Choque en el Gobierno por el plan antibulos: Sumar pide un órgano más independiente que la CNMC

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El plan “para la democracia” anunciado por el Gobierno este martes ya ha despertado los primeros choques entre el Partido Socialista y Sumar. Desde la formación liderada por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, comparten parte de las medidas, aunque admiten que el plan resulta menos ambicioso de lo que habrían querido. Sin embargo, discrepan fuertemente en un punto: delegar en la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) el registro de medios que determinará qué medio cumple las condiciones para ser reconocido como tal al ser un organismo cuya cúpula la elige directamente el Ministerio de Economía.

La creación de este listado, una de las grandes novedades que incluye la hoja de ruta diseñada por el Ejecutivo, busca diferenciar entre los que el presidente, Pedro Sánchez, califica como “pseudomedios” y aquellos que trabajan “con rigor”. Pero en la rueda de prensa de este martes, posterior al Consejo de Ministros, no se detalló qué criterios utilizará la CNMC para situar a los distintos medios en un lado o en otro.</strong

En contra del resto de países europeos

Sumar critica que la decisión de delegar en la CNMC el registro de medios supone una anomalía en Europa, en contra de lo que defendió el Ejecutivo este martes. El Gobierno prioriza, por encima de todo, explicar bien cada iniciativa, hacer pedagogía para evitar que estas medidas se entiendan como una intervención política sobre la libertad de prensa.

Por eso, los ministros que presentaron el plan, Félix Bolaños, ministro de Justicia, Presidencia, y Relación con las Cortes, y Ernest Urtasun, ministro de Cultura, repitieron en multitud de ocasiones que el proyecto se basa basado en la normativa europea aprobada en mayo por el Parlamento comunitario. Moncloa insiste en que gran parte de las medidas tan solo adoptan la normativa aprobada en Bruselas.

Ahora Sumar niega que esa máxima se aplique en la decisión de situar a la CNMC al frente del registro de medios. El equipo de la formación encargado de trabajar todo lo relacionado con la comunicación, formado por expertos, afirman que el registro de medios “no debería depender de la CNMC, sino de un comité independiente, como sucede en el resto de países europeos”, afirma Francisco Sierra, catedrático de Teoría de la Comunicación de la Universidad de Sevilla e Investigador del Instituto Andaluz de Investigación en Comunicación y Cultura, y diputado en el grupo Plurinacional de Sumar.

Una propuesta que la formación de Díaz ya planteó hace meses y que ahora recupera para criticar la falta de independencia que tendría derivar dicho listado en una institución donde sí hay influencia política.

No es independiente del poder político

Al margen de que suponga una anomalía en Europa, Sumar sitúa el principal problema en la falta de independencia de los partidos que tendría este órgano. El Gobierno no solo elige al presidente de la CNMC, también al vicepresidente y a los ocho consejeros.  El Ministerio de Economía los propone para su posterior aprobación en el Consejo de Ministros.

Una relación directa con el Ejecutivo y con el legislativo que dispara la falta de autonomía que rige en el resto de comités europeos.

La formación de Díaz asegura que esta decisión altera una de las funciones principales del plan: cortar la manipulación política de los medios públicos, una herencia creen heredada del franquismo y que continúa vigente en la actualidad.

Un comité de expertos y catedráticos

Hace meses, el partido propuso la creación de un comité completamente independiente del poder político, formado por profesionales de la comunicación, catedráticos, periodistas con años de experiencia… Una serie de perfiles que no levantasen ninguna sospecha de influencia de los partidos y que pudiese trabajar sin seguir el dictado de los mismos.

Este nuevo órgano estatal, tendría el poder de sancionar a los medios que publiquen informaciones falsas y no contrastadas, según la idea que plantean desde Sumar.

Un paso importante, pero poco ambicioso

A pesar de haber negociado todas las medidas y de que los socialistas han aceptado varios de los reclamos de la formación minoritaria del Gobierno, algunas de las propuestas se han quedado cortas, según las fuentes consultadas.

El partido de Díaz querría haber avanzado mucho más e intentaron incluir medidas en este plan “para la democracia” para reformar la Justicia. Sin embargo, el presidente vetó todas las propuestas que afectasen a los jueces, como adelantó este diario. Aun así, los socios del Ejecutivo no renuncian a añadir medidas en el futuro, principalmente en lo que consideran el gran problema de la judicatura: el acceso a la carrera judicial para las personas con menos recursos.

En Sumar sí están satisfechos porque el PSOE no haya optado por elaborar una ley de medios, porque consideraban que resultaría más eficaz elaborar una a una por la cantidad de materia sobre la que legislar. Al principio, la parte socialista del Ejecutivo apostaba por elaborar una única norma, pero ahora solo ha presentado un plan; una hoja de ruta sobre la que se redactaran distintas normas que aterricen la reforma de la financiación institucional, el propio registro de medios, etc…

 

Ley Europea de Medios y el Plan de Regeneración Democrática con Francisco Sierra Caballero

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En su más reciente emisión, el programa «De Sevilla para el Mundo» ofreció a su audiencia una entrevista de gran interés con Francisco Sierra Caballero, Diputado Parlamentario Plurinacional por SUMAR y portavoz de la Comisión del Plan de Regeneración Democrática. A lo largo de una conversación profunda y esclarecedora, Sierra Caballero abordó temas clave para el futuro de la democracia y los medios de comunicación en España, arrojando luz sobre las medidas y reformas en marcha.

Uno de los ejes centrales de la entrevista fue la Ley Europea de Medios, una normativa que, según Sierra Caballero, está llamada a regular y democratizar el ecosistema mediático europeo. En un contexto en el que la concentración de los medios de comunicación y la desinformación son temas candentes, el Plan de Regeneración Democrática en España busca garantizar la pluralidad informativa y fortalecer los derechos de los ciudadanos a recibir información veraz y equilibrada. Sierra Caballero destacó el compromiso con la protección de la libertad de prensa, el derecho a la privacidad y la transparencia en la propiedad de los medios.

