La conquista de Europa por los Estados Unidos

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En un tiempo de escalada militar y vasallaje que impone la economía de guerra so pretexto de la amenaza rusa, encontrar traducido al castellano la ultima obra de Werner Rügemer brinda herramientas imprescindibles para documentar las formas de hegemonía del muro de Wall Street. Autor de “Las agencias de calificación. Una introducción al actual poder del Capital” (Virus Editorial), la obra del publicista alemán es una referencia de consulta obligada para conocer el auge y decadencia moral del imperialismo estadounidense. El volumen está organizado en ocho capítulos. Una primera parte que reconstruye la genealogía constituyente de Estados Unidos como nación y potencia esclavista colonial. Un segundo bloque que describe pormenorizadamente la geopolítica del imperialismo en la expansión del complejo industrial-militar del Pentágono, una parte dedicada a la I y II Guerra Mundial y, finalmente, el proceso histórico de la Guerra Fría que explica conflictos actuales como el de Ucrania.

Un aporte original del autor es la génesis o matriz del imperialismo estadounidense. El tecnofeudalismo que hoy gobierna nuestras vidas es incomprensible sin el fundamento constitucional. La comprensión de Estados Unidos como un Estado esclavista colonial modernizado es esencial para entender los resortes del modelo de libertad exportada por los padres fundadores. La plutocracia y la oligarquía esclavista dominantes en el origen del país desde la guerra de la independencia perfilaron un orden orgánico que instauró la dictadura del capital con sus dinastías y gentilhombres como los barones Rockefeller o Vanderbilt (robber barons). Una suerte, en fin, de aristocracia del capital que, con firmeza y sin cesar, ha regido los destinos y el gobierno de la nación. Las conexiones de Wall Street, las corporaciones, la CIA y el Departamento de Estado, articulados por el complejo industrial-militar del Pentágono, explican las sucesivas caídas y retrocesos de los procesos democráticos en América Latina y Asia. A través de diversas formas de influencia política, el liberalismo corporativo ha terminado produciendo una invasión comercial, y también cultural e ideológica de Europa, sea por los grupos de presión más que presentes en la Comisión o la poderosa industria cultural americana y, obviamente, por colaboracionistas como Jean Monnet, idolatrado entre los europeístas de fe cuando su función histórica fue la que fue: asegurar las ganancias de las compañías estadounidenses y debilitar a los opositores, aunque estos fueran De Gaulle y la resistencia contra el nazismo.

Conviene pues leer este excelente ensayo, si no queremos terminar siendo, en breve, un pobre protectorado antidemocrático de un imperio criminal y en decadencia.

Libertades públicas e información parlamentaria

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El plan de gobierno en materia de regeneración del sistema mediático o la reciente medida de transparencia y regulación de los grupos de interés propone una agenda reformista urgente y necesaria para la democracia. Pero hay quien insiste, contra toda razón, sobre la necesidad de no regular. No entienden que, además de la libertad negativa, es preciso positivar medidas para hacer realizable el derecho a la libertad de prensa. En otras palabras, no podemos ser libres simplemente por la ausencia de interfencias externas.

Además de la ausencia de restricciones, se tienen que dar las condiciones necesarias —recursos, educación, medio ambiente— para mediaciones productivas. Es decir, además de no censurar como ha hecho Eurovisión con los periodistas de RTVE por la presencia indigna de Israel en el festival, precisamos garantías para el derecho de acceso y el trabajo informativo.

En este mundo digital, donde la información abunda pero no siempre es clara, podemos decir que la libertad de información es un derecho vivo, no solo una promesa en papel. Y requiere proporcionalidad, equilibrio y responsabilidad. «Ser libre para algo», con madurez, conocimiento y respeto a las costumbres y reglas convenidas de actuación.

La reforma del Reglamento del Congreso es un primer paso en esta dirección, fruto del diálogo y participación de los profesionales y grupos de la Cámara legislativa. Es una garantía para el buen ejercicio de los profesionales que cubren la actualidad parlamentaria. Esta es una demanda ampliamente consensuada por el gremio profesional.

La propia Asociación de la Prensa de Sevilla (APS) denunció en el encuentro de Talavera –y más recientemente en Cádiz– la deriva de los medios escuadristas. Lamentablemente, la ausencia del Estado y los poderes públicos en la regulación del Derecho a la Comunicación ha impedido materializar principios constitucionales básicos, recogidos en el artículo 20. Bien es cierto que cuanto más complejo es un sistema más difícil es percibir y proyectar sus interacciones e intervenir en él desde los poderes públicos a la hora de configurar ecosistemas saludables democráticamente.

No viene al caso explicar aquí la teoría de la forma en democracia, pero las formas expresan la voluntad política de transformar o no la realidad. Quien afirma que la verdad no existe, pretende que eso sea la verdad, incurriendo en palmaria contradicción.

