5G y las agencias de calificación de riesgo. Es hora de no repetir la historia como farsa, no incurrir en errores como el de la televisión de alta definición que impidió que la UE y nuestras empresas estuvieran a la vanguardia de la nueva televisión digital por los grupos de interés de las corporaciones estadounidenses, y empezar a caminar en dirección contraria, siguiendo el modelo nórdico, el ejemplo pionero de Suecia.

Es tiempo de consolidar una forma de Estado igual y transparente para todos, contra el imperio de la impunidad por opacidad, confiados en el papel positivo que puede cumplir la Oficina de Conflictos de Intereses y en la adaptación legislativa que permitirá el análisis de redes, evitar testaferros y comisionistas de turno, dejando huella normativa y trazabilidad de debates legislativos y de programa de gobierno, mediante la coordinación de esfuerzos y la interoperatividad con las comunidades autónomas que ya han avanzado en la regulación y registro de los grupos de interés.

Quienes defendemos el derecho a la información y la transparencia que garantiza la libertad de prensa, entre otros derechos fundamentales, hace tiempo que venimos insistiendo en que hay que acabar con la influencia nociva y oculta de los intereses especulativos de los amigos de lo ajeno. La consulta pública y accesible es, como la democracia, contraria a la ilustración oscura. Por ello, es preciso desplegar herramientas normativas en defensa del control social democrático. Por conciencia, porque todo debate contrario al registro y los sistemas de información compartidos no tiene otro cometido que validar el dominio restringido de los intereses creados. Esta debería ser la primera lección de la guerra cultural, la batalla por la información y la verdad.

Medios y calidad democrática

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Durante el primer periodo de la actual legislatura, en la Comisión Parlamentaria de Calidad Democrática hemos venido trabajando sobre el problema de la desinformación, una demanda de Bruselas que en nuestro país es si cabe más que preocupante y que en clave de la UE viene a evidenciar la fragilidad de nuestra soberanía y cómo se ha quebrado el diálogo político y social por un capitalismo tecnofeudal de plataformas que hizo posible el Brexit y hoy cabalga a lomos de la ultraderecha en frentes culturales de la guerra híbrida bajo la hegemonía de los patriotasy, por ser más precisos, del capital financiero internacional. La prensa ha puesto el acento en los contenidos y calificado la iniciativa de censura, como aquellos jueces que antes de conocer la Ley de Amnistía ya estaban interpretando sobre el vacío. Pero el reto que tiene este país para la mayoría social es modificar las estructuras del sistema informativo, transformando un modelo, en su marco de referencia axiológico y organizativo, heredero del franquismo, en pro de una lógica de la mediación que haga posible el derecho de acceso, la participación ciudadana y un pluralismo, hoy inexistente, en el que todas las corrientes de opinión y colectivos tengan su voz en el espacio público.

En los próximos meses, la batalla ideológica va a ser más que dura, empezando porque, desde el primer minuto, el coro fariseo de voces ultramontanas, repitiendo las santas letanías contra el control de los medios y hasta la supuesta colonización del gobierno como una amenaza a las libertades públicas, se ha activado para mantener incólume el bastión del sistema de dominación hegemónico. Ya sabemos lo que significa, en la praxis, el discurso liberal a lo Milei: censura, propaganda y regulación liberticida ya no de los medios sino del propio derecho de reunión, manifestación y expresión, como en tiempos de Fraga, a la sazón Ministro de Información y Turismo y artífice, como denunciara Ignacio Escolar en su comparecencia, de la ley de referencia que los adoradores de Murdoch prefieren conservar ante toda iniciativa reformista, por mínima que ésta sea. Convendría recordar al supuesto bloque constitucionalista de la derecha que el artículo 9.2 exige a los poderes públicos “promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. Sin derecho a la comunicación no es posible cumplir con estas garantías, de ahí la pertinencia de comprender, como es lógico, el sistema mediático donde se configura lo público y el diálogo social. Este era el espíritu del artículo 20 de nuestra Constitución cuando, además de reconocer el derecho a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones por cualquier medio de reproducción, y el derecho a recibir información veraz, de calidad, se apunta la necesidad de garantizar el acceso a los medios públicos “de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España”. El artículo 51 exige, por otra parte, que los poderes públicos protejan activamente a consumidores y usuarios mediante “procedimientos eficaces, en materia de seguridad, salud y los legítimos intereses económicos de los mismos”. Cuando vindicamos medidas contra la desinformación, habría que recordar que la Constitución (Artículo 51.2) establece que “los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los términos que la ley establezca”. Ello apunta a la necesidad de políticas activas de educomunicación así como de instituciones como el Consejo Estatal de Medios que velen y garanticen la representación de la ciudadanía y la fiscalización de los medios que operan en el espacio público. Hablamos, claro está, de un derecho universal y no de una mercancía sujeta a la supervisión de una comisión del mercado de la competencia.