Además, el diputado parlamentario detalló el Plan de Regeneración Democrática, un ambicioso proyecto que SUMAR promueve para recuperar la confianza ciudadana en las instituciones. Este plan, como explicó, busca combatir la corrupción, fortalecer la participación ciudadana y renovar las estructuras de gobierno para que sean más transparentes y accesibles. Sierra Caballero enfatizó la necesidad de modernizar el marco institucional, adaptándolo a las exigencias democráticas del siglo XXI, donde el diálogo social y la participación de la ciudadanía deben ser protagonistas.

La entrevista destacó no solo el compromiso político de Sierra Caballero, sino también su capacidad para comunicar de manera clara y accesible temas de gran complejidad, lo que facilitó una comprensión amplia y detallada de los desafíos que enfrenta Europa en materia de medios y regeneración democrática.

En resumen, esta emisión de «De Sevilla para el Mundo» ofreció una valiosa oportunidad para reflexionar sobre el presente y futuro de la democracia en Europa, de la mano de una figura comprometida con su renovación y fortalecimiento. Una conversación imprescindible para quienes siguen de cerca la política actual y el papel de los medios en la construcción de sociedades más justas y participativas.

Compadecencia

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A día de hoy no sabemos sin en el Congreso de los Diputados priman las comparecencias o las compadecencias. Tiendo a pensar que esto último, y no por decencia en común, ya quisiéramos, sino por acompañar obligatoriamente el principio de rendición de cuentas, a veces sin cuentos, ni contar nada, pero padeciendo en primera persona del singular, al cargo que le toque en suerte.

Uno, que es militante del principio esperanza, tiende a pensar que el viejo topo de la historia hará su trabajo. Mientras, a corto plazo, toca disputar la guerra de posiciones, en la trinchera que nos ha tocado en suerte ejercer como diputados: toda una aventura, les aseguro.

Para el caso, estos días tuvimos la Comisión Mixta de Control de la Radio Televisión Española (RTVE) con la presidenta interina de la Corporación, la señora Concepción Cascajosa, a quien tenemos por desgracia al frente de la teledetodos fiel a su partido, el PSOE, pero que comparte con el PP –y no digamos VOX– el mal hispano de la patrimonialización, la cultura de considerar lo público propio y el Estado, un espacio de subsunción y expropiación de lo común.

No se disguste el lector con esta afirmación categórica pues, siendo como somos de la tribu Anguita, sabemos que existe una diferencia significativa entre estos partidos. El PP es más del orden del NODO, de la televisión franquista, fieles a la tradición de su fundador, Manuel Fraga, a la sazón ministro de Información y Turismo.

Estos días, justamente, el Comité Intercentros de la Televisión de Galicia (TVG) denunciaba un nuevo caso de “represión contra los trabajadores díscolos que le plantan cara a la dirección o se ponen a las prácticas de manipulación informativa”.

El afectado es el redactor David Fernández Vázquez. Pese a ser declarado indefinido por un juzgado de lo social, en noviembre, al considerar su despido improcedente, la TVG optó por indemnizarlo en vez de readmitirlo, “algo que nunca había sucedido en esta categoría laboral”.

De Telemadrid o Valencia ni hablemos. Y en Telemoreno, el Consejo Profesional ha denunciado la censura y manipulación de la directora de Informativos, alumna aventajada de Urdaci, por esconder, por ejemplo, en los informativos la noticia del informe desfavorable de Intervención sobre la gestión del Gobierno del PP en la Junta de Andalucía con motivo de contrataciones no fiscalizadas, y arbitrarias, además de la devolución de los fondos destinados a guarderías. Sobre la ley de amnistía o Venezuela pueden imaginar que Canal Sur dio todo lujo de detalles.

Por descontado, VOX querría esta deriva goebbelsiana de Juan de Dios y Carmen Torres, con más toros, Bertín Osborne y, dos huevos duros, los del cantante José Manuel Soto que siempre repite Por ella, y no es España, sino, como la historia nos enseña de la ultraderecha patria, más bien canta todo lo que sea por la pasta. Ya saben, piden alzar el brazo para robarnos mejor la cartera.

Nada que ver con las sutilezas neoliberales del PSOE. Cien años de honradez y un paraíso fiscal en las Caimán. Para ello, Felipe hizo monárquico el partido, siempre en defensa del rey emirato, que dijo al comandante Chávez que se callara y eso logró durante su reinado con el silencio protector de los medios nacionales, los mismos que hoy defienden la democracia en Venezuela.

Como Isidoro, deben referirse a la Democracia de los Carlitos: la de Carlos Andrés Pérez, Carlos Salinas de Gortari o Carlos Menem que, para el caso, es lo mismo que Milei, o quizás esté pensando en el modelo Reagan, condenado por un tribunal penal internacional por la guerra sucia en Nicaragua contra el sandinismo, mientras empleados de la CIA, como Edmundo González, planificaban el asesinato selectivo de toda oposición en El Salvador.

¿Y qué tiene que ver esto con la teledetodos? Se preguntará el lector. Pues, políticamente, todo. Porque en el PSOE, lo de la regeneración democrática es puro postureo instagramer. Un reclamo para ocultar al personal los negocios silentes del IBEX 35 y sus terminales mediáticas.

Traducido en gestión de la televisión, el resultado es equivalente al del PP: un “viva la prensa libre” para garantizar que los de siempre cojan el dinero y corran. Y eso hizo el Borbón. Felipe, que es más listo, sigue en el negocio. Y va de estadista cuando es estadístico de las cuentas propias y de los negocios ajenos.

Y así nos va, con los Contreras de turno y la RTVE teledirigida desde Moncloa. Con opacidad, por supuesto, y una militante subalterna cumpliendo las instrucciones cabalmente, con incumplimiento sistemático de los requerimientos de los auditores del Estado y de la IGAE, por no hablar del propio Consejo de Administración y otros organismos como el Tribunal Supremo, que vienen demandando transparencia en lo referido a la publicación del sueldo de los directivos y presentadores como Broncano.