La palabra «representación» envuelve muchos equívocos. Las cosas están presentes en la conciencia o ausentes de ella. Y así venimos observando en ciertas prácticas periodísticas. Conviene pues, a modo de exordio, advertir sobre el peligro de los reozancajos. El reino cosmopaleto a lo Fox News es el dominio perfecto de quienes no se asombran de nada, ni de su propia estulticia.

En la antigua China, todo poeta y consejero del emperador debía cumplir el precepto de gobierno justo y, por tanto, las palabras debían significar su sentido. En el periodismo y la política contemporánea parece esta exigencia una condición fútil.

Pero es evidente que no cabe ya más ruido y violencia en nuestro medio ambiente social. Sobra la charlatanería insulsa, la beatería de consumo y los discursos de saldo de ocasión. No es tiempo de contemplación, ni la figura dominante del registro de audiencias debe prevalecer como mérito y reparto de prebendas.

Tampoco se trata de definir premios y castigos, sino reglas de convivencia. La única manera de fraternidad posible y deseable en democracia es la práctica de la tolerancia y, cuando esta se quebranta con violencia, hay que tomar medidas.

Decía Manuel Azaña que un principio básico de la civilización liberal es el respeto. Y la reforma del reglamento no es otra cosa que tratar de dar sentido moral y mejorar la calidad democrática de los trabajos de la democracia deliberativa, alterados en los últimos tiempos por los abusos y el ataque deliberado contra la convivencia por la continua dislocación semántica de la realidad, la algarabía y la reyerta, con imágenes antitéticas, de catacresis, oxímoron, hipalages, tropos y trampantojos de diverso tipo que no tienen otro cometido que socavar el marco de representación y la confianza en la democracia.

En un tiempo de bulos y desinformación, en un mundo donde a todos los niveles de lo público y en la vida privada se generalizan la hipocresía y el cinismo, la recomendación de atender a las prácticas que se acompañan a los discursos se torna urgente, más aún cuando se observa una premeditada política de opio entontecedor contrario a la fronesis, a la contemplación del bien como fuente inmediata de conducta, conocimiento y acción moral.

Vindicamos por ello, con Gramsci, un orden, una coherencia con el sistema político que rige el dominio público en democracia, a partir de la urbanidad y cuidado de las res publica. El concepto de ley sostiene al de la libertad política.

Sabemos que la libertad política resulta sin duda de la situación y contexto histórico. Si se adultera, fuerza, violenta, agrede e intoxica el medio ambiente del debate, la libertad es socavada. Por ello, frente a la barbarie y el neofascismo necesitamos más democracia, frente a los abusos, la norma, frente a las agresiones y amenazas: libertad, sin ira, pero libertad. No más chabacanería y ruido tóxico; no más violencia gratuita y estrategias de mercachifles que no saben pronunciar la palabra «deontología».

En palabras de Blas Infante, queremos un parlamentarismo en el que «los gobernantes sean Maestros, el Estado escuela, y la política el arte de la educación”. Máxima conciencia, máxima difusión de esta lección de fraternidad en la que la Cámara ha de ser una escuela de buen compañerismo y fraternidad; la presidenta y Mesa, directores y autoridades para poner orden y concierto; y los diputados o legisladores, maestros a la par que estudiantes y espectadores mientras los profesionales de la información operan como auténticos mediadores y no lo contrario.

Se trata, en fin, de decir lo que se hace, hacer lo que se dice y cultivar el principio de diálogo público. Es la única forma de caminar juntos hacia un futuro mejor.

Ciberseguridad y geopolítica de la comunicación

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Las tecnologías disruptivas han revolucionado el arte de la guerra, las políticas de defensa y los modelos de gobernanza militar. En la actual legislatura, la Subcomisión de Ciberseguridad del Congreso va elevar un informe al Ejecutivo sobre la estrategia estatal de ciberseguridad. En las comparecencias y debates se constatan, cuando menos, cinco conclusiones compartidas por las fuerzas parlamentarias:

  1. El modelo tradicional de ciberseguridad sostenido a lo largo de las dos últimas décadas no es adecuado a los retos de los nuevos tiempos. La recomposición de los actores y grupos hegemónicos está acelerando los conflictos, tensiones y problemas de estabilidad y control del sistema-mundo.
  • Un incremento del coste de ciberseguridad en las grandes organizaciones en torno a cinco millones de euros plantea un reto de sostenibilidad de esta economía de guerra.
  • El aceleracionismo tecnológico de la IA generativa facilita ataques a gran escala con mayor precisión e impacto exigiendo respuestas casi en tiempo real.
  • La administración pública está respondiendo tarde y mal a esta problemática sin reforzar la cadena de suministro del software y la nube donde se estanca la memoria institucional.
  • El aumento exponencial de técnicas de ingeniería social como el phishing está extendiéndose socialmente al tiempo que casos cono el de Moldavia o Irán ilustran cómo la guerra híbrida, el uso de deepfakes, y los lobbies, socavan la soberanía popular.