Todos sabemos que sin libertad de prensa no hay democracia, sin periodistas, como vindica la FESP, no hay democracia y sin medios libres no es posible la protección de los derechos fundamentales que recoge nuestra Constitución pues el primer derecho es el derecho a tener voz para luchar por los derechos. Pero en España las políticas de Estado en materia de comunicación son una asignatura pendiente en democracia. En el Congreso no existe una Comisión que aborde cuestiones sustantivas sobre la materia, la Secretaría de Estado opera, históricamente, como un gabinete de prensa de Presidencia y, a diferencia de los países de nuestro entorno comunitario, no hay siquiera una autoridad específica que garantice el cumplimiento de los derechos contemplados en el artículo 20. Por ello, un objetivo estratégico de esta XV Legislatura es situar en la agenda pública, más allá de la reflexión del presidente Sánchez, el reto de las políticas activas de comunicación. El Reglamento Europeo sobre la Libertad de Medios de Comunicación abre la posibilidad, en este sentido, de avanzar un paquete de medidas urgentes para la regeneración democrática. Según el Media Pluralism Monitor Report 2024, España es el Estado europeo en el que los medios son menos transparentes, solo por delante de Chipre y Hungría. Tenemos, de facto, una situación de absoluta discrecionalidad en la asignación de fondos públicos que nos sitúa más en el siglo XIX y la lógica de los llamados fondos de reptiles que en un sistema moderno y ejemplar. No se trata, como dice Feijoo, de limitar la financiación de los medios críticos, antes bien el reto es que la publicidad institucional cumpla su función de informar a la ciudadanía y contribuir al pluralismo y la libertad de empresa con equidad, transparencia y pluralismo, regulando esta función con una norma basada en criterios objetivos, evaluables y monitoreados por organismos independientes de autorregulación y corregulación. En suma, cumplir con el Reglamento sobre Libertad de Medios y equipararnos a los países de nuestro entorno comunitario. De lo contrario seguiremos en una situación de nivel de riesgo del 75% en materia de pluralismo. Es hora pues de abrir el diálogo social con organizaciones civiles, sindicatos, grupos de investigación, asociaciones de consumidores y usuarios, expertos, gremios profesionales y empresas periodísticas para realizar el derecho a la comunicación, un derecho universal, reconocido por la UNESCO, que no puede ser cercado por la racionalidad mercantil o intereses espurios. De la libertad informativa como una cuestión exclusiva de la empresa informativa hay que abrir el campo de interlocución: de los medios a las mediaciones con todas las voces y actores sociales. Este es nuestro reto democrático, la apuesta por una comunicación como bien común. Una comunicación de todo el sistema de información para todos. En juego está, bien lo sabemos, el futuro de la democracia.

Notas de campaña

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Decía Bourdieu que cuanto mayor es la autonomía de un campo específico de la reproducción social, mayor es la proporción de lo que puede explicarse sobre la base de la propia lógica. En el caso de España, dudo que el campo periodístico se explique en términos de autonomía. Si así fuera convendría hacer, con carácter urgente, un llamamiento a la ciudadanía, una alerta democrática viendo cómo estamos en manos de malhechores, difusores de visiones escleróticas y paralizantes cuando no claramente tóxicas en contra de toda razón y los derechos fundamentales para convivencia pacífica. Pues domina el campo informativo en nuestro país gente que no sabe del buen vivir y se limita a ser meros divisores de la disyunción, expertos como son en la taxonomía de la banalidad, cuando no forzados esclavos de la espiral del disimulo y la malversación del derecho de libertad de prensa hoy al servicio del capital y la plutocracia. Privados como estamos la mayoría de la población del mínimo pluralismo interno y de toda capacidad de interpelación, no es de extrañar que el Barómetro del CIS de abril de 2020 arrojara datos que evidencian, conforme a la opinión mayoritaria, la necesidad de una intervención pública en el sector. A la pregunta sobre la regulación de bulos en las redes, el 66,7% era partidario de tomar medidas contra los excesos de los hijos de Musk, pero los medios mercantilistas, como La Razón, consideró en su momento este tipo de preguntas totalitaria, y no digamos ya la lógica democrática de exigencia de control social y responsabilidad pública. En la ideología de los enemigos de la libertad, el derecho a la comunicación es cosa exclusiva de ellos, de diarios como el ABC con una larga historia a sus espaldas de apoyo a la dictadura asesina de Franco, de propaganda afín a Hitler y Mussolini y de ocultación de la violación a los derechos humanos en contra de la constitución para dar cobertura a los poderes fácticos. Y se autodenomina diario conservador, prensa independiente, dicen, cuando en sus páginas un día sí y otro también mienten, manipulan y construyen una realidad o burbuja mediática inexistente, como la de la anunciada mayoría absoluta del PP. Convendrá el lector que tras los resultados del 23J un mínimo de autocrítica es exigible a los medios y profesionales del periodismo. Contrariamente a lo afirmado en su columna por el profesor Manuel Cruz, a la vista del desenlace de la convocatoria electoral es hora de ajustar cuentas y responsabilizar de los excesos a algunos actores que trabajaron contra la democracia y la voluntad popular, empezando por las encuestadoras que durante tanto tiempo han denostado el trabajo de una institución sólida como el CIS, léase Narciso Michavila de Gad3. En este examen de lo dicho y hecho no cabe esperar que la rectificación provenga de los periodistas y un sistema de medios de los que él mismo fue víctima propiciatoria.