Para la señora Cascajosa, la ausencia de proyecto, la falta de liderazgo, la externalización creciente en beneficio de las productoras de siempre, la degradación de contenidos según el patrón MasterChef y la falta de iniciativa y de identidad del servicio público audiovisual son problemas menores en comparación con el éxito de La Revuelta.

Así que, como esa es la dinámica, confiamos en que de La Resistencia pasemos a la revolución, pues de seguir el sendero histórico marcado por el bipartido de la dictadura hasta nuestros días, el resultado va a ser la reducción del pluralismo, ya de por sí más que preocupante en España, y la jibarización o extinción del servicio público audiovisual. O, en otros términos, la vuelta al NODO y la tele del ordeno y mando. No nos lo merecemos, francamente.

Seminario «La Televisión y sus Desafíos»: presidente del CNTV propone avanzar hacia una regulación más robusta en lo digital para la protección de las audiencias e infancia

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El Consejo Nacional de Televisión, en colaboración con universidades públicas y privadas, y con el apoyo de la oficina regional de la UNESCO, inauguró esta mañana un seminario para analizar los retos y transformaciones de la televisión en la era digital.
“La televisión no va a desaparecer y en Europa ya se están planteando marcos regulatorios en este nuevo orden de múltiples plataformas”, señaló Francisco Sierra, académico y diputado español.
La directora ejecutiva de TVN, Susana García, hizo hincapié en la importancia de la televisión en el tiempo porque representa la identidad local y porque sus contenidos ya se pueden ver en todas las plataformas.

Miércoles 28 de agosto de 2024 – Esta mañana, el presidente del Consejo Nacional de Televisión, Mauricio Muñoz, inauguró el seminario “La Televisión y sus Desafíos”, junto a la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés y el jefe de educación de la Oficina Regional de Unesco para América Latina y el Caribe, Valtencir M.Méndez. Las tres autoridades resaltaron la importancia de la televisión como medio de información confiable.

La Rectora Devés destacó el ánimo de cooperación interinstitucional en la organización del seminario, “en un contexto educativo donde muchas veces parecen primar las diferencias en un marco de competencia”. En sus palabras, señaló que “la responsabilidad social de la televisión debe seguir siendo un tema de debate relevante, pues sus contenidos tienen efectos individuales y también efectos sociales”. En ese sentido, la Rectora indicó que “para la Universidad de Chile, representada en este encuentro por académicos y académicas de la Facultad de Comunicación e Imagen, la televisión es un medio fundamental de vinculación con la sociedad. Por eso nos hemos esforzado para poner en marcha nuestra señal abierta digital, Uchile TV, que abarca todo el territorio nacional y, por tanto, representa una gran responsabilidad”.

“La televisión no va a desaparecer solo sufre un proceso de transformación debido a la disminución de audiencias y de avisaje por la irrupción de las plataformas. El desafío es la sinergía con las OTT para la emisión de sus contenidos”, recalcó el presidente del CNTV.

La primera charla del seminario estuvo a cargo del destacado catedrático y diputado español, Francisco Sierra, quien se refirió a los dilemas y alternativas del audiovisual en la cuarta revolución industrial. “La alternativa de la tele de pago y en abierto más que ser proveedores de ficción y programas de entretenimiento han de apostar por la innovación como proveedores de servicios integrados. De soluciones tecnológicas, de aplicaciones, de recursos. Un desplazamiento que avance de la smartv a la dialigtv, del HD al internet de las cosas, de la distribución de oferta audiovisual a la generación de procesos creativos”.

Una regulación más fortalecida

Durante la jornada, una de las principales reflexiones se dio en torno a la regulación en este nuevo escenario digital y a los avances de la Unión Europea, donde los países miembros tienen una normativa regulatoria en todos los frentes del internet.

Referente a este tema expuso el consultor del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia, Gabriel Levy. “Hoy si un hijo coge el celular, entra a la red de X de Elon Musk, puede ver cualquier tipo de pornografía simplemente con usar la palabra de la pornografía que quiere ver a las 10 de la mañana, a las 5 de la tarde, a las 6 de la mañana, a cualquier hora del día sin que existan los mínimos controles de protección parental. Y lo mismo puede ocurrir con contenido sensible, xenofóbico, racista en TikTok. Eso no ocurre con la televisión chilena. La televisión chilena protege a las audiencias de eso. La televisión chilena garantiza la inclusión de las personas”

Los asistentes tuvieron la oportunidad de participar en cinco mesas de discusión y cuatro charlas magistrales impartidas por académicos y académicas y representantes de la industria.

En las mesas destacó la participación de representantes de la industria como la presidenta del Directorio de Canal 13, Carolina Altschwager; la directora ejecutiva de TVN, Susana García; el VP, GM Paramount Chile y el CEO Chilevisión, Iñaki Vicente; y la Presidenta de la Asociación Regional de Canales de Televisión (ARCATEL), Natalia Araya. Además de académicos y académicas provenientes de las universidades organizadoras.

Y en las charlas magistrales, además del catedrático y diputado español, Francisco Sierra Caballero, con la charla internacional, “El futuro de la televisión: Derivas, dilemas y alternativas del audiovisual en la cuarta revolución industrial”; del periodista Juan Carlos Valdivia, y su charla “35 Años de TV: Pasado y Futuro”; de la cineasta Alicia Scherson con “La universidad como motor creativo de la televisión: del Canal 9 a UCHILE TV”; y del influencer y generador de contenidos, Marcelo Von Gierke, más conocido cómo Barón Von Vonstar.

Políticas mediáticas, derecho a la comunicación y democracia

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El vínculo entre comunicación y democracia es una construcción política, jurídica e intelectual que se ha consolidado a lo largo de los últimos 75 años en el marco del derecho público internacional y que se asienta fundamentalmente en la definición de los derechos humanos a la información y a la libertad de expresión a partir de los documentos suscritos en el período de posguerra como la Declaración Universal de los Derechos Humanos cuyo artículo 19 define por vez primera como un derecho universal el derecho a la información que cualquier persona puede ejercer, entendido en su triple dimensión de emitir, recibir e investigar sin censura alguna por parte de los poderes públicos o privados.