En esta contexto, desde IU, hemos apostado por avanzar hacia un modelo de ciberseguridad basado en el principio de autonomía estratégica vindicando la soberanía digital. Un proyecto de Estado no puede depender de Estados Unidos e Israel. Necesitamos una política pública de ciencia y tecnología sostenible en el tiempo, evitando el modelo OMC de inversión pública y privatización del conocimiento patentado en manos de las grandes compañías de seguridad. Luego es preciso una política industrial más ambiciosa y consistente. Al tiempo, la Administración Pública debe acometer la ciberseguridad desde una visión integral, con evaluación y configuración participada por la sociedad civil. Más que nada porque la ciberseguridad es un negocio altamente lucrativo con ausencia de regulación. La caja negra del discurso cibernético es la economía política de la apropiación privada de la riqueza social. La historia del complejo-industrial militar del Pentágono es ilustrativa a este respecto. Y hoy es un poder que  protagoniza la agenda de rearme en todo el mundo. La disputa por las llamadas tierras raras forma parte del guion de Trump para garantizar su ventaja competitiva en la llamada cuarta revolución industrial. En otras palabras, el conflicto de los aranceles no oculta ya el reto de reorganización de la distribución geográfica de los recursos geológicos necesarios para la transformación de la economía. El mercado de minerales y la nueva geopolítica imperialista están teniendo de hecho un alto impacto en la economía y desde luego afectarán los ecosistemas y sostenibilidad medioambiental. Hablamos de un reto transversal que afecta al desarrollo y al ejercicio de las libertades públicas en términos de ecologías de vida. La necesaria extracción de materias primas y minerales para el 5G y el desarrollo de sistemas expertos obliga por lo mismo a la UE y a España a definir una política propia para la transición digital, la carrera aeroespacial e incluso las políticas de defensa. Pero ha optado por la subordinación a la hoja de ruta de Washington cuando resulta que EE.UU. ha perdido la batalla en la ciberguerra ante la planificación del sistema de ciencia y tecnología china. Pekín está muy por delante de EE.UU. La robótica, drones y satélites de China, aunque cuantitativamente menor en tamaño respecto a Estados Unidos, se ha mostrado más que competitiva, tal y como ilustra el desarrollo de Deepseek, considerado por un alto cargo de INCIBE como un arma de destrucción masiva. Un despropósito, sin duda, una prueba de la general incomprensión del bipartidismo que sigue anclado en la visión otanista cuando tras el informe ECHELON sabemos que el gran aliado, Estados Unidos, nunca fue un socio fiable. Hoy ha quedado además en evidencia no solo con declaraciones de altos funcionarios de la administración republicana, sino con la abierta amenaza de ocupar tierras enriquecidas de níquel, litio, cobre y otros minerales necesarios para la producción de componentes básicos de la ciberseguridad.

Exigir, en fin, un golpe de timón en esta materia no es solo demandar una política de transparencia. Se trata de vindicar sobre todo el diseño de ecosistemas autónomos y la plataformización pública a escala europea, integrando con nuestros propios medios una seguridad compartida en red con software e infraestructura propias, no de Israel o Estados Unidos que están enrareciendo el medioambiente y las relaciones internacionales para imponer unilateralmente sus intereses en la economía y la seguridad global, como puede verse, a sangre y fuego. La humanidad no se lo puede permitir. Sería el fin de los Derechos Humanos, y de toda seguridad para la vida en el planeta.

Una Amistad Condenada Werner Rügemer

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El jueves 29 de mayo, en La Carbonería, a las 18h, presentamos Una amistad condenada de Werner Rügemer, editado por Tredition.

Con Werner Rügemer, autor, Carmela Negrete traductora, Daniela Monje, investigadora Universidad de Sevilla y Francisco Sierra, catedrático de la Universidad de Sevilla.