Hace mucho tiempo, desde los años ochenta, con el auge del neoliberalismo, en España el derecho a la información se ha tornado en el deber de no pensar. Y cuando se piensa se corre el riesgo de morir, simbólicamente, o preso del cerco y silencio informativo. Por fortuna no vivimos situaciones críticas como las de México o Colombia. En el país azteca más de 140 profesionales han sido víctimas de los poderes económicos y el narco, pero los medios del duopolio en España atacan a López Obrador por su crítica a la prensa y las propuestas de regulación democrática de operadores externos y acreditados golpistas como Facebook o Twitter (analicen si no el caso de Brasil). Cabe preguntarse, en este sentido, quién tiene derecho a la crítica en un modelo de mediación concentrado, asimétrico y que tiende a socavar las bases de la convivencia democrática. ¿Sólo los periodistas? Si es así, como profesional de la información y Catedrático de Periodismo he de manifestar que la profesión está degradada en México y en España, subyugada la autonomía necesaria de los informadores y suprimida toda pluralidad en los medios públicos y privados. Y ello ha tenido graves consecuencias en la calidad democrática de la deliberación en el espacio público, incluso en el ámbito de la izquierda.

El nacional populismo o la enfermedad infantil del izquierdismo es hoy un discurso preponderante que anula toda práctica política efectiva, limitando los términos de discusión de lo deseable y decible de acuerdo a lo políticamente correcto. Esta dinámica es transversal y abunda en los sectores retardatarios de la derecha. Podría de hecho empezar a correlacionar miserabilismo y cultura de la sumisión que prolifera en la esfera mediática mientras se proyecta el linchamiento y la norma de la difamación como dos caras de la misma moneda que explica el ascenso del discurso de VOX. Ahora, no hay acción sin reacción, ni involución sin crisis y contradicciones. Toca pues pensar, en este escenario, qué tipo de acción política y alcance en clave marxista es preciso implementar. No es el objeto de estas primeras notas de campaña vividas en primera persona avanzar propuestas concretas de futuro. Menos aún en forma de columna de opinión. Somos gramscianos y seguiremos haciendo pedagogía democrática de la esperanza incluso con aquellos que no quieren aprender. Cierto que no se puede explicar la teoría de la evolución a un obispo, pero sí dejar en evidencia las falsedades del relato y la ideología de quienes han normalizado el neofascismo y se ponen de perfil en la falsa equidistancia del llamado periodismo independiente que ni es autónomo y menos aún respetuoso de la deontología profesional. Sí la mayoría de periodistas y medios de este país son colaboracionistas y demuestran a diario que siguen anclados en el franquismo sociológico, llama la atención cómo es que no se dan cuenta que producen vergüenza ajena, que nadie les cree, que son cada vez menos quienes les escucha, lee o sigue, justamente por la misma razón. En fin, ha quedado en evidencia esta campaña que habiendo asumido definitivamente el cinismo como norma, es tiempo de buscar otras mediaciones productivas y dialógicas. Veamos cómo.

Amigos peligrosos

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Agrega y vencerás, dispersa y divide y lograrás imponerte. El arte de la guerra, probablemente, es uno de los libros más vendidos en Amazon y estamos convencidos de que es el texto de cabecera de los GAFAM –el acrónimo que se refiere a las cinco grandes empresas tecnológicas estadounidenses: Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft– a juzgar por cómo anda la industria periodística en Europa.