Desde entonces se han desplegado una batería de declaraciones, directivas y legislaciones diversas tanto a nivel internacional como en la Unión Europea y España que, fundadas en este espíritu, han recogido y mejorado con especificaciones varias, la complejidad creciente que el derecho a la información, y más ampliamente los derechos a la comunicación, demandan en las sociedades contemporáneas como garantía para el despliegue de sistemas democráticos de calidad. Uno de los aspectos considerados a inicios del siglo XXI, sobre la base de la revisión del Pacto de San José de Costa Rica, suscrito en 1969, fue la ampliación en el año 2000 de la Declaración de Principios de Libertad de Expresión elaborado por la Relatoría de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A partir del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se indica específicamente que «la libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática«. El mismo documento señala asimismo que «los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos», y se ofrece un despliegue de interpretaciones sobre lo que significa hablar de libertad de expresión, lo cual implica el derecho de las personas a buscar, recibir y difundir información y opiniones con igualdad de oportunidades por cualquier medio de comunicación sin discriminación, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social a acceder a la información sobre sí misma o sus bienes en forma expedita y no onerosa, ya esté contenida en bases de datos, registros públicos o privados y, en el caso de que fuere necesario, actualizarla, rectificarla y/o enmendarla, así como a acceder a la información sobre si misma en poder del Estado.

Estas definiciones, aun cuando resultan progresivas en materia de derechos, se han mostrado insuficientes a la luz de las transformaciones tecnológicas que se produjeron de modo acelerado a partir de la revolución digital. El despliegue de plataformas de contenidos que aconteció a partir de 2004 generó un desplazamiento estructural en el mercado, en los modos de producción y consumo de información que no tiene parangón en la historia: iniciando con la creación de Facebook en 2004, YouTube en 2005, Twitter 2006, IPhone en 2007, 2009 Whatsapp, 2010 Instagram, 2013 Telegram, 2015 Alphabet, por solo ofrecer algunos ejemplos de lo ocurrido en una década.

A partir de la plataformización de la sociedad, resulta imperioso conformar espacios de reflexión que contribuyan a la calidad democrática, a la construcción de marcos normativos éticos fundados en el cuidado y la reducción de riesgos a partir de una interacción virtuosa entre el Estado, la academia, el sector privado y la ciudadanía. La agenda de problemas en materia de comunicación ha sumado a los ya históricos temas referidos a infraestructura, derechos de los periodistas, democratización de las comunicaciones, radiodifusión, monopolios de la comunicación, acceso y participación ciudadana, otros retos vinculados a los procesos de digitalización, gestión de datos e información personal, control y manipulación de comportamientos o regulaciones varias sobre Inteligencia Artificial generativa aplicada en el campo de la comunicación y la cultura. Con la sanción del Reglamento de Inteligencia Artificial de la UE, recientemente aprobado, se inicia un nuevo ciclo global que pondrá en relación los diferentes acuerdos alcanzados para avanzar en la gobernanza de la InteligenciaArtificial, ya sea mediante directrices o a través de principios o códigos de conducta como los definidos en otras latitudes tales como la Orden Ejecutiva de Biden, la declaración de Bletchley o el proceso de Hiroshima. Toda una renovada batería de problemas inaugura un nuevo tiempo público para la gestión de políticas públicas orientadas a alcanzar la conectividad y la digitalización, la gestión del 5G y la renovación de las redes e infraestructuras de conectividad entre otros aspectos de relevancia hacia el futuro que deben ser objeto de discusión e intervención social desde una perspectiva democrática.

En los últimos años, sin embargo, las transformaciones aceleradas de la revolución digital y la ausencia de políticas activas del Estado ante el intensivo proceso de concentración de la prensa y la creciente precariedad de la profesión, han llevado a un notorio deterioro de la calidad informativa, con la consiguiente crisis de confianza de los públicos y la desafección de las nuevas generaciones respecto a los contenidos de actualidad periodística. Los informes anuales del Instituto Reuters son concluyentes a este respecto y sitúan a nuestro sistema informativo como uno de los peores del espacio de la UE.

En un contexto de crisis estructural del oficio y con la peligrosa deriva de la desinformación que las redes y algunos diarios digitales promueven en nuestro entorno mediático, parece llegada la hora de definir acciones institucionales que contribuyan a mejorar la calidad democrática de nuestro sistema de información. Con el dominio absoluto de las grandes corporaciones y la hegemonía foránea de Silicon Valley, los poderes públicos están emplazados a sentar las bases materiales necesarias para garantizar el diálogo público abierto y democrático, garantizando la apertura de espacios de interlocución para enriquecer la cultura deliberativa. Por ello mismo, el Parlamento y el Consejo Europeo han adoptado el Reglamento sobre la Libertad de los Medios de Comunicación que los países miembros deberán aplicar antes de agosto de 2025. En esta línea, desde la Plataforma Cívica Hermes, convocamos durante el pasado mes de mayo en el Congreso de Diputados la jornada LOS RETOS DE LA LIBERTAD DE PRENSA. HACIA EL DERECHO DEMOCRATICO A LA COMUNICACIÓN en el marco de la conmemoración del Dia Mundial de la Libertad de Prensa.