El ascenso del capitalismo estadounidense se presentó al mundo bajo la bandera de la libertad, la democracia y la prosperidad. No obstante, las prácticas del «América first», que incluían genocidios, explotación laboral y saqueo bélico de bienes ajenos, no desaparecieron, sino que fueron modernizadas. La Primera Guerra Mundial se convirtió en el primer gran negocio global, en torno al cual los aliados fueron sometidos. Después de la guerra, las corporaciones estadounidenses invirtieron en Europa Occidental. Mussolini fue inundado de créditos. Empresas estadounidenses suministraron armamento a Franco y equiparon a la Wehrmacht alemana para una guerra contra «Rusia». El nuevo banco central liderado por EE. UU. en Suiza blanqueó oro saqueado por los nazis. Se ignoró la persecución de los judíos. Con el lanzamiento de dos bombas atómicas sobre la población civil, comenzaron nuevas guerras contra nuevos enemigos, en sistemática violación del derecho internacional.Werner Rügemer (1941), Dr. en Filosofía, publicista e intervencionista político.Desde los años 1980, ha publicado sobre la decadencia político-moral de la sociedad estadounidense, el extremo contraste entre ricos y pobres, la interconexión entre el ejército, los servicios de inteligencia y la alta tecnología, así como la destrucción ambiental y los daños a la salud de los trabajadores migrantes en los sectores de salarios más bajos.

Extractivismo digital

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Trump rima con trampismo y es del orden del extractivismo, su campo semántico es el que es, con la diferencia que como la IA ahora su acción política es generativa. Ha evolucionado y ya no actúa en clave de la acumulación por desposesión, sino más bien por medio del despojo. Los tambores de guerra y la cámara de eco de los GAFAM lo vienen anunciando. Lo que no cuentan las crónicas sobre los aranceles es la anatomía política de la descomposición del capitalismo ordoliberal. Trump, al fin y al cabo, es un trampantojo, un efecto visual con el que restringir el alcance de nuestra mirada, centrados como estamos en el escándalo televisado que no cesa, sea los aranceles o cualquier otra ocurrencia de última hora de los asesores áulicos, mientras Wall Street y los criminales de guerra despliegan el proceso de ocupación de las tierras raras, por vasallaje (Milei), cooperación voluntaria (Inglaterra) u omisión (UE). Toca pues abordar la política de la restauración en curso con una visión geopolítica de la comunicación y diríamos ecológica, geofísica, de la información digital. Pues asistimos a una suerte de escena propia de Ro.Go.Pa.G, el film de Godard y Pasolini con Ugo Gregoretti y Roberto Rossellini, en el que se proyectaba, en el contexto de expansión de la sociedad de consumo, un panorama desolador de la manipulación programada, hoy de facto posible por los sistemas expertos de neuromarketing viral, el mismo que ha permitido al tuitero jefe de la mafia pasar de tres millones de seguidores a trece como presidente y tras el cierre de su cuenta crear su propia plataforma y llegar de nuevo al poder.

Tiempos feudales el de los señores del aire que imponen la violencia simbólica en lugar de la libertad de expresión a golpe de clickbait. Los Proud Boys e hijos de QAnon despliegan su ilustración oscura sin límites, a golpe de proclama, mientras la caja negra de comando y control social oculta al escrutinio público las operaciones bursátiles y de recomposición de la tasa de ganancia, ya no mediante la fórmula cañones y mantequilla sino siguiendo, punto por punto, el guión escrito por la caricatura de John Wayne, al estilo Far west. La fiebre del oro de nuestro tiempo es la de la explotación intensiva de las capas de la tierra necesaria para supermineralizarse. Y aquí estamos impávidos ante la pantalla entreteniéndonos con el trasunto de Super Ratón tras el aviso de “no se vayan todavía, una y más”. Suponemos que se refiere a la conversión de nuestra vida en oro, el tiempo y los propios cuerpos. En la era Big Data, como con “El desafío Starbucks”, la clave está en la materia prima de la economía política del personal. Se extrae información sobre nuestros usos y pensamientos, sin conciencia, y nos venden productos manufacturados para realimentar el ciclo de circulación del capital, siempre sin luces, faltaría más. En palabras de El Roto, los que nos quieren tener localizados son ilocalizables. Pero a diferencia de otros tiempos, hoy los capos de la oligarquía inundan las pantallas en una suerte de DANA desbordante cual ángeles exterminadores que anuncian a diestro y siniestro el apocalipsis. En esta representación distópica del colapso, la estética gore de la motosierra conecta con el terror y la memoria del inframundo, mientras los oligarcas del tecnofeudalismo se arrojan sobre las capas mineralizadas de las materias primas necesarias para su revolución digital, que obviamente no es la nuestra. El sueño húmedo de los emuladores de Steve Jobs, fabricantes de equipamientos llamados inteligentes para la nada, anulan de hecho, por principio, la dimensión volitiva de toda acción colectiva y conectiva, mientras amenazan conquistar Groenlandia, Bolivia o incluso nuestros yacimientos, todos aquellos territorios ricos en litio, cobalto, cobre, grafito o níquel, a mayor gloria de la modernidad prometida con la transición digital. Ya saben: el saber, Google, os hará libres. Y así avanza la caravana del Oeste: de las encuestas y sondeos al control y extracción de datos convertidos en meros figurantes de una serie a lo “Strangers Things”: los productores hacen pruebas pretest a los públicos, estos segregan serotonina y los estrategas de neuromarketing planifican con el algoritmo contenidos y reacciones deseables para conseguir la opinión pública por aclamación.