La extensión del servicio Google News Showcase en nuestro espacio comunicacional da cuenta de un proyecto, el comunitario, claramente a la deriva, para el que no han faltado los colaboracionistas empeñados en asumir una posición de subalternidad.

Es el caso de grupos regionales de prensa, como Joly, prestos a facilitar el proyecto de dominio americano del flujo y circulación de información. Un error que nos puede costar caro, como la guerra de Ucrania, pues el principio de selección, la opacidad del algoritmo, no es solo un problema de transparencia. Ni siquiera de equilibrio en la estructura de comando informacional.

Estamos, básicamente, ante un dilema económico y político, una decisión que no solo perjudica nuestra industria sino que favorece la lógica concentracionista con la que marginar a medios incómodos, además de convertir las cabeceras europeas en meras franquicias para el agregador. Una suerte de maquilas de la información.

Pero estas razones no han pesado mucho en la decisión final. Tanto la Asociación de Medios de Información (AMI), con Vocento y Unidad Editorial a la cabeza, favorable a una negociación colectiva de derechos, vía CEDRO, como el Club Abierto de Editores (CLABE), hace tiempo que se han rendido al imperio Google.

La división, como consecuencia, entre los editores europeos se va a traducir en la dependencia informativa de España y la UE del coloso americano. La historia se repite, pues, como farsa, antaño con CNN + y hoy con la prensa digital.

En la historia de la comunicación conocemos bien este tipo de maniobras y el resultado final, con las nefastas consecuencias que sufrimos a diario, ya sea en la primera Guerra del Golfo Pérsico o, actualmente, en la guerra de Ucrania.

Hace unos días celebramos los Goya en Sevilla y deberíamos pensar si, de verdad, valoramos nuestro cine, si realmente la Comisión Europea apuesta por la autonomía cultural y la soberanía tecnológica cuando, año tras año, nuestra industria, pese a la Política Audiovisual o el programa Media que hace posible que cine andaluz como Módulo 77 se vea en las pantallas, va perdiendo cuota de pantalla y posiciones ante el arrollador dominio del oligopolio estadounidense.

Ya no están con nosotros los Bertolucci y Godard que inspiraron a las autoridades comunitarias la iniciativa de una política pública para intervenir el mercado audiovisual. Y los retrocesos de la política de comunicación de Bruselas son más que notorios en las dos últimas décadas, mutando de la Directiva sin Fronteras a un brindis al sol contrario a materializar cualquier cambio –por leve que sea– de la estructura de dependencia a la que estamos sometidos.

Resulta, por lo mismo, cuando menos triste observar un panorama desolador en el que empresas como el Grupo Joly y el aragonés Henneo van a pasar a la historia como el caballo de Troya que contribuyó al aterrizaje del imperio de Silicon Valley en nuestro espacio comunicacional. Más que nada porque la operación nos va a salir cara a todos.

Pero la Comisión Europea no ha aprendido la lección. Al imperio Google no se le para con sanciones de 500 millones de euros como en Francia, sino con medidas que avancen en nuestra autonomía. El nuevo Estatuto de Andalucía abunda en esta demanda, pensando en medios y mediaciones propias, de proximidad, pero más de una década después nos siguen contando nuestra realidad desde Madrid o Barcelona cuando no desde Los Ángeles.

Mucho nos tememos que, como en tiempos de falta de cobertura de la radiotelevisión en mi pueblo de Gobernador –la «zona de sombra» en jerga de ingenieros–, termine siendo hoy un tiempo de silencio, un apagón informativo o de tinieblas, un tiempo, en fin, marcado por el imperio Google y el algoritarismo como nueva forma tecnofeudal de restauración conservadora.

Y mira que la Unión Europea (UE) debiera haber escarmentado tras el Brexit, inmerso como está en un proceso de descomposición penoso. Pero parece que prevalece en los eurócratas la pulsión de muerte y la confianza en los enterradores y lobbys rentistas, como la Asociación de Medios de Información (AMI), una entidad tan poco fiable como OK Diario o la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), frente patronal del matonismo que amenaza la libertad de expresión, confundida con la libertad de empresa.

Estos días, por cierto, desde la SIP volvían a reclamar ayudas del Estado. Lo paradójico es que, en su última campaña, afirman su voluntad de servicio público y compromiso con el periodismo y empiezan, he ahí la praxis, por despedir a personal o no contratar periodistas, pues consideran, bien lo sabe el editor de este medio en su calidad de decano del Colegio de Periodistas de Andalucía, que la libertad de prensa pasa por su real voluntad empresarial de libre contratación, estén o no titulados quienes han de ejercer tan noble profesión.