Hoy que debatimos en España sobre el plan de regeneración democrática de Moncloa, conviene tomar nota de las conclusiones del encuentro para una política de Estado en la materia que procure:

  1. Proponer una Comisión Parlamentaria específica en Políticas de Comunicación.
  2. Desarrollar una ley de transparencia sobre publicidad institucional y la estructura de poder de los medios de comunicación.
  3. Promover un proyecto de ley estatal de Educación para la Comunicación y Comunicación Educativa.
  4. Modificar el sistema de gobernanza de RTVE y los medios públicos con cambio normativo en la línea del concurso público, garantizando además un sistema mejorado de financiación y administración.
  5. Promover la regulación y medios ciudadanos comunitarios, así como la economía social de la comunicación.
  6. Impulsar medidas y una política pública para cumplir las obligaciones nacionales en materia del convenio internacional de la UNESCO de protección de la diversidad en los medios.
  7. Adoptar normas para garantizar el pluralismo interno en el sistema mediático frente al actual duopolio audiovisual y la alta concentración informativa.
  8. Regular la desinformación y los bulos con medidas preventivas, tanto de autorregulación como de sanciones en contra de la mala praxis periodística.
  9. Constituir el Consejo General de Colegios Profesionales de Periodistas e impulsar medidas en favor de la dignidad, y protección de los profesionales de la información.
  10. Crear el Consejo Estatal de Medios de Comunicación trasponiendo las indicaciones del nuevo reglamento comunitario para la mejora del sistema de comunicación.

No son todas las medidas necesarias para la calidad democrática de nuestro sistema, pero sí las más urgentes para avanzar en el derecho universal a la comunicación.

*Francisco Sierra Caballero es catedrático de Teoría de la Comunicación y portavoz de SUMAR en la Comisión de Calidad Democrática

*Daniela Inés Monje Medina es catedrática de Comunicación Política y coordinadora de la Plataforma HERMES.

Matonismo periodístico

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El pasado mes tuve el honor de defender como diputado la posición favorable a la Proposición No de Ley, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, de apoyo a los actos conmemorativos del centenario de la Exposición Hispanoamericana de 1929, un hito histórico que expresa la voluntad de hermanamiento con lo que hoy es la Comunidad Iberoamericana de Naciones.

Las exposiciones universales, como la feria barroca de Sevilla, tienen su trascendencia histórica, más que evidente, y su complejidad, culturalmente contradictoria. Pues hablamos, en términos de Walter Benjamin, a propósito de la feria de París, de una función publicitaria, un escaparate en el que las multitudes se convierten también en protagonistas y objeto de captura de una mediación cuyo principal culto es el progreso de los medios de producción.

Hoy vivimos, claro está, otro tiempo, y por lo mismo conviene reflexionar el qué y para qué de la conmemoración del 29. Tras una primera etapa donde la industrialización era la base de las exposiciones universales, de Londres a París, se pasó a otra lógica celebratoria en la que las ferias centraban su esfuerzo en el intercambio cultural y, ya entrado el siglo XX, en lo que se denomina «marca-nación», siguiendo una lógica mercantil o meramente publicitaria.

Esta variante no estaba exenta de una lógica de reproducción del poder simbólico. Piensen en el modelo de París de Hausmann. El objetivo que se perseguía era la necesaria reforma urbanística de la ciudad, el fomento del turismo, la creación de puestos de trabajo y el desarrollo económico desde el impulso de las relaciones con países próximos.

Pero también conseguir una ciudad ordenada a escuadra y cartabón para facilitar la represión de los levantamientos obreros y mantener el orden público, como cita con criterio Anibal Quijano. Léase, por ejemplo, el ensayo de David Harvey publicado en Akal.

Esta lógica fue una constante de París a Barcelona o Sevilla. Es cierto que, además, en el caso de la Exposición Iberoamericana, se pretendía dar muestra del hermanamiento entre España y América Latina, en una convocatoria que podría entenderse como continuación del esfuerzo español por la conformación de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, concebida desde el Congreso Social y Económico Hispanoamericano de 1900. Esta visión no estaba exenta de una nostalgia o melancolía colonial que debe ser cuestionada en pleno siglo XXI.

Celebrar el centenario de la Exposición del 29 pasa, en otras palabras, por actualizar la visión del espacio geopolítico iberoamericano desde una mirada contemporánea, crítica, de hibridación y transformación cultural, empezando por recuperar el patrimonio cultural de figuras como Anibal González y el regionalismo arquitectónico de Andalucía, históricamente negados pero, poco a poco, reconocido y recuperado en los últimos años gracias a la labor de periodistas, cineastas y creadores culturales que, en clave andalucista, supieron ver el valor cultural de la magna obra de espacios como la Plaza de España

En esta línea, conviene comenzar a preguntarnos para qué celebrar un centenario como este, con qué fin se plantea un megaevento mediático si no es para avanzar un horizonte de futuro repensando el sentido de un proyecto en común. La celebración de la Exposición Iberoamericana no puede ser ni por turismo, ni por marca ciudad, que no es necesario en Sevilla.

Tampoco debe ser por la lógica económico-industrial que dio origen a la Exposición, sino más bien para impulsar las relaciones culturales no desde la colonialidad de los tiempos de Alfonso XIII, sino desde la necesaria decolonialidad que exigen los tiempos de mudanza y libertad a la que aspiramos, para crear, fraternalmente, comunidad, lazos, vínculos, no en el sentido de Milei, que habla desde la subalternidad, sino en el sentido de Lula da Silva y su política cultural que ha sabido recuperar otros repertorios simbólicos, otros imaginarios obliterados en la historia, con los que es posible construir proyectos de futuro en común.

En el actual contexto histórico, en un tiempo de vindicación de la diversidad cultural y la multipolaridad, es importante asumir una mirada –otra–, superadora del discurso y cierto afán por recrear o reconstruir un nuevo imperio deudor de las soflamas «espirituales» y la antigua imagen del imperio ultramarino español, tan vindicado por la extrema derecha y la derecha extrema en nuestro país.

Como advierte el historiador Luis Ángel Sánchez Gómez en su artículo África en Sevilla: la exhibición colonial de la Exposición Iberoamericana, podemos concluir que, por lo que puede contemplarse en Sevilla en 1929, ese nuevo imperio hispano-africano imaginado por determinados personajes y grupos dominantes durante el primer cuarto del siglo XX está muy lejos no sólo de ser una realidad. Desde luego, prácticamente nada hay que recuerde antiguas «glorias imperiales» y tampoco existen cauces que puedan reconducir la presencia de España hacia algo parecido, en el Caribe o, incluso, en el Pacífico.