En esta lógica que nos circunda, el americanismo es la colonización total del tiempo y del espacio, empezando por la información personal: de Nike y Coca Cola a Cambridge Analytica. Trump simplemente oficia, en la ceremonia de la confusión, como gran burgomaestre. Representa no solo la decadencia de un imperio, el Nerón del siglo XXI, sino también la viva expresión del colapso capitalista en forma de darwinismo social, de normalización de la corrupción económica y el matonismo político: la idioticia de un universo de servidumbre e ilotas dominados por unos medios de comunicación hegemónicos cuyo poder omnímodo todo lo devoran. Pues la minería de datos y de tierras enriquecidas requieren relaciones de vasallaje y el secreto como norma. Lo que oculta la caja negra es, como antaño con el ascenso del fascismo, el crimen organizado. Lecciones de la historia. Todo proyecto de restauración pasa por ocultar las operaciones de la gran banca. Es en este rastro e hilo rojo de la historia donde podemos observar las conexiones del capitalismo financiero especulativo de la era digital con la mafia.

Más allá de Milei, sabemos que el capitalismo neoliberal no es ya sostenible sin una estrategia criminal de robo y tierra quemada. Esa es la esencia de la necropolítica y el ecocidio que nos quieren vender en forma de luminosa pantalla por razones de seguridad. Habrá que volver a releer a Benjamin y Sacristán y, de paso, no olvidar que como nos enseña el viejo topo, las burbujas especulativas y mediáticas terminan siempre en tsunami, en multitud movilizada, una dinámica que no podrá ser transmitida en vivo. No hay streaming que pueda cubrir la potencia emergente de la vida que se resiste a ser codificada o morir bajo la captura de pantallas líquidas que consumen nuestra inanición. Así que por suerte la puesta en escena de Trump terminará en la obscena ruptura o quiebre del orden político-social, por necesidad y deseo. Cosas de los nuevos materialismos que impone la cuarta revolución industrial.

Luz y taquígrafos

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En los últimos días, han sido innumerables los artículos de opinión y debates a propósito del cambio de reglamento del Congreso que, entre otras adaptaciones, contempla normas de obligado cumplimiento para los informadores acreditados que siguen diariamente la actualidad parlamentaria.

Sobra decir que las reacciones de la prensa, como la de los partidos de la Santa Alianza, el duopolio de la extrema derecha, han sido —como viene siendo, por otro lado, habitual— totalmente desmesuradas. En la tónica de siempre.

De hecho, el plan de Gobierno en materia de regeneración del sistema mediático o la reciente medida de transparencia y regulación de los grupos de interés fue ponderado en similares términos y tono de crítica. Como decía Jesús Ibáñez, la lógica de captura de las clases dominantes en este país siempre opera con opacidad. La caja negra es la lectura normalizada que comparten cuando hablan del principio democrático de luz y taquígrafos consustancial al parlamentarismo. Y, por otra parte, al igual que Musk, no quieren norma alguna que delimite su acción discrecional. Las leyes las definen ellos.

Pero quienes llevamos más de treinta años defendiendo políticas democráticas de comunicación sabemos que sin norma impera la arbitrariedad de quien tiene el poder de decir y hacer sin límite alguno, una anomalía, por cierto, en el contexto europeo si se hace un análisis comparado. Urge por ello acometer esta asignatura pendiente de la democracia y abrir el debate en la esfera pública sobre el papel de los medios y las mediatizaciones que experimenta nuestro sistema político, con más falencias que potencialidades, desde el punto de vista de la calidad y el debido pluralismo interno.

En el caso de algunos medios y supuestos periodistas que operan en la sala de prensa y los pasillos del Congreso, lo menos grave que se puede decir es que han incumplido la debida cortesía como norma de comportamiento, abusando de su posición para generar impactos (clickbites) mediante la provocación del escándalo en una manifiesta conducta de mala praxis deontológica, denunciada incluso por la FAPE y la Asociación de Periodistas Parlamentarios.

En el trasfondo de esta deriva, persiste una cultura de la impunidad que ha traspasado los límites del decoro y de lo razonable. Ello no sería así si la historia del campo periodístico hubiera sido otra bien distinta.

La ausencia del Estado y los poderes públicos en la regulación del Derecho a la Comunicación ha impedido garantizar principios constitucionales básicos, recogidos en el artículo 20 de la Constitución Española, como el derecho de acceso y la participación de la sociedad civil.