Lógica posición cuando, para ellos, la noticia es solo un señuelo, un «reclamo», como dijo el primer estudioso de la prensa en Europa, que definió un periódico como un aviso publicitario rellenado con información para atraer audiencia.

Es normal que pongan el grito en el cielo cuando hay que regular la publicidad (pese a la lacra de la ludopatía, por ejemplo) o cuando los «roedores marxistas», como nos tildaban en Bruselas, proponemos una ley de publicidad institucional más transparente y ecuánime, evitando la lógica del fondo de reptiles en pleno siglo XXI, ya sea en la Comunidad de Madrid, con la liberticida Ayuso y sus arietes mediáticos a lo Inda, o en la Junta de Andalucía, cuyo Gobierno tiene bien cubiertas las espaldas con el dinero de todos, regando regularmente los medios y los estómagos agradecidos.

En otras palabras, visto lo visto, conviene tomar muy en cuenta lo que está en juego con la agregación de diarios en la red en un contexto de eliminación sistemática de voces críticas. Y no hablamos solo de su eliminación simbólica en la guerra cultural de cero muertos.

En su trabajo Matar a un periodista. El peligroso oficio de informar (Los Libros del Lince, Barcelona, 2010), Terry Gould ya advertía que más del 90 por ciento de los más de mil periodistas asesinados desde 1992 eran periodistas locales y, prácticamente la totalidad de los instigadores –en torno al 95 por ciento– ha evitado la cárcel.

Estamos, en fin, a merced de sociópatas que encarcelan o torturan a Julian Assange, que liquidan toda veleidad informativa en Colombia o procuran capturar toda voz en las cadenas, valga la ambivalencia de la expresión, hegemónicas, tal y como sucede en los propios Estados Unidos, más dados a comprar voluntades, por su origen esclavista, en modo monocultivo de la información gracias a las plantaciones de Silicon Valley.

Para tal labor cuentan con un ejército de predicadores, intelectuales orgánicos del capital, como Mario Vargas Llosa, que no paran de recordarnos que para tener derecho a la existencia y a prosperar los medios deben dar noticias y espectáculos –supongo que ello incluye también la vida de su pichula con Isabelita–; que necesitamos, dice, informaciones con color, con humor y atractivo suficiente para atraer el público, aunque sea mediante la ficción, como en la defensa de la democracia ahora que Pedro Castillo fue preso y el instinto plebeyo se manifiesta en Perú en demanda de derechos fundamentales. Todo en orden, en fin.

Los próceres de El País siempre a lo suyo, defendiendo la Ley Audiovisual como una norma para liberar las parrillas, lo que no es sino una contrarreforma y desregulación en menoscabo del derecho a la comunicación y en favor del duopolio, los anunciantes y los operadores transnacionales del capitalismo de plataformas.

Lo mismo de siempre: la flexiseguridad como garantía del capital contra lo común por medio de la autorregulación de lo que no es suyo, sino de todos, pero que nos venden sin gracia, y con todo lujo de detalles, mostrando el mundo al revés: los intereses creados como universales y los derechos comunes a la comunicación para todos como intereses especiales. No sé si es apropiado llamarles «casta», pero peligrosos AMI(gos) de la democracia sí que son.

El periodismo que cuenta

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A lo largo de una productiva vida creativa, uno puede tener el privilegio de compartir conversación y conocimiento con prodigiosos intelectuales, académicos brillantes, talentosos y dedicados docentes, fascinantes escritores y, en ocasiones, a veces, en excepcionales ocasiones, si tienes suerte, uno puede encontrarse, más allá, en el Olimpo de Sócrates, maestros excepcionales. Aquellos que, de forma natural, a lo Curro Romero, por verónicas, comparten el saber sobre la praxis, dando pases a la vida, sin miedo torero, iluminando los recovecos de lo cotidiano entre letras heridas.

Este es el caso de mi amigo y sin embargo colega Antonio López Hidalgo, un referente que ha formado legiones de periodistas, dentro y fuera de las aulas de la Facultad de Comunicación de Sevilla. Magisterio que se fragua, como todo aprendizaje socrático, a fuego lento, leyendo y aprendiendo de los grandes, como el gran Gabo, doblemente protagonista de Acerca del mundo, editado por Fénix Editora (Sevilla, 2021).