Por ello en mi exposición en las Cortes concluí señalando que «no repitamos la historia como farsa, construyamos más bien comunidad, dialogo y fraternidad desde el principio esperanza», contando con organizaciones de integración regional como UNASUR, ALBA, CAN o CELAC, además de los movimientos sociales indígenas, campesinos y populares de la región.

Pero he aquí que las enmiendas propuestas y aprobadas por PP y PSOE dieron lugar a poner en marcha lo que algunos denominan La máquina del fango y que no es otra cosa que el mediafare. La campaña de difamación, esto es, la guerra cultural contra quien piensa desde la tradición emancipadora es una constante en nuestro país.

Un supuesto periodista, Javier Macías –no Javi, ni Javito, ni Javiere: Javier Macías–, a la sazón quintacolumnista de ABC, me ha dedicado, probablemente por encargo, una columna con dolo y un rosario de falsedades que atentan a la propia imagen y es punible, con el Código Penal en la mano, por su manifiesta voluntad de difamación.

Si hace poco Ortega Smith quiso descalificar a mi colega, el profesor Pisarello, llamándole «tucumano», el supuesto periodista de ABC hizo de patriota de la oligarquía descalificándome como «decano indígena», a modo de sambenito, desprestigio, denigración, o insulto, lo que ya califica de por sí al personaje militante de la moda del matonismo periodístico que campa a sus anchas últimamente.

No hay peor necio que el que no quiere oir. Y, por lo general, aquel que no escucha activamente poco o nada puede escribir o pensar de valor. El oficio de periodista no es tanto preguntar como informarse y, para ello, escuchar atentamente. Si así lo hubiera hecho, que no lo hizo –no se documentó en forma alguna pues la intención era difamar–, sabría el supuesto periodista que soy orgullosamente un decano indígena, zapatista para más señas, que conozco y admiro las culturas originarias de toda América Latina, que he colaborado con sus causas justas y en cooperación cultural con las comunidades mayas, quechua, aymara y con el pueblo mapuche.

Sabría que orgullosamente atesoro una larga historia de amistad y encuentros con los pueblos amerindios y que desde CIESPAL, ULEPICC y otras organizaciones académicas internacionales que he presidido siempre tuve a bien trabajar en pro de sus culturas, cultivando con respeto y conocimiento la fraternidad y el diálogo cultural en la estela de sabios como Bartolomé de las Casas, Pipo Clavero, Rodolfo Stavenhagen o François Houtart.

En fin, que erró el tiro porque no ofende quien quiere sino quien puede y uno se reconoce decano orgullosamente indígena por este legado cultural que he tenido la suerte de cultivar. Es normal que piense un sujeto así que desbarro pues, en el sentido de Jesús Ibáñez, salgo de las barras de la normalidad de los señoritos del ABC, al que el pobre firmante se adscribe y por eso escribe, no al dictado, sino de forma dictatorial, ofendiendo lo que puede, con imprecisiones impropias de un profesional.

Claro que el firmante reconoce que no estudió mucho en la Facultad. Por eso quizás es incorrecto, que es el primer precepto de la redacción periodística. Ni acierta en escribir bien mi nombre, ni cita correctamente las teorías, ni entiende para el caso el sentido de la Espiral del Silencio, ni son verdad muchas de las afirmaciones que asevera sobre mi labor académica. Lo normal, vamos, en los adoradores de Inda. Nada nuevo bajo el sol.

Pero ya que la mala praxis es lo habitual en el periodismo hoy día, y no van a rectificar, probablemente el supuesto periodista no fue a las clases de Deontología Informativa por excesivamente teórico y normativo, permita el lector intervenir para dejar sentado públicamente el sentido de las ocurrencias, por tratar de ser elegantes ante las tropelías cometidas por el autor, que habla de oficio, y niega la función de la educación superior, que califica la Facultad de Comunicación en la que se formó como un espacio teórico con apenas dos profesores que sabían qué era el Periodismo: López Hidalgo –amigo personal– y Ramos Espejo.

Debería informarse bien antes de hacer afirmaciones gratuitas. El objeto de su estrategia de deshonra no solo tiene carnet de periodista: desde los 18 años he trabajado en prensa local, periódicos culturales especializados, radios municipales, en la cadena SER, en producciones audiovisuales y como jefe de prensa de organizaciones sociales. Aún hoy ejerzo en varios medios el oficio, como esta columna de Andalucía Digital.

Pero pareciera para una mentalidad obtusa que la teoría es lo contrario de la práctica y que un teórico de la comunicación nada ha de saber de la práctica informativa. No es el caso. Tampoco se aprende más sirviendo cafés en el ABC o dentro de los medios, donde no hay tanto magisterio como se presume y, lo que es peor, falta concepto y visión general, que es lo que aporta la universidad, por ejemplo, para no incurrir en vulneración del Código Deontológico de la FAPE.

Debería saber que hay normas y, en la teoría de los géneros, el profesor López Hidalgo seguro que le explicaría –conozco bien su obra– que los artículos de opinión no son para decir lo que a uno le venga en gana o para descargar opiniones infundadas. Hay un arte de la retórica y de la argumentación que falta en su artículo, como se falta a la verdad.

Empieza hablando de persecución a ABC de Sevilla. Si hubiera visto el video de la intervención, que no lo hizo, por escribir de oídas, sin escuchar atentamente, comprobaría que literalmente afirmé que Anibal González fue muy maltratado por los amigos del ABC –se entiende que por la oligarquía económica y política local, lea la historia–.

Por cierto, el ABC sí existía antes que la edición local. Otra mentira: nunca hablamos de ABC de Sevilla. Y para rematar la batería de inexactitudes en su campaña de desprestigio abunda en la idea central de un ataque a ABC de Sevilla. En el mundo al revés, los verdugos se presentan como víctimas sin pudor.