Bien es cierto que cuanto más complejo es un sistema más difícil es percibir y proyectar sus interacciones e intervenir en él desde los poderes públicos a la hora de configurar ecosistemas saludables democráticamente. Pero este argumento interesado de actores con una posición dominante en el mercado no debe servir de justificativa para impedir la necesaria voluntad de construcción del dominio público.

Antes bien, es tiempo de abrir el espacio de interlocución a organizaciones sociales, sindicatos y academia, además de los gremios profesionales y las propias empresas periodísticas, si hay voluntad política de mejorar las condiciones de convivencia.

De no avanzar en común, juntos, la reforma del sector, superando la discusión sobre los medios hacia el horizonte de mediaciones productivas, tendremos un ámbito quebrado, históricamente suturado por brechas y ausencias de dispositivos conjuntivos.

En la era de la información, no podemos seguir manteniendo debates estériles y decimonónicos, sobre la pertinencia de regular o no la actividad de los medios. Ni apelar en vano al principio de luz y taquígrafos cuando la cámara se dispara para hacer caja a como dé lugar.

La deriva mercantilista y autoritariamente obstruccionista de los medios que siguen el patrón Fox News ha llegado a tal grado de toxicidad que la propia profesión ha exigido el cambio del reglamento.

La reforma del Reglamento del Congreso trata justamente de contrarrestar los nocivos efectos de esta estrategia de la agitación ultraderechista. Se trata de cuidar la democracia, que es tanto como decir que hay que adoptar medidas de calidad democrática, medidas congruentes con las necesidades de reforma y adaptación de la sede de la soberanía popular, de una institución que siempre ha de adecuar su funcionamiento a la realidad social.

El festival del disimulo

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En Eurovisión 2024, la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) solicitó excluir a Israel del Festival por el genocidio en Gaza. La respuesta tanto de RTVE como de la UER fue subrayar el carácter apolítico del evento. Un año antes Eurovisión había excluido a Biolorrusia porque “infringía las reglas que garantizan que el concurso no se instrumentalice ni se desacredite” e igualmente se hizo con Rusia en el contexto de la invasión de Ucrania. Este año Israel lleva a una superviviente del 7 de octubre. Hablando de instrumentalizar una candidatura no parece aceptable, aplicando los mismos criterios, que se autorice su concurso. Hay razones fundadas para impedir su participación, y no solo por la condena pública de un gobierno extremista y genocida como el de Israel. La cadena pública KAN 11 es el brazo armado de la propaganda del gobierno de Netanyahu, perseguido por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Hablamos de un escaparate de las acciones del ejército y el gobierno de Israel, cuyos contenidos aplauden y ensalzan a su ejército, la ocupación ilegal de Palestina, por mandato divino, y la limpieza étnica. Todo un ejemplo de mala praxis contrario a los valores de paz que, como recomienda la UNESCO, ha de definir el trabajo periodístico en defensa de la humanidad y los Derechos Humanos.

Un somero análisis de los contenidos de la cadena israelí constata que el canal incumple los propios estatutos de la UER que obligan a “desarrollar la diversidad cultural, el diálogo intercultural y los intercambios para promover la tolerancia, reforzar la identidad de los pueblos, la cohesión social y la integración de todos los individuos, grupos y comunidades”. Kan 11, en cambio, emite y publica constantemente contenidos racistas y de apoyo y apología de la limpieza étnica, la ocupación y el asesinato de civiles, sin mostrar ningún cuestionamiento o un ápice de crítica sobre la barbarie en Gaza y los territorios ocupados. Ello ha motivado movimientos de protesta en Islandia, Finlandia y otros estados europeos. El malestar ciudadano en España ya fue más que notorio el pasado año y hoy la sociedad civil mandata a RTVE que excluya a Israel solicitando en los órganos de la UER la supresión de la participación en Eurovisión, por los crímenes del gobierno que respalda con sus mensajes políticos, manifiestamente sionistas, y una apuesta de representación en el concurso dirigido a utilizar el evento como una estrategia de propaganda y blanqueamiento de la guerra de exterminio desplegada en Palestina. En esta línea, teníamos a bien, el pasado mes solicitar durante su comparecencia al Presidente de la Corporación, José Pablo López, un claro posicionamiento de RTVE en defensa de la paz solicitando la expulsión de la cadena KAN 11. El reciente Consejo de Administración ratificó por mayoría absoluta esta solicitud. Probablemente, la UER no atienda la petición de RTVE. Ahora, los conflictos y tensiones que se generaron el año pasado no pueden repetirse de nuevo. Compete a la UER evitarlos, y a RTVE cumplir con la voluntad mayoritaria de la ciudadanía española. La edición pasada fue calificada como la peor o una de las peores que se han vivido en la historia del Festival y no sólo afectó a la ciudad sede, sino a todos los participantes, y desde luego al público en general. Este año la situación está aún más caldeada porque la actuación de Israel viola de todas las formas posibles el derecho Internacional y humanitario, liberado, con la llegada de Trump a la Casa Blanca, de todo compromiso en su voluntad de exterminio del pueblo palestino.