En palabras de la profesora Luisa Aramburu, que hace un exhaustivo análisis de la vida y obra del autor, estamos ante “un virtuoso de la escritura que ha hecho de la pluma un instrumento fabuloso para contar buenas historias, tanto como para recrear la vida”. Y en ello, como reconoce María Jesús Casals, catedrática de Periodismo, López Hidalgo es bueno, excelente, tanto en lo que hace, como en lo que escribe, pregunta o dice.

Aunque no quiera reconocerlo, no sería buen narrador sin su capacidad de relato oral, de miles de anécdotas que los amigos compartimos a diario. Ello solo es posible por la disciplina, la misma que le llevó a mantener el blog El Radar, escribiendo con un método y rigor espartanos, combinando el placer de contar con el gusto inagotable de la lectura. No sé en qué orden podríamos clasificar ambas pasiones. Intuyo que más la segunda, aunque en verdad nadie que ame leer, puede dejar de escribir, contar o pensar en relatos. Es como respirar: una función natural, o naturalizada.

Y López Hidalgo bien sabe de eso. Por eso logra aproximarnos el mundo que late, una suerte de cuaderno de bitácora de España, una radiografía, con registro versátil, escrito con el arte curtido de lector voraz y creatividad desbordante, fruto de una imaginación fecunda, alimentada entre líneas de los mejores escritores del mundo, y por la atenta escucha en bares, barrios y tabernas, al cabo de la calle que diríamos. Pues, bien lo sabemos, sin escucha activa nadie puede ser un buen periodista.

Sin el principio humanista de que nada de lo humano me es ajeno, un articulista no puede ejercer bien el oficio. Antonio López los ha cultivado desde joven, con su tata, y ya como académico releyendo a José María Carretero o arriesgando la pluma al filo de la vida en El Correo de Andalucía. De Diario Córdoba y Antena 3 Radio en la capital de El Califa a El Correo de Andalucía o estos artículos, el periodista y escritor talentoso que es no cesa y ha ido depurando su poética o estilo fraguado en la belleza de la vida.

Ejemplo de creatividad es el dominio de la titulación, tema sobre el que escribiera un ensayo de referencia. En esta compilación de artículos, repasando el índice, podemos encontrar titulares como “España se ha quedado sin bragas”; “¿Atracamos o fundamos un banco?”; “La policía no escucha” o “Cada rabo con su cereza”.

Tanto en El Radar como en la serie Diario de un periodista cansado escrita para Andalucía Digital, el volumen es un rico ramillete de ingeniosos aportes, aceradas críticas y contundentes descripciones de la vida y de sus avatares. Del oxímoron a tropos del juego y del exceso, el maestro López Hidalgo logra que el lector ría, se conmueva, tienda a encabronarse o navegar por los ríos de la memoria y la melancolía, mostrando el envés de la vida del revés, del mundo invertido.

Un tiempo en el que, cito al autor, “los matrimonios se están modernizando a marchas forzadas”, y proliferan “epidemias que se contagian sin remisión posible, una de ellas la del pesimismo”, mientras en España la banca siempre gana gracias a un sistema hipotecario propio de Fernando VII a la espera de confiar en El Guerrero del Antifaz para luchar contra el rescate de Bankia cuando la infamia es el orden del dominio o, paradoja de las paradojas, el Sumo Pontífice nos descubre que los Reyes Magos vienen de Huelva confirmando, nos guiña el autor, que “la historia de las Sagradas Escrituras se parece a las investigaciones llevadas a cabo sobre el bandolerismo en Andalucía, que hablan de una banda que trabajaba en la sartén de Andalucía conocida como Los Siete Niños de Écija, que ni eran siete, ni eran niños, ni eran de Écija”. Hablamos, claro está, de un libro, en fin, contra incautos.

Un texto que recupera en forma de libro el pulso de la historia, lo que nos ha pasado, lo que el acertado analista observa y lo que hemos de pensar o suspender en el tiempo de forma reflexiva y con distancia para aprender de la experiencia acerca del mundo.

En sus páginas, si se sumergen, van a encontrar personalidades, personajes, paisajes de costumbres por escrutar o ver desde nuevos ángulos de visión, cultivando el arte del Periodismo y la Literatura, todo ello con una exquisita riqueza léxica y diversidad semántica fruto de la escritura de frontera y desborde que caracteriza su estilo para el quiebre del lector, toda una poética en la que siempre se dibuja una sonrisa de ternura, porque, como sabemos, es revolucionaria.