Si se hubiera informado bien, podría comprobar en las propias páginas de su periódico que, como decano, colaboré activamente con ABC de Sevilla, como con todos los medios, sin distinción ideológica o línea editorial; que recibí a autoridades religiosas, aun siendo partidario del laicismo.

En los cinco años al frente de la Facultad de Comunicación organicé varias actividades y exposiciones de ABC y sus directivos fueron invitados en todo momento; incluso organizamos un panel de aniversario del diario con Antonio Miguel Bernal y el por entonces director Álvaro Ybarra, el mismo que empezó una causa contra mi persona simplemente por acoger un acto del teniente de alcalde Antonio Rodrigo Torrijos, víctima del lawfare, para denunciar las manipulaciones del medio.

Nunca en público, siendo decano o no, ataqué al ABC. Y mire que hay razones sobradas para ser crítico con un medio que colaboró en los crímenes de lesa humanidad del franquismo, que ocultó la corrupción de la Casa Real, que hizo apología del nazismo y del fascismo con campañas de ensalzamiento de Hitler y Mussolini en sus portadas y páginas interiores.

Pero sí que fui víctima del diario, mucho antes, cuando, como simple académico, cobré del Ayuntamiento –como otros destacados intelectuales– 200 euros por un taller de capacitación. El diario nunca contó que fuimos muchos de los citados, como Joaquín Herrera y yo, quienes trabajamos gratis en los Presupuestos Participativos de Sevilla sin recibir honorario alguno.

Tampoco se esmeraron mucho cuando, en plena campaña electoral, titularon a toda página: Marxista, chavista e investigado en Ecuador por mal uso de fondos públicos. Todo cierto, a decir verdad, pero digo yo que por respeto al proceso de elección no es lo más apropiado, salvo que la intención de la noticia no sea otra que favorecer en la disputa el segundo escaño de VOX y, por tanto, el gobierno de la nación.

No se explica de otro modo el perfil que hizo Mercedes Benítez en el que no le quedó más remedio que reconocer los méritos y prestigio internacional que como académico he tenido a lo largo de mi dilatada trayectoria para, acto seguido, descalificar como docente mi trabajo por hablar de cosas incomprensibles para el ABC como la Teoría de la Aguja Hipodérmica –que vuelve a recordar el supuesto columnista, que no sabe aplicar las reglas del género de opinión– o por abordar debates contemporáneos de la revolución digital, como el Capitalismo Cognitivo, todo ello documentado en una web de dudosa fiabilidad. En fin, sin comentarios.

Para un medio que hace bandera de la falta de ilustración, cualquier excusa es válida. Y el supuesto periodista hace gala de ello: con errores de bulto, con numerosas falsedades e inexactitudes, para difamar con dolo, con incorrección de forma y fondo en el registro de lo que debe ser un artículo de opinión, y lo que es más revelador: con la propia negación de su cualificación cuando, por desprestigiarme y ensalzar al ABC, termina por echar piedras sobre su propia titulación y formación académica. Y es que no hay peor necio que el que no quiere aprender.

Si al presunto periodista le parecen absurdas las clases, podemos comprobar que, desde luego, estudiar no estudió mucho, porque ni sabe de lo que habla, ni tiene sólida formación científica y parece ser que las clases de Redacción Periodística tampoco las siguió con mucha aplicación. La de Códigos y Valores Profesionales sabemos que no. Pero no saber escribir una columna de opinión respetando las reglas del oficio ya dice mucho del personaje. Lo dicho, malos tiempos para la profesión cuando la ignorancia es norma de referencia y la impunidad, rutina.

 

Sumar propone impulsar leyes que regulen los medios para «garantizar su independencia»

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Sumar va a presentar un proyecto no de ley en el Congreso que dibujará, por primera vez, la regulación de los medios de comunicación. El Gobierno anunció una ley de medios que presentará este mes, pero de la que no ha detallado nada. Las seis iniciativas que incluye el documento del socio de Ejecutivo, al que ha tenido acceso Confidencial Digital, aborda desde promover ayudas públicas a los medios para garantizar su independencia económica y la pluralidad informativa, hasta regular la inteligencia artificial para evitar la «robotización» de las redacciones.

Desde Sumar establecen dos objetivos claros: comenzar a alentar políticas que regulen los medios de comunicación y tengan por objetivo garantizar su independencia y fomentar el pluralismo informativo. Legislar para favorecer que la cuota informativa no quede en manos de pocos medios y proteger la diversidad en el sector. La formación admite que los grupos políticos llegan tarde y que debieron atajar antes unas reformas que consideran fundamentales para la «regeneración democrática» del país, aseveran desde Sumar.

El sentido de estas propuestas es instar al Gobierno a seguir estas políticas, de modo que aún falta por concretar cómo se atajarían estas reformas. Desde Moncloa siguen sin dar pistas ni concretar en qué se transformará la ley de medios que anunciaron a finales de abril, después de los cinco días de reflexión que se tomó el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tras la imputación de Begoña Gómez, mujer del presidente.

Una PNL con seis líneas de actuación

El documento que presentará Sumar esta semana en la Cámara Baja bajo el título «medidas urgentes para dignificar e impulsar el periodismo» ataja por primera vez la regulación de los medios, anunciada por el Gobierno como «gran causa nacional». El documento está elaborado íntegramente por Sumar, sin intervención de los socialistas, y recoge las propuestas de, —entre otras—, las asociaciones de prensa de Andalucía.

La formación política establece seis objetivos. No se concreta la manera exacta de alcanzarlos porque la naturaleza de una PNL es, simplemente, instar al Ejecutivo a adoptar una serie de medidas en este sentido. Un planteamiento que tiene lógica, pues se presenta a pocas semanas de que Moncloa o el grupo socialista en el Congreso presenten su ley de medios.