El doble rasero de mantener a Israel cuando se expulsó a Rusia y Bielorrusia, no solo desacredita a la UER y a las cadenas que forman parte de ella., sino que socava los principios de la UNESCO y el sentido del servicio público y su función social. Las víctimas de esta ignominiosa proyección musical no perdonarían semejante despropósito, como la canción de Israel y su aparato de propaganda no podrá ocultar que el gobierno de Netanyahu está siendo investigado por genocidio contra más de dos millones de personas en Gaza, con dictámenes condenatorios de la Corte Internacional de Justicia y de Naciones Unidas, que le ordenan su retirada de los Territorios Ocupados. Su primer ministro Netanyahu y su exministro Yoav Gallant tienen una orden de arresto por la Corte Penal Internacional. Son muchas las resoluciones de la ONU que llevan décadas recordando los crímenes que comete Israel en Palestina y su intención declarada es completar la limpieza étnica de Gaza. Es hora pues, en tiempos de tinieblas, de acompañar los pasos de la sociedad civil española y elevar una voz de protesta por parte de RTVE. No sólo sería un gesto de dignidad sino la condición para contribuir desde la Teledetodos a un mundo justo y en paz. Si no somos congruentes con las normas que nos dotamos, si se celebra una gala como la de Eurovisión mientras se atenta a diario contra el derecho humanitario sin más, con presencia israelí, la televisión pública será cómplice de la barbarie. No nos esperen más al otro lado de la pantalla, la confianza se quiebra definitivamente con actitudes pusilánimes o indiferentes. Este es un tiempo de hechos y no de promesas, de canto y no de cante. Es hora, en fin, de defender la paz y la palabra, y dar aliento a un pueblo que resiste y sufre en soledad el pogromo terrorista.

La guerra de la información

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El arranque del Telediario del martes 25 de marzo empezó informando del Kit de Supervivencia, la ocurrencia de la comisaria Von der Layen y sus tecnócratas a sueldo del lobby industrial-militar del Pentágono. Contraviniendo las normas deontológicas y el propio libro de estilo de RTVE, se hizo un improcedente ejercicio de alarmismo y de propaganda belicista que alimenta la espiral del miedo. Están en ello de acuerdo el duopolio televisivo y los medios públicos en manos del bipartito.

La dirección de informativos debiera saber que la guía elaborada por la Comisión Europea para instarnos como ciudadanía “a sobrevivir 72 horas” a una guerra, crisis climática o ciberataque “hasta la llegada de una ayuda externa” no tiene por objeto otra motivación que justificar lo injustificable: la escalada militar y la compra de armamento en beneficio de Estados Unidos e Israel.

Pero las órdenes de Moncloa parece que son más poderosas que el sentido común. Siempre hemos confiado en los profesionales de RTVE, pero conviene recordar a sus responsables que una corporación y servicio público audiovisual presupone rigor, servicio a la sociedad y valores fundamentales que son contrarios a seguir guiones escritos por gabinetes de prensa o lobbies económicos.

Ahora que los medios son altavoces de los miedos para armar la guerra por otros medios, conviene no olvidar que los principios de servicio público audiovisual contemplan la promoción de los valores de paz. Alinearse en el discurso con Trump, el genocidio criminal de Gaza o justificar el rearme con la propaganda de la OTAN es contrario a las normas de obligado cumplimiento de la RTVE.

Un telediario basado en periodismo de declaraciones o contenidos enlatados, así sea del equipo de Von der Layen, va en contra de reflejar en la programación un decidido compromiso con el europeísmo, con el civismo, con la redistribución de la riqueza, la cooperación internacional y la lucha para erradicar el hambre y la miseria.

Más aún, la cobertura hipostasiada de la escalada militar y el discurso bélico que realizan los servicios informativos no cumple los criterios de la UNESCO, ni las normas que se ha dotado el Consejo Profesional. Y lo más grave: apuntan a una función de colaborador necesario con la geoestrategia necropolítica del Imperio.

Recientemente, el profesor Wesam Amer, investigador de la Universidad de Cambridge, ha demostrado cómo los medios occidentales se han alineado con las narrativas sionistas, distorsionando el conflicto según los intereses del gobierno criminal de Netanyahu.

Falta contraste, fuentes plurales, compromiso con el Derecho Humanitario y seguir las directrices de la UNESCO con una apuesta firme y decidida por un periodismo para la paz, preventivo, y no lo contrario, por ejemplo, cuando se invisibiliza al pueblo palestino o hacen desaparecer de la agenda informativa al pueblo saharaui.