Por sus páginas pueden encontrar a Brecht, John Lennon y George Harrison, Dylan y Antonio Machín; Iñaki Gabilondo, Paco Roca y El Roto; Juan Goytisolo, el Papa Benedicto XVI, Cospedal, Al Capone, el PP y la monarquía, no necesariamente juntos, aunque se les supone; escritores de fuste como Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez o Sándor Marái; cantantes como Georges Moustaki, Ozzy Osbourne o Janis Joplin, entre Cicerón, Sábato, Trostky e, inevitablemente, Ramón Mercader, Leila Guerreiro, Elena Poniatowska y el gran Gabo, además de Juan Cruz o Vargas Llosa; líderes políticos como Mandela, Gadafi o Gandhi.

En fin, la lista es interminable, como sus amigos, que aparecen en sus páginas, desde Serrato a su fiel escudero de aventuras periodísticas, Miguel Ángel León, sin olvidar a Jes Jiménez Segura, María José Ufarte o el propio editor de Andalucía Digital, Juan Pablo Bellido.

Y paisajes, con sus paisanos figurados, de Montilla a Isla Mayor, de Sierra Morena a Pichincha, del Cotopaxi al Coto de Doñana. Espacios, curiosamente, no colonizados, reminiscencia de su querencia por el campo. Quizás porque López, como alguna de las autoras de su preferencia, sea un periodista salvaje, un lector pertinaz de la realidad, un articulista crítico, entre socarrón, irónico y melancólico. Pero no alejado de las preocupaciones profesionales.

En Acerca del mundo pueden encontrar agudas reflexiones, en términos de metaperiodismo, como cuando afirma que uno podría seguir una lista interminable de consideraciones, a propósito de Rajoy, aunque el espacio de Internet es un universo infinito y la capacidad lectora de los internautas, limitada.

“Así que, para que nadie lea y molestar con argumentos tan obvios y cifras tan claras en estos tiempos, tan turbios, mejor nos preguntamos qué hubiera pasado si el presidente del Gobierno hubiera evitado de otro modo el supuesto naufragio” mientras se ocultaba tras una pantalla de plasma.

O cuando defiende el oficio recordando que los periodistas, aunque parecieran una especie en extinción, colaboraron con su tinta y su sangre, con su compromiso y sus pleitos, como el que viviera el protagonista en la investigación de El sindicato clandestino de la Guardia Civil, a que este país fuese mejor, contra la lógica de todo Manual Inútil de Comunicación propia de los asesores del expresidente popular, empeñado en convocar “a los periodistas a ruedas de prensa sin preguntas; a ruedas de prensa sin respuestas; a ruedas de prensa sin preguntas y sin respuestas; a ruedas de prensa con pantalla de plasma (…); a ruedas de prensa de él pero sin él; a vetar las cámaras de televisión en los mítines electorales; a difundir videocomunicados y a transmitir discursos por circuitos cerrados de televisión”.

Un tiempo, en fin, de cerco al periodismo que el autor no deja de denunciar vindicando, desde el compromiso, como en su ensayo contra la precariedad de los informadores, el derecho a la información y la autonomía periodística.

No podía ser de otra manera. A lo largo de su obra, Antonio López Hidalgo ha sido constante, como en este libro de artículos. Su voluntad de desplegar una escritura irónica hilvanada con la potencia de la imaginación para reír, para soñar, para gozar y deleitarse, para vivir, en suma, porque el periodismo como la literatura, no es una metáfora, es pura vida: principio, esperanza…

Y Antonio López nos lo recuerda en su retrato de las entretelas de la experiencia vital. Al fin y al cabo, es lo que corresponde a un senequista, a un humanista cordobés de Montilla. Lean el libro y verán. O, en caso contrario –consejo de López–, busquen un amante que les despiste por un instante de la realidad.