Dar ayudas a los medios para luchar contra la precariedad

Una de las líneas de actuación más llamativas es la número seis. Sumar sitúa en el centro de sus propuestas que las instituciones públicas actúen contra la precariedad económica que atraviesa el periodismo. La formación consideran que la salud financiera de los medios es directamente proporcional a su independencia e instan a aplicar «políticas contra la precariedad de los profesionales de la información» que «protejan la independencia de los periodistas tanto en los medios privados como en los medios públicos».

Aunque aún es pronto para afirmar qué medidas quieren ejecutar para conseguirlo, sí se plantean dar ayudas directas a los medios de comunicación para hacer frente a esta precarización que alcanza a los profesionales, según confirman a ECD fuentes de la formación. En Sumar miran como referencia modelos como los que rigen los países nórdicos, donde la aportación con dinero público es una fuente de ingresos más de los medios y afloja la independencia de los mismos de la publicidad institucional o comercial.

De momento, la PNL solo habla de implementar ayudas a los medios comunitarios. Se trata de publicaciones «sin ánimo de lucro, no son públicos ni comerciales, y surgen a partir de colectivos y asociaciones de vecinos, comunidades o barrios», explican desde Sumar. Pero no recoge como propuesta dar ayudas a los grandes medios comerciales. La concreción de este punto de la PNL se debatirá en las próximas semanas, cuando el equipo de Sumar se reúna con editores y asociaciones de prensa para aterrizar y plasmar al detalle cómo colaborar desde las instituciones a frenar la «precarización» del sector.

Igualdad de género en los altos cargos

También llaman a impulsar «medidas de igualdad de género en los puestos directivos» de los medios de comunicación. Un informe de la agencia internacional Reuters publicado a comienzos de este año resalta que en España, las mujeres ocupan solo el 20% de los puestos directivos del sector, mientras que representan el 40% de las redacciones.

Enseñar a identificar bulos

El documento aboga, en primer lugar, por «diseñar un plan de alfabetización» para que la ciudadanía esté mejor preparada en la lucha «contra la manipulación informativa y la desinformación». Fuentes de Sumar explican que una de las posibilidades sería que los profesionales impartan clases a los más jóvenes para ayudarles a identificar los canales oficiales de información, consultar informaciones contrastadas y esquivar todas las noticias falsas que abundan en las redes sociales: la principal fuente de consumo en estas edades.

El propio Sánchez también ha puesto en el foco la lucha contra los «pseudomedios» —como los denomina el presidente— por difundir «bulos» sobre su esposa. El líder socialista ha incidido en la necesidad de revisar la publicidad institucional que reciben dichos digitales y profundizar en la transparencia de los mismos, para conocer quiénes son sus dueños y cómo se financian. En Moncloa consideran que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular riegan con dinero público a los medios afines «que después publican estos bulos contra el entorno del presidente», afirman altos cargos del Gobierno a ECD.

Una ley sobre transparencia en la publicidad institucional

En Sumar defienden que ambos partidos, tanto el PP como PSOE, hacen un uso discrecional de la publicidad institucional para favorecer a determinados medios en función de su línea editorial, y en consecuencia, llaman a abordar esta problemática en el segundo punto de la PNL. En concreto, el documento insta a «impulsar una ley de transparencia de la publicidad institucional que afecta al equilibrio y a la financiación de los medios de comunicación».

El equipo de Sumar en el Congreso, afirma que el objetivo último es poner fin a la discrecionalidad con la que los partidos favorecen a medios afines y establecer una serie de baremos objetivos que deban cumplir todos los Ejecutivos municipales, autonómicos y el poder central, para evitar cualquier trato de favor.

Recuperar la reforma de la ley mordaza

La tercera propuesta de Sumar pasa por una reforma que se quedó en el cajón en la pasada legislatura: la ley de protección de seguridad ciudadana o ‘ley mordaza’. Los grupos de investidura abordaron su derogación, que finalmente se transformó en cambiar la norma, no en eliminarla. Pero Esquerra Republicana y EH Bildu no quisieron aceptar las modificaciones que proponía el PSOE, o más bien, la negativa de los socialistas a reformar artículos de la ley que los independentistas consideraban claves para poner fin a los «aspectos más lesivos» de la misma.

La presión de los sindicatos policiales fue enorme: celebraron manifestaciones en Madrid en las que fletaron autobuses de toda España cuando la reforma aún era un borrador y no se había puesto en marcha. Incluso hubo una fuerte división entre las asociaciones de las fuerzas de seguridad del Estado. Por un lado, las que llamaban a concentrarse de nuevo, y por otro, las que abogaban por esperar a ver qué documento salía de la Comisión de Interior en el Congreso, como adelantó ECD. Finalmente, no salió ninguno.

En Sumar consideran fundamental reformar la norma porque «afecta a la libertad de prensa y el ejercicio autónomo de los profesionales de la información», como reza el texto que van a presentar.

Lucha contra la llegada de la IA y proteger el secreto profesional

La irrupción de la Inteligencia Artificial ha supuesto una revolución en muchos sectores de la sociedad. Desde la educación hasta la cultura; y el periodismo no queda exento de ello. Por eso, Sumar ha reservado uno de los seis puntos de su PNL a la lucha contra el «uso inapropiado» de la IA. Un apartado que en Sumar denominan la «robotización de las redacciones» y que relacionan también con la precarización del sector.

La iniciativa busca poner coto a esta tecnología para que no sustituya a los redactores. La formación asegura que se han detectado numerosos casos en los que la inteligencia artificial ya elabora artículos automáticamente que antaño correspondían a un periodista, con el riesgo de sustituir a los profesionales por esta nueva tecnología.

Además, también pretender elaborar una ley que proteja el secreto profesional, más allá de las breves referencias en el Código Penal que actualmente protegen al gremio de revelar sus fuentes. Pero desde Sumar afirman que no tiene un desarrollo normativo que consideran elemental para proteger a los profesionales. También añaden que ha habido quejas en los últimos años de distintas asociaciones de periodistas por situaciones en las que no se ha blindado lo suficiente este derecho.