El Código Internacional de Ética Periodística de la UNESCO, aprobado en París por todas las organizaciones y gremios profesionales, marca en este sentido una línea de actuación a vindicar en tiempos de atronadores tambores de guerra. Primero, que la ciudadanía tiene derecho a una información verídica.

Toda persona tiene el derecho a recibir una imagen objetiva de la realidad por medio de una información precisa y completa, que le permita expresarse libremente a través de los diversos medios de difusión de la cultura y la comunicación. No sesgos como el de los titulares del kit de supervivencia.

En segundo lugar, es preciso una militancia por la verdad. La tarea primordial del periodista es la de servir el derecho a una información verídica y auténtica por la adhesión honesta a la realidad objetiva, situando conscientemente los hechos en su contexto adecuado.

La guía de Von der Layen es cualquier cosa menos información. Se trata de mera propaganda de la OTAN, sin criterio, descontextualizada y con sesgos notorios no tratados convenientemente por los servicios informativos de la RTVE. Y, por último, los medios han de trabajar por la paz y la eliminación de la guerra y otras grandes plagas a las que la humanidad está confrontada.

El compromiso ético por los valores universales del humanismo debe ser la guía de acción contra toda forma de apología o de incitación favorable a las guerras de agresión y la carrera armamentística, especialmente con armas nucleares, y a cualesquiera otras formas de violencia, de odio o de discriminación, especialmente el racismo hoy normalizado en los medios.

Hace unos pocos días se estrenaba en Sevilla el documental de Pilar Távora, La gran redada, sobre la estrategia de genocidio contra el pueblo gitano del Marqués de la Ensenada. El antigitanismo y la razzia racial cotiza al alza en la era del capitalismo financiero especulativo.

Como en la República de Weimar, es preciso apretar las filas y buscar un chivo expiatorio para mantener entretenido al personal mientras el muro de Wall Street liquida la vida de los más pobres y de la clase media acomodada. Dispone para ello no solo de bases militares, y terminales mediáticas, sino de un contingente de escuadristas, con portavoces en el Congreso, que ignoran que todo código deontológico periodístico pasa por la cultura de paz, la diversidad y combatir los discursos del odio.

Sorprende que este clima interesado de opinión permee también la cobertura de RTVE. Se echa en falta, sistemáticamente, atender estos valores y principios por parte de los directivos del ente público. Quizás están preocupados por La familia de la tele, dicho irónicamente, la de los productores de La Fábrica –ha de imaginar uno, pues todo se externaliza por sistema–.

Y así hemos llegado a confundir el servicio público con el modelo Berlusconi, aun cuando explícitamente, los principios de programación de la Corporación, señalan que la RTVE deben atender a la inmensa mayoría sin perder la calidad de los contenidos ni los vectores del mandato marco y la voluntad de servicio público que da sentido a la función social de los medios públicos.

“El fin debe ser el cumplimiento de los propios objetivos” y no vulnerar sus principios constitutivos por un programa que ganará audiencia pero que, a todas luces, socava, como MasterChef, principios constitucionales básicos, valores cívicos de convivencia en común, además del pluralismo interno, la diversidad lingüística y cultural y la cohesión territorial.

Los trabajadores y profesionales de TVE Extremadura ya han manifestado su rechazo frontal a esta deriva impulsada desde la presidencia de la Corporación. En los últimos días se han sumado USO y Comisiones Obreras. Adelantar el inicio del primer informativo a antes de las 14.00 de la tarde y, además, sumar la carga añadida de una ronda informativa diaria en directo por cuatro comunidades autónomas antes de su arranque no puede estar supeditado a una parrilla de programación pensada para el éxito comercial.

Son numerosas las alteraciones y vaivenes de una política que empieza incumpliendo las normas debidas de información a la audiencia, que tiene derecho a saber los horarios de la oferta programática con antelación, y termina por malversar el sentido de servicio público para impulsar el entretenimiento de la tarde con figuras como María Patiño y Belén Esteban.

Quienes defendemos la democracia radical, sabemos que la mejor apuesta de los medios públicos es la comunicación enraizada, de proximidad, apostando por la producción local e independiente, impulsando los centros territoriales, no solo el de San Cugat, sino también de Valencia, Canarias y, desde luego, Andalucía.

El servicio público audiovisual exige cumplir principios de diversidad cultural, calidad de programación y, también, cada vez más, diversidad territorial. No queremos una RTVE hecha desde Madrid o Barcelona. Tiempo de realizar pues la norma que rige el ente público, tiempo de pensar más desde el sur y desde abajo, lo que no significa la apuesta por la chabacanería y la vulgaridad. El vulgo, la gente común, espera y desea otra cosa. Es cuestión de escuchar. Pido, pues, la paz y la palabra. Para todos, todo; nada para nosotros.