Políticas de comunicación y autonomía social

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Que el campo de batalla de la pospolítica es la información ya es sabido. La manipulación de la realidad es la fabricación, como dijera Chomsky, del consentimiento como dominio. El engaño voluntario de los indiferentes es la diferencia de la diferencia que define la dialéctica informativa. El lugar común de renuncia de la phronesis. La demagogia de la explotación en forma de eufemismos, la vida travestida de oropel, el buffet de sálvese quien pueda oculto a las víctimas de la verdad. Ahora bien, paradójicamente, aún hoy se constata una clara falta de conciencia crítica sobre esta particular lógica de enunciación que, en buena medida, explica la crisis de representación que vive la humanidad en su conjunto y, específicamente, la profesión periodística más en tiempo de mística voxiferante a lo Ayuso. La incapacidad de pensar relacionalmente el conjunto de factores y procesos sociales que median, en su irreductible complejidad, las condiciones de desarrollo material determinan hoy de hecho los niveles de vida de la población configurando precisamente uno de los principales obstáculos al proceso de reformas que vive el país en buena medida por la infodemia, por el establecimiento de una cesura radical entre el desarrollo del conocimiento y la producción material, pese a que hoy -y esta es una de las grandes contradicciones de nuestro tiempo- se define la sociedad en función de la “economía de la mente”, al tiempo que el papel de la comunicación y la cultura, la función estratégica de las industrias de la conciencia, adquieren una visibilidad y relevancia más que tóxica y nociva, sin parangón respecto a otras épocas históricas, al determinar poderosamente las formas y dinámicas del desarrollo social. Como consecuencia, las políticas públicas en la materia han comenzado a ser reconocidas como una pieza clave angular en la definición de las condiciones materiales de progreso y convivencia, más allá de los señalamientos que desde hace décadas viene apuntando el campo académico. Un claro indicador de esta importancia relativa asignada a las políticas públicas en comunicación, hasta hace poco y tradicionalmente excluidas de la agenda pública, es la proliferación de observatorios especializados en las industrias de la comunicación y cultura con apoyo gubernamental, así como los diversos programas, en nuestro entorno regional, orientados a apoyar económicamente la pervivencia de la pequeña y mediana empresa que opera tradicionalmente en el sector. No es sin embargo la tónica dominante en España, o pensemos en Andalucía donde periodistas y medios de proximidad, incluido CANAL SUR, malviven amenazados porque la extrema derecha prefiere que nos informen otros como Ciudadano Murdoch. No piense el lector que nos vamos por los cerros de Úbeda, pese a que uno tienda a tirar a la tierra, a los montes orientales de Granada. Hablamos de la necesidad de vindicar la autonomía, los medios locales como TINTO NOTICIAS, la comunicación pública autonómica como la RTVA en tiempos de oligopolio totalitario de los GAFAM. Deberíamos saber que sin periodistas no hay democracia, ni sin medios de proximidad tendremos autonomía, ni desarrollo, ni libertad. De aquí la necesidad de formular un diagnóstico y la discusión pública sobre las cuestiones estratégicas en el plano normativo, ética y políticamente, de la comunicación pública si hemos de asumir y aceptar, prácticamente, una vocación socializadora y pluralista, a partir de una concepción compleja de lo público que pasa por la voluntad de articulación de espacios orientados a la generación de procesos de deliberación y desarrollo local.

Ahora que la mercantilización, los procesos concentracionistas y la negación del valor de uso de la comunicación se imponen en el nuevo escenario de la revolución digital, vislumbrar los retos normativos para el irrenunciable desarrollo democrático del sistema informativo constituye de por sí una apuesta y compromiso intelectual que bien merece pensar al revés este reto tradicionalmente relegado por la izquierda y que en la derecha patria ultramontana no llega a ser más que un medio de control y disciplinamiento de las multitudes. Las condiciones sociopolíticas actuales del desarrollo específico de la Sociedad de la Información y la democracia mediática, exigiría un trabajo en esta dirección. En este empeño estamos en la Plataforma en Defensa de la RTVA, analizando las iniciativas y programas en la materia, así como las tendencias y potencialidades de nuestro capital simbólico en la construcción de la ciudadanía y la tecnopolítica contemporánea. Más aún cuando se constata la necesidad de abrir espacios de libertad con participación ciudadana como requisito indispensable de una democracia radical y pluralista. Esta, quede claro al lector, no es una cuestión menor. La transnacionalización de la cultura hoy es un proceso uniforme, como teorizara la teoría de la dependencia, porque el capital se apropia del espíritu creativo, el emprendedorismo lo llaman, de los actores locales. La homogeneidad de dispositivos, canales e imágenes requiere para ello una diversidad de manifestaciones, procesos de hibridación y formas heterogéneas de vida y comprensión humanas que hagan posible el proceso de valorización, la destrucción creativa, con la que se reorganiza el flujo de circulación del capital. Sin ella, nada es posible. Pero en esta dinámica perdemos el Norte, más aún cuando, como reza un conocido canal por satélite, nuestro norte es el Sur. Conviene por lo mismo empezar a pensar qué nos jugamos y empezar a exigir otras vías de actuación y organización del capital simbólico con medios propios que nos ayuden a mudar de verdad la cultura informativa, empezando por lo local que es donde se construye comunidad, que es tanto como decir COMUNICACIÓN. Un habitar en común. Ni más ni menos.